Texto del fallo
DD TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velazco Mosquera Magistrada Relator AUTO SUPREMO N 378/2026-F Sucre, 09 de marzo de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Cochabamba 27/2025 Parte acusadora : Ministerio público y Primitiva Terrazas de Pardo Parte acusada : José Edwin Lora Rioja Delitos : Robo, Incumplimiento de Deberes y Desobediencia ala Autoridad, arts. 331, 154 y 160 del Código Penal (CP) Il. VISTOS: Por memorial de casación de 30 de octubre de 2024, de fs. 404 a 411, José Edwin Lora Rioja impugna el Auto de Vista 009/2024 de 20 de marzo de fs. 385 a 401, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Primitiva Terrazas de Pardo por la presunta comisión de los delitos de Robo, Incumplimiento de Deberes y Desobediencia a la Autoridad, previstos en los arts. 331,154 y 160 del CP. .
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. DE LA SENTENCIA Se tiene ala vista la Sentencia de 6 de marzo de 2020, de fs. 339 a 346, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró a José Edwin Lora Rioja, autor del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo, con costas a favor del Estado y de la parte civil; además, de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto por los delitos de Robo y Desobediencia a
la Autoridad, previstos en los arts. 331 y 160 del CP.
La Sentencia tiene como probados los siguientes hechos:
1. Primitiva Terrazas Cabrera es propietaria de dos lotes de terreno ubicados en la zona de lroncollo, con una superficie total de 1.600 m., que se encuentran fraccionados en dos. Uno de los lotes colinda con la OTB Barrio Nuevo, cuyos representantes le solicitaron la cesión de tres metros de su terreno a cambio de tres acciones de agua; sin embargo, al no haberse cumplido dicho compromiso, la querellante dio por concluido el acuerdo.
2. De acuerdo a documento con reconocimiento de firma y rúbricas de 15 de diciembre de 2013, la propietaria suscribió contrato con Alberto López Pérez para la construcción de un muro de 20 m. por Bs. 7000 (siete mil 00/100 bolivianos), con plazo de entrega hasta el 30 de diciembre de 2013, efectuando la cancelación del 50 al inicio y el otro 50 a la conclusión de la obra; plazo que no fue cumplido porque mientras se construía el muro, José Edwin Lora Rioja llegó con otras personas y se llevó las herramientas de trabajo sin explicación, pese a la oposición y suplica de la propietaria, ordenando la demolición del muro al otro día, bajo el argumento de flagrancia y utilidad pública, sin atender los reclamos de la propietaria, poniendo en riesgo su integridad y llevándose los escombros.
3. José Edwin Lora Rioja obvió que la flagrancia se da únicamente cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer el hecho; presupuesto que no sucedió, desechándose cualquier posibilidad de flagrancia tornándose ese accionar en arbitrario e ilegal al haber emitido la orden de demolición y proceder a ejecutar sin ninguna resolución de conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), incurriendo en delito de Incumplimiento de Deberes.
4. El imputado actuó por iniciativa propia, con capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y voluntad de causar daño, configurándose su responsabilidad penal por el delito de Incumplimiento de Deberes. Se determinó su autoría, la relación causal entre su conducta y el resultado, y se otorgó valor suficiente a las pruebas de cargo.
5. Respecto a la sanción, no se evidenció conducta reiterativa ni antecedentes condenatorios con autoridad de cosa juzgada, por lo que, en respeto a la presunción de inocencia, corresponde definir la sanción conforme al procedimiento aplicable, considerando además el criterio sobre el cómputo de la pena privativa de libertad.
Hechos no probados.
Referente al delito de Robo se tiene que el accionar del imputado se halla subsumido en el ilícito de Incumplimiento de Deberes, debido a que el hecho de llevarse las herramientas no lo hizo a título particular sino como funcionario público dependiente de la Alcaldía, incumpliendo sus funciones a disposiciones emitidas dentro de un proceso administrativo.
Con relación al delito de Desobediencia a la Autoridad, se tiene que no se acreditaron sus elementos, no siendo procedente atribuirla por el incumplimiento de la presentación de una certificación dentro de una medida preparatoria, ya que dicha actuación corresponde a una fase de recolección de prueba y sus efectos deben ventilarse en ese mismo trámite. En el juicio oral, rigen los principios de legalidad, seguridad jurídica y congruencia, por lo que no puede condenarse por hechos no contenidos en la acusación.
Il.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Del recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado José Edwin Lora Rioja, se advierte que éste denuncia la vulneración de derechos y garantías constitucionales, particularmente el debido proceso, juez imparcial, igualdad procesal y presunción de inocencia, alegando la concurrencia de los vicios de sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En ese sentido, el recurrente estructura su impugnación en dos ejes fundamentales:
1. Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP.
El recurrente sostiene que la Sentencia incurre en una defectuosa subsunción de los hechos al delito de Incumplimiento de Deberes, al limitarse a una fundamentación escueta y general, sin desarrollar los elementos constitutivos del tipo penal ni precisar la norma funcional supuestamente infringida.
Señala que el Tribunal de Sentencia atribuye responsabilidad penal sobre la base de que el acusado habría tenido conocimiento de la supuesta ilegalidad de una construcción y ordenó su demolición al día siguiente, sin considerar que la obra continuaba en ejecución y no existía conclusión del hecho.
Asimismo, denuncia que no se acreditó la existencia de una orden o permiso de construcción por parte de la querellante, lo que a su criterio impidió establecer con certeza su responsabilidad penal, invocando la vigencia de la presunción de inocencia.
El recurrente cuestiona además que no se haya precisado el elemento subjetivo del tipo penal, esto es, el dolo, ni identificado la norma o deber concreto presuntamente incumplido, alegando una incorrecta aplicación del art. 20 del CP 2
respecto a la autoría, así como la ausencia de análisis del art. 14 del mismo cuerpo legal.
2. Valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP.
El recurrente denuncia que la Sentencia carece de una adecuada fundamentación en la valoración probatoria, señalando que el Tribunal de Alzada se limita a la transcripción de la prueba testifical y documental, sin realizar un análisis individualizado ni explicar su relevancia para sustentar la condena.
Respecto a la prueba testifical, sostiene que la declaración de la víctima se limita a reproducir los términos de la acusación particular, sin aportar elementos objetivos adicionales, no se explica cómo dicha declaración sustenta la autoría del hecho.
En cuanto a la prueba documental, refiere que únicamente fue descrita o transcrita, sin que el Tribunal explique de manera razonada, cómo cada elemento probatorio conduce a establecer su responsabilidad penal, ni su vinculación directa con el hecho acusado, cuestionando además la valoración de documentos posteriores al hecho.
El recurrente desarrolla una diferenciación doctrinal entre indicio, evidencia y prueba, alegando que el Tribunal habría confundido dichos conceptos, otorgando valor condenatorio a elementos que no alcanzarían la calidad de prueba suficiente en juicio.
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