Texto del fallo
A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA Auto Supremo 393/2026 Sucre, 9 de junio de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 560/2026 Demandante : María Francisca Garcia Bigabriel Demandado : Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Proceso : Derechos adquiridos Distrito : Pando Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por el representante legal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de fs. 1011 a 1020 vta., impugnando el Auto de Vista 303/2025 de 26 de noviembre de fs. 987 a 989, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia, Niñez y Adolescencia, Contencioso y ¿Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral de pago de Derechos Adquiridos seguido por María Francisca García Bigabriel contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 1024 a 1025 vta., el Auto 513/2025 de 12 de diciembre a fs. 1026 vta.
que concedió el recurso, Auto de Admisión 56/2026-A de 19 de enero a fs. 1056, y demás antecedentes del proceso.
IL ANTECEDENTES PROCESALES 1. Sentencia.
Tramitado el proceso laboral de referencia, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la capital del departamento de Cobija, emitió la Sentencia 40/2024 de 17 de mayo a fs. 8602 a 866 vta., que declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 169 a Página 1 de 18
173, sin costas; disponiendo que, la institución demandada, pague a tercero día de ejecutoria dicha resolución, en favor de la demandante, la suma de Bs71.694 (setenta y un mil seiscientos noventa y cuatro 00/100 bolivianos), por concepto de pago de subsidio de frontera, 20 de aguinaldo, desahucio y multa.
2. Auto de Vista.
Deducido el recurso de apelación por la ASFI, por escrito de fs. 896 a 901 vta., la Sala Civil, Social, de Familia, Niñez y Adolescencia, Contencioso y ¿Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista 303/2025 de 26 de noviembre, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Contra la determinación del Tribunal de Alzada, la parte demandada interpuso Casación, efectuando una relación previa de todos los contratos eventuales que sostuvo con la demandante, evidenciando que la misma no era personal de planta o permanente, sino una servidora pública sujeta a contratos a plazo fijo. En ese contexto, sobre el pago de cada derecho adquirido efectúa las siguientes fundamentaciones:
1. Respecto al subsidio de frontera:
Señala que el Auto de Vista impugnado no valoró los reportes de sueldos y salarios por gestión adjuntados por su parte, que acreditan que el subsidio de frontera fue debidamente cancelado;
que, según los contratos eventuales reglado por el Decreto Supremo (DS) 181, establece que no corresponde el pago de beneficios sociales en favor de la demandante porque no está sometida ni a la Ley del Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo (LGT), sino que sus derechos se regulan por su propio contrato, que no establece obligación para la ASFI de reconocer pago adicional al acordado; por lo que, no corresponde Página 2 de 18
A A su pago del periodo entre el 9 de diciembre de 2009 a 2 de julio de 2010.
Refiere que, como servidora pública, el pago del subsidio de frontera solo procede a solicitud de parte interesada, conforme sucedió desde mayo del 2013, según la nota del Instituto Geográfico Militar cursante en obrados, que tampoco fue valorado por el Tribunal de Alzada.
2. Disposiciones normativas sobre el pago de aguinaldo:
Refiere que el Tribunal de Alzada no consideró que no correspondía el pago del 20 del subsidio de frontera en los aguinaldos, ya que los derechos de la servidora pública eventual están señalados en su contrato de prestación de servicios, y que conforme al art. 28 del DS 25749 - Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley del Estatuto del Funcionario Público, está excluido todo otro beneficio que no constituya remuneración propiamente dicha, conforme señala el art. 3 del DS 20030, que establece que este bono no se consolida al sueldo o salario, por lo que no constituye como base de cálculo para el bono de antigtiedad y/o categoría y otros; por lo que, el pago del aguinaldo debe estar en base a la remuneración propiamente dicha y excluirse el pago del bono de frontera, de lo contrario significaría un daño económico a la ASFI.
3. En relación al pago del desahucio:
Acusa al Auto de Vista recurrido de indebida, incorrecta y atentatoria aplicación de la Ley al determinar el pago del desahucio, sustentado en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT), poniendo en evidencia el desconocimiento por ambos Juzgadores inferiores de la naturaleza juridica de los servidores públicos, quiénes no están regulados bajo ninguna normativa laboral, generando un nefasto precedente y daño económico al Estado.
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La ASFI, conforme prevé el art. 15 de la Ley 393 de Servicios Financieros, es una institución de derecho público, bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; por lo que, en la apreciación de las pruebas se incurrió en error de derecho al señalar que la demandante era trabajadora permanente con ítem, y aplicando el art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT) al no haberse justificado por el empleador los motivos de su retiro, dispuso el pago del desahucio, que sólo está previsto en la LGT;
por lo que, se ha vulnerado el debido proceso en sus vertientes seguridad jurídica, fundamentación, motivación y congruencia.
4. En cuanto al pago de multa del 30:
Siendo que la relación laboral establecida entre la demandante y la ASFI está regulada por la Ley del Estatuto del Funcionario Público y no así por la LFT y normas conexas, al determinar el pago de la multa del 30 previsto en el DS 28699 el Auto de Vista impugnado incurre nuevamente en aplicación indebida de la Ley, porque la normativa laboral no es aplicable en el caso de servidores públicos regidos por el Estatuto del Funcionario Público; constituyéndose asi, en una resolución impropia e infundada, que no advirtieron las exclusiones previstas en el art. 1 del DR-LGT.
Concluye solicitando que se REVOQUE/ANULE el fallo recurrido, y en consecuencia se declare IMPROBADA la demanda en su integridad.
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