AS/0276/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0276/2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Expediente: SC-9-25-S

Partes: Roger Lizondo Suarez representado por Claudia Benegas Lizondo c/ Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez.

Proceso: Acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 327 a 333, interpuesto por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, contra el Auto de Vista Nº 230/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 322 a 324 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Roger Lizondo Suarez contra los recurrentes; la contestación de fs. 336 a 347; el Auto de concesión N° 80/2024, de 12 de diciembre, visible a fs. 348, el Auto Supremo de admisión N° 025/2025-RA, de 23 de enero, obrante de fs. 353 a 354 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Roger Lizondo Suarez, por memorial de demanda que discurre de fs. 89 a 93 vta., ratificada por memorial de fs. 122 a 123, promovió el proceso ordinario de acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios contra Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, quienes una vez citados, mediante memorial de fs. 175 a 180 vta., contestaron a la demanda en forma negativa, reconvienen e interponen excepción de incompetencia y litispendencia, pretensiones que dieron lugar al Auto de 21 de agosto de 2023, que discurre de fs. 232 a 333 vta., que rechazó las excepciones de incompetencia y litispendencia; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 254/2023, de 16 de octubre, que cursa de fs. 252 a 256, en la que la Juez Público Civil y Comercial 27° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda de acción reivindicatoria, desocupación, entrega de bien inmueble e IMPROBADA en cuanto al pago de daños y perjuicios, con costas y costos. Disponiendo el reconocimiento a favor del demandante Roger Lizondo Suarez el derecho de propiedad sobre el bien inmueble ubicado en la Zona noreste, Barrio la Santa Cruz, calle 3, UV. 15, MZA. 34, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con una superficie total de 278.85Mts2, registrado bajo la Matricula Computarizada No. 7.01.1.99.0010553, debiendo reivindicarse el derecho propietario y la posesión del mismo.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez a través de su representante legal María Consuelo Vargas Duran, según memorial de fs. 270 a 276 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 230/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 322 a 324 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

Una vez planteada las excepciones de incompetencia en razón de materia y litispendencia, las mismas fueron consideradas en audiencia y resueltas por Auto de 21 de agosto de 2023, de fs. 232 a 233 vta., rechazándolas, contra la cual la apoderada de los demandados planteo recurso de apelación que fue concedido en el efecto diferido por Auto de 21 de agosto de 2023 de fs. 234 y vta.; en ese fin, correspondía a la parte recurrente fundamentar la misma junto con la apelación de la Sentencia para que sus alegaciones sean consideradas por el Tribunal de alzada; sin embargo, no cumplieron con la previsión del art. 259 num.3 de la Ley Nº 439, puesto que no fundamentaron la apelación diferida; en su lugar, en forma equivoca dedujeron una atípica "solicitud de nulidad de obrados en segunda instancia" tendiente a impugnar la resolución que rechazo sus excepciones, mecanismo procesal inidóneo, que no permite su análisis de fondo por parte del Tribunal Ad quem.

En cuanto al examen del recurso de apelación contra la Sentencia, se acusa la falta de valoración de pruebas del proceso de nulidad de contratos y cancelación de registro, tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil; al respecto, de la revisión del acta de audiencia preliminar de fs. 232 a 238, se aprecia que, a tiempo de judicializarse la prueba, la A quo, determinó que la prueba correspondiente al proceso señalado, no ameritaba ningún pronunciamiento y en consecuencia dispuso no judicializar, extremo que no fue objetado ni impugnado por los demandados conforme al art. 146 de la Ley Nº 439, por lo cual no corresponde su valoración, siendo por ello el agravio infundado.

En cuanto a la falta de otorgación de valor probatorio a la declaración testifical de sus hermanos; si bien, bajo el principio de la comunidad de la prueba, el medio probatorio no pertenece a quien la aporta; empero, en el caso los recurrentes tampoco expresaron la relevancia que tendrían dichos testimonios para la resolución del proceso a su favor, ni cuál sería la valoración y el sentido de la misma que debió adoptar la juzgadora, que demuestre el error judicial en el fallo emitido, aspecto que no puede ser suplido por el Tribunal de alzada.

