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TSJ

AS/0303/2026

Tribunal Supremo de Justicia
7 de mayo de 2026Sala Social 1era
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

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Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA Auto Supremo 303/2026 Sucre, 7 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 950/2025 Demandante : Gerardo Velez Viera Demandado : Gobierno Autónomo Departamental del Beni Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Beni Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni a través de su representante legal, de fs. 125 a 127 vta., impugnando el Auto de Vista 72/2025 de 21 de julio, pronunciado por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, de fs. 105 a 107 vta., dentro del proceso laboral por Pago de Beneficios Sociales, seguido por Gerardo Vélez Viera contra la entidad recurrente, con respuesta de contrario a fs. 133, el Auto de 25 de septiembre de 2025, a fs.

134, que concedió el Recurso de Casación, el Auto de Admisión 950/2025-A de 25 de noviembre, que admitió el Recurso de Casación, a fs. 141 y vta. y los antecedentes del proceso.

IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso social por pago de Beneficios Sociales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de Trinidad-Beni, emitió la Sentencia 41/2024 de 6 de noviembre, de fs. 74 a 78, que declaró PROBADA la demanda de fs. 13 a 16; ordenando al Gobierno Página 1 de 16

Autónomo Departamental del Beni a cancelar la vacación adeudada por la suma de Bs9.160,48 (nueve mil ciento sesenta 48/ 100 bolivianos), por concepto de su vacación adeudada.

Auto de Vista En mérito al Recurso de Apelación deducido por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni a través de su representante legal, de fs. 80 a 81, mediante Auto de Vista 72/2025 de 21 de julio de fs. 105 a 107 vta., Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia 41/2024 de 6 de noviembre, en el que declara probada la demanda con respecto a las vacaciones no utilizadas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN El Recurso de Casación interpuesto por la entidad recurrente de fs. 125 a 127 vta., acusa:

1. Vulneración al debido proceso por falta de motivación y fundamentación, en el cual la entidad recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el art. 115.11 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el derecho a la defensa previsto en el art. 119.I.II de la misma Norma Suprema, al carecer de motivación y fundamentación suficientes, sostiene que el Tribunal de Alzada omitió deliberadamente valorar el Informe D.RR.HH-LEGAL 84/2022 de 3 de agosto de 2022, ofrecido como prueba de descargo, del cual presuntamente se desprendería que el demandante únicamente formuló solicitud de pago de vacaciones, y que su solicitud de programación de las mismas se realizó con posterioridad a su desvinculación de la institución. Invoca como sustento jurisprudencial la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N. 1369/2001-R de 19 de diciembre,

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conforme a la cual toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión 2. Errónea interpretación del régimen jurídico aplicable a las vacaciones, argumentando que las vacaciones, conforme al art. 50 del Estatuto del funcionario Público, deben ser utilizadas obligatoriamente dentro del año siguiente al acceso al derecho, recayendo en el funcionario la obligación de programarlas. Invoca la doctrina de Carlos Alberto Etala, expuesta en su obra Contrato de Trabajo (Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005, pag. 419), conforme a la cual las vacaciones constituyen un período continuado de descanso anual remunerado destinado al restablecimiento físico y psíquico del trabajador, no susceptible de fraccionamiento ni acumulación con períodos posteriores.

Concluye que la negligencia del propio demandante en hacer uso oportuno de su derecho impide su compensación económica 3. Errónea aplicación del principio de primacia de la realidad Denuncia el recurrente que el Tribunal de Alzada efectuó una errónea aplicación del principio de primacia de la realidad establecido en el Decreto Supremo (DS) 28699, al no valorar la prueba de descargo que demostraba que el señor Gerardo Vélez Viera ostentaba la calidad de funcionario designado y no de funcionario electo. En tal sentido, invoca al Estatuto del Funcionario Público que clasifica a los servidores públicos, distinguiendo entre funcionarios electos, elegidos por voto popular y funcionarios designados, nombrados por autoridad competente, argumentando que esta distinción resultaba determinante para la correcta calificación jurídica de la relación y la procedencia o no de la compensación económica reclamada.

En su petitorio, por lo expuesto, la entidad recurrente solicita se emita Auto Supremo CASANDO el Auto de Vista N. 72/2025 de Pácoina IZ de 1A

21 de julio y se declare improbada la demanda interpuesta por Gerardo Vélez Viera IV. CONTESTACION AL RECURSO DE CASACIÓN.

Notificado el demandante Gerardo Vélez Viera con el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, mediante memorial a fs. 133 contesta el recurso en los siguientes términos:

Solicita el rechazo del Recurso de Casación deducido por la entidad demandada, fundando su pretensión en la omisión por parte del recurrente del depósito judicial del monto condenatorio, conforme exige expresamente el art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT), En tal sentido, al amparo del art. 211 del mismo cuerpo legal, peticiona se declare ejecutoriado el Auto de Vista 72/2025 de 21 de julio, por inobservancia de un requisito de admisibilidad establecido en favor del trabajador como mecanismo de tutela laboral reforzada.

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Gerardo Velez Viera
Demandado
Gobierno Autónomo Departamental del Beni
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Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
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