Texto del fallo
O A AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
AUTO SUPREMO 401/2026
Sucre, 15 de junio de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 100/2026 Demandante : Oscar Ledezma Calvimontes Demandado : Engevix Engnharia e Projetos S.A.
Proceso : Beneficios Sociales Departamento : Cochabamba Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 269 a 276, interpuesto por Engevix Engnharia e Projetos S.A. (ENGEVIX), a través de su representante legal, inmpugnando el Auto de Vista 149/2025 de 2 de julio, de fs. 262 a 265, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales seguido por Oscar Ledezma Calvimontes contra la empresa recurrente; el memorial de contestación al Recurso de Casación de fs. 279 a 284, el Auto de concesión de 23 de diciembre de 2025 a fs. 285, el Auto de Admisión 100/2026-A de 4 de febrero de fs. 292 y vta. y los antecedentes procesales.
IL.- ANTECEDENTES DEL PROCESO Sentencia Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del Departamento de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 10 de octubre de 2024 de fs. 227 a 236 vta., declarando: PROBADA demanda de fs. 5 a 7, modificada a fs. 34 y corregida a fs. 40, con relación a los
conceptos de Indemnización, Primas y Aguinaldos e IMPROBADA respecto al concepto de Desahucio; ordenando a Engevix Engnharia e Projetos S.A., una vez ejecutoriada la Sentencia, cancele dentro del tercer día la suma de Bs428.177,24 (cuatrocientos veintiocho mil ciento setenta y siete con 24/100 bolivianos), cuantía que será objeto de actualización más el pago del 30 prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699.
Con costas y costos.
Auto de Vista
Interpuesto el Recurso de Apelación de fs. 238 a 242 vta, por Engevix Engnharia e Projetos S.A., que fue, resuelto a través del Auto de Vista 149/2025 de 2 de julio, de fs. 262 a 265, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada de 10 de octubre de 2024, de fs. 227 a 236.
III.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La empresa demandada interpuso el Recurso de Casación de fs.
269 a 276, de cuyo contenido se extraen las siguientes infracciones:
- 1.-Denunció la existencia de incongruencia omisiva y falta de pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada, respecto a la actividad procesal defectuosa que ya había sido expresada de manera detallada en el recurso de apelación, conforme el argumento, de la existencia de una vulneración del art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual resguarda el debido proceso y el derecho a la defensa; de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), 105 al 109 del Código Procesal Civil (CPC), que regulan la actividad procesal defectuosa, y del art. 213.1 y II del mismo cuerpo legal, referidos a los deberes de
O AE AA motivación, congruencia y exhaustividad que deben regir en las resoluciones de fondo.
Como sustento del reclamo, se expuso que, la demanda laboral fue inicialmente retirada mediante un Auto de 21 de enero de 2019 y que, tras ser admitida nuevamente, la notificación se ejecutó de forma errónea en un domicilio antiguo de ENGEVIX, a pesar de que el demandante conocía el cambio del domicilio legal de la empresa, impidiendo así que esta asumiera una defensa oportuna; asimismo observó que, el proceso judicial quedó completamente paralizado y archivado durante aproximadamente cuatro años sin ningún tipo de impulso procesal por parte del actor y que, el memorial de ampliación y reformulación de la demanda, de 22 de agosto de 2023, introdujo nuevos hechos y contradicciones de carácter sustancial respecto a la demanda original -tales como diferencias en las fechas de ingreso y en los cargos ocupados- sin que existiera un filtro o control de admisión para tales modificaciones.
Señaló que, el Auto de Vista se limitó a señalar de forma genérica que la tramitación procesal no vulneró los derechos del actor, omitiendo realizar un examen específico de cada irregularidad o valorar el impacto real sobre el derecho de defensa.
Invocó la doctrina jurídica y la jurisprudencia constitucional, aplicables al caso, citando la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 702/2011-R. (No señaló fecha)
2. Señaló, la existencia de una contradicción interna y una ausencia de fundamentación lógico-jurídica en el Auto de Vista 149/2025 de 2 de julio, por cuanto que, la resolución impugnada reconoció, mediante las pruebas documentales de fs. 66 a 90 que incluyeron la Escritura Pública 1176/2015 de 26 de noviembre, el NIT 306268021 y la matrícula de comercio del 14 de diciembre de 2015, que la empresa ENGEVIX se inscribió e inició sus actividades en el país recién a finales del año 2015.