En lo concerniente a la falta de motivación y congruencia de la Sentencia, de la lectura de la resolución aludida, se tiene que la Juez A quo, sustentó en hechos y derecho el fallo emitido, e inclusive se pronunció respecto a los argumentos de los demandados, por cuanto se efectuó el examen pertinente respecto a los argumentos referidos a la nulidad de contratos y cancelación de registros tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil, concluyendo que mientras no se resuelva el mencionado proceso no se puede considerar una presunción de nulidad de documentos, por lo cual los agravios acusados no tienen asidero.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, mediante memorial de fs. 327 a 333 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) El Auto de Vista recurrido, incurre en vulneración del derecho al debido proceso y a la igualdad de las partes previsto en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, porque omite pronunciarse en el fondo y de manera fundamentada respecto al recurso de apelación diferida interpuesta contra el Auto de 21 de agosto de 2023, a través del cual la Juez de primera instancia rechazó las excepciones de incompetencia en razón de territorio, derecho al juez natural y litis pendencia.

b) Incurre en vulneración de los arts. 1286 del Código Civil y 145 y 213 del Código Procesal Civil, porque no otorgaron el valor probatorio a las pruebas del proceso de nulidad de contrato y cancelación de registro tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil, así como en lo relativo a las pruebas testificales de cargo.

Fundamentos por los cuales, solicitan se anule el Auto de Vista Nº 230/2024, de 01 de octubre, disponiendo que, sin espera y previo sorteo, se emita nueva resolución.

2. Contestación al recurso de casación:

Roger Lizondo Suarez, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 336 a 347, solicitando en lo principal que:

El Auto de Vista recurrido no vulneró los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, porque en forma fundamentada y motivada en su considerando segundo, invocando las normas del art. 259 num. 3 y 367 num. 2 del Código Procesal Civil, que establecen los requisitos para la interposición y posterior fundamentación del recurso de apelación diferida, además citando el entendimiento del Auto Supremo N° 458/2012 de 03 de noviembre, se refirió al tema y consideró que los recurrentes no explanaron una fundamentación conjuntamente a la apelación formulada contra la Sentencia, aspecto que no le permitía ingresar a considerarlo, sino por el contrario, utilizaron una solicitud de nulidad de obrados en segunda instancia, invocando el art. 108 de la Ley N° 439 en contra del Auto Interlocutorio de 21 de agosto de 2023.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia del recurso de casación conforme establece el art. 220.I num. 4 del Código Procesal Civil, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 De la procedencia del recurso de casación sobre resolución de vista que resuelve una apelación en efecto diferido.

Sobre el tema el Auto Supremo N° 924/2023, de 15 de septiembre, señaló: “Sobre la respuesta de fondo a un argumento de casación, sobre una cuestión que haya merecido tratamiento incidental o sobre la resolución procedente de una excepción que no tenga incidencia en el fondo de la causa, esta Sala ha emitido el Auto Supremo Nº 652/2020, de 04 de diciembre 2020: ‘Sobre este tema, el autor Armando Córdova Saavedra, en su obra ‘MANUAL PRÁCTICO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ pág. 138 y 141 expresa, que: ‘El Recurso de casación, constituye por su naturaleza un medio impugnatorio de carácter extraordinario y procede en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a que el máximo Tribunal Supremo, la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento –in judicando o in procedendo que en ella se han cometido…’, en esa misma lógica el profesor Adolfo Armando Rivas en el texto ‘CURSO SOBRE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ pág. 320, señala; ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en proceso ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley…’, criterio concordante con lo establecido por el art. 270 de la Ley Nº 439 “Código Procesal Civil’.

