Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
Auto Supremo 391/2026
Sucre, 9 de junio de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 81/2026 Demandante : Wilson Jorge Lozada Hidalgo Demandado : Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales
Proceso : Contencioso Tributario Distrito : La Paz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 181 a 185 vta., interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales a través de su representante legal, contra el Auto de Vista 341/2025 de 1 de septiembre de fs. 170 a 175, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso Contencioso Tributario, interpuesto por Wilson Jorge Lozada Hidalgo contra la entidad recurrente; el memorial de fs. 188 a 192 vta. de respuesta al Recurso; el Auto 704/2025 de 12 de noviembre a fs. 193 que concedió el mismo; el Auto de Admisión 81/2026-A de 21 de enero a fs. 204 y vta., que admitió el Recurso de Casación; y lo obrado en el proceso:
IL. ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Sentencia Planteada la demanda Contenciosa Tributaria, por el contribuyente Wilson Jorge Lozada Hidalgo contra la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del Departamento de La Paz, emitió la Sentencia 12/2022 de 5 de mayo a fs. 109 a 117, que declaró PROBADA en parte la demanda
Contenciosa Tributaria de fs. 17 a 22 vta., declarando extinguida por prescripción las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por el periodo fiscal marzo de la gestión 2011 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), dejando sin efecto la Resolución Determinativa 171825001958 de 27 de noviembre de 2018, remitiendo la Sentencia, en grado de consulta ante la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
2. Auto de Vista
Notificada con la Sentencia, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuso Recurso de Apelación de fs. 122 a 124 vta., resuelto por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 341/2025 de 1 de septiembre a fs. 170 a 175, CONFIRMANDO la Sentencia apelada, sin costas.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La entidad recurrente, en su Recurso de Casación, de fs. 181 a 185 vta., expuso fundamentos en el fondo y en la forma, argumentando lo siguiente:
Recurso de casación en el fondo:
1. Señaló que el Auto de Vista 341/2025 de 1 de septiembre, violó lo establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y omitió pronunciarse sobre los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria en aplicación al derecho a la defensa y debido proceso, carece de fundamentación jurídica, técnica y sustancial, que vulnera los principios de legalidad y debido proceso, conteniendo la transcripción de normas legales y jurisprudencia sin desarrollar un análisis lógico, coherente y
E A A debidamente motivado, que vincule tales disposiciones con los hechos del caso ni con los fundamentos que sustentan la decisión
adoptada, deficiencia agravada por la omisión de considerar los
antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria, que contienen el análisis detallado y la valoración técnica de los elementos probatorios, consistente en documentos de respaldo y papeles de trabajo que fundamentaron los ajustes determinados en el proceso de fiscalización, advirtiendo parcialización hacia el contribuyente.
2. Argumentó que el Auto de Vista 341/2025 de 1 de septiembre, realizó una incorrecta valoración sobre el plazo de la prescripción y la norma aplicable, siendo que se trata de un proceso de determinación de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2011, por el principio de seguridad jurídica, la Resolución Determinativa, estableció el monto que la Administración Tributaria impuso al contribuyente, respetando los plazos de prescripción establecidos en la Ley, aspecto que fue omitido en el análisis respecto al cómputo, debiendo considerar que la sanción por contravenciones tributarias relativas al incumplimiento al deber formal de no envío de la información (registro auxiliar) a través del módulo de bancarización de acuerdo a la normativa y envio del libro de compras y ventas IVA fuera del plazo por el periodo fiscal según normativa, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias de los plazos establecidos en la norma tributaria, vinculadas al procedimiento de determinación, se materializaron en vigencia de la Ley 2492, modificadas por la Ley 291, 317 y 812.
3. Alegó el erróneo cómputo respecto a la multa por incumplimiento a deberes formales, por cuanto la contravención se configuró el 8 de diciembre de 2016, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley 812, aplicable al inicio del cómputo de la prescripción conforme el
propio Auto de Vista 293/2025, que recoge la línea jurisprudencial constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 12/2019-S2 de 11 de marzo; criterios que fueron invocados por la Administración, pero no considerados ni aplicados por el Tribunal de Alzada.
4. Sobre la prescripción de la facultad para imponer sanciones administrativas por incumplimiento a deberes formales vinculados al procedimiento de determinación, refirió que se requirió al contribuyente la presentación de documentación, que no fue presentada dentro del plazo, razón por la que se emitieron Actas de Infracción, señalando el deber formal incumplido, la norma infringida y la sanción, que por sus características fueron sustanciadas y sancionadas dentro de la Resolución Determinativa, las que se concretaron en vigencia de la Ley 812, que modificó el cómputo de la prescripción establecidas en el art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), a ocho años, para imponer sanciones administrativas, cómputo que de acuerdo con el art. 60 del CTB, inicia desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, por lo que no se encuentran prescritas, desvirtuando lo resuelto por el Tribunal, que por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la que debe efectuarse el mismo.
Recurso de casación en la forma:
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