AS/0271/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0271/2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Expediente: SC-130-24-S

Partes: Indhira Orellana Gonzales c/ Carlos Gustavo Limpias Urenda y Carlos .Alberto Limpias Jordán.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1706 a 1712, interpuesto por Indhira Orellana Gonzales contra el Auto de Vista Nº 115/2024, de 15 de agosto, corriente de fs. 1699 a 1702 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, seguido por la recurrente contra Carlos Gustavo Limpias Urenda y Carlos Alberto Limpias Jordán; la contestación de fs. 1718 a 1723; el Auto de concesión N° 186/2024 de 29 de octubre, visible a fs. 1724; el Auto Supremo de admisión N° 1456/2024-RA, de 05 de diciembre, obrante de fs. 1731 a 1732 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Indhira Orellana Gonzales, por memorial de demanda que discurre de fs. 467 a 470, promovió el proceso ordinario de cumplimiento de contrato contra Carlos Gustavo Limpias Urenda y Carlos Alberto Limpias Jordán, quienes una vez citados, el segundo mediante escritos que discurren de fs. 504 a 507 y de fs. 509 a 511, se apersonó e interpuso excepciones previas de cosa juzgada, incompetencia y contestón negativamente a la demanda; por su parte, el primer codemandado por actuados de fs. 535 a 536 vta., formulo nulidad de citación, mereciendo el Auto de 26 de enero de 2021, saliente de fs. 537 a 538 vta., que dejó sin efecto la citación practicada al primer demandado, y dispuso que, Carlos Gustavo Limpias Urenda a partir de esa fecha queda citado con la demanda a fines de cumplirse con los plazos procesales; posteriormente, por escrito de fs. 545 a 550 contestó de forma negativa e interpuso excepciones de falta de legitimación procesal pasiva, cosa juzgada, incompetencia y de prescripción, mismos que ameritaron que en la Audiencia Preliminar de 15 de octubre de 2021, se pronuncie los Autos N° 644, 645 y 646, que declararon improbadas las pretensiones antes descritas; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 226/2023, de 19 de septiembre, que cursa de fs. 1273 a 1277 vta., en la que la Juez Público, Civil y Comercial 27° de la ciudad de Santa Cruz, declaró IMPROBADA la demanda principal, con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Indhira Orellana Gonzales, según memorial de fs. 1648 a 1653, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 115/2024, de 15 de agosto, corriente de fs. 1699 a 1702 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia impugnada, con costas y costos, en base a los siguientes argumentos:

Dentro de dicho contexto legal, se verifica que los recurrentes hacen mención a una supuesta falta de valoración probatoria de las pruebas aportadas; sin embargo, de los medios de prueba ofrecidos, concernientes a lo que es la demanda principal de Cumplimiento de Contrato, según documental de fs. 99 a 106, se tiene demostrado la relación contractual, suscrita entre Indhira Orellana Gonzales y Carlos Gustavo Limpias Urenda y Carlos Alberto Limpias Jordán, sobre compromiso de pago de comisiones por venta de locales, celebrado en fecha 01 de enero de 2017, reconocidas en sus firmas ante Notaría de Fe Pública N° 58, el cual tiene como objeto la realización de gestión de ventas y mercadeo por parte de Indhira Orellana Gonzales en calidad de corredora de negocios y ventas, para la venta de locales comerciales dentro de un proyecto de un centro comercial denominado Vallegrande, como se tiene establecido en cláusula segunda y tercera, del mismo modo de acuerdo a la cláusula cuarta, se tiene que se compromete a vender todos los locales comerciales en el término de 12 meses; asimismo, de acuerdo a la cláusula quinta, se establece que las comisiones sobre ventas que corresponda a la comisionista, es decir a la demandante, sería el 2% sobre el valor total del local individual y que se pagaría una vez se termine de aportar la cuota inicial del 25% de al menos 800 unidades hasta el 30 de junio de 2007, de lo que se reconocería un incentivo al cumplimiento de este objetivo, con un monto adicional de $us. 200.

