Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO 355/2020 RRC
Sucre, 28 de julio de 2020
Expediente : Beni 9/2019
Parte Acusadora : Ministerio Público y otro
Parte Imputada : Miguel Ángel Fernández y otros
Delito : Incumplimiento de Deberes y otros
Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa
RESULTANDO
Por memoriales presentados el 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2019, Juan Pablo Simón Pinto, de fs. 732 a 756, Javier Chávez Bejarano, de fs. 762 a 770 vta., Miguel Ángel Fernández de fs. 745 a 751 vta. y Miguel Ángel López Arteaga, de fs. 754 a 757, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 019/2019 de 9 de septiembre, de fs. 688 a 698 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Tcnl. DAEN Jhonny Antezana Cáceres, Gerente de la Unidad Ganadera “COFADENA” “Campo 23 de marzo” Trinidad e inter partes, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Estelionato, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Abigeato, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado, Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción, Uso Indebido de Influencias y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, previstos y sancionados por los arts. 154, 337, 150, 350, 172 bis y 146 del CP, con la modificación e incorporación de los arts. 34, 28 y 29 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito de Investigación de Fortunas (“Marcelo Quiroga Santa Cruz” Ley 004 de 31 de marzo de 2010”).
DEL RECURSO DE CASACIÓN
I.1. Antecedentes.
Por Sentencia 01/2017 de 9 de enero (fs. 314 a 344) el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a: Miguel Ángel Fernández Pinto, culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto por el art. 154 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 004, imponiendo la pena de dos años de reclusión y absuelto de los delitos de Estelionato y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas; Juan Pablo Simón Pinto, autor de los delitos de Abigeato y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, tipificado por los arts. 350 del CP y 28 de la Ley 004, otorgando la pena de tres años de reclusión y absuelto de los delitos de Receptación Proveniente de Delito de Corrupción; Javier Chávez Bejarano, responsable de los delitos de Uso Indebido de Influencias, sancionado por el art. 146 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 004, aplicando la pena de tres años de reclusión y absuelto del delito de Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito. Asimismo, todos fueron sancionados con el pago de costas al Estado.
Contra la mencionada Sentencia, los acusados Miguel Ángel Fernández Pinto (fs. 351 a 355 vta.), Javier Chávez Bejarano (fs.364 a 366 vta.) y Juan Pablo Simón Pinto (fs. 390 a 419), así como la parte civil representada por Jhonny Antezana Cáceres (fs. 385 a 387), a su turno formularon recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 005/2017 de 4 de diciembre (fs. 452 a 458 vta.), que fue dejado sin efecto por (fs. 631 a 641 vta.); en tal mérito, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió el Auto de Vista 019/2019 de 9 de septiembre, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.
I.1.1. Motivos de los recursos de casación.
De los memorial del recurso de casación y del , se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
I.1.1.1. Recurso de Casación de Juan Pablo Simón Pinto. (motivos segundo, tercero, quinto, noveno y décimo)
Advierte que el Auto de Vista impugnado es contrario a los , y 307 de 25 de agosto de 2006, puesto que el Tribunal de alzada no se pronunció con relación a la autoría y participación del recurrente, tal como fue expuesto en la apelación restringida “y como exige la normativa de los arts. 20, 22 y 23, es decir uno es autor, instigador o cómplice” (sic), habida cuenta que el precedente advierte que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a descubrir el hecho, para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del tipo penal; al efecto, siempre fue alegada la inocencia en juicio, además de la conducta al ser subsumida a los delitos de Abigeato y Enriquecimiento Ilícito, demostrando que lo mejor en el Auto de Vista fue omitir y ratificar la Sentencia. Asimismo la Resolución impugnada es contraria al precedente en sentido que toda resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, que comprenda un fundamento descriptivo, analítico e intelectivo y jurídico, lo que supone la precisión de los hechos que se tienen como ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión y la importancia de analizar los elementos del delito como tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, aspectos de debieron ser analizados y tener pronunciamiento por el Tribunal de apelación.
