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TSJ

AS/0335/2026

Tribunal Supremo de Justicia
20 de mayo de 2026Sala Social 1era
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

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Texto del fallo

DO AN AN TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 335/2026 Sucre, 20 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 941/2025 Demandante : Francisco Rubén Mérida Ibáñez Demandada : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Proceso : Beneficios Sociales Distrito : La Paz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 155 a 162 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 229/2025 de 14 de julio, de fs. 141 a 147, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, seguido por Francisco Rubén Mérida Ibáñez contra la entidad recurrente; la contestación al Recurso de fs. 165 a 166; el Auto de 3 de septiembre de 2025, a fs. 167, que concedió el Recurso de Casación; el Auto de Admisión 743/2025-A de 14 de noviembre, a fs. 175 y vta., que admitió el Recurso de Casación; y los antecedentes procesales IL ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento

de La Paz, emitió la Sentencia 41/2024 de 23 de mayo, de fs. 105 a 115, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 20 a 21, disponiendo que la entidad demandada, pague en favor del actor, la suma de Bs55.798,09 (cincuenta y cinco mil setecientos noventa y ocho 00/ 100 bolivianos) por conceptos de indemnización y desahucio por el tiempo de servicios de 7 años, 8 meses y 28 días, además de vacaciones; monto que, en ejecución de Sentencia, deberá actualizarse y aplicarse la multa establecida en el art. 9 del DS 28699.

Auto de Vista

En grado de Apelación promovido por la entidad demandada, mediante memorial de fs. 117 a 119, la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 229/2025 de 14 de julio, de fs. 141 a 147, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La entidad recurrente, sustentó su Recurso de Casación en los siguientes argumentos:

1. Vulneración del debido proceso por incorrecta interpretación y aplicación de los arts. 1 y 3 de Ley 321 y 2 del Decreto Ley (DL) 16187; e incorrecta valoración de la prueba.

Refirió que el Tribunal de Alzada no valoró correctamente la prueba de cargo ni de descargo, al no considerar que el demandante desempeñó funciones distintas durante las gestiones 2013 y 2014. Señaló que, en la gestión 2013, suscribió el contrato de trabajo no permanente STM-58, desempeñando funciones como técnico administrativo G, con un haber mensual de Bs3.050 (tres mil cincuenta 00/100 bolivianos), desde el 3 de diciembre de 2013 hasta el 31 del mismo mes y año; posteriormente, en la gestión 2014, suscribió los contratos no permanentes STM-124 y STM- 532, desempeñando funciones de conductor de bus alimentador,

gano purnaa

con un haber mensual de Bs3.355 (tres mil trescientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos), desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Sostuvo que el Tribunal de Alzada no advirtió que el demandante prestó servicios en distintos cargos, primero como técnico administrativo y posteriormente como conductor de bus alimentador; por lo que, en dichas gestiones, no desempeñó labores propias y permanentes, aspecto que incide en el cómputo del tiempo de servicios. Añadió que, en aplicación del principio de verdad material, el actor, en su condición de conductor profesional categoría C, prestó servicios por necesidad institucional, suscribiendo contratos no permanentes y a plazo fijo que no superaban el año calendario.

Asimismo, señaló que cada contrato se encontraba sujeto a la Ley del Estatuto del Funcionario Público, al DS 26115 y al Decreto Municipal 007, normativa que no fue considerada por el Tribunal de Alzada, vulnerando el debido proceso previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 233 de la Norma Suprema, 9 de la Ley 1178, 6 y 71 de la Ley del estatuto del Funcionario Público, 4.g) e i) de la Ley 2341, 60 del DS 26115 y 271.1 del Código Procesal Civil (CPC). Manifestó que, de manera errónea, se concluyó que el actor trabajó de forma consecutiva e ininterrumpida y que se pretendía encubrir una relación laboral propia y permanente; sin embargo, afirmó que no se precisó cuáles serían esas labores propias y permanentes, ni se consideró que el puesto desempeñado no era manual u operativo, sino que respondía a necesidades de una unidad organizacional desconcentrada. En ese entendido, sostuvo que la entidad municipal no puede ser considerada una empresa, sino una institución pública al servicio de la población.

