AS/0380/2021

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 380/2021

Fecha: 03 de mayo de 2021

Expediente: CB-19-21-S.

Partes: Félix Rocabado Muriel c/ Sigmaringa Fidelia Aliendre Espinoza

Proceso: Revocatoria de Donación.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Sigmaringa Fidelia Aliendre Espinoza (fs. 551-555), contra el Auto de Vista de 16 de diciembre de 2020, pronunciado por Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 542-547 vta.), dentro el proceso ordinario de revocatoria de donación, seguido por Félix Rocabado Muriel contra la recurrente, la respuesta al recurso (fs. 558-561); el Auto interlocutorio de concesión del recurso de 15 de marzo de 2021 (fs. 562); el Auto Supremo de Admisión Nº 278/2021-RA de 05 de abril (fs. 567-568 vta.); todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Félix Rocabado Muriel, al amparo de los arts. 655, 666 y 679.II del Código Civil (CC), interpuso demanda de revocatoria por ingratitud y abandono malicioso sin justa causa, de la donación del 25% de acciones y derechos del inmueble descrito en la cláusula segunda del documento de transacción de 14 de noviembre de 2008, elevado por orden judicial a Escritura Pública N° 037/2012 de 24 de agosto (fs. 8-12, 14y vta. y 17), pretensión que se sustenta en el siguiente argumento:

Señaló que en el centro de Conciliaciones del Poder Judicial, suscribió con Sigmaringa Fidelia Aliendre Espinoza, con quien mantenía una unión libre, el Acta de Transacción de 14 de noviembre de 2008, el cual fue homologado por auto de 25 de noviembre de 2008. En la cláusula segunda de dicho acuerdo, habría donado a su pareja el 25% de acciones y derechos de su propiedad Samay Wasi; sin embargo, sin justa causa el 01 de octubre de 2011 la demandada abandonó el hogar.

Sigmaringa Fidelia Aliendre Espinoza se apersonó, opuso excepciones de falta de acción y derecho, falta de derecho en la acción, ilegalidad, falsedad, improcedencia, temeridad y cosa juzgada; asimismo, plantó acción reconvencional por división y partición del inmueble denominado Samay Wasi (fs. 240-248 vta.), manifestando:

Contestación a la demanda.

Refirió que la donación del 25% de acciones y derechos del inmueble, trata de bienes gananciales emergentes de una unión conyugal libre; asimismo, en este acuerdo transaccional se habría dirimido otros bienes gananciales emergentes de la unión conyugal por lo tanto la demanda seria falsa y temeraria. Respecto a la suma vitalicia de Bs. 1.500, esta no habría sido cumplida hacia la menor; además, solo le entregaba la suma de Bs. 800 y le hacía firmar recibos por Bs. 1.500, siendo falsa la acusación.

Señaló que tampoco abandonó el hogar conyugal, dado que el actor confundiría los efectos de la unión conyugal libre con la esclavitud doméstica, violencia, intimidación y aislamiento, pues, ningún cónyuge puede estar sometido a extorciones para estar al lado de una persona y, quien habría cumplido el compromiso sería el demandante, ya que la molestaba en presencia de su hija, la golpeaba aprovechando su edad y por último, la corrió del hogar.

Manifestó que el demandante adecua normas civiles a institutos del Derecho de Familia, cuando dentro el documento transaccional, no existió donación alguna, sino un reconocimiento de derechos por nueve años de convivencia; por lo tanto, el demandante basaría su acción en algo inexistente.

Reconvención por división y partición del bien inmueble Samay Wasi y el pago de daños y perjuicios por la restricción del usufructo.

Señaló que durante doce años mantuvo una relación libre o de hecho con el demandante, relación que habría iniciado el 14 de abril de 1999, en dicho periodo habría sido víctima de malos tratos, injurias e infidelidades. El 24 de noviembre de 2008, plateó proceso ordinario de declaración de ruptura unilateral de unión conyugal libre, proceso que concluyó con el acuerdo conciliatorio homologado mediante Auto de 25 de noviembre de 2008 y convalidado en Audiencia de 23 de diciembre de 2009, registrando su derecho propietario sobre el 25% de acciones y derechos y usufructo vitalicio sobre el inmueble Samay Wasi. Añadió que, según el acuerdo de conciliación y transacción, el demandante se comprometió a contraer matrimonio al igual que pasar una asistencia vitalicia de Bs. 1.500 en su favor y el de su hija, incumpliendo dicho contrato y propiciando nuevamente malos tratos.

2. Asumida la competencia por el Juzgado Público de Familia N° 6 de Cochabamba, la Sentencia de 28 de septiembre de 2018, declaró IMPROBADA la demanda de Revocatoria de la cláusula segunda del documento de transacción de 14 de noviembre de 2008; PROBADA la excepción de falta de acción y derecho; PROBADA EN PARTE la acción reconvencional, únicamente en relación a la división de los lotes de terreno que conforman la propiedad Samay Huasi; e IMPROBADOS los daños y perjuicios por supresión del usufructo; disponiendo el fallo: (i) La validez e inmutabilidad jurídica del documento de 14 de noviembre de 2008 y vigentes los asientos de propiedad en los folios reales N° 3.09.1.02.0001316 y N° 3.09.1.02.0001314; y, (ii) La división del inmueble denominado Samay Huasi en el porcentaje del 25% del total; asimismo, la compensación por parte de Félix Rocabado Muriel del valor que reporte en el 25% en relación a las mejoras relativas a la construcción de la edificación de 3 plantas, capilla y otras construcciones efectuadas antes de la celebración del documento de 14 de noviembre de 2008, y sea previo peritaje en ejecución de Sentencia a favor de Sigmaringa Fidelia Aliendre Espinoza (fs. 500-510 vta.), entre los fundamentos del fallo podemos extraer lo siguiente:

a. Con relación a la demanda.

El acta de 14 de noviembre de 2008, al tenor del art. 92 de la Ley N° 1770, constituye un documento irrevisable, el mismo que surte los efectos de un documento transaccional y que en su contenido reviste la calidad de cosa juzgada en la forma dispuesta por el Art. 1451 del CC; en tal sentido, dicho documento no puede ser revisado por ninguna autoridad jurisdiccional, correspondiendo únicamente su cumplimiento mediante su ejecución forzosa.