Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 276/2026 Sucre, 28 de abril de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente : 929/2025
Demandante : Abraham Araníbar Alvarado
Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca Proceso : Contencioso
Distrito : Potosi
Relatora : Meda. Rosmery Ruiz Martinez
I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 1035 a 1040 vta., interpuesto por Abraham Araníbar Alvarado, propietario del Servicio Autorizado Toyota Toyo Motors, impugnando la Sentencia 21/2025 de 15 de septiembre, de fs. 1020 a 1024 vta., y el Auto Complementario de 6 de octubre de 2025, de fs. 1030 a 1032, emitidos por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro el proceso Contencioso seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca; la contestación al recurso, de fs. 1044 a 1046; el Auto 176/2025 de 4 de noviembre, a fs. 1047, que concedió el recurso; el a fs. 1054 y vta., que admitió el Recurso de Casación; los antecedentes del proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES
Sentencia
Tramitado el proceso Contencioso, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió la Sentencia 21/2025 de 15 de septiembre, de fs. 1020 a 1024 vta., declarando IMPROBADA la demanda contenciosa, sin costas.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACION
El Recurso de Casación interpuesto por Abraham Araniíbar Alvarado, propietario del Servicio Autorizado Toyota Toyo Motors, de fs. 1035 a 1040 vta., expuso lo siguiente:
1. Acusó la violación de los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), por incongruencia interna y externa de la Sentencia, refiriendo que el Tribunal de instancia reconoció expresamente que entre las partes existió una relación contractual;
sin embargo, de manera discrecional señaló que ello no involucraria el reconocimiento del trabajo por las gestiones o vehiculos demandados, por lo que resultaría incongruente afirmar la existencia de una relación contractual entre las partes y a la vez declarar improbada la demanda, máxime cuando la parte demandada no propuso ni produjo prueba de descargo dentro del plazo legal.
2. Acusó la violación de los arts. 1289, 1330, 1333 y 1334 del Código Civil, así como del art. 213 del Código Procesal Civil (CPC), por omisión de valoración probatoria y falta de fundamentación y motivación de la Sentencia, refiriendo que el Tribunal de instancia omitió valorar la prueba documental ofrecida y producida, consistente en: la Nota CGE/GDP/GAC-0909/2016 de 29 de marzo de fs. 211 a 239; la Nota CGE/GDP/GAC-1156/2016 de 15 de abril de fs. 214 a 215, el Informe de 8 de abril presentado por Toyo Motors de fs. 217 a 218; el Informe SNPE/CE/DGE-1398/DRP-212UC/2024 de 14 de agosto, del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado de fs. 177 a 186; así como la documentación producida en la medida preparatoria de fs. 1 a 76, comprendiendo, el numero de proformas a fs. 21, solicitudes de pago, el Acta de Visita de 11 de marzo de 2019, las cartas notariadas de 11 de julio de 2019, 11 de diciembre de 2020, 14 de abril y 28 de octubre de 2021, y la Nota CITE.-GAMS-AL./MAE.-010/2023 de 27 de abril, sin haberles otorgado el valor probatorio que la ley reconoce a los documentos
emitidos por instancias gubernamentales y con intervención de autoridad de fe pública.
De igual modo, refirió que el Tribunal de instancia omitió valorar la prueba de inspección judicial de fs. 811 a 828, en la cual se individualizaron los vehículos y los mantenimientos efectuados; la prueba pericial, que no se realizó ninguna valoración; y la prueba testifical de cargo de fs. 843 a 847, que informaron sobre varios mantenimientos que coincidiriían con los reclamos de pago.
Concluyó manifestando que el Tribunal de instancia incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, al haber omitido otorgarle el valor probatorio acorde a la ley y al haber omitido pronunciarse de manera clara y precisa conforme lo dispone el art. 213 del Código Procesal Civil (CPC).
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