Bajo el criterio de los arts. 519 y 494 num. 1 del Código Civil, se observa que las partes han suscrito un contrato de compromiso de pago de comisiones por venta de locales, celebrado el 01 de enero de 2017, por el que la demandante en calidad de corredora de negocios y comisionista, debía vender todos los locales comerciales del proyecto del centro comercial Vallegrande, ubicados en los predios de la nueva Feria Barrio Lindo, en un término de 12 meses, por el que se le pagaría una comisión del 2% sobre el valor del local individual, una vez que los promitentes compradores terminen de pagar la cuota inicial del 25% de al menos 800 unidades; de ahí que, necesariamente debe ser interpretado conforme previene el art. 494.II del Código Civil, donde la condición debe cumplirse de la manera en que las partes han querido y entendido se cumpla; de ahí que en los términos del contrato de compromiso de pago de comisiones por venta de locales, celebrado el 01 de enero de 2017, su elemento esencial y natural es el contrato condicional que expresa según el art. 494 num. 1 del Código Civil, “La eficacia o resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto”, donde si partimos del entendimiento de que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes según lo establece el art. 519 del Código Civil, y que este tipo de contrato está condicionado a la realización de un hecho, como es la venta de todos los locales comerciales dentro del proyecto de centro comercial Vallegrande, por otro lado, la recurrente sustenta su pretensión en la presentación de las planillas de fs. 83 a 98 y de fs. 145 a 55, y comprobantes de egreso de fs. 201 a 464; sin embrago esta documentación, no acredita de forma idónea la condición o el cumplimiento por parte de la demandante, primero porque, esta documentación, planillas de fs., 83 a 98 no tienen los respectivos cargos de emisión del encargado de área, o compromisos de bienes inmuebles, la cual debe estar extendida por un encargado o jefe de área comercial; sumado a ello, que no se tiene adjuntado, como respaldo, los respectivos contratos de compromiso de venta de los locales comerciales suscritos con los compradores o los respectivos comprobantes de pago del 25% que se hubiere hecho posterior al 01 de enero de 2017 y anterior al 30 de julio de 2017, ni se tiene acreditado que se haya vendido todos los locales comerciales, pues a propia confesión espontánea de la demandante sólo ha dado en compromiso de venta de 392 locales comerciales, de las cuales no tiene adjuntada el respectivo contrato o comprobante de pago del 25% del valor inicial, de ahí que no se tiene elemento probatorio que establezca el cumplimiento de la condición estipulada en la cláusula cuarta y quinta del documento privado de compromiso de pago de comisiones por venta de locales, del mismo modo, la prueba documental de fs. 234 a 353 y de fs. 422 a 464, no acredita la condición suspensiva del contrato, ni la prueba testifical de cargo de los ciudadanos Perseo Barrios Rojas y Ariel Herrera Quispe, considerando la naturaleza de la pretensión y de la valoración de la misma, con base en las reglas de la sana crítica, a más que señalar a que la demandante se dedica al rubro de la venta de locales comerciales y a la experiencia que tiene en ventas, estas declaraciones no acreditan el cumplimiento a las condiciones acordadas en el contrato. Por último, se adjunta documentación que denota ilegibilidad por el estado en que se encuentran. Entonces, conforme a lo estipulado por el art. 573 del Código Civil, que señala en los contratos con prestaciones recíprocas, cualquiera de las partes que ha cumplido con su obligación podrá exigir a la otra que cumpla con su obligación, este aspecto es conocido como la reciprocidad en el cumplimiento, en virtud del cual, como se ha señalado, comprende el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en la medida cronológica o secuencial que ellas así lo han acordado; mismas, que aplicados en el caso sub lite, no ha sido acreditada el cumplimiento de la condición establecida en el contrato.

