Texto del fallo
SALA PLENA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA AUTO SUPREMO N : 285/2025 EXPEDIENTE N : 19/2025 PROCESO : Recurso de Casación PARTE RECURRENTE :Fondo Nacional de Inversión Productiva y Sacial (FPS) RESOLUCIÓN RECURRIDA : Sentencia 240/2024 de 30 de octubre.
MAGISTRADA RELATORA : Norma Velasco Mosquera.
FECHA : 13 de noviembre de 2025 VISTOS EN SALA PLENA:
El Recurso de Casación (fs. 769 a 782 vta.) interpuesto por la Gerencia Departamental La Paz del Fondo Nacional de Inversión Productiva Social (FPS), impugnando la Sentencia 240/2024 de 30 de octubre (fs. 727 a 747 vta.), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso Contencioso por Incumplimiento de Contrato, Resarcimiento y Pago de Daños y Perjuicios; el memorial de contestación presentado por la Empresa Unipersonal DANTECONST (fs. 787 a 791); el Auto de 24 de marzo de 2025 de concesión de recurso (fs. 793); el que admitió el recurso (fs. 804 a 806); y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO 1. 1. Antecedentes del proceso. Sentencia Tramitado el proceso contencioso, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 240/2024 de 30 de octubre (fs. 727 a 747 vta.), declarando: 1. PROBADA en parte la demanda contenciosa (fs. 218 a 222) interpuesta por José Luis Mamani Iporre, propietario de la Empresa Unipersonal DANTECONST, en consecuencia, se DECLARA ILEGAL la resolución contractual efectivizada por la Gerencia Departamental La Paz del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, a través de la Nota CITE: FPS/GDLP/419/2021 de 16 de diciembre (fs. 122 vta.); DECLARA JUDICIALMENTE la Resolución del Contrato Administrativo, por causas atribuibles al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social Gerencia Departamental La Paz y dispone que:
- a)El Fondo Nacional de Inversión Praductiva y Social - Gerencia Departamental La Paz, debe restituir a José Luis Mamani Iporre propietario de la Empresa Unipersonal DANTECONST, la suma de Bs.995.948,44 (Novecientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y ocho 44/100 bolivianos) por la ejecución indebida de las Pólizas de Garantía N COZA-TR1-000010-00-2021 y CO2A-TR1-000011-00-2021, más el interés legal del seis
por ciento (6) anual, que será calculado sobre el total ejecutado, desde el día de su ejecución hasta el día de la devolución efectiva de ambos conceptos.
- b)El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - Gerencia Departamental La Paz, debe pagar a José Luis Mamani Iporre propietario de la Empresa Unipersonal DANTECONST, la suma de Bs38.474,71 (Treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro 77/100 bolivianos), por concepto de saldo deudor de las Planillas de Avance de Obra N 1 y N 2, más los intereses estipulados en la Cláusula Vigésima Octava del Contrato Administrativo, que serán calculados sobre el saldo conforme a la forma prevista en dicha Cláusula.
- C)El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - Gerencia Departamental La Paz, debe pagar a José Luis Mamani lIporre propietario de la Empresa Unipersonal DANTECONST, la suma de Bs271.097,61 (Doscientos sesenta y un mil noventa y siete 61/100 bolivianos), por la ejecución de trabajos e incremento de ítems instruidos por el Supervisor.
- d)El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - Gerencia Departamental La Paz y José Luís Mamani Iporre propietario de la Empresa Unipersonal DANTECONST, deben remitir a este Tribunal la Conciliación de Saldos correspondiente, exponiendo los pagos efectivamente realizados y lo dispuesto en la presente Sentencia, en el plazo de quince (15) días de ejecutoriada la Sentencia.
2. IMPROBADA la demanda reconvencional (fs. 342 a 351), presentada por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - Gerencia Departamental La Paz.
Sin costas, ni costos, en aplicación de los arts. 39 de la Ley N 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS N 23215 de 22 de julio de 1992 (sic).
1.2. Motivos del Recurso de Casación de la Gerencia Departamental La Paz del FPS Previo ala identificación de los agravios, esta Sala Plena considera necesario establecer que el medio de impugnación resulta confuso en su redacción, confundiendo los agravios de forma y los de fondo; careciendo además de técnica recursiva; empero, en aplicación del principio pro actione, se identifican los siguientes agravios:
1.2.1. En la forma
Refirió que la Sentencia recurrida incurrió en incongruencia ultra petita, otorgando un fallo más allá de lo pedido, vulnerando el debido proceso en sus vertientes debida fundamentación y motivación, el derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que declaró la ilegalidad de la resolución contractual, más el pago de daños y perjuicios, fuera de la pretensión realizada por la empresa demandante.
