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TSJ

AS/0398/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
22 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Violación de infante, niño, niña o adolescente

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

LAA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0398/2026 - F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: Cochabamba 747/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: José David Velasco Jaldin Delito: Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, art. 308 Bis.

del Código Penal (CP) Sucre, nueve de marzo de dos mil veintiséis Por memorial de casación de 16 de julio de 2024, de fs. 472 a 474 vta.

José David Velasco Jaldín, impugna el Auto de Vista 28 de 3 de junio de 2024, de fs. 467 a 471 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis. del CP.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Il.

DE LA SENTENCIA Se tiene la Sentencia de 13 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cursante de fs. 390 a 400 vta., que declaró a José David Velasco Jaldin, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art.

308 Bis. del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, así como el pago de costas y la eventual reparación de daños y perjuicios a favor del Estado y la víctima; teniendo como probados los siguientes hechos:

La menor AAA!, al momento de la comisión del hecho, contaba con la La , establece respecto de la reserva de datos de las víctimas menores: El art. 10 del CNNA señala que Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos, salvo los casos expresamente previstos por este Código.... Asimismo, agrega que: Teniendo en cuenta que dicho precepto tiene carácter 1

edad de once años, fue víctima de agresión sexual por parte de su tío político, José David Velasco Jaldin, quien pernoctaba regularmente en la vivienda de los abuelos de la niña en la localidad de Cliza por motivos laborales de alimentar a sus animales, aprovechando la ausencia de los padres de la menor quienes vivían en dicho inmueble Junto a sus abuelos de la menor, aspecto aprovechado por el acusado para cometer los abusos mediante tocamientos impúdicos y posterior penetración en tres oportunidades entre agosto y septiembre de 2018.

Se acreditó que la última agresión sexual, fue cometida el 9 de septiembre de 2018, ocasionando a la menor un desgarro vaginal con sangrado constante, forzando a su madre a llevarla de emergencia al Hospital Infantil San Juan de Dios, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con una sutura del desgarro de tres centímetros.

Realizado los exámenes médico-forenses y biológicos corroboraron las severas lesiones fisicas, determinando diez días de incapacidad médico legal, además de revelar la presencia de antígeno prostático específico en la víctima.

Se ha establecido que, a raíz de estas agresiones sexuales, la menor presenta un severo daño psicológico y ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático crónico a raiz del suceso vivenciado.

1.2.

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA DEL IMPUTADO El imputado, contra la referida Sentencia interpone recurso de apelación restringida de fs. 425 a 428 vta., expresando los siguientes agravios vinculados al recurso de casación, cuyo análisis de fondo corresponde a esta Sala:

Menciona, defectos de Sentencia dispuestos por el art. 370 incs. 5) y

  1. 6)del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativos a que no existe fundamentación en la Sentencia o que está sea insuficiente o contradictoria o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, refiriendo que según la Sentencia impugnada se realiza en imperativo, el cumplimiento del mismo es de carácter obligatorio; consecuentemente, los administradores de justicia y todos aquellos aludidos en el artículo antes mencionado, deben tener presente que en todo aquel proceso en el que esté involucrado un menor de edad -ya sea en calidad de agresor o de víctima- su identidad deberá mantenerse en absoluta reserva al comprometerse de modo profundo el derecho a su dignidad y con la finalidad de proteger las garantías constitucionales de que son titulares el menor y su entorno familiar, deberá protegerse también el derecho fundamental a la intimidad de éste, por ello durante la tramitación de los procesos, deberán tomarse medidas tendentes a impedir su identificación. En razón a lo cual, los jueces y tribunales, deberán suprimir toda referencia que pueda conducir a la identificación del menor involucrado y el de su familia; debiendo consecuentemente, reemplazar el nombre de éste no con las iniciales de sus nombres y apellidos, porque de todos modos serían pasibles de identificación al señalar que su familiar (nombre completo) lo representa, quebrantando así la reserva y resguardo de su identidad; entonces deberá identificársele con letras repetitivas, tales como CC o XX, por ejemplo, lo mismo que a sus familiares cuando éstos actúen en su representación, esto con el único y exclusivo afán de guardar estricta reserva de los datos de identidad del menor y dar cabal cumplimiento a la norma; la inobservancia de la norma por parte del Tribunal Constitucional cohonestaría la obediencia parcial de la ley o su total infracción.