Sin embargo, de manera contradictoria, el Tribunal de Alzada afirmó en su parte conclusiva que la relación laboral con el demandante fue ininterrumpida desde la gestión 2009, basándose en un documento privado de reconocimiento de deuda de fs. 125 a 127 y en ciertas boletas de pago, sin explicar coherentemente cómo pudo existir un vínculo laboral con una sucursal que aún no nacía juridicamente en el país, ni bajo qué elementos normativos se habría producido una supuesta sustitución patronal.
Ante esta situación, el recurrente manifestó que, dicha contradicción entre los hechos probados y la conclusión alcanzada vulneró el art. 213.II del CPC, el cual exigía coherencia interna y motivación razonada en las resoluciones, así como el art. 180.I de la CPE, al haberse apartado de la verdad material.
Sostuvo que, la falta de una fundamentación exhaustiva y una motivación arbitraria y sesgada, violentaron el derecho al debido proceso en su triple dimensión como principio, derecho y garantia constitucional, consagrado en los arts. 115, 117 y 180 de la CPE, además del art. 30.II de la LOJ, que obligaba a las autoridades a fundamentar sus decisiones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias tal como ocurrieron.
Invocó, como doctrina aplicable las posiciones de los tratadistas Ossorio y Florit, quienes afirmaron que el sistema de la sana crítica dejaba al juez formar libremente su convicción, pero obligándolo a establecer los fundamentos de la misma. De igual forma, citó a Eduardo Couture, quien aseveró que el juicio de valor en la sana crítica debia apoyarse en proposiciones lógicas correctas y fundarse en observaciones de la experiencia confirmadas por la realidad, concluyendo que, la motivación era la fuente principal de control para evitar el exceso discrecional o la arbitrariedad en el poder jurisdiccional.
9 ¿Y Recurrió a la jurisprudencia contenida en las , , , , y , para reforzar el contenido de sus afirmaciones.
3. Indicó que, el Tribunal Ad quem incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba concerniente a la existencia y duración de la relación laboral; acusando la vulneración de los arts. 3.h), 66, 150, 154 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 2 del DS 28699, 48.11 y III, 180 de la CPE, 454 y 519 del Código Civil (CC), 31. 1) y 42.3) de la LOJ.
El reclamo se centró en que el Tribunal de Alzada, al confirmar la Sentencia, determinó de manera equivocada que, la relación laboral se remontaba al año 2009, otorgando pleno valor probatorio a un documento privado de reconocimiento de deuda, conciliación y desistimiento de 28 de marzo de 2022 de fs. 125 al27, a una certificación de trabajo y a ciertas boletas de pago, bajo el argumentó que se omitió una valoración integral, razonable y conjunta de los medios probatorios, puesto que no se contrastó dicho documento privado con la documentación societaria de la empresa, prueba que demostraría que ENGEVIX recién fue constituida el 26 de noviembre de 2015, mediante la Escritura Pública 1176/2015 de 26 de noviembre (otorgada ante la Notaria Dra. Mónica Andrea Pérez Orruel), registrada en el Servicio de Impuestos Internos con el NIT 306268021 (con inicio de actividad en esa misma fecha) e inscrita en el SEPREC el 14 de diciembre de 2015 con la Matrícula de Comercio 306268021.
Reclamó la falta de compulsa con los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con el actor en los años 2017 y 2018, los cuales acreditaban que, fue contratado específicamente
como representante legal y supervisor técnico de proyecto por un plazo determinado y sin subordinación laboral.
Enfatizó que, el mencionado documento de fs. 125 a 127 poseía una naturaleza jurídica civil y que fue firmado bajo confianza y sin asesoramiento legal en el marco de negociaciones comerciales, por lo que el Tribunal erró al tratarlo como un título constitutivo de relación laboral y antigúedad, contraviniendo el principio constitucional de primacía de la realidad.
Invocó la doctrina procesal y la jurisprudencia ordinaria, citando los , 10 de 25 de octubre de 2005 (Relator: Ministro Dr. Eddy W. Fernández Gutiérrez), 34 de 27 de abril de 2012, (Relatora: Magistrada Dra.
Carmen Nuñez Villegas) y el 17 de 2 de febrero de 2010 (Relator:
Ministro Dr. Hugo R. Suarez Calvimontes).
4. Sostuvo que, la interpretación indebida del principio protector y de la inversión de la carga de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que vulneraria los arts. 46 y 48 de la CPE, del art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), y de los arts. 3.g), 3.h), 59, 66 y 150 del CPT.