Por lo que, en mérito a los elementos fácticos y jurídico arriba desarrollados, evidencia que los reclamos efectuados por la parte recurrente, respecto a la falta de valoración de las pruebas, fundamentación, motivación y congruencia, no son ciertos, en este sentido, este Tribunal encuentra que la decisión asumida por el Juez de instancia está enmarcada dentro de los parámetros señalados por la Ley.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Indhira Orellana Gonzales, mediante memorial de fs. 1706 a 1712, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alego que:

a) El Auto de Vista 115/2024, de 15 de agosto, se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad para decidir, al afirmar los documentos que sustentan la extinción de sus derechos; asimismo ha omitido valorar el contenido de dicha prueba, interpretándola de una manera arbitraria e irrazonable, motivando la violación del derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación y valoración adecuada de la prueba.

b) Obvio realizar la fundamentación adecuada al no haber efectuado una adecuada fundamentación para explicar claramente porqué la Sentencia N° 226/2023, de 19 de septiembre, fue dictada violando sus derechos constitucionales.

c) Viola el derecho a la igualdad en sus dos facetas, igualdad ante la ley e igualdad en la ley, además la seguridad jurídica, consagrado en el art. 178 de la Constitución Política del Estado

Fundamentos por los cuales, solicita se case el Auto de Vista Nº 115/2024, de 15 de agosto, y se declare probada la demanda inicial.

2. Contestación al recurso de casación:

Carlos Alberto Limpias Jordán y Carlos Gustavo Limpias Urenda, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 1718 a 1723, solicitando en lo principal que:

El recurso de casación interpuesto, carece de toda fundamentación legal, porque no señala la norma violentada o mal interpretada o erróneamente aplicada, debiendo ser desestimada.

Señala el recurso que, se violo su derecho al debido proceso y acceso a la justicia, pero de manera genérica; sin embargo, de la revisión de obrados, se establece que la recurrente ha ejercido de manera libre sus derechos señalados, toda vez que ha presentado impugnaciones contra a Sentencia y el Auto de Vista, instancias en las que se valoró sus pruebas.

Por lo referido, solicitaron se declare improcedente e infundado el recurso, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la expresión de reclamos en el recurso de casación.

Al respecto el Auto Supremo N° 1023/2024, de 09 de septiembre, señalo: “El art. 271.I del Código Procesal Civil señala: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial’, en concordancia con la citada normativa el art. 274 párrafo I numeral 3 del citado código indica: “Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente’.

De las citadas normas se puede advertir que el recurso de casación, conforme a la óptica del Código Procesal Civil, es asimilado a una nueva demanda de puro derecho, en vista de que procede en determinados casos, y porque su contenido debe reunir ciertos requisitos de admisibilidad, que en esencial se funda -en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo-, es por dicho motivo que en sus argumentos de forma indubitable deben determinar, cuál es la infracción de la ley o cuál es la errónea interpretación cometida, precisando en qué consiste el error, la infracción y la violación.

En ese entendido, si bien la jurisprudencia constitucional ha orientado que el examen del cumplimiento de estos requisitos no debe ser realizado desde un enfoque netamente formalista, pudiendo estar los reclamos dispersos, empero para esa tarea este recurso extraordinario debe cumplir con un mínimo de expresión de reclamos que en lo esencial deben ser claros para determinar cuál el punto de controversia que invoca el recurrente, por eso la normativa prohíbe la posibilidad de fundarse en memoriales anteriores, ya que en el hipotético de admitir un recurso con total orfandad o precisión de reclamos, este Tribunal al momento de analizar el fondo se verá limitado para determinar cuál es la postura o intencionalidad del recurrente, sobre todo si la falta de precisión en el recurso no puede ser suplida por el Tribunal de casación en desconocimiento de los principios dispositivo y congruencia que rigen la materia”.

III.2. Del art. 568 del Código Civil y análisis del sinalagma funcional.

