Volver a sentencias
TSJ

AS/0394/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
10 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Violación de infante, niño, niña o adolescente

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0394/2026-F Sucre 9 de marzo de 2026 ANÁLISIS DE FONDO

Proceso : Cochabamba 766/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusada : Miguel Salazar Ríos Delito : Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, art. 308

Bis. del Código Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de recurso de casación presentado el 17 de julio de 2024 de fs. 484 a 493 vta., Miguel Salazar Ríos impugna el Auto de Vista 451 de 20 de octubre de 2023 de fs. 470 a 475 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art.

308 Bis del CP.

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN H.1. SENTENCIA Por Sentencia 50/2022 de 19 de octubre de fs. 410 a 429, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a: MIGUEL SALAZAR RÍOS, culpable del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis. con relación al art.

310 incs. 8) y 0) del CP, imponiendo la pena de presidio de veinticinco años; con costas a favor del Estado y de la víctima, al haberse acreditado que:

La víctima, tras el fallecimiento de su madre, quedó desde temprana edad bajo el cuidado del acusado en el domicilio familiar ubicado en la comunidad de Chago, provincia Tiraque, siendo criada en ese entorno y considerándolo como figura

paterna; extremo que el Tribunal tuvo por acreditado con prueba testifical y documental. Asimismo, estableció que la víctima nació el 9 de febrero de 2001, por lo que al inicio de los hechos tenía ocho años de edad, y para la última ocasión referida, en noviembre de 2014, aún era menor de edad. Además, luego de que el acusado llegara a convivir únicamente con la víctima en dicho domicilio, aprovechó esa situación de cercanía, autoridad y ausencia de familiares para tocar sus senos, quitarle la-ropa y penetrarla por su vagina provocando en la víctima dolor y mucho sangrado, llegando a mantener acceso carnal en más de una oportunidad, siendo la última ocasión situada en noviembre de 2014, en la localidad de Paracty.

ll.2. DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA

Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida

de fs. 446 a 460 vta., alegando:

  1. a)La Sentencia incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del Código de

Procedimiento Penal (CPP) en insuficiente fundamentación probatoria, tanto en su vertiente descriptiva como intelectiva, ya que el Tribunal de mérito no cumplió con las exigencias de debida motivación de las resoluciones judiciales, al no desarrollar de manera adecuada la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica del fallo. En ese marco, recordó que la fundamentación probatoria descriptiva exige consignar en Sentencia el contenido esencial de cada medio de prueba, sin anticipar su valoración, mientras que la fundamentación probatoria intelectiva obliga a explicar por qué un elemento probatorio merece crédito o no, y de qué modo se vincula con los demás medios de prueba para sustentar la conclusión asumida.

A partir de ese entendimiento, sostuvo en primer término, que la fundamentación probatoria descriptiva resultaba insuficiente, porque si bien en el Considerando III de la Sentencia se consignaron varios elementos probatorios, se omitió describir aspectos que consideró relevantes de las declaraciones de los testigos de cargo Rady Echeverría Caballero y Freddy Huanca. Respecto del primero, no se consignaron contradicciones relativas al número y fecha de las entrevistas psicológicas practicadas a la víctima, ni que en su informe no se hizo referencia a la primera declaración de ésta. Con relación del segundo, no se describió que pese a afirmar que estaba presente en las declaraciones de la víctima, no figuraba su nombre ni firma en el acta respectiva. Añadió que estas omisiones no eran menores, sino relevantes para sustentar la tesis defensiva y evidenciaban una descripción sesgada y parcializada de la prueba de cargo. Además, cuestionó que el Tribunal hubiera anticipado valoraciones al finalizar la mención de cada medio probatorio, cuando en ese apartado solo correspondía su descripción.

NO A A En segundo término, denunció que la fundamentación probatoria intelectiva también era insuficiente, porque el Tribunal de mérito se limitó a asignar a los medios de prueba calificaciones como altamente relevante, relevante o ningún valor, sin justificar de manera adecuada las razones por las que les otorgaba tal valor, incumpliendo el art. 173 del CPP. En esa línea, cuestionó de forma específica la valoración conferida a la prueba testifical de Rady Echeverría y Freddy Huanca, así como, a las documentales MP-1, MP-2, MP-4, MP-6 y DP-1. Sobre las primeras, el Tribunal no explicó de manera razonada por qué esas atestaciones resultaban creíbles, ni cómo podían respaldar determinadas conclusiones cuando existían contradicciones no consideradas en la Sentencia. Respecto a las documentales MP-1, MP-2 y MP-4, objetó que se les hubiera otorgado valor relevante pese a que el propio Tribunal reconoció que no constituían elementos de prueba en sí mismos, sino actuados iniciales que dieron lugar a la investigación. Y respecto a la MP-6 y DP-1, observó que el Tribunal fundamentó su relevancia en el principio de presunción de veracidad previsto en el art. 193 inc. c) de la Ley 548, sin efectuar previamente un análisis suficiente de credibilidad conforme a los criterios de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

