AS/0328/2019

Datos del proceso

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Auto Supremo Nº 216/2015 respecto a la interrupción del plazo de prescripción manifestó: “Entre los modos de extinción de las obligaciones se encuentra la prescripción conforme establece el art. 351 Num. 7) del Código Civil. De conformidad con ello, el parágrafo I del art. 1492 de la citada norma, señala que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que prevé la ley, siendo que, de acuerdo al art. 1493 del mismo Compilado, la prescripción comienza a correr o se computa desde que el derecho puede hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En virtud del art. 1507 de la norma indicada, los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción cuando durante cinco años no se ha ejercido el derecho de exigir el cumplimiento de tales obligaciones. Contrariamente, las causas que interrumpen la prescripción están señaladas en el art. 1503 del Código Civil, que son una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba el derecho, o por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Asimismo, de conformidad a la primera parte del art. 1505 de la norma en examen, la prescripción también se interrumpe por reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquél contra quien el derecho puede hacerse valer. Como se tiene señalado precedentemente, la ley ha previsto causas que interrumpen la prescripción de las obligaciones; la prescripción se interrumpe o suspende cuando ocurre una de las causas previstas en la ley, produciéndose la interrupción de la prescripción cuando un acontecimiento previsto por la ley destruye o deja sin efecto todo el tiempo anteriormente transcurrido, comenzando un nuevo computo de la prescripción después de la interrupción. (…) Conforme se tiene señalado anteriormente, la prescripción puede ser interrumpida por ejercicio judicial o extrajudicial, o por cualquier otro acto de reconocimiento de deuda, situación ésta que ha acontecido en el presente caso, ya que si bien en el proceso no existe prueba que demuestre que el acreedor hubiera iniciado acción judicial o extrajudicial alguna exigiendo el cumplimiento de la obligación, sino más bien el deudor quien, a través de las mencionadas cartas notariadas, fue dando explicaciones sobre su incumplimiento pidiendo prórrogas de plazos a fin de cancelar la deuda, y si bien es cierto que no existe constancia de recepción de las mismas como ha informado el Notario de Fe Público a fs. 134, respecto de la carta de 28 de enero de 2004, señalando: “…la carta notariada… fue intervenida por mi autoridad con el sello que dice Pasó por mí la carta notariada que antecede, de lo que doy fe, en la que firmo y sello… Debo hacer notar que la misma no fue diligenciada o notificada al Sr. Raúl Beltrán B…”, no es menos cierto que esa declaración o manifestación de voluntad vertida en cartas que fueron intervenidas notarialmente, implica el reconocimiento de la obligación en favor del deudor, demandado en el presente caso, considerándose aquéllas como un verdadero documento público que hace plena fe respecto de la declaración o convención que contiene, conforme a los arts. 1505, 1287.I y 1289.I del Código Civil, cuya acusación de falsedad no fue demostrada en el proceso”.