Indica que el Auto de Vista impugnado incurrió en errónea aplicación de los arts. 350, 14 y 20 del CP y 28 de la Ley 004, además de ser contrario al , en ese sentido el Tribunal de alzada viola el principio de congruencia en las resoluciones y el principio de legalidad, al no pronunciarse sobre los puntos cuestionados ni realizar el análisis y valorar para que la conducta sea subsumida a los delitos sentenciados, menos se alegó que existió dolo o culpa, por lo que se debió aplicar la legalidad y la valoración probatoria aplicando el art. 173 del CPP; al efecto debe tenerse presente que tanto los Tribunales de Sentencia como de apelación deben fundamentar y motivar sus fallos, en el caso presente es evidente que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre los art. 13, 14, 20 y 250 del CP, y 28 de la Ley 004, teniendo en cuenta los arts. 178, 180 y 108 núm. 1 de la CPE; al efecto, el Auto de Vista desconoce el Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972, además de la vulneración al art. 410. I de la CPE y el debido proceso.
En apelación restringida se demostró la inexistencia de pronunciamiento sobre el art. 28 de la Ley 004, en ese sentido el Auto de Vista no se pronunció sobre los puntos de agravio expuestos, poniendo al recurrente en un estado de indefensión absoluta, teniendo en cuenta que el Tribunal de juicio violó la norma sustantiva penal por inobservancia o errónea aplicación de la referida norma, por lo que la conducta del acusado no se subsumió al delito de Enriquecimiento Ilícito, tal como se desprende del informe jurídico de la ASFI, Contraloría General del Estado o Procuraduría o entidad financiera que advierta sobre alguna fortuna, por lo que no existe prueba plena que demuestre dicho accionar con afectación al Estado, pues el Tribunal de alzada no se pronunció en relación a lo referido, afectando el debido proceso, el derecho a ser oído en todas las etapas del proceso, a la igualdad y a la debida motivación y fundamentación, por la carencia de pronunciamiento y por la afectación de los arts. 124 del CPP, 115 y 116 del a CPE. Invoca el , como procedimiento contradictorio.
Hace referencia a la vulneración de los arts. 169 inc. 3), 171, 173 y 360 inc. 2) del CPP, al pretender probar hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba conforme al art. 370 inc. 6) del CPP, además que el Auto de Vista impugnado no se pronunció en relación a las normas advertidas con anterioridad, pues los vocales están obligados a pronunciarse en análisis jurídico, valoración intelectiva-lógica y jurídico, de todos los hechos denunciados en alzada de acuerdo al art. 115.I de la CPE, debiendo considerarse el , que está vinculado con la efectividad del art. 180 de la CPE, conforme a la protección oportuna de los Jueces y Tribunales, además que el precedente advierte sobre el principio de verdad material para la efectividad de la Sentencia, conforme al desfile probatorio que genere convicción en el juzgador; de advertir lo contrario, el Tribunal de alzada debe considerar dicho accionar para dejar sin efecto la resolución de juicio, de acuerdo a las previsiones advertidas, por lo tanto el recurrente indica que en alzada demostró que el desfile probatorio se evidenció que no resulta loable con una situación fáctica en materia penal, sino que va relacionado con materia civil, por lo que el Auto de Vista sería carente de motivación y fundamentación conforme a la verdad material que se desprende del art. 180 de la CPE, advirtiendo que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre las cuestiones apeladas, siendo que simplemente se abocó a confirmar la Sentencia y transcribir las apelaciones planteadas pues al resolver un recurso en el que se denuncia la existencia de defecto de Sentencia por basarse en medios de prueba no incorporados legalmente a juicio, debiendo bajo el principio de verdad material ponderar si la prueba observada como espuria tiene o no característica de esencial en el fallo emitido por el Juez, más cuando la prueba aportada por el acusador particular y de las pruebas judicializadas, no se genere convicción en el juzgador de la responsabilidad del impugnador, porque dicho accionar no constituye delito.
