Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0338/2026-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL PROCESO Proceso: Tarija 84/2025 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Mauricio Sergio Flores Calvo Delito: Consumo y Tenencia para el Consumo, art. 49 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) Sucre, tres de marzo de dos mil veintiséis
Por memorial presentado el 29 de enero de 2026 de fs. 496 a 506 vta., Mauricio Sergio Flores Calvo, opone EXCEPCIÓN DE EXTINCION DE
. LA ACCION PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Consumo y Tenencia para el Consumo, previsto y sancionado por el art. 49 de la Ley 1008.
I DE LA EXCEPCION OPUESTA Ll. Argumentos de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso Mediante memorial de fs. 496 a 506 vta. presentado en fecha 29 de enero de 2026, interpone excepción de excepción de duración máxima del proceso (sic), sustentando el mismo en base a los siguientes argumentos:
- 1)Sobre el primer acto del procedimiento y el inicio del cómputo, el excepcionista sostiene que el primer acto del procedimiento dirigido en su contra data del 7 de octubre de 2019, fecha en que el Ministerio Público presentó el inicio de investigación, siendo ratificado ese cómputo con el decreto judicial de 08 de octubre de 2019 emitido por el Juzgado de Instrucción Cautelar Primero de la Capital de Tarija. En consecuencia, al 27 de enero de 2026, habría transcurrido un total de 6 años, 4 meses y 19 días desde el inicio del proceso, superando
ampliamente el plazo máximo de tres años establecido en el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
- 2)Respecto de los plazos a descontar, el recurrente reconoce como plazos susceptibles de descuento los siguientes:
- a)Vacaciones judiciales correspondientes a las gestiones 2019 (25 días), 2020
. (10 días), 2021 (25 días), 2022 (25 días) y 2024 (25 días), aclarando que en las gestiones 2023 y 2025 la Sala Penal .
Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija no ingresó en vacación judicial colectiva, totalizando 110 días;
- b)Suspensión de plazos por la pandemia del COVID-19, comprendida entre el 23 de marzo de 2020 y el 05 de julio de 2020, equivalente a 105 días, es decir, un total de días a
- descontar de 215 días; en ese contexto efectuado el descuento, señala que el tiempo neto transcurrido en la presente causa asciende a 5 años, 9 meses y 14 días, resaltando que el tiempo en demasía el plazo de los tres años.
- 3)1Ñespecto a la responsabilidad de la dilación incurrida, el recurrente refiere que la dilación procesal es exclusivamente atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, en razón de los siguientes hechos objetivamente verificables en el cuaderno de autos: (a) El Ministerio Público solicitó la aplicación del
- procedimiento inmediato con un plazo de investigación de 30 días, pero no presentó su acto conclusivo hasta el 09 de marzo de 2020; es decir, con cuatro meses de retraso respecto del plazo que el propio ente fiscal se impuso; (b) El Órgano Judicial tardó aproximadamente tres años desde la recepción del recurso de apelación restringida (octubre de 2020) hasta su admisión (14 de octubre de 2023); (c) Una vez emitido el Auto de Vista N 543/2023-SP1 en fecha 17 de noviembre de 2023, la Sala Penal Primera tardó 16 meses en notificarlo al imputado, haciéndolo recién el 6 de marzo de 2025. El impugnante enfatiza que su conducta procesal no fue obstruccionista ni dilatoria, y que ejerció únicamente los medios impugnatorios que le franquea la Constitución Política del Estado (CPE) y CPP.
4 Sobre el marco normativo invocado. El recurrente fundamenta su solicitud en: los artículos 24, 109-I, 115-1 y II, 119-11, 178-I y
180-1 de la CPE; los arts. 5, 27 inc. 10), 31, 133 del CPP; los artículos 3 inc. 4 y 7, 30 incs. 3), 6), 12) y 13) de la Ley del o Órgano Judicial (LOJ); los arts. 7 inc. 5), 8) inc. 1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en los casos Suarez Rosero vs. Ecuador, Osorio Rivera y Familiares vs. Perú, Rodríguez Vera y Otros vs.
