Texto del fallo
E A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 300/2026 Sucre, 7 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 1017/2025 Demandante : Lourdes Guadalupe Franco Rodríguez Demandada : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Proceso : Beneficios Sociales Distrito : La Paz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 212 a 220 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 249/2025 de 29 de julio, de fs. 199 a 203 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, seguido por Lourdes Guadalupe Franco Rodríguez contra la entidad recurrente; la contestación al Recurso de fs.
225 a 226 vta.; el Auto 485/2025 de 19 de septiembre, a fs. 228 que concedió el Recurso de Casación; el Auto de Admisión 1017/2025-A de 4 de diciembre, a fs. 236 y vta., que admitió el Recurso de Casación; y los antecedentes procesales IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 56/2024 de 3 de julio, de fs. 173 a 182, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 36 a 43, subsanada a fs. 51, disponiendo que la entidad demandada, pague en favor de la actora, la suma de Bs63.812,32 (sesenta y tres mil ochocientos doce 32/100
bolivianos) por conceptos de desahucio, por el tiempo de servicios de 10 años y 14 días; monto que, en ejecución de Sentencia, deberá actualizarse y aplicarse la multa establecida en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699.
Sin costas.
Auto de Vista
En grado de Apelación promovido por la entidad demandada, mediante memonial de fs. 184 a 186, la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 249/2025 de 29 de julio, de fs.
199 a 203 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada.
III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La entidad recurrente, sustentó su Recurso de Casación en los siguientes argumentos:
1.Vulneración del debido proceso por incorrecta interpretación y aplicación del art. 11 de la Ley de Municipalidades, arts. 1 y 3 de la Ley 321 y art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187; e incorrecta valoración de la prueba.
Bajo esos parámetros, acusó que en ambas instancias existió una incorrecta interpretación respecto al ámbito de aplicación de los arts. 1 y 3 de la Ley 321, señalando que el agravio radica en la aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT) durante las gestiones 2011 a 2013. Refirió que dicha normativa incorpora al ámbito de aplicación de la LGT únicamente a los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los municipios; sin embargo, sostuvo que en apelación no se valoró correctamente la prueba de cargo ni de descargo.
Manifestó que el Tribunal de Alzada no consideró que la demandante prestó funciones entre las gestiones 2011 y 2013 bajo sujeción a la Ley de Municipalidades (art. 59), encontrándose, por tanto, fuera del ámbito de protección de la LGT.
De igual modo, observó que el Auto de Vista hizo referencia a un actor, cuando la presente demanda fue interpuesta por la sra. Franco; no obstante, indicó que debía considerarse la línea jurisprudencial aplicable al caso por analogía, contenida en el Auto Supremo (AS) 545
ZA (A de 16 de julio de 2021 (sin señalar la Sala emisora). En ese marco, sostuvo que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente y aplicó indebidamente la ley al considerar que no correspondía reparar el agravio expuesto en el recurso de apelación, pese a que la jurisprudencia citada ...es clara en su interpretación y aplicación, es decir a partir de la vigencia de la Ley 321 (...) y no así como incorrectamente se estableció el tiempo de servicios desde 16 de febrero de 2011 por primera instancia....
Asimismo, señaló que no se ponderó que, a partir de la gestión 2013, todos los contratos suscritos con la demandante fueron celebrados de manera voluntaria, con plazo cierto y determinado, sujetos a la Ley del Estatuto del Funcionario Público, al DS 26115 y al Decreto Municipal (DM) 007, normativa que no fue considerada en los fundamentos del Auto de Vista.
A partir de ello, denunció vulneración del debido proceso, previsto en el art. l115.1I de la Constitución Política del Estado (CPE), por inobservancia de los arts. 233 de la Norma Constitucional; 9 de la Ley 1178; 6 y 71 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público; 4. g) e i) de la Ley 2341; y 60 del DS 26115.
Solicitó también se tenga presente el art. 5 del RESAP del GAMLP, señalando que se aplicó normativa municipal no conducente; por el contrario, el art. 1l0.II establece expresamente que las personas vinculadas con una entidad pública con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos se encuentran reguladas por el respectivo contrato y el ordenamiento legal aplicable. En ese entendido, sostuvo que en apelación se consideraron las contrataciones eventuales de forma sucesiva, sin tomar en cuenta las interrupciones existentes entre contrato y contrato, aspecto verificable en los contratos de trabajo no permanente y a plazo fijo, los cuales no superan el año ni siquiera el periodo de prueba.
Añadió que la demandante tenía pleno conocimiento de la fecha de conclusión de cada contrato, aspecto consentido por la actora; por ello, denunció incorrecta interpretación del art. 2 del DL 16187, máxime cuando dicha norma es aplicable a empresas y no a instituciones
públicas como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que está regida por normativa propia del sector público. Finalmente, sostuvo que tampoco es evidente que la relación laboral hubiera operado de manera ininterrumpida, pues en las gestiones 2017 y 2018 existieron interrupciones laborales que no fueron consideradas.
2. Error de derecho por incorrecta interpretación del DL 16187 y de la normativa que rige para el sector público, Ley del Estatuto del Funcionario Publico, Ley 1178 y DS 26115.
Alegó que el Tribunal de Alzada no realizó un análisis legal respecto a los contratos de personal eventual, cuyo tratamiento normativo es distinto, dado que se sujetan a lo dispuesto en la cláusula segunda (sic) y se encuentran regidos por normativa del sector público conforme prevé la cláusula quinta de los contratos a plazo fijo suscritos desde la gestión 2014. Señaló que dicho aspecto resulta inherente al fondo del recurso de apelación, toda vez que los contratos establecen expresamente fecha de inicio y conclusión.
En consecuencia, sostuvo que existió mala interpretación y aplicación errónea del art. 2 del DL 16187 y del art. 1 de la Ley 321, dando lugar a la aplicación indebida de los arts. 1, 2, 4, 6, 13, 19 y 52 de la LGT;
incurriéndose así en infracción de interpretación legal, derivada de la falta de fundamentación y motivación del fallo de segunda instancia respecto a:
- i)la vigencia de la Ley de Municipalidades 482 desde el 9 de enero de 2014; y
- ii)la aplicación o no de dicha normativa a los contratos eventuales con planilla presupuestaria 12100 y a lo dispuesto por el art.
6 del Estatuto del Funcionario Público.
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