Texto del fallo
O A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 320/2026 Sucre, 18 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 27/2026 Demandante : AUTO REPUESTOS SOLUCIÓN S.R.L.
Demandado Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional Proceso : Contencioso Tributario Distrito : Santa Cruz Relatora : Dra. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 320 a 324, interpuesto por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 6 de 11 de julio de 2025 de fs. 285 a 300 vta., emitido por la Sala Social, Contenciosa, 7 Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por AUTO REPUESTOS SOLUCIÓN S.R.L., en contra de la entidad recurrente; la contestación a fs. 336 y vta.; el Auto 184 de 10 de noviembre de 2025 a fs. 337, que concedió el recurso; el Auto de Admisión 27 /2026-A de 15 de enero a fs. 345 y vta., que admitió el recurso y lo obrado en el proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES 1. Sentencia Tramitado el proceso Contencioso Tributario seguido por AUTO REPUESTOS SOLUCIÓN S.R.L. (contribuyente) contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 27 de 15 de diciembre de 2022 de fs. 250 a 259 vta., que declaró PROBADA la
demanda de fs. 49 a 59, quedando nula la Resolución Sancionadora en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS 159/2015 de 21 de diciembre.
2. Auto de Vista
Resolviendo el Recurso de Apelación de fs. 266 a 268, interpuesto por la AN contra la Sentencia 27 de 15 de diciembre de 2022; la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 6 de 11 de julio de 2025 de fs. 285 a 300 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia recurrida.
III. RECURSO DE CASACIÓN
La AN presentó su recurso de casación en la forma y en el fondo exponiendo los siguientes argumentos:
En la forma
Señaló que el Tribunal de Alzada emitió el Auto de Vista recurrido, vulnerando el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; toda vez que, omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos en su Recurso de Apelación en los que se denunció que la Juez de Instancia no expuso las razones que sustentaron su decisión, impidiendo a la AN comprender cómo es que se determinó:
- a)Dejar nulo el Acto Administrativo impugnado; y
- b)La prescripción de la facultad de la AN para de imponer sanciones administrativas.
Aseveró que el Tribunal de Alzada omitió contrastar los antecedentes administrativos con:
- a)Los argumentos expuestos por el contribuyente en su demanda; y
- b)Los argumentos expuestos por la AN en su contestación y Recurso de Apelación, en igualdad de condiciones; limitándose a señalar que la determinación de la Juez de Instancia fue correcta, sin analizar y exponer la normativa aplicable que desvirtúe los argumentos expuestos por la AN en su Recurso de Apelación.
EL ANO AA Denunció que el Tribunal de Alzada emitió un fallo Citra Petita, porque omitió pronunciarse sobre la interpretación errónea del cómputo de la prescripción y la normativa aplicable al caso argumentados por la AN en su Recurso de Apelación.
Con sustento en esos argumentos, concluyó que el Tribunal de Alzada emitió el Auto de Vista recurrido, vulnerando el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, porque no se pronunció sobre todos los argumentos expuestos por la AN en su Recurso de Apelación, estableciendo con: ...claridad y precisión los motivos legales y de hecho respecto específicamente a la decisión del Aquo de Confirmar la Sentencia N 27 de 15 de diciembre de 2022, y como consecuencia prescrita la acción de la Administración Tributaria Aduanera para aplicar la sanción por contravención tributaria... (sic).
En el fondo
Aseveró que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente el computo del término de prescripción, vulnerando el principio de legalidad y desconociendo los efectos jurídicos del instituto de la prescripción;
toda vez que, conforme al plazo de 4 años previstos en el art. 59.13 del Código Tributario Boliviano (CTB), el término de prescripción para imponer sanciones administrativas de la AN, inició en ...enero de 2014... (sic) y que de acuerdo al art. 62 del CTB, el referido término se suspendió en dos oportunidades, la primera por seis meses con la notificación de la Orden de Fiscalización y la segunda desde la impugnación administrativa ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), hasta el ...23/ 02/2015... (sic), fecha en la que se recibió formalmente los antecedentes administrativos; habiendo transcurrido: ...tan solo 4 meses y 28 días, del período previsto por el ordenamiento jurídico... (sic); entonces, tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional ANULEZR-RS 159/2015 de 21 de diciembre, fue emitida y notificada antes de concluir el plazo de cuatro años, la facultad para imponer
sanciones administrativas al contribuyente, no se encuentra prescrita.
Solicitó ANULAR obrados hasta el Auto de Vista recurrido o la Sentencia de Instancia, para que se emita un nuevo fallo debidamente motivado y fundamentado, o; en su defecto, CASAR el Auto de Vista, declarando IMPROBADA la demanda contenciosa tributaria del contribuyente y manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS 159/2015 de 21 de diciembre.
IV. CONTESTACIÓN
Mediante escrito a fs. 336 y vta., el contribuyente contestó el Recurso de Casación de la AN, aseverando que no se identificó las leyes que fueron violadas o interpretadas erróneamente o aplicadas indebidamente, conforme requiere el art. 271 del Código Procesal Civil (CPC). :
Solicitó que no se admita el Recurso de Casación de la AN y se disponga su rechazo.
V. NORMATIVA, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA APLICABLES AL CASO
La prescripción en materia tributaria
En la doctrina tributaria, José María Martín, señala: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella... (Martín, José María, Derecho Tributario General, 2 edición, pág. 189).
Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, ilustra: que:
la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la
ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce... (Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24 Edición. Argentina. Editorial Heliasta, p. 370).
El instituto de la prescripción está contemplado en el CTB, precisamente en la Subsección V, de la Sección VII, dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria, previendo que es una categoría jurídica, por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de las facultades de la Administración Tributaria, es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica y no en la equidad y la justicia, puesto que: El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada al transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho... (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011).
Para impedir el autoritarismo y abuso del Estado en ejercicio de su poder de imperíium, por la hegemonía política, el constituyente ha dotado de una cláusula abierta para perfeccionar un sistema de protección del estante y habitante del territorio nacional, así el art.
13.II de la Constitución Política del Estado (CPE), amplía el catálogo de derechos en base a los previstos en instrumentos internacionales, que además de ser fuente de derecho, conforman el bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la CPE.
En esa medida, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificada mediante la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, al otorgar las garantías judiciales exigibles por cualquier persona, dispone que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.., sustrayendo de la norma que antecede la garantía del plazo razonable, excluye cualquier posibilidad de incertidumbre en la determinación de un derecho u obligación de orden Civil, laboral, fiscal o de otra índole; enunciado, del que a contrario sensu, se extrae el derecho a la prescripción de toda obligación para el caso del tipo fiscal; lo que nos permite concluir que, la normativa supra nacional que forma parte de nuestra legislación, prevé como derecho humano, la prescripción.
Los arts. 9.2 y 178 de la CPE, instituyen el principio de seguridad Jurídica que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades públicas.
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