Texto del fallo
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
SEGUNDA
Auto Supremo Nº 286/2022
Sucre, 26 de mayo de 2022
Expediente: SC-CA.SAII- SCZ. 175/2022.
Distrito: Santa Cruz.
Magistrado Relator: Dr. Carlos Alberto Egüez Añez.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 359 a 364 vta., interpuesto por Gonzalo Gonzales Flores y Verónica del Carmen Gonzales Fernández en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, contra el Auto de Vista N° 141 de 23 de septiembre de 2021 de fs. 309 a 312, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguido por Valerio Espejo Gonzales contra la entidad recurrente, el memorial de respuesta de fs. 367 a 368, el Auto N° 24 de 25 de febrero de 2022 a fs. 369 que concedió el recurso, el Auto Nº 175/2022-A de 8 de abril de fs. 377 y vta., que lo admitió, los antecedentes del proceso; y
CONSIDERANDO I:
I. 1. Antecedentes del proceso.
I.1.1. Sentencia.
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 22/21 de 9 de marzo de 2021 de fs. 240 a 246, declarando PROBADA la demanda y su complementación, sin costas, debiendo la entidad demandada cancelar la suma de Bs. 29.700,64.- a favor de Valerio Espejo Gonzales.
I.1.2 Auto de Vista
En grado de apelación deducida por el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo de fs. 286 a 291, la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista N° 141 de 23 de septiembre de 2021 de fs. 309 a 312, CONFIRMÓ la Sentencia N° “22/2021” de 9 de marzo.
CONSIDERANDO II:
II.1. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÒN.
El referido Auto de Vista, motivó al demandado a interponer el recurso de casación en el fondo, bajo los siguientes fundamentos:
1.-Manifiesta que el Auto de Vista omite y vulnera el derecho a la defensa causando un daño económico a la Institución Municipal y también al Estado, ya que en la gestión 2015 existía un conflicto administrativo debido a que dos servidores públicos afirmaban ser alcaldes del municipio.
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