Al respecto el Auto Supremo N° 338/2023, de 18 de abril, señaló: “El Auto Supremo N° 197/2022 de 22 de marzo, al respecto señala que, en nuestro ordenamiento sustantivo civil en su art. 568 refiere que: “(Resolución por incumplimiento). I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda’; precepto normativo que en lo principal abre dos alternativas que son la resolución de contrato y el cumplimiento de contrato; alternativas que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por dicho precepto la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otra parte, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

Sobre el particular, el Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre, respecto a lo dispuesto en el art. 568 del Código Civil, ha orientado que: “… dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…’ (El resaltado es nuestro).

Ahora bien, es preciso tener presente que al ser aplicable el art. 568 del Sustantivo Civil a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe analizar el sinalagma funcional que contiene el contrato para establecer que obligación depende de la otra, para así determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto, se debe realizar una interpretación amplia del contrato, es decir, que dicha interpretación debe ser: 1) En relación con la redacción del contrato; 2) La intención común de las partes contratantes; y, 3) La conducta de las partes en la ejecución de la misma. Interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea la norma citada precedentemente.

En este mismo entendido el Auto Supremo Nº 453/2015 de 19 de junio, ha orientado que:’…se dirá que el art. 568 del Código Civil, hace referencia a la posibilidad de que, en los contratos con prestaciones reciprocas, la parte que ha cumplido con su prestación puede exigir a la otra cumpla con la prestación debida o en su defecto puede solicitar la resolución del contrato, sin embargo esta norma se aplica a los contratos con prestaciones recíprocas, en las que se debe analizar el “sinalagma funcional”, para determinar si concurre la pretensión del actor…”; de dicho entendimiento se tiene que en los contratos con prestaciones recíprocas, cualquiera de las partes que ha cumplido con su obligación podrá exigir a la otra que cumpla con su obligación, este aspecto es conocido como la reciprocidad en el cumplimiento y la evolución doctrinal lo ha calificado como el “sinalagma funcional”, en virtud de la cual como se ha expresado comprende el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en la medida cronológica o secuencial que ellas así lo han acordado.

Ahora bien, ahondando en el sinalagma funcional, el autor Carlos Miguel Ibáñez en su obra intitulada ‘La Resolución del Contrato’ pág. 39, señala: “Una variedad de la teoría de la causa recíproca es la teoría del sinalagma funcional, que a efectos de salvar las objeciones formuladas a aquélla, distingue entre el sinalagma genético y el funcional (…) esa reciprocidad debe subsistir también en el momento o etapa de cumplimiento de contrato, lo que se denomina ‘sinalagma funcional’, que exige que la reciprocidad de las prestaciones se mantenga durante la vida y ejecución del contrato (…) No basta que en el contrato bilateral surjan obligaciones recíprocas (sinalagma genético), sino que es preciso que dicha reciprocidad se configure también en su cumplimiento, que éste sea recíproco (sinalagma funcional). Así como son recíprocas las obligaciones emergentes, también debe ser recíproco el cumplimiento” (El resaltado nos pertenece)

De esta manera se deduce que el sinalagma funcional, como ya se dijo anteriormente, radica precisamente en que estas prestaciones, sean efectivizadas en la ejecución del contrato, cuyas prestaciones deben ser efectuadas en forma secuencial, como ha sido pactado en el contrato”. (Las negrillas nos corresponde).

III.3. De la interpretación de los contratos.

Respecto a la interpretación de los contratos, se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual, en la interpretación del contrato se debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es entre tanto se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva, pues investigar la intención es raramente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación es ‘a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”; en ese a cuanto quiso está toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma. La primera regla de la interpretación, no inserta en el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas; en cambio, si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como mencionan las reglas, hace al contrato todo, a una o varias de sus cláusulas, o alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato. Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas”. (Las negrillas nos corresponde).

III.4. De la buena fe contractual.

Al respecto el Auto Supremo N° 993/2023, de 12 de octubre, señalo: El art. 520 del Código Civil indica sobre la ejecución de buena fe del contrato, lo siguiente: ‘El contrato debe ser ejecutado buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad’.

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