Acusa que el Auto de Vista viola sus derechos y garantías constitucionales in adjudicando e in prodedendum, por lo que no existe el control de legalidad teniendo en cuenta que en apelación restringida en los puntos 1 y 1.1. se advierte la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 13, 14, 20, 350 del CP y 28 de la Ley 004, además que en los puntos referidos se mencionó a los incs. a), b), c), d), e), e), f), g), h) y k) que no fueron absueltos por los Vocales, afectando al debido proceso, a la defensa, a la impugnación, tutela judicial efectiva y el derecho a ser oído conforme a los arts. 115, 116, 117 y 119 de la CPE, que incide en el deber del Tribunal de alzada de realizar el control de concurrencia del proceso, sin que vulneren derechos garantías constitucionales conforme a las previsiones del art. 169 inc. 3) del CPP, pues el Tribunal de apelación no se pronunció en relación a los puntos cuestionados anteriormente, además de tener en cuenta el , que en su contenido advierte sobre la falta de fundamentación de las resoluciones y que dicho accionar constituye defectos absolutos y que la fundamentación jurídica no puede ser sustituida por una repetición de frases, por lo que el Tribunal de alzada incurre en falta de pronunciamiento de los puntos cuestionados y falta de fundamentación en su resolución.
I.1.1.2. Recurso de casación de Javier Chávez Vejarano (motivos segundo, cuarto, sexto y séptimo).
Indica que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse con respecto a la forma y de fondo con relación a los arts. 13, 14, 20, 350 del CP y 28 de la Ley 004, pues la resolución emitida desconoció el Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972 elevado a rango de Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, así como la primacía de la CPE en su art. 410.1.I, pues considera, que el Tribunal afecta el debido proceso, a ser oído y el derecho a la impugnación protegido por el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al efecto se evidencia que los Vocales no emitieron criterio con relación a la prueba testifical o literal sobre la conducta del apelante y si se subsume su conducta típica al art. 350 del CP, justificando su fallo con algunos conceptos y referencias doctrinales fuera de contexto, pero no se pronuncian con relación a la acción dolosa inherente al art. 14 del CP, que ratifica la Sentencia sin cumplir su facultad y competencia al emitir decisiones arbitrarias e ilegales.
Así también, menciona que en apelación restringida demostró la inexistencia del art. 28 de la Ley 004 y que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre los puntos expuestos poniéndolo en estado de indefensión absoluta, teniendo en cuenta que el Tribunal de juicio no aplicó la sana crítica, lógica y experiencia en otorgar el valor eficaz a cada prueba, en ese sentido el Auto de Vista omite pronunciarse sobre los puntos cuestionados, pues todos los acusados deben conocer que la acusación y la Sentencia debe ser legal, apegada a la sana crítica, pues se demostró la inexistencia del hecho menos se puede establecer los elementos del tipo penal, que incide en el deber del Tribunal de alzada de realizar el control de la concurrencia del proceso sin que se vulneren derechos o garantías constitucionales conforme a las previsiones del art. 169 inc. 3) del CPP, por lo tanto se tiene que el Tribunal de apelación afecta al imputado por ratificar la Sentencia y declarar improcedente la apelación restringida, sin pronunciarse sobre todos los puntos cuestionados sin respetar el principio de legalidad, el debido proceso, considera que la resolución violó el art. 124 la cual no existió una debida motivación, fundamentación y fue incongruente, la cual debería aplicar la absolución o inocencia y el debido proceso como establece el art. 119 y 115 de la CPE., además de expresar los art. 20, 22, 23, 350 del CP y 28 de la Ley 004. Invoca el .
Advierte que en alzada, denunció la violación de los art. 124, 169 inc. 3), 173 y 360 inc. 2) del CPP, incurriendo en falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada conforme al art. 370 inc. 3) del CPP, siendo el fallo de apelación insuficiente y contradictorio con relación a los puntos cuestionados, por lo que en el presente se hace referencia a los hechos probados en la Sentencia, además se advierte ausencia de motivación, fundamentación así como la enunciación de los hechos y circunstancias del hecho, por lo que la Resolución recurrida “no ha sido respondida, valorada, menos motivada su resolución, argumentada por mi recurso de apelación restringida…”, se evidencia que el Tribunal de alzada ni siquiera dio cumplimiento; al efecto se tiene el , que en su doctrina refiere el deber de fundamentación y motivación de la resoluciones de los Tribunales justiciables.
