Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 373/2019
Sucre, 23 de mayo de 2019
Expediente : Tarija 25/2019
Parte Acusadora : Ministerio Público
Parte Imputada : Pablo Sangino
Delitos : Fabricación de Sustancias Controladas
RESULTANDO
Por memorial presentado el 11 de abril de 2019, cursante de fs. 302 a 304 vta., Pablo Sanguino, opone excepción de Extinción de la Acción Penal por prescripción y duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 de la Ley 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas).
I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA
El contenido del incidente de excepción versa sobre la extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso, con los siguientes fundamentos:
Respecto a la extinción de la acción penal por prescripción; recordando que, la legislación boliviana incorporó taxativamente un término máximo para la validez de un procesamiento y que vencido éste, el Estado pierde potestad sancionadora, el excepcionista citando y transcribiendo aspectos doctrinarios sobre el instituto de la prescripción, sostiene la concurrencia de los requisitos de validez para la prescripción, en los siguientes antecedentes:
- i)El hecho se produjo el 21 de mayo de 2009, que la calificación jurídica del tipo penal responde al delito de Fabricación de Sustancias Controladas, correspondiente a un delito instantáneo, por consecuencia el término de la prescripción comenzó a correr a la media noche del día en cuestión, que a la fecha según el cómputo se encuentra con un tiempo transcurrido de 9 años y 10 meses.
- ii)La pena en abstracto para el delito acusado establece un máximo legal de 15 años; en base a esto, los plazos para la prescripción están fijados en el art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para el caso la acción penal prescribe conforme al num. 1) del referido artículo; “En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años”, estando acreditado el transcurso del plazo exigido.
- iii)Que, los delitos incursos en la ley 1008, no tienen carácter de imprescriptibilidad, por lo que no están dentro de los alcances de los arts. 11 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), cita la SC 104//2013 de 22 de enero.
- iv)Tiene acreditado que durante el desarrollo del proceso no fue declarado rebelde.
Con referencia a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, previa relación cronológica de las fases procesales del proceso penal que se le sigue, acusa que hubo varios momentos procesales de retardación de justicia atribuibles al órgano jurisdiccional; cuando el art. 133 del CPP, refiere que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del proceso, que conforme al desarrollo jurisprudencial a efectos del cómputo de la extinción, se entiende como primer acto del proceso la notificación con la imputación formal, que en el caso ocurrió el 22 de mayo de 2009, acusando que a la fecha de la interposición del presente incidente transcurrieron 9 años y 10 meses; sobre la acreditación de la dilación, dice que emerge de la retardación judicial del órgano jurisdiccional, producida al momento de resolver los recursos de apelación restringida, el primer recurso planteado por el Ministerio Público fue resuelto en dos años y once meses, el segundo planteado por él, se demoró en su resolución cuatro años y dos meses, afirmando una dilación indebida de siete años y un mes, producida en el órgano jurisdiccional.
II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA
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