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TSJ

AS/0393/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
16 de junio de 2026Sala Penal
Proceso
Violación

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Texto del fallo

vin SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 393/2026-F Sucre, 9 de marzo de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso ..: Oruro 140/2024 Parte Acusadora : Ministerio Público y AAA!

Parte Acusada e Freddy Gutiérrez Buezo Delito : Violación Agravada, arts. 308 y 310 inc. 0) del Código Penal (CP).

l. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 9 de julio de 2024, cursante de fs. 124 a 135 vta., Freddy Gutiérrez Buezo, impugna el Auto de Vista 052/2024 de 28 de junio de fs. 97 a 105 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y AAA, por la presunta comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sancionado por los arts. 308 y 310 inc. 0) del CP.

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA Por Sentencia 1/2024 de 14 de febrero de fs. 53 a 60 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Freddy Gutiérrez Buezo, autor y culpable de la comisión del delito de Violación Agravada, previsto y sa ncionado por los arts. 308 y 310 inc. 0) del CP con relación al art. 20 del citado Código, imponiendo la pena de veinte años de presidio . ! 1 : ...los jueces y tribunales, deberán suprimir toda referencia que pueda conducir a la identificación del menor involucrado y el de su familia, debiendo consecuentemente, reemplazar el nombre de este no con lasjiniciales de sus nombres y apellidos, porque de todos modos serían pasibles de identificación al señalar que su familiar (nombre completo) lo representa, quebrantando así la reserva y resguardo de su identidad; entonces deberá identificársele con letras repetitivas, tales como CC o XX, por ejemplo, lo mismo que a sus familiares cuando éstos actúen en su representación, esto con el único y exclusivo afán de guardar estricta reserva de los datos de identidad del menor y dar cabal cumplimiento a la norma; la inobservancia de la normá por parte del Tribunal Constitucional cohonestaría la obediencia parcial de la ley o su total infracción.

en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; con costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado; además, de medidas de protección y tratamiento psicológico al acusado, con base a los siguientes hechos probados:

1. Los testigos de cargo precisaron de forma objetiva las circunstancias en que se :

produjo la participación del acusado y los datos precisos sobre la acción premeditada de aprovechar que la esposa del prenombrado se encontraba en estado de ebriedad para obligarla a dormir en otra habitación, y así no entorpecer su objetivo de acostarse con la víctima, e insistirle que se acueste a lado del acusado para desvestirla y proceder a consumar el acto libidinoso, aprovechando que sus hijos estaban durmiendo y la esposa estaba en otro cuarto.

2. Lo expresado por la víctima en las entrevistas psicológicas, las declaraciones de los testigos, certificado médico forense y las pruebas documentales, constituyen prueba contundente sobre el hecho de Violación Agravada y la participación del acusado, además, de la uniformidad de lo aseverado por los testigos sobre el parentesco del acusado con la víctima (su sobrina); imputado que aprovechó el estado de vulnerabilidad de la nombrada para cometer el referido ilícito.

3. De la descripción de los hechos y su agravante, y la prueba recabada resulta suficiente para sustentar la acusación, en especial las pruebas judicializadas como MP-D-7 y MP-D-9, que demostraron la participación del acusado en el hecho.

Determinación de la pena: El acusado no cuenta con antecedentes penales o judiciales, no obstante, el hecho protagonizado es reprochable contra la víctima en estado de vulnerabilidad e indefensión por la conducta prevista en el art. 310 inc. 0) del CP, también se consideró que el prenombrado es padre de familia que sustenta a sus hijos, y el delito de Violación que oscila entre 15 a 20 años de presidio y la agravante de dicho ilícito implicó incrementar 5 años; procediéndose a imponer la pena mínima para el delito de Violación; es decir, 15 años más la agravante de 5 años, justificándose de esa manera la imposición de veinte años.

l1.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA DEL IMPUTADO

Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 143 a 153, reclamando lo siguiente:

1. Defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación a los arts. 308 y 310 inc. 0) del CP; siendo que el Tribunal de Alzada al realizar el análisis de los medios de prueba considerados fundamentales, como la prueba codificada MP-D7 y MP-D9 (entrevistas de la víctima), en ninguna de sus partes concluye por determinar la existencia del ilícito, puesto que por sí mismas no constituyen en un medio para verificar que está versión sea cierta, ratificando el contenido de la Sentencia; estos antecedentes

7 A para ser subsumidos al ilícito de Violación tendrían que ser concordantes con las conclusiones médico legales asumidas en la prueba MP-D8 (certificado médico forense) y la declaración de la médico forense en calidad de perito, quien en juicio oral alegó que en ningún momento conlleva la afirmación de la existencia de un ilícito a través de sus conclusiones médicas asumidas en la prueba MP-D8; vale decir, dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el presunto hecho; además, considerando que sí se trata de generar este nexo de causalidad con las declaraciones de Wilma Gabriel Ramos y Jhoselyn Magdyel Cáceres Alanes, la primera, genera duda en cuanto a su participación y la segunda, en juicio oral refirió no conocer ningún otro medio de prueba que determine la veracidad de los hechos; por lo que resulta imposible subsumir una presunta conducta al tipo penal.

2. Respecto a las pruebas codificadas como MP-D-1, MP-D-2, MP-D-4, MP-D-5 y MP-D-6, resultan referenciales, siendo que no describen ni en su evaluación individual o integral, un nexo entre el hecho y la presunta participación del acusado.

Acusó errónea aplicación de la ley sustantiva contenida en el art. 308 del CP en relación al art. 310 inc. 0) del citado Código, puesto que para sentenciar por el señalado ilícito, el Tribunal debió establecer de forma imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, emergentes de la prueba practicada en el juicio, que es inexistente en la Sentencia;

ya que las pruebas MP-D-1, MP-D-2, MP-D-4, MP-D-5 y MP-D-6, no tienen valor directa o inmediata sino referential

Citó los Autos Supremos (AASS) 231 de 4 de julio de 2006 y 206/2012 de 9 de agosto (sobre la labor de subsunción desde la perspectiva probatoria y fáctica) y 014/2013 de 6 de febrero (valoración de la prueba de cargo y descargo).

Solicitó que previo análisis de , s agravios expuestos en el recurso, se anule la Sentencia apelada reponiendo daucinc de juicio oral, público y contradictorio f a través del reenvío de la causa.

Il.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolvió la apelación planteada, mediante Auto de Vista 052/2024 de 28 de junio de fs. 97 a 105 vta., que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada, conforme al siguiente pundamerto

1. Respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley con relación al delito de Violación Agravada, esa Sala precisó que el recurso no despliega carga argumentativa, ya que si bien identifica las normas que a criterio del recurrente fueron erróneamente aplicadas, cuestionando la prueba de cargo que debió

demostrar su participación, controvirtiendo la existencia de un desgarro antiguo de la víctima, con el momento que hubiera acaecido el hecho; se olvidó el recurrente señalar que cuando se denuncia la errónea aplicación de la ley, la misma opera cuando se hubiera aplicado o interpretado erróneamente una determinada norma; es decir, defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP;

centrando sus reclamos en cuestionar la valoración probatoria ejercida por el Tribunal de Instancia, resultando dicho recurso deficiente.

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Datos del proceso

Demandante
Defensoria de la Niñez y Adolescencia, Katerin Oriett Rojas Rodriguez y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Freddy Gutierrez Buezo
Proceso
Violación
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia16 de junio de 2026AS/0393/2026-FFuente oficial