YI JAN base a declaraciones testificales que carecen de valor legal, que en el caso de autos la declaración ha sido simplemente del investigador, sin demostrarse en forma clara que su persona haya estado en el lugar del hecho para cometer el delito.

De otro lado, refiere que el art. 124 del CPP establece que las Sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresarán los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, la fundamentación no podrá ser remplazada por la simple relación de documentos, la mención de los requerimientos de las partes o una copia íntegra de la acusación fiscal, refiriendo que en el caso presente; se tiene una simple enunciación de la relación de documentos aportados como pruebas por la parte acusadora, donde se omite los motivos de hecho y derecho y que el Tribunal de alzada puede y debe realizar un análisis intelectivo de la prueba judicializada, es decir, sobre la valoración de la prueba en base al sistema de libre convicción o sana crítica.

1.3.

DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 28 de 3 de junio de 2024 de fs. 467 a 471 vta., resolvió el recurso de apelación restringida, declarando su improcedencia, con base a los siguientes argumentos, respecto a los agravios vinculados a los motivos casacionales.

En cuanto a los defectos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, el Tribunal de alzada luego de las consideraciones respectivas advierte que en cuanto al agravio formulado en lo relativo a una supuesta insuficiente fundamentación alegada, afirma que de la revisión de la Sentencia, evidenció que en el presente caso, se cumplió con realizar la debida fundamentación clara y precisa, con una descripción de las pruebas y otorga un valor probatorio a cada una de ellas.

Respecto a la defectuosa valoración probatoria referente a las declaraciones testificales, indica que el control del Tribunal de alzada, solo puede enmarcarse a la coherencia lógica expresada por el Tribunal de Sentencia en el análisis intelectivo de la prueba judicializada; sin embargo, el apelante no identifico cuál de las reglas del recto entendimiento humano habrían sido inobservadas o inaplicadas H DEL RECURSO DE CASACIÓN IIL.1l.

MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN

Por memorial de casación de 16 de julio de 2024 de fs. 472 a 474 vta., el recurrente impugna el Auto de Vista 28 de 3 de junio de 2024, conforme las previsiones del art. 418 del CPP, siendo admitido mediante de fs. 483 a 486 vta., para el análisis de los siguientes motivos:

El recurrente previa relación de antecedentes, denuncia que el Tribunal de apelación, no se pronunció sobre la defectuosa valoración de la prueba alegada en apelación restringida, entendiendo que no se realizó el trabajo intelectivo respecto a la determinación del Tribunal de juicio, en cuanto a la valoración, fundamentación y si el uso de la sana crítica fue correcto, aclarando que no pretendió que se realice una nueva valoración probatoria, sino que denunció la causal de apelación restringida descrita en el art. 370 inc. 6) del CPP, pues conforme la doctrina de los Autos Supremos (AASS) 131 de 31 de enero de 2007 y 308 de 25 de agosto de 2006, ante las denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada realicen un control efectivo del sistema de valoración probatoria, pronunciándose de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación restringida.

En el presente caso sostiene que la Sala de apelación omitió pronunciarse sobre la ¡inadecuada valoración de la prueba, entendiendo que no se tiene establecido si el imputado sería o no autor del hecho, (véase el perfil genético obtenido) no se conoció conforme Forense en mismo juicio oral porque No se presentó, No demostró en cámara Gessel o en un desfile identificativo de acuerdo a sus tres versiones - testimonio de la víctima) y tampoco NO logra identificar en más de cien sesiones Psicológicas claramente al autor (rasgos personales) (sic).

II.2.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN Denuncia que el Tribunal de apelación, no se pronunció sobre la defectuosa valoración de la prueba alegada en apelación restringida, entendiendo que no se realizó el trabajo intelectivo respecto a la determinación del Tribunal de juicio, en cuanto a la valoración, fundamentación y si el uso de la sana crítica fue correcto, aclarando que no pretendió que se realice una nueva valoración probatoria, sino que denunció la causal de apelación restringida descrita en el art. 370 inc. 6) del CPP.