Citando los arts. 2 del DL 16187 y 5 del RESAP del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, señaló que se aplicó normativa municipal no conducente al caso; asimismo, citando el art. 10.II (no precisó la norma) refirió que el Tribunal de Alzada consideró las contrataciones eventuales de manera sucesiva, sin tomar en cuenta las interrupciones existentes entre un contrato y otro, pese a la prueba presentada. Indicó que dicho extremo es verificable de la revisión de los contratos, los cuales no superaban el periodo de prueba y respecto de los cuales el demandante tenía pleno conocimiento de la fecha de conclusión, constituyendo actos consentidos al momento de su suscripción.

En ese contexto, denunció una incorrecta interpretación del art. 2 del DL 16187, sosteniendo que dicha norma resulta aplicable a empresas y no a una institución pública como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Añadió que el demandante prestó servicios en el SETRAM, unidad desconcentrada y no descentralizada, ejerciendo funciones de conductor con un haber mensual de Bs4.686, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de octubre de 2021, sujeto a la normativa que rige al sector público, quedando excluido de la Ley General del Trabajo (LGT) por efecto de la Ley 321.

Respecto a la tácita reconducción, señaló que el Tribunal de Alzada omitió considerar que esta figura opera, conforme al art. 21 de la LGT, únicamente cuando el trabajador continúa prestando servicios una vez vencido el término del contrato; sin embargo, en el caso concreto, toda la relación laboral se desarrolló mediante contratos a plazo fijo.

Finalmente, alegó que existe contradicción entre lo establecido en primera instancia y en alzada, puesto que el Juez de la causa determinó la existencia de 14 contratos, mientras que el Tribunal

gano funca de Alzada concluyó que fueron 15 contratos, sin respaldo documental suficiente.

2. Error de derecho por incorrecta interpretación de normativa que rige para el sector público, Ley del Estatuto del Funcionario Publico, Ley 1178 y DS 26115.

Refirió que el Tribunal de Alzada no realizó un adecuado análisis jurídico respecto a la naturaleza de los contratos suscritos por el demandante en calidad de personal eventual, cuyo tratamiento resulta distinto, toda vez que dichos contratos se encontraban sujetos a normativa especial del sector público.

Señaló que, conforme a la Cláusula segunda y particularmente a la Cláusula quinta de los contratos cursantes en obrados desde la gestión 2015, se evidencia que las contrataciones se encontraban regidas por normativa aplicable al sector público y que cada contrato contaba con una fecha específica de inicio y conclusión.

Sostuvo que existió una incorrecta interpretación y aplicación del art. 1 de la Ley 321, lo que derivó en la indebida aplicación de los arts. 1, 2, 4, 6, 13, 19 y 52 de la LGT, incurriendo en infracción legal por:

  1. a)falta de fundamentación y motivación del fallo de segunda instancia respecto a la vigencia de la Ley de Municipalidades 482; y
  2. b)falta de fundamentación y motivación sobre la aplicación o inaplicación de la normativa relativa a los contratos eventuales con planilla presupuestaria 12100, así como de lo dispuesto en el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público y el art. 60 del DS 26115.

Manifestó que dicha omisión no solo vulnera la normativa especial aplicable al caso, sino también el art. 271.1 del CPC; razón por la cual corresponde casar el Auto de Vista recurrido, por vulnerar el debido proceso previsto en el art. 115.II y la seguridad jurídica consagrada en el art. 178, ambos de la Constitución Política del Estado.

Reiteró que el Tribunal de Alzada omitió analizar la Cláusula quinta del último contrato, particularmente en relación con la planilla presupuestaria 12100, que corresponde a una partida destinada a personal eventual, aspecto que a criterio suyo, impedía reconocer una reconducción contractual.

En ese entendido, sostuvo que tampoco fueron analizados el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público ni el art. 60 del DS 26115, pese a que la naturaleza de este tipo de contratos radica precisamente en la eventualidad de la contratación.

Asimismo, señaló que no se valoró correctamente la prueba consistente en los contratos de trabajo a plazo fijo, mediante los cuales se demuestra que las contrataciones fueron suscritas por periodos no consecutivos y que no existió tácita reconducción.

Finalmente, alegó falta de fundamentación y motivación respecto a la determinación de reconversión del contrato; al efecto, invocó la Sentencia Constitucional (SC) 752/2002-R (no señaló la fecha de emisión), reiterando que no se justificó jurídicamente la reconversión de un contrato sujeto a la normativa especial previamente citada.

3. Falta de consideración de linea jurisprudencial vinculante.

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Francisco Ruben Merida Ibañez
Demandado
Gobierno Autónomo Municipal de la Paz-
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German Saul Pardo Uribe
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