Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 339/2026 Sucre, 20 de mayo 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente :á 1/2026
Demandante : Metalma SUC Unipersonal
Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerin Proceso : Contencioso
Distrito : Beni
Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe
I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 172 a 174, interpuesto el Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerin a través de su representante legal, impugnando la Sentencia 53/2025 de 26 de septiembre, de fs. 167 a 169, emitida por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro el proceso Contencioso seguido por la empresa Metalma SUC Unipersonal contra la entidad recurrente; el Auto de 26 de noviembre de 2025, a fs. 187, que concedió el recurso; el Auto de Admisión 1/2026-A de 7 de enero, a fs. 195 y vta., que admitió el Recurso de Casación; los antecedentes del proceso..
IL. ANTECEDENTES PROCESALES
1. Sentencia
En consideración de la demanda Contenciosa de fs. 46 a 50 vta., interpuesta por Metalma SUC Unipersonal, a través de su representante legal, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerin, quien una vez citado contestó negativamente la demanda, de fs. 64 a 65 vta. Sustanciada la causa, la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Administrativa, Contenciosa y
Dácina 1 da 1Q
Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió la Sentencia 53/2025 de 26 de septiembre, de fs. 167 a 169, declarando PROBADA EN PARTE la demanda interpuesta por la empresa Metalma SUC Unipersonal, disponiendo pague al demandante la suma de Bs49.925 (cuarenta y mnueve mil novecientos veinticinco 00/100 bolivianos), correspondiente a la Orden de Compra 51/2021 y la suma de Bs48.600 (cuarenta y ocho mil seiscientos 00/100 bolivianos), correspondiente a la Orden de Compra OC-0127/2021, haciendo el monto total de Bs98.525 (noventa y ocho mil quinientos veinticinco 00/100 bolivianos); y al no haber demostrado los daños y perjuicios, se reconoce, solamente el 6 anual del monto adeudado, correspondiente al lucro cesante, que será liquidado en ejecución de sentencia. Sin costas.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACION
El Recurso de Casación en la forma y fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerin a través de su representante legal, de fs. 172 a 174, expuso lo siguiente:
En la forma
1. Reclamó incongruencia y omisión en la valoración probatoria, pues la Sentencia recurrida condena a la entidad demandada al pago de lucro cesante, a pesar de que el demandante no probó el nexo causal ni el monto del daño. Añadió que esta incongruencia se manifiesta a través de una incongruencia externa, pues se concedió más de lo peticionado; e una incongruencia interna, al existir contradicción lógica entre la declaratoria de probada en parte la demanda y la posterior condena por un concepto que no fue probado. Consiguientemente se advierte un defecto en la motivación y fundamentación que vulnera el derecho al debido proceso y causa perjuicios a la entidad demandada.
Identificó como normas infringidas los arts. 90, 190, 192.3, 375 en relación al 397 del Código de Procedimiento Civil y alegó que la Sentencia omitió valorar adecuadamente, la ausencia de prueba que acredite el lucro cesante, peritajes o proyecciones de ganancias; tampoco valoró la confesión
provocada de Metalma (fs. 116 a 117 vta.) y la declaración de los testigos (fs. 126 a 127 vta.).
Precisó como jurisprudencia aplicable los y (no especifica Salas emisoras).
2. Expuso incongruencia omisiva externa, error en la aplicación de la ley y omisión de valoración de la prueba, pues la Sentencia recurrida no se pronunció sobre la inprocedencia de la impugnación vía administrativa, al no haberse agotado la vía de impugnación interna establecida en la Ley 2341 y también omisión del testimonio de Carlos Eduardo Manu Roca que corroboró la ausencia de un acto administrativo definitivo.
Identificó como normas infringidas el art. 2 de la Ley 620; arts. 17.II.III, 69 y 70 de la Ley 2341 y art. 190.3 del Código de Procedimiento Civil al no considerar sus argumentos y pruebas aportadas. Respaldó su posición en el (no identifica Sala emisora).
3. Afirmó que la Sentencia recurrida omitió verificar el agotamiento de la vía administrativa, requisito esencial para la procedencia de la acción contenciosa administrativa, vulnerando el debido proceso y derecho a la tutela judicial efectiva.
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