El Auto de Vista viola los derechos y garantías constitucionales de in adjudicando e in procedendum, además de no haber ejercido el control de legalidad, menos el cumplimiento objetivo de la Ley y la Constitución, pues en apelación restringida se denunció la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 13, 14, 20, 350 del CPP y 28 de la Ley 004, adecuando su decisión en los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 1) del CPP, además de hacer referencia a los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) en los puntos 1 y 1.1. de alzada, evidenciando que no hubo respuesta por parte del Tribunal de apelación, ni el trabajo de logicidad ni razonamiento, menos efectuaron la valoración, situación está sujeta a la nulidad de la Resolución cuestionada afectando los derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación, tutela judicial efectiva y a ser oído conforme a los art. 115, 116, 117 y 119 de la CPE, advirtiendo que el Tribunal de alzada además de no pronunciarse sobre los puntos cuestionados, ni valorar menos fundamentar las razones expuestas en apelación, teniendo presente el , que incide en el deber del Tribunal de alzada de realizar el control de la concurrencia del proceso sin que se vulneren derechos o garantías constitucionales conforme a las previsiones del art. 169 inc. 3) del CPP, siendo evidente la contradicción con el Auto de Vista por la inobservancia de los arts. 180 de la CPE; 169 inc. 3) y 370 inc. 1) del CPP. “Entiéndase que no solamente se viola de derecho a la impugnación por el solo hecho de no fijar audiencia pública para fundamentar los agravios orales, niño van más allá, que no absuelven anda por los puntos cuestionados…” (sic), además del , que en su contenido advierte sobre la falta de fundamentación de las resoluciones y que dicho accionar constituye defectos absolutos y que la fundamentación jurídica no puede ser sustituida por una repetición de frases, siendo menester que el Tribunal cuestionado emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos por cuanto es necesario que en la fundamentación se viertan criterios jurídicos.
I.1.1.3. Recurso de casación de Miguel Ángel Fernández Pinto.
La parte recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado afecta los principios de congruencia, verdad material y el debido proceso, de acuerdo a los arts. 3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), además de los arts. 115.II, 117. I y 180 de la CPE, pues no se valoró los datos del proceso incumpliendo con los fundamentos de hecho y de derecho conforme al análisis, pues el contenido de la Resolución recurrida sólo hace referencia a conceptos básicos de la estructura del proceso penal y sus acepciones procesales, por lo tanto carece motivación y fundamentación coherente y congruente en base a los puntos impugnados sobre el art. 370 incs. 1), 5) y 6) que guardan relación con los arts. 171, 173, 359 incs. 7) y 10) del CPP, dilucidados en alzada y que decaen en defectos contenidos en la sentencia, además de la defectuosa valoración de la prueba de cargo y descargo que no guardan relación con la estructura del Auto de Vista impugnado, además de la inobservancia de los arts. 124 y 169 inc. 3) del CPP, como se podrá observar los Vocales se remiten a realizar y describir los datos del proceso, tratando de inducir a los sujetos procesales, que las actuaciones del proceso son suficientes y suficiente fundamento como para considerar una verdad irrefutable que afecta al debido proceso en su vertiente a la debida motivación, fundamentación coherente y congruente, incurriendo en error, puesto que son las mismas autoridades que advierten que toda resolución debe ser debidamente fundamentada y que tiene que ser clara y precisa, por cuanto efectúan aseveraciones contrarias al referir que se estableció sobre la existencia de los hechos denunciados, cuando ese extremo no resulta evidente de los datos de la Sentencia, actuando el tribunal de alzada de manera ultra petita al obviar algunos puntos objetados en apelación, entrando a una inseguridad jurídica, e incluso los vocales se dieron a la tarea de aumentar aspectos que no se encuentra en el fallo de juicio, extremo no permitido tal como refiere el , que indica que el Tribunal de casación no se constituye en Tribunal de instancia inferior para enmendar errores de hecho y derecho, sino que es potestad del Tribunal de apelación.