Colombia, así como las Sentencias Constitucionales (SSCC)
3 9/2015-S2, 347/2020-S1, 765/2022-S1, 45/2021 y 172/2018S2.
- 5)Sobre la naturaleza del delito investigado. El recurrente destaca que el ilícito objeto de la presente causa es el de Consumo y Tenencia para el Consumo de Sustancias Controladas, tipificado en el art. 49 de la Ley 1008, siendo este uno de los delitos de menor gravedad dentro del catálogo de la referida Ley, cuyo bien jurídico tutelado tiene alcance eminentemente personal.
Señalando que incluso al momento de la aplicación del procedimiento abreviado, el Ministerio Público y su persona consensuaron una condena de tratamiento ambulatorio, siendo el Juez de Sentencia quien, apartándose del marco legal, dispuso la internación en el INTRAID, lo que motivó la interposición del recurso de apelación restringida.
- 6)Sobre la excepción planteada previamente ante la Sala Penal
Primera. El excepcionante hace constar que el 12 de marzo de 2025, interpuso la misma excepción ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, la cual nunca fue resuelta, decretada ni tramitada por dicho Tribunal, circunstancia que agrava la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. .
I.2.
Respuesta del Ministerio Público a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso
El Ministerio Público, presentó memorial de contestación, cursante de
fs. 511 a5l6vta.; empero, del mismo se advierte un error fundamental
que merece observación preliminar:
Grave error de tipificación de la excepción contestada. El
Ministerio Público en su memorial de contestación denomina
: expresamente en la suma de su memorial: CONTESTA EXCEPCIÓN
DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, y ensu ,
cuerpo se refiere de manera reiterada a la extinción de la acción penal
por prescripción, cuando en los hechos la excepción opuesta por el imputado es la de extinción de la acción penal por DURACIÓN
MAXIMA DEL PROCESO, conforme al art. 133 del CPP.
Ahora bien, si bien ambas instituciones son causas de extinción de la
acción penal previstas en el art. 27 del CPP (la prescripción en el
numeral 8 y la duración máxima del proceso en el numeral 10), se trata de instituciones jurídicas distintas con fundamentos, plazos y cómputos diferenciados. Esta confusión no es menor: la prescripción está regulada por los arts. 29, 30 y 31 del CPP y sus plazos varían según la pena del delito; en tanto que la duración máxima del proceso está regida por el art. 133 del CPP y establece un plazo fijo de tres años desde el primer acto del procedimiento, con independencia de la pena asignada al delito. La contestación del Ministerio Público, al dar respuesta a una excepción distinta a la planteada, incurre en una grave falta de correspondencia procesal que evidencia una deficiencia técnico-jurídica en la labor de la representante del Ministerio Público.
No obstante el error señalado, el Ministerio Público sustenta su oposición en los siguientes argumentos de fondo:
- i)La gravedad del bien jurídico protegido (salud pública, bienestar de la juventud y la familia), invocando la y la Convención contra el Tráfico Jlícito de Estupefacientes;
- ii)Los derechos constitucionales a la vida e integridad (art. 15 CPE) y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes (art. 60 CPE);
- iii)La tutela judicial efectiva a favor de la sociedad (art. 115-I CPE y arts. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 8.1 del Pacto de San José);
- iv)La aplicación de la teoría del no plazo, invocando el , que reconoció los tres criterios de la Corte IDH para evaluar la razonabilidad del plazo;
- v)La alegación sin sustento probatorio concreto de que el imputado habría contribuido a la dilación al ejercer los recursos de apelación . restringida y casación;
- vi)La apelación al valor justicia material y el debido proceso sustantivo, señalando que sería contrario a la justicia que una sentencia condenatoria no se ejecute por el transcurso matemático del tiempo.
Invoco el , la Sentencia Constitucional (SC) 0101/2004 de 14 de septiembre y Auto Constitucional (AC) 79/2004-ECA de 29 de septiembre.
II ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACION MAXIMA EL PROCESO : IL.1.
De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la SC .