  1. b)Al amparo del art. 370 inc. 6) del CPP, el recurrente denunció que la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba, sosteniendo en primer término, de insuficiente fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva previamente cuestionada, y, en segundo lugar, la vulneración de las reglas de la sana crítica al momento de valorar los medios probatorios producidos en juicio. En ese marco, si bien el Tribunal de mérito es soberano en la valoración de la prueba, dicha facultad no es arbitraria, pues debe ejercerse conforme a la lógica, la experiencia y la psicología, exponiendo de manera razonada el iter lógico que sustenta las conclusiones del fallo. Señaló que fue el propio Tribunal A quo que en su Considerando IV, al desarrollar los Fundamentos Fácticos, afirmó haber arribado a la convicción de autoría del acusado mediante una valoración descriptiva e intelectiva de la prueba conforme a los arts. 173 y 359 del CPP; sin embargo, esa conclusión era defectuosa, porque el Tribunal atribuyó eficacia probatoria a medios que no eran idóneos para acreditar la autoría y responsabilidad penal del acusado, particularmente tratándose de un hecho presuntamente cometido en un ámbito íntimo y sin testigos presenciales directos. -

En ese sentido, de todas las pruebas documentales y testificales referidas por la Sentencia, las únicas que podían ser consideradas relevantes para sustentar

la autoría eran las literales MP-6 y DP-1, por contener los relatos de la presunta víctima; mientras que otras, como el Certificado Médico Forense MP-3, los Informes Sociales MP-5 y D-6, u otros actuados iniciales, podían servir para acreditar circunstancias periféricas o el estado de salud de la menor, pero no la autoría del acusado. Por ello, la valoración defectuosa se concentró en la justificación dada por el Tribunal al valor probatorio asignado a MP-6 y DP-1, a las que calificó como de valor altamente relevante, basándose esencialmente en el principio de presunción de veracidad del testimonio de menores de edad, previsto en el art. 193 inc. c) de la Ley 548.

A partir de ello, el recurrente desarrolló que esa valoración fue defectuosa porque, a su entender, el Tribunal de mérito no efectuó correctamente el examen de credibilidad exigible para que la declaración de la presunta víctima pudiera enervar la presunción de inocencia, esto es, los criterios de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación. Respecto al primero, sí existían elementos que podían revelar resentimiento o animadversión de la víctima hacia el acusado, particularmente a partir de un episodio previo de violencia física y del control que éste ejercía sobre ella, extremos que surgían de las propias declaraciones de la menor y no fueron debidamente ponderados por el Tribunal. Con relación al segundo, el Tribunal sustituyó indebidamente la exigencia de corroboración periférica objetiva con la propia declaración de la víctima, apoyándose en medios que no tenían aptitud para corroborar la autoría. Y respecto al tercero, no existía uniformidad ni coincidencia entre las distintas versiones contenidas en el DP-1, MP-3 y MP-6, pues existían diferencias sobre circunstancias relevantes de los hechos, por lo que no podían ser consideradas símiles, coherentes ni generadoras de convicción suficiente.

En ese contexto, concluyó que el Tribunal de mérito infringió las reglas de la sana crítica, incurriendo en una valoración defectuosa de la prueba, al asignar valor altamente relevante a las declaraciones y documentales referidas, sin una adecuada justificación lógica, y al dar por acreditada su autoría pese a la existencia de contradicciones, ausencia de corroboración periférica idónea y defectos en el análisis de credibilidad de la presunta víctima.

  1. c)Acusó que la Sentencia incurrió en inobservancia de las reglas de congruencia entre la acusación y la Sentencia, que el Tribunal de mérito introdujo hechos y circunstancias no contenidas en la acusación fiscal ni en el Auto de apertura de juicio. En esa línea, el principio de congruencia impide condenar por hechos distintos a los atribuidos en la acusación, pues ésta constituye la base fáctica

indispensable para el ejercicio del derecho de defensa.

A partir de ese entendimiento, según la acusación y el Auto de apertura, el hecho atribuido se centraba en agresiones sexuales situadas desde que la víctima tenía ocho años de edad, siendo la última ocasión en noviembre de 2014, en la localidad de Paracty, Trópico de Cochabamba; sin embargo, al desarrollar el acápite Sobre la materialidad del hecho, el Tribunal de mérito incorporó una serie de circunstancias no descritas en la acusación, alterando el supuesto fáctico sometido a juicio.