De lo expuesto, se puede inferir que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

A ese efecto el Auto Supremo Nº 678/2017 de 19 de junio, en cuanto a las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación, estableció; ‘Sobre el tema el art. 250. I del Código Procesal Civil señala: ‘I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario’ norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido en la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270. I del Código Procesal Civil es claro al establecer: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley’, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley (…) Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos...’.

En ese marco, en lo que respecta a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que resuelven una apelación en el efecto diferido el A.S. Nº 1082/2015–L de 18 de noviembre, ha señalado lo siguiente: ‘Conforme de antecedentes se desprende el agravio, se encuentra vinculado al auto de fs. 74 el cual, rechaza el incidente de nulidad de obrados planteado a fs. 71, resolución que fue objeto de apelación a fs.102, misma que fue diferida en su concesión por auto de fs. 103, y al momento de plantear recurso de apelación contra la Sentencia el ahora recurrente en su otrosí 1, fundamenta nuevamente la apelación diferida, misma que es resuelta por el Tribunal de Apelación. Conforme a los antecedentes expuestos corresponde reiterar que la apelación en el efecto diferido tiene por fin que la tramitación de la causa no sea suspendida, disponiendo que esa apelación sea diferida hasta una eventual apelación de la Sentencia, conforme establecen los arts. 24 y 25 de la Ley Nº 1760, por lo que, la misma no admite recurso de casación conforme a la regla de precedencia del Art. 255 del Código de Procedimiento Civil (…) Teniendo presente lo expuesto la resolución motivo del recurso de casación en la forma, al ser la misma como emergencia de un recurso de apelación en el efecto diferido, no se encuentra inmersa dentro de las causales establecidas en el art. 255 del C.P.C., deviniendo en improcedente su recurso de casación en la forma’.

Finalmente a mayor ilustración y a los efectos de tener un entendimiento certero sobre lo que debe entenderse por Auto de Definitivo, acudiremos a los razonamientos vertidos por la S.C. 0092/2010-R que ha señalado lo siguiente: ‘La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que ‘los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto Definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto Interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de los presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la Resolución.

(…)

En lo que respecta a los puntos 1), 2), 4) y 5) del recurso de casación, donde la recurrente acusa la transgresión de diferentes disposiciones normativas y la falta de consideración de los elementos probatorios referidos a la excepción de falta de legitimación, corresponde remitirnos a los argumentos expresados en el punto III.1 de la doctrina aplicable, donde este máximo Tribunal, partiendo de los precedentes jurisprudenciales contenidos en los Autos Supremos Nº 1082/2015-L de 18 de noviembre y 678/2017 de 19 de junio, han establecido que contra los Autos de Vista que confirmen apelaciones de autos y/o resoluciones concedidas en el efecto diferido, no es procedente el recurso de casación al no constituir resoluciones de carácter definitivo, conforme lo establecido por el art. 211.I del Código Procesal Civil.

Esto responde al hecho de que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia, pues este Tribunal es de derecho y no de hecho, por eso el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley y no contra todas las resoluciones emitidas dentro la contienda judicial”.

III.2. Sobre la acción reivindicatoria.

El art. 1453 del Código Civil, instituye que: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta. II.- Si el demandado después de la citación por hecho propio cesa de poseer o detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño”.

El artículo de referencia establece que por esta acción el propietario que ha perdido la posesión puede reivindicarla de quien la posee o detenta, siendo el legitimado activo el propietario que cuente con derecho propietario debidamente registrado respecto al inmueble del cual pretende su reivindicación, asimismo, el propietario debe demostrar que un tercero se encuentre en posesión de su bien inmueble, sin contar con un derecho que respalde su posesión, pudiendo dirigirse esta acción contra un simple poseedor o detentador que no tiene ningún título.

