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TSJ

AS/0275/2026

Tribunal Supremo de Justicia
28 de abril de 2026Sala Social 1era
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA Auto Supremo 275/2026 Sucre, 28 de abril de 2026

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 835/2025 Demandante : Marizol Saavedra Rodríguez y Armando

Saavedra Rodríguez Demandado : YESERÍA GIMÉNEZ Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Chuquisaca Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por los apoderados legales de los demandantes, de fs. 1519 a 1551 vta., impugnando el Auto de Vista 112/2025 de 10 de septiembre de fs. 1502 a 1512 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales seguido por Marizol y Armando, ambos Saavedra Rodríguez contra la empresa YESERÍA GIMÉNEZ, la respuesta de fs. 1555 a 1568, el Auto de 8 de octubre de 2025 a fs. 1569 que concedió el recurso, Auto de Admisión 835/2025-A de 15 de octubre, y demás antecedentes del proceso.

IL ANTECEDENTES PROCESALES 1. Sentencia.

Tramitado el proceso laboral de referencia, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 28/2024 de 1 de noviembre de Ís. 1427 a 1434, que declaró PROBADA en parte la demanda de

fs. 9 a 14, e IMPROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, con costas. Disponiendo que, la parte demandada cancele a favor de los demandantes, la suma de Bs174.996,70 (ciento setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis 70/100 bolivianos), por concepto de pago indemnización, primas, bono de antigúedad, vacaciones, más multa y actualización conforme el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699, a calificarse en ejecución de Sentencia.

Resolución que fue solicitada en su complementación y enmienda por la parte demandada, recibiendo como determinación judicial: no es viable la complementación y enmienda solicitada... (sic), mediante Auto a fs. 1446.

2. Auto de Vista.

Deducido el recurso de apelación por la empresa demandada, por escrito de fs. 1449 a 1476, la Sala Civil, Comercial y Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 112/2025 de 10 de septiembre, que REVOCÓ EN SU TOTALIDAD la Sentencia apelada y deliberando en el fondo, declara IMPROBADA la demanda respecto a los derechos y beneficios sociales que según los demandantes le correspondían a su causante por el periodo comprendido de junio de 1992 a diciembre de 2013; y, PROBADA la excepción de prescripción de los derechos laborales que le correspondían al progenitor de los demandantes por el periodo de trabajo continuo que dicho ciudadano desempeñó en Yesería Milluni de Giménez desde el 20 de julio de 1989 a mayo de 1992. Sin costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Contra la determinación del Tribunal de Alzada, la parte demandante interpuso Casación, refiriendo los siguientes argumentos:

Dávina 7? da 75

A A 1. En la forma, refiere que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de motivación, fundamentación y congruencia al omitir un análisis objetivo e integral de toda la prueba, así como incongruencia externa e interna. Externa, porque contradice lo resuelto en Sentencia sin la debida fundamentación de dicho apartamiento. Interna, ya que reconoce indicios de relación laboral, pero concluye que no corresponde el pago de beneficios sociales y anula toda la Sentencia, lesionando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, previstos en los arts. 115 y 11l7de la Constitución Política del Estado (CPE).

2. En el fondo, acusa al fallo impugnado de errónea interpretación y aplicación de la normativa laboral vigente, desconociendo los principios protectores del trabajador, primacía de la realidad al desconocer la prestación efectiva y prolongada de servicios, que configuraba una relación de trabajo subordinada y dependiente; inversión de la prueba, al exigir que a los demandantes la obligación propia del demandado; in dubio pro operario, al resolver dudas en la interpretación de la prueba en perjuicios del trabajador, contrariando el art. 4 del DS 2876099; y, la condición más beneficioso, al desconocer derechos del trabajador aplicando interpretaciones restrictivas al principio protector.

3. Denuncia error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, ya que realiza apreciaciones parciales y sesgadas en lugar de otorgar valor legal a las pruebas documental, confesión y testifical que acreditan la relación laboral continua de su padre causante y los derechos laborales demandados, incumpliendo el Tribunal de Alzada los arts. 66, 150 y 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 397 del Código Procesal Civil (CPC) en cuanto a la valoración objetiva y conjunta de la prueba conforme a la sana crítica.