1061/2015-S2 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de
la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos incidentes. .
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.
En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal.
No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , 105-R, 1365/2005-R y el .
En el presente caso, el recurso de casación formulado por Mauricio Sergio Flores Calvo fue radicado en esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conforme se tiene del decreto de radicatória de fecha 26 de marzo de 2025 cursante fs. 492. En consecuencia, esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por el imputado.
Por otra parte, debe dejarse constancia de que conforme los lineamientos descritos de manera precedente, esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra facultada para conocer y resolver únicamente la excepción de extinción penal por duración máxima del proceso cursante de fs. 498 a 506 vta., toda vez, que dicha
excepción fue presentada en la presente instancia, y no se encuentra facultada a emitir pronunciamiento alguno respecto a la excepción de duración máxima del proceso, cursante a fs. 418 a 426 vta., toda vez que fue preesitada inte otra instancia.
Naturaleza jurídica de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso Conforme se tiene del art. 133 del CPP establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía, por su parte el art. 27 inc. 10) del mismo cuerpo legal, establece que la acción penal se .
extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;
sin embargo, la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores que hacen a la defensa del debido proceso con relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten alas otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular (víctima), determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia.
Ahora bien, la valoración concurrente de los factores que deben ser considerados por el juzgador al momento de determinar la extinción de la acción penal, y que no esté supeditada única y exclusivamente al transcurso del tiempo, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional en la , que al efecto señala: Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda .
persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derecho Ciwiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia.
Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su y su , la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley:
- a)la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica;
- b)la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y
- c)la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar st el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue e
manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del - proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada.
Con relación a ello, la (moduladora) dejó claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los Jueces y Tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad.
Respecto de los argumentos del Ministerio Público, advirtiéndose que invocó en su contestación el , que adoptó la teoría del no plazo. Sin embargo, esta posición ha sido superada por la -51, que recondujo la jurisprudencia constitucional a la teoría del plazo de la , determinando en su parte pertinente (...) En consecuencia, corresponde reconducir la línea Jurisprudencial sobre el plazo máximo de duración del proceso y los criterios a considerar para la extinción de la acción penal por vencimiento del mismo, al precedente constitucional obligatorio en atención al estándar más alto de protección de derechos, identificado luego de un análisis integral de la línea jurisprudencial desarrollada
sobre la temática, determinando el criterio en ingor inmerso en la , que -se reitera-, contiene una interpretación progresiva para el acceso a la justicia sin dilaciones, concluyó que nuestra legislación no acoge la teoría del no plazo, sino, la teoría del plazo:
consiguientemente, los parámetros a ser observados para la verificación constitucional cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso en cuanto al trámite y consideración de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá considerar que si bien, no es posible tomar en cienta factores como la complejidad del asunto y sus arcunstancias, que fueron sido asumidas dentro del plazo global establecido; empero, tampoco es suficiente el solo transcurso del plazo
. previsto en dicha nerma, sino que es indispensable analizar si la dilación es atribuible al Ministerio Público (en los Actos Iniciales y la .
Etapa Preparatoria), al órgano judicial, o a la conducta del imputado o procesado, siendo improcedente la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en caso de que la dilación sea atribuible al imputado; estabieciendo que Bolivia no acoge la teoría del no plazo.
Teniéndose por lo tanto que el argumento del Ministerio Público es, jurisprudencialmente obsoleto.
Asimismo, se tiene que el Ministerio Público alegó que el imputado habría contribuido a la dilación al ejercer los recursos de apelación restringida y casación. Sin embargo, la establece expresamente que los medios impugnatorios no deben ser considerados como actos dilatorios, por estar previstos en la propia Constitución Política del Estado como derechos procesales de las partes. Esta alegación del Ministerio Público carece de sustento jurisprudencial.
De la rebeldía, vacaciones judiciales y otras causales de interrupción y suspensión de plazos procesales en el cómputo de -
la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso
El primer párrafo del art. 133 del CPP en forma expresa determina que: Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldia.
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