II.2.1.

Sobre la defectuosa valoración de la prueba y el control de logicidad en alzada

AY JA , En la jurisprudencia penal boliviana, la denuncia de defectuosa valoración de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP no se satisface con afirmaciones genéricas, sino que impone al apelante una carga procesal argumentativa estricta, cuyo incumplimiento deriva en la inadmisibilidad o improcedencia del agravio. Este entendimiento ha sido desarrollado de manera uniforme por el Tribunal Supremo de Justicia.

La línea jurisprudencial (entre otros, , , han establecido que el apelante debe individualizar la prueba cuestionada ya que no basta alegar mala valoración; es imprescindible identificar concretamente el medio probatorio (testifical, pericial, documental), señalar dónde y cómo fue valorado en la Sentencia.

El recurrente debe explicar si existe violación de reglas de la sana crítica (lógica, psicología o experiencia), describir si hubo omisión de valoración, valoración arbitraria o contradictoria, no es suficiente discrepar con la conclusión del Juez.

Se debe demostrar la infracción a la sana crítica, evidenciando qué regla lógica fue vulnerada (contradicción, incoherencia), qué principio de experiencia fue desconocido, o qué razonamiento carece de sustento, se debe explicar la trascendencia del defecto, se debe establecer cómo el error incide en la parte dispositiva; es decir, que de no haberse producido el defecto el fallo habría sido distinto.

La jurisprudencia es clara al disponer que la apelación restringida no es una tercera instancia, no puede pretenderse nueva valoración de la prueba; el establece que la denuncia de defectuosa valoración exige identificar concretamente la prueba y demostrar la vulneración de las reglas de la sana crítica, no siendo suficiente la mera disconformidad.

Por su parte el , precisa que el Tribunal de alzada debe ejercer control de logicidad, pero únicamente cuando el recurrente proporciona los insumos necesarios, señalando de manera clara el agravio; los AASS posteriores (línea uniforme) reiteran que la carga argumentativa corresponde al apelante; su incumplimiento impide abrir la competencia del Tribunal de alzada.

La denuncia de defectuosa valoración probatoria exige una carga procesal reforzada consistente en la identificación precisa de la prueba cuestionada, la explicación concreta del error de valoración conforme a las reglas de la sana crítica y la demostración de su incidencia en la decisión; la omisión de estos elementos impide el ejercicio del control de logicidad por el Tribunal de alzada.

I.2.2.

Sobre la valoración de la prueba, la labor de control del Tribunal de alzada y la prohibición de la revalorización probatoria En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, prevista en el art. 173 del CPP, cuyas reglas fundamentales son la lógica, psicología y experiencia, siendo que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral, es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, en resguardo y coherencia con los principios del juicio oral de inmediación, oralidad y contradicción; correspondiendo al Tribunal de alzada ejercer la labor de control sobre la valoración de la prueba realizada por el inferior, al respecto, el , señaló que: ...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre.

Con relación al fundamento jurídico sobre la carga procesal del apelante en la denuncia de defectuosa valoración probatoria; se tiene que de la revisión del motivo traído en casación, corresponde establecer los parámetros jurisprudenciales que rigen la denuncia de defectuosa valoración de la prueba prevista en el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal.

En ese entendido, la doctrina legal aplicable, contenida de manera uniforme en los , 131 de 31 de enero de 2007, entre otros, ha precisado que la apelación restringida constituye un medio de impugnación destinado al control de legalidad de la Sentencia, no siendo una instancia para la revalorización de la prueba; en consecuencia, cuando se denuncia defectuosa valoración probatoria, recae sobre el apelante una carga procesal reforzada, cuyo cumplimiento es condición para habilitar la competencia del Tribunal de alzada.

En ese marco, se tiene que el apelante debe cumplir con las exigencias

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Datos del proceso

Demandante
Defensoria de la Niñez y Adolescencia, Cube - Fube y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Jose David Velasco Jaldin
Proceso
Violación de infante, niño, niña o adolescente
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia22 de julio de 2026AS/0398/2026-FFuente oficial