Expuso que, si bien el Tribunal Ad quem, reconoció en su consideración teórica que, la inversión de la carga de la prueba y el principio protector poseen un carácter relativo y racional, en la práctica los aplicó de forma errónea como si se tratara de presunciones absolutas a favor del trabajador, apartándose flagrantemente de la doctrina jurisprudencial.
Explicó que, el Tribunal de Apelación partió de la premisa equivoca de que la sola presencia de un documento de reconocimiento de deuda y de boletas de pago bastaba para dar por cierta una relación laboral desde la gestión 2009, eximiendo al actor de presentar indicios mínimos de subordinación y dependencia, o elementos probatorios razonables que respaldaran dicho vinculo.
O AS AI Sostuvo que, el fallo impugnado desconoció y desvirtuó la naturaleza del principio de inversión de la prueba, aclarando que, este no es absoluto al extremo de obligar al juzgador al reconocimiento automático de hechos y derechos basándose únicamente en el petitorio del demandante.
Enfatizó que, la doctrina procesal de que el trabajador mantiene el deber procesal de demostrar su legitimidad mediante pruebas o indicios mínimos dentro del marco de la ley, evitando así un enriquecimiento sin causa o ilegítimo en detrimento de los derechos del empleador, los cuales también gozan de amparo legal; citando la parte in fine de los arts. 66 y 150 del CPT, que establece la salvedad expresa de que la inversión opera ...sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.
Invocó como sustento jurisprudencial los , dictado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, 73/2018 de 2 de abril, emitido por la misma Sala.
Concluyó que, el Auto de Vista incurrió en una evidente aplicación indebida de las normas constitucionales y laborales invocadas, lo cual configuró plenamente la causal de casación en el fondo.
5. Denunció el desconocimiento de los elementos esenciales de la relación laboral y la consecuente violación de los derechos sustantivos del empleador, acusando, la transgresión de los arts.
1 de la LGT, 2 del DS. 28699, 46, 48, 52, 109 y 311.11.5) de la CPE, 3.8) y 59 del CPT, y 454 y 519 del CC.
El argumento central consistente en que ni en la Sentencia de primera instancia ni en el Auto de Vista realizaron el análisis legal exigido por el art. 2 del DS 28699 para determinar si el vínculo reunia las características de una auténtica relación laboral,
observando que, ninguna de las resoluciones describió, con base en pruebas concretas, que el actor contara con un superior jerárquico que le impartiera órdenes, que tenía exclusividad en sus funciones, y que contaba con una remuneración mensual o sumisión a un horario, control de asistencia o reglamento interno de la empresa; por el contrario, se destacó que, los contratos de las gestiones 2017 y 2018 evidenciaron que el demandante ejercía como representante legal y supervisor técnico de obra, funciones que correspondían de forma típica a una relación de carácter civil o comercial desarrollada con autonomía técnica y sin sujeción jerárquica.
Al reconocerse beneficios sociales por un periodo en el que la sucursal de la empresa ni siquiera existia juridicamente en Bolivia (2009-2015) y sin haberse demostrado la subordinación, el Tribunal A quo vulneró los arts. 2 del DS 28699, 1 de la LGT y 48 y 109 de la CPE, provocando un enriquecimiento sin causa prohibido por el art. 519 del CC.
Argumentó que, el Tribunal de Alzada incurrió en una motivación arbitraria y en una deficiente valoración probatoria integral, limitándose a convalidar las simples afirmaciones del demandante sin respaldo material, soslayando que, la carga de probar las pretensiones también le correspondía al actor; en este sentido, se alegó la inobservancia de la jurisprudencia ordinaria que establece los elementos constitutivos del vínculo laboral, citando expresamente el y el , ambos emitidos por la Sala Contenciosa, Administrativa Social Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Finalmente, el recurso recurrió a la doctrina laboral para explicar que, si bien el principio protector, plasmado en los arts.46 y siguientes de la CPE, 4 de la LGT y 3.8) y 59 del CPT, busca un equilibrio social y económico ante la desigualdad entre trabajador
A A y empleador, su aplicación debe ser relativa y racional;
advirtiendo que, no se puede caer en un absolutismo que vulnere los derechos procesales y sustantivos de la parte empleadora ni prescindir de una correcta valoración de la prueba, criterio respaldado en el de la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
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