Texto del fallo
3S3TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 370/2026 Sucre, 21 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 1015/2025 Demandante : Brandy Arauz Guerra Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir Proceso : Derechos y Beneficios Sociales Distrito : Pando Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir a través de su representante legal de fs. 172 a 175, impugnando el Auto de Vista 235/2025 de 17 de octubre de fs. 166 a 167, emitido por la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso de Derechos y Beneficios Sociales, seguido por Brandy Arauz Guerra contra la entidad recurrente, el Auto 445/2025 de 13 de noviembre a fs. 181 vta. que concedió el Recurso de Casación, Auto de Admisión 1015/2025-A de 5 de diciembre a fs. 193 y vta. que admitió el Recurso de Casación y los antecedentes procesales.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia.
Tramitado el proceso laboral de Derechos y Beneficios Sociales, la Juez del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social, e Instrucción Penal Primera El Porvenir del departamento de Pando,
emitió la Sentencia 6/2025 de 4 de junio de fs. 110 a 114 declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 8 a 10 vta. en consecuencia, el Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir representado por Gresly Justiniano Duran, debe cancelar a la parte demandante la suma de Bs.53.849 (cincuenta y tres mil ochocintos cuarenta y nueve 00/100 bolivianos), por concepto de Subsidio de Frontera y Aguinaldos.
Auto de Vista.
En grado de Apelación promovida por, el Gobierno Autónomo Municipal de Porvenir, la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescia, Contencioso, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista 235/25 de 17 de octubre, que CONFIRMÓ la Sentencia 6 /2025 de 4 de junio; sin costas.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 1. Indebida Interpretación y Aplicación de la Ley (Subsidio de Frontera) Alego que el Tribunal de Alzada omitió considerar que la demandante prestó servicios bajo la modalidad de Consultoría Individual de Línea; por tanto, la relación no era laboral, sino de naturaleza civil y administrativa, regulada estrictamente por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (DS 0181) y el art. 6 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público. Esta normativa excluye explícitamente de los beneficios laborales a quienes se vinculen contractualmente con el Estado para tareas eventuales o especializadas, estableciendo que sus derechos y obligaciones se rigen de forma exclusiva por lo estipulado en su contrato.
Asimismo, acusó al Tribunal de Alzada de vulnerar el derecho al debido proceso y el art. 138 del Código Procesal del Trabajo (CPT), debido a una falta de valoración objetiva de la prueba documental;
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además, los vocales validaron una liquidación propia de la demandante que no refleja la realidad jurídica, apartándose de los principios de la sana crítica, la razonabilidad y la lógica jurídica.
Enfatizó que, si bien el juzgador goza de la facultad de libre apreciación probatoria sin sujeción a una tarifa legal, esta libertad no lo exime de su obligación constitucional de fundamentar sus resoluciones de manera coherente y armonizada con el texto constitucional.
Finalmente, respecto al pago del Subsidio de Frontera, sostuvo sostiene que su confirmación es improcedente debido a las limitaciones presupuestarias que rigen a las instituciones públicas. De acuerdo con la Ley del Presupuesto General y el precedente de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 183/2016-S1, las entidades estatales operan bajo un Plan Operativo Anual (POA) aprobado por el Ministerio de Economía, el cual prohíbe comprometer o ejecutar gastos que no estén previamente declarados y presupuestados. Por lo tanto, forzar el pago de este beneficio en un contrato de naturaleza eventual e individual de línea significaría consolidar un gasto económico no previsto, ocasionando un daño y perjuicio financiero directo al Estado.
2. Indebida Interpretación y Aplicación de la Ley (Aguinaldo de Navidad) Argumentó que el Tribunal de Apelación pretende obligar al pago de este concepto respaldándose en una norma equivocada e ignorando el instructivo navideño emitido anualmente por la instancia administrativa laboral, el cual regula de manera específica los plazos correspondientes.
Asimismo, acusó al Auto de Vista 235/2025 de 17 de octubre de carecer de una debida fundamentación y motivación y vulnerar la garantía del debido proceso y el art. 115.II de la Constitución Pávina 2 de 12
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