Citó y desarrolló las Sentencias conbudonars Plurinacionales (SSCCPP) 0161/2016S2 y 0632/2012 de 23 de julio, y Sentencia Constitucional (SC) 1365/2005-R de 31 de octubre, en relación a la congruencia de las resoluciones, asimismo, citó la en relación a los elementos del debido proceso, alegando que la Sentencia recurrida carece de estos elementos, puesto que no se tomó en cuenta el informe pericial, ni el informe del supervisor de obra, además de referir que para la cuantificación de multas y penalidades se debe tener los días exactos de retraso, lo que no se evidencia en el informe pericial, correspondiendo hacer prevalecer el informe del FPS ofrecido al momento del planteamiento de la demanda reconvencional; por lo que, la Sentencia no consideró la cláusula trigésima segunda del Contrato, otorgando más de lo pedido por las partes como consta en la parte dispositiva.
1.2.2. En el fondo
Señaló que la Sentencia recurrida vulneró los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil y 149 del Código Procesal Civil (CPC) al otorgar mayor valor a la prueba pericial que a la documental y no valorar los elementos probatorios ofrecidos por el FPS al momento de formular la reconvención a la demanda en relación a los informes de supervisión del periodo de 10 de enero de 2022, FPS/GDLP/TLP/047/2022 e INF/FPS/GDLP/TLP/48/2022, toda vez que los mismos acreditan que la entidad realizó la Resolución de Contrato en sujeción al Contrato Administrativo FPS/GDLP/MIRIEGO I1/043/2021, que si bien no son documentos que habrían originado las resoluciones, constituyen elementos que permiten al juzgador conocer aspectos técnicos para emitir la debida resolución.
Indicó que la Sentencia recurrida no tomó en cuenta los alcances del Contrato FPS/GDLP/MIRIEGO I1/043/2021 de 6 de abril, suscrito con la Empresa Unipersonal DANTECONST; tampoco las llamadas de atención que fueron emitidas por tres veces por incumplimiento de contrato respecto a iniciar actividades de movilización y desmovilización, sin que exista reclamos de la empresa; dando valor al Dictamen Pericial Forense GAC:001/2024 de 21 de marzo, emitiendo opinión en razón a que, desde la Orden de Proceder el supervisor incurrió en error al instruir la ejecución del Ítem de movilización y desmovilización, cuando conforme a la Cláusula Cuarta del Contrato Administrativo el primer ítem a ejecutarse fue la instalación de faenas, tampoco la Cláusula Trigésima Tercera de la responsabilidad y obligaciones del contratista, toda vez que el contratista tenía la obligación de conocer el contrato de forma minuciosa y presentar consulta al supervisor antes de proceder con la ejecución del trabajo. En ese orden, ahora la empresa no podría desconocer sus obligaciones contractuales con el objeto de evadir los alcances del mismo y sustentar sus omisiones, por lo que claramente las Cláusulas mencionadas inciden en la Sentencia acusada y demuestran que esta entidad del Estado con pleno conocimiento del contratista realizó una Resolución de Contrato conforme los alcances de las estipulaciones contractuales.
Reiteró que la Sentencia no valoró las literales consistentes en el Contrato FPS/GLP/MIRIEGO 11/043/2021 que tiene su incidencia para demostrar que el
contratista desconociendo los alcances del contrato habría ejecutado ítems fuera de los márgenes señalados en el Contrato, dando valor al Dictamen Pericial como un documento suficiente que acredita supuestamente que el contratista habría ejecutado ítems fuera de los márgenes señalados en el Contrato, empero no se considera como elemento contrario al informe de supervisión, señalando que el Contrato es claro en su Cláusula Trigésima Tercera, por lo que, el contratista previo a ejecutar las instrucciones realizadas por el Supervisor debía emitirse la orden de trabajo, orden de cambio o contrato modificatorio por la ejecución de los mismos conforme la Cláusula Trigésima núm. 30.7, en consecuencia, la Sentencia no toma en cuenta dicha prueba, que deslinda de responsabilidad a la entidad contratante para pagar ítems de los cuales no habrían sido autorizados por dicha entidad conforme alos alcances del Contrato que es ley entre partes como previene el art. 519 del Código Civil (CC), aspecto que fue valorado.
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