En cuanto al error de hecho, especificamente refiere que el Tribunal de Alzada valoró erróneamente la prueba de descargo pese a que no estaba registrada y homologada por el Ministerio del Trabajo, por lo que carecía de fe probatoria ya que podrían ser fácilmente falsificados (balances de cierre y apertura, autorizaciones y planillas); empero, les otorga valor absoluto y decisivo para sostener la inexistencia de relación laboral continua, obviando su valoración integral con el resto de las pruebas directas y testimoniales, distorsionando la verdad material respecto a la existencia de relación laboral, por lo que debió aplicar el principio in dubio pro operario, con una interpretación más beneficiosa al trabajador.

Respecto al error de derecho, menciona que el Tribunal de Alzada incurre en el mismo al otorgar valor legal que no corresponde a las pruebas de descargo porque no estaban refrendadas por el Ministerio del Trabajo, así como al desconocer el valor legal de la prueba de cargo, a la confesión judicial espontánea del demandado; asimismo, desconoció la fuerza probatoria de las planillas salariales, boletas de pago y testimonios de cargo y descargo, concordantes en la acreditación de la relación laboral continua del trabajador desde 1986 hasta febrero de 2020, no siendo evidente que desde el 2009 no existía prueba al respecto, ya que el demandado admitió dicha situación, que además en adelante trabajó en su propiedad hasta el 2020 como portero-cuidador.

4. Acusa como normas violadas, los arts. 14, 46, 48, 115, 180 y 410 de la CPE; 13, 16, 46 y 55 de la Ley General del Trabajo (LGT); 3.h), j), 66, 150, 158, 167 y 252 del CPT; 213 y 220 del CPC; así como el art. 9 del Decreto Supremo 28699 y la Resolución Suprema 6928 del del 31 de marzo de 1944.

Dácina Arda 7E

5. En cuanto a la prescripción determinada en Alzada, señala que la misma es vulneratoria del art. 48.1V de la CPE, que prevé la imprescriptibilidad de los derechos laborales y beneficios sociales, cuyo reclamo de su pago nace al momento de la ruptura laboral, sea intempestiva o voluntaria; por lo que, si dicha ruptura es posterior a la promulgación de la actual CPE, se aplica la imprescriptibilidad de los mismos, no siendo aplicable el art. 120 de la LGT invocado por Alzada para determinar la prescripción.

6. Acusa que la Resolución de Sala Plena 62/2025 de 6 de marzo es ilegal y controversial al no contar con atribuciones para ampliar competencia en razón de materia, por lo que los Vocales que emitieron el fallo impugnado carecen de legitimidad para resolución procesos sociales, en vulneración total del debido proceso y del principio de especialidad jurisdiccional reconocido por los arts. 178 y 180 de la CPE, que genera inseguridad jurídica; situación, advertida cuando se emitió la primera Sentencia que fue anulada por los Vocales de la materia, pero los Vocales Civiles de forma incongruente declaran improbada la demanda, esto por desconocimiento y especialización en la materia, especialmente al determinar la prescripción de los beneficios sociales reclamados.

Concluye solicitando que se CASE el fallo impugnado, restituyendo la plena vigencia de la Sentencia 28/2024 de 1 de noviembre que declaró probada en parte la demanda, con reconocimiento de los beneficios sociales en favor de los demandantes.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN:

Corrido en traslado el recurso, el demandado respondió negativamente, señalando que el mismo es apócrifo e inconsistente, no cumple con los requisitos establecidos en el

art. 274 del CPC, por lo que debe ser ldeclarado IMPROCEDENTE.

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Datos del proceso

Demandante
Marizol Saavedra Rodriguez y Armando Saavedra Rodriguez
Demandado
Yeseria Gimenez
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia28 de abril de 2026AS/0275/2026Fuente oficial