Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0295/2026-A ANÁLISIS DE ADMISIÓN Proceso: La Paz 130/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Ofelia Calcina Mamani Parte imputada: Mary Carmen Carrasco Aruzca Delito: Estafa, art. 335 del Código Penal (CP) Sucre, nueve de marzo de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 20 de agosto de 2024, cursante de fs. 194 a 196, Mary Carmen Carrasco Aruzca impugna el Auto de Vista 194/2023 de 10 de noviembre, cursante de fs. 186 a 191, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Ofelia Calcina Mamani, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Il.
SENTENCIA Por Sentencia 364/2021 de 28 de septiembre, de fs. 150 a 158, el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Mary Carmen Carrasco Aruzca, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de privación de libertad, más multa de 150 días a razón de Bs. 10 por día, más costas a favor del Estado y resarcimiento del daño civil a favor de la víctima, a calificarse en ejecución de Sentencia.
, I.2.
APELACION RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la referida Sentencia, la imputada Mary Carmen Carrasco Aruzca, de fs. 164 a 171, formuló recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 194/2023 de 10 de noviembre de fs. 186 a 191, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado, confirmando la Sentencia apelada.
H MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN La recurrente, denuncia que el Tribunal de alzada omitió analizar si la Sentencia contiene los elementos constitutivos del tipo penal por el que habría sido condenada, resaltando la ausencia del elemento dolo en su accionar al existir una relación contractual con la acusadora, vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales como al debido proceso, la presunción de inocencia y una errada valoración de la prueba.
II MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.
A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).
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