Al respecto el Auto Supremo Nº 414/2014, de 04 de agosto, razonó lo siguiente: “...La doctrina, relativa a los derechos reales, al igual que la jurisprudencia dictada por la ex Corte Suprema de Justicia con la cual se comparte criterio, expusieron sobre la procedencia de la acción reivindicatoria indicando que ésta nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, se hubiese tenido la posesión o no, por lo cual, en varios Autos Supremos se estableció que para la procedencia de dicha acción basta que el propietario demuestre su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y éste no demuestre título que justifique su posesión que sea oponible al propietario, en ese sentido se estableció: …que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor que no es propietario, incidimos en el tema recurriendo al Autor Puig Brutau citado por Néstor Jorge Musto que en su obra ‘Derechos Reales’ señala –reivindicación- ‘es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión’.(A.S. Nº 266/2013)…”. (el resaltado nos corresponde).

Con similar criterio el Auto Supremo Nº 44/2015, de 26 de enero, estableció que: ‘Es importante aclarar que en la acción de reivindicación se debe probar el derecho propietario y demostrar también que otras personas que no tienen la propiedad del bien, se encuentren en posesión del inmueble…’

Finalmente el Auto Supremo Nº 786/2015-L, orientó respecto a los presupuestos necesarios para esta acción refiriendo lo que sigue: “La doctrina orienta que tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: 1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar, 2) Que esté privado o destituido de ésta 3) Que la cosa se halle plenamente identificada’; respecto a esta acción real, la uniforme jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este Tribunal Supremo expreso con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, y que el derecho propietario por su naturaleza conlleva la ‘posesión’ emergente del derecho mismo”. (El resaltado nos corresponde).

III.3. En relación con la valoración y comunidad de la prueba.

En esa misma lógica, este autor en cuanto al fin de la prueba argumentó: ‘La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial’; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: ‘El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón’, es decir que: ‘…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, ‘todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’. Este proceso mental ─Couture─ llama ‘la prueba como convicción’, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil, Comentarios y Concordancia.

Esta actividad valorativa se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil, que orientan este ejercicio cognitivo; en ese contexto, el Auto Supremo N° 278/2023, de 23 de marzo, haciendo referencia al Auto Supremo N° 240/2015, de 14 de abril, señala: ‘…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica (…) Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas (…) ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture’.

El mismo Auto Supremo N° 278/2023, de 23 de marzo, estableció que: ‘…en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada. Entendiendo a la primera (sana crítica o prudente criterio), como la observación de las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentarán como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente (…) el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a los cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así, que ante el reclamo de la errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) o incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista efectuado por las autoridades competentes, esta debe tener la suficiente carga argumentativa clara y precisa en el recurso interpuesto estableciendo la arbitrariedad y la absoluta discrecionalidad; solo así, el presente Tribunal Supremo deberá verificar, si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos; por consiguiente, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales; haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano; luego, si este Tribunal Supremo encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir, si existe errónea aplicación de la ley Adjetiva o Sustantiva Civil en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a las que están sometidas las pruebas, para el resultado final de la resolución.

El art. 145 del Código Procesal Civil, bajo el nomen juris de valoración de la prueba, establece: ‘I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el cual se ha generado el medio probatorio’.

Por su parte, el Auto Supremo N° 653/2021, de 19 de julio, hace referencia a la obra ‘La Prueba Judicial’ (Teoría y Práctica), págs. 15 a 16 del autor Víctor De Santo, quien señaló con relación al principio de unidad de la prueba, que es: ‘El conjunto probatorio del proceso, forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme’. Respecto al principio de comunidad de la prueba refirió: ‘La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla’.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba mas no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto, que deben ser integradas y contrastadas dentro de los sistemas de valoración de la prueba, contempladas en el art. 1286 de la Ley Sustantiva Civil y el art. 145 del Código Procesal Civil, permitiendo que el sistema de valoración probatoria se encuentre dentro de las reglas de la prueba tasada en los casos establecidos por ley, en otros casos de acuerdo al sistema del prudente criterio o a las reglas de la sana crítica, esta última regentada bajo las directrices de la lógica, ciencia y experiencia".

