Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 332/2026 Sucre, 20 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 777/2025 Demandante : Elina Velásquez Vélez Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija Proceso : Beneficios Sociales Distrito Pando Relatora : Mgda. Rosmery Ruíz Martínez I. VISTOS: Los Recursos de Casación de fs. 127 a 128 vta. y fs. 133 a 134, interpuestos por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija a través de su representante legal y por Elina Velásquez Vélez, respectivamente, contra el Auto de Vista 191/2025 de 23 de julio, de fs. 117 a 118, emitido por la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, seguido por Elina Velásquez Vélez contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija; sin contestación por ambas partes; el Auto 474/2025 de 1 de diciembre a fs. 155 vta., que concedió los recursos; el Auto de Admisión 777/2026-A de 17 de marzo, que admitió ambos medios de impugnación a fs. 172 y vta.; los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES 1.Sentencia Tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del departamento de Pando, emitió la Sentencia 114/2023 de 23 de octubre, de fs. 63 a 65 vta., declarando PROBADA la demanda de fs. 5 a 6 vta.; ordenando que
el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAMC) a través de su representante legal, cancele en favor de la demandante la suma de Bs52.113,00 (cincuenta y dos mil ciento trece 00/ 100 bolivianos), por conceptos de bono de antiguedad y bono de té. Sin costas.
2.Auto de Vista
Interpuesto el Recurso de Apelación por el GAMC a través de su representante legal, de fs. 96 a 97, la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista 191/2025 de 23 de julio, de fs. 117 a 118, que REVOCA EN PARTE la Sentencia apelada, disponiendo declarar improbada la demanda de pago de refrigerio y confirmó la Sentencia apelada con relación al pago del bono de antigtiedad, disponiendo que la entidad demandada cancele en favor de la demandante, la suma de Bs19.443,00 (diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres 00/100 bolivianos).
II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
Contra dicha determinación del Tribunal de Alzada, el GAMC y la actora por memoriales de fs. 121 a 124 y 129 a 132 vta.
respectivamente, interpusieron Recurso de Casación, argumentando lo siguiente:
PRIMER RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el GAMC (fs.121 a 124)
1. Señala que, respecto al pago del bono de antigitiedad, existe la imposibilidad de acreditar el pago correspondiente, debido a la falta de documental idónea que sustente los años de servicio de la demandante dentro de la institución, por lo que no se puede exigir el pago de un beneficio, cuya base de cálculo no ha sido probada.
Agrega que, al ser éste un trámite de carácter personal y esencial para la acreditación de los años de servicio, la parte actora incurrió
en una total inactividad al no haber solicitado su certificación de años de Servicios ante el CAS. Asimismo, manifestó que el Código Procesal Civil (CPC) en su art. 136 al referirse a la carga de la prueba establece que: la carga de la prueba corresponde a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido o de un derecho. ..; si bien en la materia, rige el principio protector en favor del trabajador, este no exime al trabajador de coadyuvar con la presentación de prueba de los hechos que fundamentan su pretensión; por lo que, al no existir la documentación idónea que acredite los años de servicios de la demandante, resulta imposible acreditar y por ende efectuar el pago del bono de antigúedad.
2. Denuncia la violación de los arts. 4 y 5 de la Ley de Administración Presupuestaria; ya que, el art. 5 de la precitada ley, prohibe que las entidades públicas comprometan y ejecuten gastos con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados;
y que, el realizar gastos fuera de los recursos declarados, generaría caer en responsabilidad administrativa e incluso penal.
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