Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 359/2026 Sucre, 21 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 934/2025 Demandante : Empresa Unipersonal Constructora Romero Arteaga Demandado : Gobierno Autónomo Municipal del Trigal Proceso : Contencioso Distrito : Santa Cruz Relator : Medo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 370 a 371 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal del Trigal, a través de su representante legal, impugnando la Sentencia 15 de 09 de diciembre de 2024, de fs. 323 a 330 y vta., emitida por la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso Contencioso seguido por la Empresa Unipersonal Constructora Romero Arteaga contra la entidad recurrente; la contestación al recurso, de fs. 379 a 380; el Auto 119 de 28 de octubre de 2025, a fs. 423, que concedió el recurso; el Auto de Admisión 934/2025-A de 14 de noviembre, a fs. 430 y vta., que admitió el Recurso de Casación; los antecedentes del proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sustanciada la causa, la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió la Sentencia 15 de 9 de diciembre de 2024, de fs. 323 a 330 y vta., declarando PROBADA la demanda contenciosa interpuesta por la Empresa Unipersonal Constructora Romero Arteaga, por haberse demostrado objetivamente la
existencia del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra GMTANPE 05/2014, de 23 de octubre de 2014, y el incumplimiento en el pago por el servicio realizado para la Construcción de Atajos de Micro Riesgo en el Trigal, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal del Trigal, pague en el plazo de diez días de su legal notificación, una vez ejecutoriado el fallo, el monto total de Bs814.757,32 (ochocientos catorce mil setecientos cincuenta y siete 32/100 bolivianos) en favor de la Empresa Unipersonal Constructora Romero Arteaga. Sin costas.
III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACION
El Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal del Trigal, a través de su representante legal, de fs. 370 a 371 vta., expuso lo siguiente:
1. Acusó la errónea apreciación de la prueba consistente en el Acta de Recepción Definitiva a fs. 8, la cual no guarda relación con el contrato administrativo de ejecución de obras, toda vez que dicha acta es de 21 de diciembre de 2012, esto es, dos años antes de la suscripción del contrato administrativo, de fs. 5 y 6, de 23 de octubre de 2014, correspondiendo a otros contratos ejecutados con anterioridad, por lo que la demanda debió ser rechazada al encontrarse aún vigente el contrato.
2. Denunció la vulneración al debido proceso en la admisión de la prueba documental, por cuanto las documentales de fs. 87 a 106 fueron aceptadas mediante proveido de 25 de mayo de 2023, a fs.
110, sin cumplir con el acto procesal de juramento o promesa de no haber tenido conocimiento de ellas, tratándose de documentos con fecha anterior a la presentación de la demanda, lo que contraviene lo dispuesto en el ordenamiento procesal en materia de admisión de prueba documental.
3. Sostuvo que no fue valorada la prueba documental de fs. 81 y 82, que igualmente cursa de fs. 153 a 154 vta., relativa a la carta notariada por la cual la empresa demandante reconoció que la
Planilla 1, por la suma de Bs132.934,14 (ciento treinta y dos mil novecientos treinta y cuatro 14/100 bolivianos), se encuentra pagada, lo que constituye una confesión extrajudicial que debió ser valorada en sentencia y descontada del monto total demandado. En el mismo sentido, tampoco se valoró la documental de fs. 141 a 145, por la cual se acredita la cancelación de la suma de Bs132.934,00 (ciento treinta y dos mil novecientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos), quedando por cancelar la suma de Bs711.663,80 (setecientos once mil seiscientos sesenta y tres 80/100 bolivianos), no obstante, lo cual se le condenó al pago de la totalidad del monto acordado.
4. Manifestó que, conforme al acta de inspección judicial de fs. 270 a 271, Únicamente se inspeccionaron 7 atajos de agua de 7 beneficiarios, quedando pendiente la inspección de 50 atajos, siendo que la empresa demandante manifestó que debía ejecutar 57 atajos para 57 beneficiarios, por lo que la prueba resultó inconclusa y no permitió determinar si efectivamente se cumplió a cabalidad la ejecución de la obra.
5. Acusó la interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, por cuanto, conforme al Auto de Apertura del término probatorio a fs. 78 y vta. y las notificaciones practicadas, la empresa demandante ofreció sus pruebas en fecha 23 de mayo de 2023, esto es, antes de la apertura del periodo probatorio, por lo que tales pruebas no debieron ser mencionadas en la sentencia, debiendo declararse improbada la demanda al no haber demostrado la parte demandante el cumplimiento del contrato.
Concluyó solicitando se ANULE obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el auto de admisión de la demanda a fs. 19 inclusive.
IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN
Mediante memorial de fs. 379 a 380, la Empresa Unipersonal Constructora Romero Arteaga, a través de su representante legal, contestó el Recurso de Casación, argumentando que:
No existe valoración errónea de la prueba, toda vez que los medios probatorios fueron debidamente considerados por el Tribunal de instancia, no correspondiendo al recurso de casación la revisión de los hechos ni la valoración de la prueba documental, salvo en los supuestos de error de derecho manifiesto, el cual no concurre en el presente caso.
El recurso no identificó cuál es el acto procesal concreto que habría vulnerado el debido proceso, ni acreditó que la Sala hubiese incurrido en omisión o parcialidad alguna en el desarrollo del proceso.
En relación a la presentación de prueba, la alegada presentación extemporánea fue resuelta mediante providencias consentidas, y la apertura del término probatorio se realizó respetando los plazos y las formalidades legales, por lo que no existe vulneración de los arts.
274 y 275 del Código Procesal Civil (CPC) que amerite la nulidad pretendida.
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