Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 304/2026 Sucre, 21 de mayo de 2026 Expediente : 842/2025 Demandante : ONG Centro de Investigación, Educación y Servicios CIES Salud Sexual y Reproductiva Demandado : Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas Proceso : Contencioso Distrito : Tarija Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 517 a 519 vta., interpuesto por la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas Regional Tarija (CSCyRA) representada legalmente por Reanet Carreño Rojas y María Isabel Gutiérrez Zeballos, contra la Sentencia N 09/2025 de 20 de junio, de fs. 492 a 501 vta., emitida por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; dentro el proceso contencioso de cumplimiento de obligación, interpuesto por la ONG Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) Salud Sexual - Salud Reproductiva, contra la entidad recurrente, el memorial de contestación de fs. 522 a 524, el Auto Interlocutorio N 158/2025 de 15 de septiembre, a fs. 525, que concedió el recurso; el Auto Supremo N 842/2025-A de 14 de octubre, a fs. 538 y vta., que admitió la casación; y, todo lo que fue pertinente analizar.
IL ANTECEDENTES DEL PROCESO Sentencia.
Tramitado el proceso contencioso de cumplimiento de obligación,
Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; pronunció la Sentencia N 09/2025 de 20 de junio, de fs. 492 a 501 vta., que declaró PROBADA en parte la demanda contenciosa, determinando que la CSCyRA, cancele a favor de CIES Salud Sexual - Salud Reproductiva, los conceptos correspondientes a los servicios médicos y de salud por la suma de Bs274.921,00 (Doscientos setenta y cuatro mil, novecientos veintiuno 00/ 100 bolivianos), prestados por la Clínica demandante a los asegurados y pacientes de la CSCyRA, por la gestión 2021 (octubre a diciembre) y la gestión 2022 (enero a diciembre), emergente de los contratos suscritos y convenio de reconocimiento de deuda suscrito entre ambas entidades. Sin lugar al pago de daños y perjuicios. Asimismo, dispuso que, ante el no pago oportuno de la obligación, corresponderá que en ejecución de sentencia se impute a favor de la entidad demandante el pago de intereses moratorios del 6 anual, computable desde la fecha en que nació la obligación hasta que se haga efectivo el pago; y, sin lugar al pago de costas y costos, al ser la entidad demandada una entidad pública.
II. ARGUMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN.
Contra la referida Sentencia, la CSCyRA Regional Tarija, representada legalmente por Reanet Carreño Rojas y María Isabel Gutiérrez Zeballos, interpusieron recurso de casación de acuerdo a los argumentos establecidos en el escrito de fs. 517 a 519 vta., en el que expresaron lo siguiente:
Acusaron que, la Sentencia recurrida en el acápite de Consideraciones Juridicas Legales y Doctrinales aplicables al caso concreto, citaron normativa civil como el art. 573 del Código Civil (CC), sin considerar que el contrato suscrito entre las partes corresponde a un contrato administrativo, por constituirse la entidad recurrente en un órgano de la administración pública y el objeto y finalidad del
contrato, está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común, o es de interés general de la comunidad; por lo que, el contrato contiene elementos propios de un contrato administrativo, donde prima la voluntad de la administración sobre la voluntad del particular manifestada en las condiciones del contrato y el predominio de la administración en la época de ejecución, que se manifiesta en la denominada cláusulas excepcionales al derecho común, a través de las cuales la entidad pública contratante se le reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares y que tiene como fundamento la prevalencia no solo del interés general sino de los fines e intereses del Estado.
Añadieron que, el Decreto Supremo (DS) N 328 de 31 de enero de 2004, establece los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de contratación de bienes, obras servicios generales y servicios de consultoria y obligaciones y derechos que derivan de estos en el marco de la Ley N 1178 (SAFCO).
Refirieron que, los servicios estaban sujetos a dos condiciones: el tiempo y los aranceles correspondientes a partir de los cuales se realiza el análisis administrativo para considerar que el monto solicitado corresponde a los gastos realizados por los servicios solicitados, debiendo cada uno tener los respaldos para poder constar que si hubo el servicio. En ese sentido, señalaron qué, por informe del Comité, señalaron que existe una diferencia y la intención de cobro por servicios no previstos en el contrato siendo una práctica comercial abusiva cobrar por servicios no previstos o no solicitados o al margen del contrato, indicando que la carga de la prueba se encuentra en el proveedor del servicio.
Argumentaron que, el contrato administrativo tiene un tratamiento especial, pues deben ser sometidos a la comisión de prestaciones o comité de fiscalización conforme establecen las directrices de la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social a Corto Plazo;
asimismo, el art. 349 del Código de Seguridad Social (CSS), señala
que la Comisión de Prestación es la encargada de toda Resolución sobre la calificación y reconocimiento de prestaciones; por lo que, en el presente caso se pretende que la CSCyRA cancele por servicios que no se encuentran previstos en el contrato.
Alegaron que, la Sentencia impugnada vulneró el derecho y garantía constitucional de la motivación y fundamentación de las Resoluciones, así como a la valoración de la prueba como componente del debido proceso establecido en los arts. 115 y 117 de la Constitución Politica del Estado (CPE), art. 145 del Código Procesal Civil (CPC-2013), citando al efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N 0846/2018-S2 de 20 de diciembre.
Finalizaron, solicitando que este Tribunal Supremo de Justicia dicte Auto Supremo casando la Sentencia N09/2025 de 20 de junio.
IV. DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE CASACIÓN La ONG CIES Salud Sexual - Salud Reproductiva, representada legalmente por Misael Gallardo Gutiérrez, por memorial cursante de fs. 522 a 524, contestó el recurso de casación, alegando que la institución recurrente no hace mención, ni citó de manera clara en términos precisos y concretos en qué consistió la violación a la norma aplicada, o qué leyes han sido mal interpretadas o erróneamente aplicadas, limitándose a cuestionar la Sentencia citando normas inexistentes como el DS N 328 de 31 de enero de 2004, pretendiendo fundamentar un agravio inexistente.
Sostuvo que, la recurrente refiere de manera general los Decretos Supremos Nos. 0181 y 1497, sin expresar que artículos de las disposiciones legales mencionadas es aplicable a su pretensión, argumento erróneo por cuanto, los contratos no estipulan topes mínimos o máximos, sino, establece aranceles básicos aplicables a la cantidad de servicio que han sido requeridos por la entidad contratante y cuantificados oportunamente en la documentación de respaldo.
DD En relación a los argumentos de forma, no expone ni demuestra la existencia errónea de procedimientos, o se adviertan existencia de vicios procesales que sean sujeto de nulidad.
Concluyó, solicitando se declare improcedente el recurso de casación en la forma, e infundado el recurso de casación en el fondo, por no encontrarse violación a la Ley en cuanto a los puntos alegados al recurrente; en consecuencia, se confirme la Sentencia recurrida.
V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO.
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