Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 311/2026 Sucre, 18 de mayo de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente : 7/2026
Demandante : Yhocelyne Dannitza Sejas Bascope Demandado : Consultora Jurídica Villarroel
Proceso : Beneficios Sociales
Distrito : Cochabamba
Relatora : Meda. Rosmery Ruiz Martinez
I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 383 a 396, interpuesto por la Consultora Jurídica Villarroel a través de su representante legal, inmpugnando el Auto de Vista 161/2025 de 7 de julio, de fs. 375 a 380 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso por pago de Beneficios Sociales, seguido por Yhocelyne Dannitza Sejas Bascope contra la Consultora recurrente; el memorial de fs. 399 a 402 vta., que contestó el Recurso de Casación, el Auto de 18 de noviembre de 2025 afs. 404, que concedió con el recurso; el Auto de Admisión 7/2026-A de 7 de enero, aífs. 413 y vta., que admitió el Recurso de Casación y lo obrado en el proceso.
IL ANTECEDENTES PROCESALES
Sentencia Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia de 7 de octubre de 2024, de fs. 338 a 346 vta., que declaró PROBADA la demanda de Pago
de Beneficios Sociales de fs. 7 a 8 vta., subsanada a fs. 11 y vta.; estableció que la Consultora Jurídica Villarroel a través de su representante legal, una vez adquiera ejecutoria la Sentencia, cancele en tercero día la suma de Bs33.710,90 (treinta y tres mil setecientos diez 9/ 100 bolivianos), a favor de Yhocelyne Dannitza Sejas Bascope, por concepto de beneficio social y derechos laborales, cuantía que será objeto actualización y de la multa del 30 prevista en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699, con costas y costos.
Auto de Vista
En mérito al Recurso de Apelación de fs. 348 a 352, interpuesto por el representante legal de la Consultora Jurídica Villarroel, contra la referida Sentencia, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 161/2025 de 7 de julio, de fs. 375 a 380 vta., que REVOCA EN PARTE la Sentencia de 7 de octubre de 2024.
III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
Contra el referido Auto de Vista, la Consultora Jurídica Villarroel a través de su representante legal, interpuso el Recurso de Casación de fs. 383 a 396 vta., conforme lo siguiente:
Interpone Recurso de Casación en el fondo, respecto a violación de la Ley en los arts. 3.j), 66, 150 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).
- 1.-Refiere que el Auto de vista 161/2025 de 7 de julio, incurre en la violación de los referidos artículos, los cuales regulan los principios de verdad material, inversión de la carga probatoria, valoración integral de la prueba y sana crítica. Advierte que el Tribunal de Alzada vulneró estas normas procesales al desestimar pruebas relevantes y decisivas sin una
O A AI fundamentación lógica, coherente, ni conforme a derecho, provocando un resultado contrario a la verdad real de los hechos y afectando el principio de justicia social que rige en
materia laboral.
Alega que el art. 158 del CPT impone al juzgador el deber de formar su convicción mediante una apreciación conjunta de la prueba, sin embargo, que en el presente caso el Tribunal de Alzada fragmentó la valoración probatoria desarticulando los medios de convicción que, analizados en su conjunto, acreditaban la cancelación de los beneficios sociales reclamados. Advierte que el documento privado de aclaración y pago de beneficios sociales a fs. 103 y 104, los recibos de pago de fs. 105 a 108, y la confesión provocada respuesta sexta a fs.
168 vta.; las cuales conforman un cuerpo probatorio coherente, interrelacionado y convergente, que demuestra que la trabajadora recibió pagos parciales y suscribió instrumentos de conformidad al art. 182 del CPT. Manifiesta que, en el presente caso, se ha demostrado documentalmente el pago y este ha sido firmado, y se ha vinculado a la confesión provocada de la demandante, por lo que, no se ha obrado conforme determina los alcances del art. 158 del CPT.
Advierte que, de haberse aplicado correctamente el art. 158 del CPT, el Tribunal de Alzada habría concluido que los beneficios sociales fueron efectivamente cancelados, total o parcialmente, correspondiendo deliberar en el fondo, y revocar la Sentencia y declarar improbada la demanda en relación al pago de los beneficios sociales, por consiguiente, refiere que la omisión de valoración integral no es un vicio formal, sino una infracción sustantiva que determinó directamente la condena injustificada de Bs32.910 (treinta y dos mil novecientos diez 00/ bolivianos),
afectando la verdad material y el derecho a una resolución fundada en la prueba.
- 2.-Manifiesta que hubo una violación al principio de verdad material y de la inversión de la carga de la prueba en los arts.
3.j), 66 y 150 del CPT; toda vez que el art. 3.j) del CPT dispone que los jueces laborales deben actuar guiados por la verdad material, entendida como la obligación de buscar la realidad efectiva de los hechos por encima de la forma; por otro lado, refiere que los arts. 66 y 150 del CPT, consagran el principio de inversión de la carga de la prueba, que impone al empleador la obligación de desvirtuar razonabilidad y conforme a las pruebas producidas en el proceso. Alega que el Tribunal de Alzada, incurre en violación de estos al exigir del empleador una prueba de pago bancaria, contable o planillada, desestimando los documentos y recibos firmados por la trabajadora, respaldado por la confesión provocada, bajo el argumento de que no especifican los pagos efectuados, tal razonamiento es formalista y contrario a la naturaleza protectora del proceso laboral, pues sustituye la búsqueda de la verdad material por un análisis meramente documental, formal y subjetivo, olvidando que el art. 3.j), del CPT, ordena preferir el contenido y la intención real de los actos sobre la forma, asi como en materia laboral, es muy importante la conducta procesal de las partes (art. 158 CPT). Manifiesta que el Auto de Vista recurrido al imponer al empleador la carga de producir documentos bancarios adicionales y desconocer pruebas válidamente aportadas, distorsionó el régimen de valoración probatoria, generando un resultado arbitrario.
Argumenta que si el Tribunal de Alzada hubiera aplicado correctamente los arts. 3.j), 66 y 150 del CPT, debió reconocer eficacia plena al documento de fs. 103 a 104 y a los recibos
AA firmados, valorando la confesión de la actora como prueba confirmatoria del pago y dar credibilidad a la documentación objetiva.
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