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta.

a) En cuanto a la vulneración del art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado por haber omitido pronunciarse en el fondo respecto a la apelación diferida.

En este agravio, los recurrentes denuncian que el Auto de Vista N° 230/2024, de 01 de octubre, omitió pronunciarse respecto a la apelación diferida interpuesta contra el Auto de 21 de agosto de 2023, que rechazó sus excepciones de incompetencia y litispendencia.

Al respecto, la doctrina aplicable en el Considerando III.1 de este fallo señaló que, el recurso de casación no procede contra un Auto de Vista que confirma un auto que fue concedido en el efecto diferido, bajo la óptica de que esa resolución no tiene carácter definitivo, conforme lo establece el art. 211.I del Código Procesal Civil; y más bien, se encuentra sujeta a lo dispuesto en el art. 260.III del mismo Código y tomando en cuenta que la apelación diferida al igual que la apelación en el efecto devolutivo, no suspenden la ejecución de autos, tampoco interrumpen la continuidad del desarrollo del proceso judicial.

En merito a lo anterior, estando el presunto agravio expuesto en este recurso de casación, dirigido a cuestionar la resolución del Auto de Vista en relación a una apelación diferida contra el Auto de 21 de agosto de 2023, a través del cual se resolvió denegar las excepciones interpuestas por la parte demandada del proceso, no corresponde emitir criterio alguno, por ser improcedente.

b) En relación a la vulneración de los arts. 1286 del Código Civil y 145 y 213 del Código Procesal Civil, porque no les otorgaron el valor probatorio a las pruebas del proceso de nulidad de contrato y cancelación de registro tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil, así como en lo relativo a las pruebas testificales de cargo.

El agravio citado, en su primera parte denuncia la falta de otorgación del valor probatorio a las pruebas aportadas de su parte, en relación al proceso de nulidad de contrato y cancelación de registro.

Al respecto, el Auto de Vista, ahora cuestionado señaló lo siguiente: "En cuanto al examen del recurso de apelación contra la Sentencia, se acusa la falta de valoración de pruebas del proceso de nulidad de contratos y cancelación de registro, tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil; al respecto, de la revisión del acta de audiencia preliminar de fs. 232 a 238, se aprecia que a tiempo de judicializarse la prueba, la A quo, determinó que la prueba correspondiente al proceso señalado, no ameritaba ningún pronunciamiento y en consecuencia dispuso no judicializar, extremo que no fue objetado ni impugnado por los demandados conforme al art. 146 de la Ley Nº 439, por lo cual no corresponde su valoración, siendo por ello el agravio infundado".

De lo precedentemente descrito, se evidencia que el Auto de Vista N° 230/2024, de 01 de octubre, negó someter a valoración las pruebas del proceso de nulidad de contratos y cancelación de registro, tramitado en el Juzgado Quinto Público Civil, aportadas por la parte demandada al presente proceso, esto en razón a que la Jueza de primera instancia, no aceptó judicializarlas en la audiencia preliminar de 21 de agosto de 2023, cursante en el acta de fs. 232 a 238, y, porque dicha decisión no fue objetada.

De la revisión del Acta de Audiencia preliminar de 21 de agosto de 2023, cursante de fs. 232 a 238, se toma certeza que, la abogada de los ahora recurrentes, trató de judicializar las pruebas ofrecidas de fs. 129 a 174, relativas a la demanda de nulidad de contrato de transferencia y cancelación de registro interpuesta ante el Juzgado Público 5º en lo Civil y Comercial; en merito a esa pretensión, la Jueza Público Civil y Comercial 27º de Santa Cruz, negó judicializarlas al no ser pertinentes a la causa de reivindicación, decisión contra la cual los demandados no impugnaron como lógica consecuencia, en la Sentencia Nº 254/2023, no fue considerada.