Además advierte que en alzada se hizo referencia a la defectuosa valoración probatoria de la prueba de descargo, pues no se efectuó dicha valoración, no se efectuó la valoración integral de las pruebas, pues si las autoridades judiciales no estaban convencidas con el razonamiento valorativo caen en el mismo error que el Tribunal inferior, puesto que lo correcto era indicar, desglosar e individualizar punto por punto donde está la falla, limitándose el Tribunal de alzada simplemente a indicar de manera genérica sin tomar en cuenta la falta de valoración probatoria, empero el Auto de Vista no fundamenta de manera coherente, lógica que permita colegir las razones de orden legal y razonable careciendo de fundamento por alegar algo falso, teniendo al efecto el , referido según el recurrente que en caso que el Tribunal de alzada advierta defectuosa valoración de la prueba deberá especificar con claridad el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, pues en el caso presente el Tribunal de apelación no efectuó el análisis advertido del precedente, asimismo, el , que advertiría según el recurrente que en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración probatoria el Tribunal de mérito deberá emitir resolución debidamente fundamentada, acto que es desconocido en el caso de autos, ya que no se evidencia una fundamentación coherente; toda vez, que si bien indican que no se valoró ninguna prueba, ese extremo no fue explicado mucho más cuando de la Sentencia se desprende una valoración íntegra de la prueba y no se evidencia ausencia de valoración, dilucidando una inexistencia del porque se llega a la determinación asumida. Sobre el delito de Incumplimiento de Deberes sólo fue limitado a expresar que se incurrió en la previsión legal del referido delito, que resulta contrario al , pues no existe una explicación fundamentada en relación al delito endilgado, vulnerando el debido proceso, estando clara la falta de fundamentación, insuficiente y contradictoria de la Sentencia, establecida en el art. 370 inc. 5) del CPP, provocando inobservancia de los art. 124 y 169 inc. 3) y 398 del CPP, afectando el derecho a una resolución fundamentada, a la defensa, a la seguridad jurídica, que deriva en la afectación del debido proceso de acuerdo al art. 115.II de la CPE.
I.1.1.4. Recurso de casación de Miguel Ángel López Arteaga en representación de COFADENA.
El recurrente advierte que el Auto de Vista impugnado recae en incongruente fundamentación, por lo que no se evidencia el debido proceso, resaltando el deber de fundamentar y motivar el fallo sobre la base de la valoración de la prueba producida en juicio en la dinámica del principio de legalidad, omitiendo el Tribunal de mérito pronunciarse en relación a la dosimetría de la pena en la Sentencia, pues los argumentos del referido fallo son reiterados en alzada, evidenciando una falta de motivación sobre los argumentos expuestos en apelación restringida, pues no se toma en cuenta la gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del mismo, que el actuar de los imputados tiene una connotación social, puesto que existe una afectación a una institución estratégica del Estado; en ese sentido, la resolución impugnada se limita a detallar aspectos relacionados a la personalidad y al proceso sin efectuar el trabajo de legalidad, en cuyo fin se presta el art. 180 de la CPE., refiere al principio pro actione, facultando a las partes recurrir a las resoluciones agraviadas con el propósito de buscar el saneamiento justo y legítimo de una resolución, buscando dar una sanción ejemplificadora, no es menos evidente que la labor judicial en la dosificación de la pena depende de una facultad privativa del Órgano Judicial limitada por la sana crítica y potestad reglada conforme a los arts. 25, 37, 38, 39 y 40 del CP, denotando una inobservancia expuesta en alzada que no fue atendida.
El recurrente trae en calidad de precedentes contradictorios los y , el primero referido a la prohibición por parte del Tribunal de alzada a revalorizar las pruebas en procura de evitar violación al principio de inmediación, oralidad y contradicción, exponiendo que solamente son los Jueces o Tribunales de juicio quienes están facultados para efectuar el trabajo de valoración de la prueba; y, el segundo referido a que el Tribunal de apelación está encargado de verificar si los argumentos o conclusiones de la Sentencia reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, procurando que las afirmaciones no sean falsas, incoherentes o absurdas, efectuado un análisis respecto a la valoración de la prueba, evidentemente alejados de la revalorización probatoria, pues de existir defectos de Sentencia el Tribunal de apelación está en la facultad de motivar y fundamentar su fallo, además de anular total o parcialmente el fallo de juicio y ordenar el reenvío ante otro Tribunal de juicio, al efecto se evidencia que el Auto de Vista impugnado recae en una falta de análisis para fundamentar su fallo respecto a la dosimetría de la pena, por lo que la referida resolución omite manifestarse en relación a los aspectos esgrimidos con anterioridad.
I.1.2. Petitorio.
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