Volver a sentencias
TSJ

AS/0314/2026-A

Tribunal Supremo de Justicia
9 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Violencia familiar o doméstica

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

A (94 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0314/2026-A Sucre, 9 de marzo de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Proceso : Tarija 18/2025 Parte acusadora : Ministerio Público y AAA!

Parte acusada : Diego Armando Mallón Padilla Delito : Violencia Familiar o Doméstica, art. 272 Bis. del Código Penal (CP) I. VISTOS:

Por memorial presentado el 19 de enero de 2026 de fs. 636 a 643 vta., Diego Armando Mallón Padilla opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. del CP.

1.1. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN El acusado opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, del delito previsto en el art. 272 Bis. del CP, señalando que fue acusado por cuatro hechos de supuesta agresión física a su esposa, de las cuales el último hecho hubiese ocurrido el 6 de agosto de 2016 y conforme dispone el art. 27 inc. 8 concordante con el art. 29 inc. 2 del CPP, establece que el tiempo para la prescripción del delito de Violencia Familiar o Doméstica previsto en el art. 272 Bis del CP es de 5 años, al tener una pena privativa de libertad de 2 a 4 años.

El plazo para computar el término de la prescripción debe computarse desde la media noche del 6 de agosto de 2016; siendo que al momento de presentación de esta excepción transcurrieron 9 años y 5 meses, sobrepasando por más de 4 años para determinar una sentencia firme.

1 El art. 89 de la Ley 348 dispone El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima

Con relación al instituto de la prescripción debe considerarse lo señalado en el , confirmado por el , que establece que las únicas causales de interrupción y suspensión de la prescripción, están previstas en los arts. 31 y 32 del CPP.

El art. 31 del CPP, dispone que la interrupción únicamente opera cuando el imputado o acusado ha sido declarado rebelde; por lo que, se puede revisar del Certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP) actualizado que presentó, que nunca se le declaro rebelde, además, se suspendieron cinco audiencias de juicio, tres atribuibles a la víctima y al Ministerio Público, una a la vacación judicial, otra a la pandemia del COVID-19 y la sexta audiencia se llevo a cabo de juicio oral; en ninguna de las audiencias se emitió auto de rebeldía en su contra, acompañando todo el proceso para verificar dichos extremos.

Respecto ala suspensión del término de la prescripción previsto en el art. 32 del CPP, se tiene cuatro causales que prevé la norma, de las cuales ninguna corresponde su aplicación al no haber concurrido las mismas en el proceso.

Del transcurso del tiempo se debe descontar el periodo de vacación transcurrido en el proceso, siendo nueve periodos de vacación que hacen un total 225 días, siendo siete meses y medio; si se descuentan los siete meses y medio de vacaciones judiciales y considerando que la prescripción se debe computar desde el 7 de agosto de 2016 y considerando el que establece que se descuenten las vacaciones judiciales, la prescripción se hubiese operado el 21 de marzo de 2022, siendo que al presente ya sobrepasó el término de prescripción por 3 años, 9 meses y 15 días.

Refiere como derechos vulnerados los arts. 115 al no tener un fallo de manera pronta y oportuna, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), existe dilación por parte del Ministerio Público y Órgano Judicial, que es demostrable conforme la prueba acompañada; también, se debe considerar que la víctima desapareció del proceso, no aporto más pruebas, no presentó acusación particular, incluso no pudo ser habida y se notificó por edictos, lo que ocasionó la dilación.

Con relación a su participación en el proceso, cumplió con los plazos procesales y participó en todo momento, no fue declarado rebelde, no se suspendió audiencias atribuibles a su responsabilidad y su actitud no fue dilatoria, debido a que no presentó solicitudes, incidentes y otros actos que pudiesen considerarse dilatorios.

También se debe considerar que el presente proceso no reviste de complejidad, debido a que se le acusó de haber cometido ciertos hechos en la gestión 2024 y otra por haber estacionado el vehículo cerca del domicilio de la supuesta víctima y en el transcurso de la etapa preliminar no se realizó ningún requerimiento fiscal -

ZA (94 investigativo, situación que se repite en la etapa preparatoria, dentro 1 año y 7 meses, no se emitió ningún requerimiento por parte de la Fiscalía.

La mayor dilación se dio en la apelación, que fue interpuesto el recurso de apelación restringida el 16 de julio de 2021 y resuelto por el Auto de Vista de 20 de noviembre de 2023, notificado el 11 de febrero de 2025, es decir, que tomó 3 años y 7 meses;

ahora bien, si el sistema judicial tiene una mora procesal la misma no puede utilizarse en perjuicio del acusado, conforme se determinó en la -51 de 23 de julio, que analizó la carga laboral en los juzgados y que la misma no es atribuible al procesado.

Solicitó se declare probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y en consecuencia el archivo de obrados.

.2 Respuestas del Ministerio Público y la víctima Dispuesto el traslado por decreto de 20 de enero de 2026, a fs. 644, de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, fueron notificados el Ministerio Público y víctima conforme formularios de notificación de fs. 645 a 648 vta.; sin embargo, no respondieron a la excepción opuesta.

II. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN l1.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la -52 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera Instancia sea competente para conocer dichos incidentes.

En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.

En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten

ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y acceso efectivo a la justicia y, de los principios de celeridad y concentración procesal.

No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite.

Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , 105-R y 1365/2005-R, y el .

En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 460 ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por Diego Armando Mallón Padilla de fs. 447 a 455 vta., contra el Auto de Vista 535/2023-SP1 de 20 de noviembre de fs. 409 a 417, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.

l1.2. Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción

La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal.

Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto a la interrupción, el art.

31 del CPP reconoce únicamente la declaratoria de rebeldía, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero, conforme lo precisado por el y la . Asimismo, y en observancia de las y , se establece que tampoco la denuncia ni el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción.

Que, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los Órganos Jurisdiccionales o por los particulares en delitos de acción privada. Su fundamento radica en el interés

social de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, ya sea por negligencia de la víctima o inactividad de los órganos encargados de su impulso, garantizando así seguridad jurídica y estabilidad social.

En cuanto a la suspensión del término de la prescripción, el art. 32 del CPP, interpretado por la , dispone que ésta procede exclusivamente cuando:

1. Se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;

Mostrando 33 de 161 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Citada por

Cargando citas…

Datos del proceso

Demandante
Ministerio Público
Demandado
Diego Armando Mallon Padilla
Proceso
Violencia familiar o doméstica
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia9 de julio de 2026AS/0314/2026-AFuente oficial