En merito a lo precedentemente expuesto, al no haber sido judicializado y considerado en Sentencia, por ser el mismo impertinente a la acción reivindicatoria en análisis, no correspondía en Auto de Vista ser sometida a una valoración, conforme a la pretensión recursiva, esto en razón a no haber sido judicializada en la oportunidad pertinente, como es la audiencia preliminar, y por no haber interpuesto la apelación diferida contra la denegatoria expuesta, conforme al art. 146 del Código Procesal Civil, que señala: “Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior”, medio que era idóneo para que el Tribunal de alzada pueda revisar la denegatoria de judicialización asumida por la Juez de primera instancia; consiguientemente, al no haber activado el medio recursivo señalado, no corresponde a través del presente recurso de casación, considerar el agravio por su manifiesta improcedencia.

En relación a la falta de otorgación de valor probatorio a las pruebas testificales de cargo. Debemos entender de la declaración testifical de cargo a favor del demandante, por el principio a la comunidad de prueba.

De la revisión de los antecedentes del proceso de reivindicación, se tiene que la parte demandante fue la única que ofreció las pruebas testificales, mismas que fueron judicializadas en audiencia preliminar de 21 de agosto de 2023, de fs. 232 a 238; en merito a ello, en audiencia complementaria de 19 de septiembre de 2023, prestaron sus declaraciones los testigos Roberto Lizondo Suarez y Nelva Lizondo Suarez, en favor de su presentante, actuado en el cual la parte demandada no expresó cómo las atestaciones de los referidos, constituyen una declaración en su favor; en mérito a lo precedente, en Sentencia solo fue tomado en cuenta a favor de la parte demandante, conjuntamente a las pruebas literales ofrecidas como son la Matricula Nº 7.01.1.00.0010553, formulario de inscripción de testimonio de propiedad en oficina de Derechos Reales, respeto al inmueble objeto de litis, certificado alodial, documento de transferencia de inmueble y la pérdida de posesión por parte del demandante.

La jurisprudencia citada en el Considerando III.3 de esta resolución, señaló que, en aplicación del principio de la comunidad de la prueba, toda prueba ofrecida por las partes en el proceso y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso, en ese merito dicho principio, que rigen en materia civil, orienta a los juzgadores a valorar el universo probatorio introducido al proceso simultáneamente o en forma conjunta y no de manera aislada las pruebas aportadas al proceso conforme al sistema de valoración de la prueba, contempladas en el art. 1286 de la Ley Sustantiva Civil y el art. 145 del Código Procesal Civil.

En atención al precedente citado, se toma convencimiento que el Auto de Vista recurrido, consideró a la prueba testifical ofrecida por la parte demandante como prueba de la comunidad, no solo como de la parte demandante, cuando expresó: "si bien, bajo el principio de la comunidad de la prueba, el medio probatorio no pertenece a quien la aporta..."; empero, válidamente también consideró que la parte recurrente no expresó la relevancia que tendrían dichos testimonios para la resolución del proceso a su favor, ni cuál sería la valoración y el sentido de la misma que debió adoptar la juzgadora; consecuentemente, se aprecia que el Auto de Vista, cuestionado en este recurso, sí consideró la prueba testifical conforme al principio de la comunidad de la prueba.

Ahora, a más de lo anterior, en el caso, conforme se tiene descrito en líneas precedentes, la autoridad de primera instancia, en la valoración de la prueba ofrecida por la parte demandante, más concretamente, la prueba testifical de las dos testigos antes señaladas, las valoró en forma conjunta con las pruebas literales judicializadas en audiencia preliminar, conforme al principio de la comunidad y unidad de la prueba; consiguientemente, en la causa no se observa una vulneración de los derechos de la parte demandada ahora recurrente; por lo que, el agravio también deviene en infundado.

En mérito al análisis que precede, se concluye que los argumentos traídos en casación resultan infundados y por ello insuficientes para modificar la determinación de alzada.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 327 a 333, interpuesto por Hugo Córdova Suarez y Jenny Santivañez Suarez, contra el Auto de Vista N° 230/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 322 a 324 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorarios de la parte que contesto al recurso en la suma de Bs.1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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