En particular, cuestionó que la Sentencia hubiera introducido como hechos acreditados tales como: la sindicación de su persona como padre biológico de la víctima; que, tras el fallecimiento de la madre, la menor hubiera sido dejada desde pequeña en su domicilio y criada bajo su cuidado y el de sus familiares;

luego llegó a vivir a solas con ella en un cuarto dividido; ejercía una autoridad paterna abusiva, con contro! y dominio sobre la misma; que un episodio de violencia física por haberla encontrado con un hombre habría sido el detonante para que la víctima revelara los hechos a sus familiares; que la menor hubiera mantenido relaciones sexuales consentidas con su enamorado en marzo de 2015; y que, a raíz de los hechos, hubiera tenido que trasladarse a la Argentina con una tía. Todas esas circunstancias, además de no haber sido incluidas en la acusación, comprendían hechos anteriores y posteriores al núcleo fáctico del proceso y fueron introducidas oficiosamente por el Tribunal con el fin de reforzar una acusación que calificó de precaria e inconsistente.

Finalmente, si bien existe diferencia entre el hecho imputado y el hecho probado, no autoriza al juzgador a incorporar circunstancias nuevas ajenas a la acusación, pues la convicción judicial debe recaer sobre el mismo supuesto fáctico atribuido al imputado. En consecuencia, la Sentencia vulneró el principio de congruencia, así como sus derechos a la defensa, al debido proceso, al juez natural e imparcial y, a la seguridad jurídica.

  1. d)Denunció inobservancia de la ley penal sustantiva; que el Tribunal de mérito aplicó indebidamente una normativa no vigente al momento de la comisión del hecho, respecto al quantum de la pena. En ese marco, la Sentencia lo condenó por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con Agravantes, previsto en el art. 308 Bis con relación al art. 310 incs. g) y 0) del CP, imponiendo una pena total de veinticinco años de presidio, dosificada según la propia Sentencia, en veinte años por el tipo penal y cinco años por las agravantes.

Sobre esa base, al margen de no haberse desarrollado una fundamentación suficiente sobre la concurrencia de las agravantes aplicadas, el Tribunal omitió considerar que, para la fecha de la última comisión del hecho atribuido, noviembre de 2014, la normativa vigente sobre el art. 310 del CP era la establecida por la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, la cual, no contenía la agravante prevista luego en el inc. 0), y contemplaba en el inc. g) una redacción distinta a la aplicada en la Sentencia. Que fue recién con la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 que el art. 310 fue modificado bajo los términos empleados por la Sentencia.

En ese entendido, la Sentencia incurrió en inobservancia de la ley penal sustantiva al agravar la pena mínima con base en disposiciones posteriores al hecho. Dicho defecto podía ser corregido por el Tribunal de alzada.

  1. e)Finalmente, el recurrente denunció defecto absoluto, al amparo del art. 169 inc. 3) del CPP, sosteniendo que la Sentencia vulneró sus derechos y garantías constitucionales, particularmente el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica. En ese marco, desarrolló que el debido proceso comprende, entre otros contenidos, los derechos a la defensa, al juez natural e imparcial, a la congruencia de las resoluciones, a la debida fundamentación y a la valoración razonable de la prueba.

Sobre esa base, además de los defectos de Sentencia ya denunciados en los motivos precedentes, el Tribunal de mérito incurrió en una actuación arbitraria al invertir la carga de la prueba, afectando directamente su derecho a la presunción de inocencia. En particular, al analizar el extremo relativo al lugar de comisión del último hecho atribuido, el Tribunal hubiera sostenido que, si la defensa afirmaba que él no tenía propiedad en el Trópico de Cochabamba, correspondía a ésta demostrar tal extremo; razonamiento que, a su criterio, desconoció lo dispuesto por el art. 6 del CPP, según el cual la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad.

En ese sentido, no era la defensa la que debía demostrar que su persona no tenía propiedad o trabajo en la localidad de Paracty, sino el Ministerio Público debía acreditar positivamente su vinculación con ese lugar, si ello era relevante para sostener la acusación.

11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO

Por Auto de Vista 451 de 20 de octubre de 2023, de fs. 470 a 475 vta., la Sala Penal

Mostrando 34 de 166 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Citada por

Cargando citas…

Datos del proceso

Demandante
Defensoria de la Niñez y Adolescencia y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Miguel Salazar Rios
Proceso
Violación de infante, niño, niña o adolescente
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia10 de julio de 2026AS/0394/2026-FFuente oficial