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TSJ

AS/0329/2026

Tribunal Supremo de Justicia
21 de mayo de 2026Sala Social 2da
Proceso
Proceso Contencioso

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Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 329/2026 Sucre, 21 de mayo de 2026 Expediente : 755/2025 Demandante : Empresa Unipersonal Construcctora Cocias Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Irupana Proceso : Contencioso Distrito : La Paz Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 2606 a 269, deducido por Bernardo Mamani Leva en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de lIrupana (GAM-Irupana), impugnando la Sentencia N 04/2025 de 10 de marzo, pronunciada por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 279 a 289, dentro del proceso Contencioso seguido por la Empresa Unipersonal Constructora Cocias contra la entidad recurrente; con respuesta de contrario de fs. 272 a 278; el Auto Interlocutorio N 423/2025 de 25 de agosto de fs. 279, que concedió el recurso, el Auto Supremo N 755/2025-A de 16 de septiembre, a fs. 286 y vta, que admitió el recurso de casación y los antecedentes procesales:

IL. ANTECEDENTES DEL PROCESO SENTENCIA La Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Sentencia N 04/2025 de 10 de marzo, de fs. 279 a 289, declaró PROBADA en parte la demanda contenciosa, ordenando al GAM-Irupana se pague a favor de la empresa demandante, la suma de Bs204.249,10 (Doscientos cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 10/100 Bolivianos), más el pago de intereses por retraso en el pago en Página 1 de 18

cumplimiento de la Cláusula Sexta del Contrato Administrativo a calcularse en la ejecución de Sentencia; e IMPROBADA la solicitud de pago por daños y perjuicio. Sin costas y costos por disposición del art.

49 de la Ley N1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO).

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN La parte demandada, mediante memorial de fs. 266 a 269., interpuso recurso de casación, exponiendo las siguientes infracciones:

Acusó la existencia de un error en la aplicación de la naturaleza del proceso contencioso, que, si bien el Tribunal de Instancia habría reconocido que, el proceso contencioso es para dirimir conflictos de contrataciones, ha omitido profundizar en los vicios que afectan la legalidad del contrato administrativo desde su origen, por cuanto que, un contrato administrativo, por su naturaleza, debe cumplir con todos los preceptos legales vigentes para su validez y eficacia. La falta de un elemento esencial, como la titularidad del terreno donde se ejecutaba la obra, constituyó un vicio de nulidad que debió ser analizado, los vicios del acto administrativo pueden llevar a la nulidad de pleno derecho. Si la verificación de la propiedad era responsabilidad del GAM-Irupana, que, la no posesión del terreno por el municipio al momento de la suscripción del contrato, o durante su ejecución, afecta directamente el objeto y la causa del contrato administrativo, siendo una circunstancia que imposibilita legal y materialmente su cumplimiento, no por voluntad del GAM-Irupana, sino por una deficiencia en la génesis del contrato.

Señaló que, no se ha, considerado por parte del Tribunal A quo, la afectación al interés público y principio de legalidad, que, en la Sentencia se debió haber considerado el principio de interés público que rige toda actuación de la administración pública.

La ejecución de un contrato sobre un terreno que no pertenece al GAM-Irupana, no solo es materialmente imposible, sino que Página 2 de 18

contraviene el interés público y el correcto uso de los recursos del Estado. La imposibilidad de pago aducida por el GAM-Irupana no sería un capricho, sino la consecuencia de una contratación viciada que, de haberse cumplido, habría generado un daño económico al Estado. Las actuaciones de los Gobiernos Autónomos Municipales deben sujetarse a los sistemas de gestión pública y control gubernamental establecidos por Ley.

Reclamó la vulneración del principio de buena fe contractual en la administración pública, toda vez que, el A quo, no ponderó adecuadamente que el contrato administrativo fue firmado por una anterior gestión (ex Alcalde Clemente Mamani Condorena), que la actual administración, al percatarse de las irregularidades y la imposibilidad de ejecución legal, actúa en resguardo de los intereses municipales.

La persistencia en un contrato con deficiencias de origen implicaría una responsabilidad para los actuales servidores públicos.

El GAM-Irupana tenía el deber de denunciar y combatir todos los actos de corrupción y de resguardar el patrimonio público.

Indicó la existencia de una omisión de análisis de la normativa de contrataciones estatales, por cuanto que, el Decreto Supremo (DS) N 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), establecen principios y procedimientos rigurosos para las contrataciones estatales, cualquier incumplimiento a estas normas desde la fase de planificación y suscripción del contrato puede viciarlo de nulidad.

El Contrato Administrativo, resalta la importancia de la legalidad en este tipo de instrumentos. En Sentencia se debió haber analizado si el contrato cumplió con todos los requisitos de las NB-SABS, especialmente en lo referente a la disponibilidad y saneamiento del bien inmueble donde se pretendía construir. La información registrada en el SICOES se constituye en la información oficial que rige los Página 3 de 18

procesos de contratación, siendo responsabilidad de la entidad el disponer los mecanismos administrativos de control interno, para verificar que la información que se publique corresponda al contenido de los documentos originales autorizados.

Concluyó solicitando se case o anule la Sentencia impugnada.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN Habiendo corrido el traslado correspondiente a la empresa demandante, por intermedio del memorial de fs. 272 a 278 contestó el recurso negando todos sus argumentos, conforme:

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Datos del proceso

Demandante
Empresa Unipersonal Constructora Cocias
Demandado
Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
Proceso
Proceso Contencioso
Magistrado relator
German Saul Pardo Uribe
Tribunal Supremo de Justicia21 de mayo de 2026AS/0329/2026Fuente oficial