Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 403/2026 Sucre, 16 de junio de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente : 132/2026
Demandante : Mercedes Elvira Jiménez Claros
Demandado : Caja de Salud Cordes
Proceso : Beneficios Sociales
Distrito : La Paz
Relator : Medo. German Saul Pardo Uribe
I. VISTOS: Los Recursos de Casación de fs. 613 a 616 vta. y de fs. 619 a 632 vta., interpuestos por la Caja de Salud Cordes a través de su representante legal y por Mercedes Elvira Jiménez Claros, respectivamente; impugnando el Auto de Vista 48/2025 de 24 de abril, de fs. 606 a 609 vta., emitido por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso por pago de Beneficios Sociales, seguido por Mercedes Elvira Jiménez Claros contra la Caja de Salud Cordes; el Auto 17/2026 de 15 de enero, as.
6035, que concedió con los recursos; el Auto de Admisión 132/2026-A de 19 de febrero, a fs. 644 y vta., que admitió los Recursos de Casación y lo obrado en el proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES
Sentencia Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 63/2023 de 17 de agosto, de fs. 536 a 540 vta., que declaró PROBADA EN PARTE la demanda de pago de Beneficios Sociales de fs. 86 a 89, subsanada a fs. 91 a 92 y 93 a 94; estableciendo que la parte demandada mediante su representante
legal cancele a la actora sus beneficios sociales de acuerdo a la siguiente liquidación: indemnización: Bs24.166,67 (veinticuatro mil ciento sesenta y seis 67/100 bolivianos); desahucio: Bs15.000.00 (quince mil 00/100 bolivianos); vacación: Bs2.500,00 (dos mil quinientos 00/ 100 bolivianos); multa del 30: 12.500,00 (doce mil quinientos 00/ 100 bolivianos); total a pagar: Bs54.166,67 (cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y seis 67/ 100 bolivianos). Monto que en ejecución de fallo será susceptible a actualización conforme Decreto Supremo (DS) 28699
Auto de Vista
En mérito a los Recursos de Apelación de fs. 553 a 556, interpuesto por la entidad demandada y de fs. 558 a 5608, interpuesto por la demandante contra la referida Sentencia, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 48/2025 de 24 de abril, de fs. 606 a 609 vta., que CONFIRMÓ en parte la Sentencia apelada, disponiendo que la parte demandada por intermedio de su representante legal cancelar en favor de la actora la siguiente liquidación:
Indemnización: Bs25.495,83 (veinticinco mil cuatrocientos noventa y cinco 83/100 bolivianos); Desahucio: Bs15.825,00 (quince mil ochocientos veinticinco 00/100 bolivianos); vacaciones: Bs2.637,50 (dos mil seiscientos treinta y siete 50/100 bolivianos); retroactivo salarial 2018: Bs3.300,00 (tres mil trecientos 00/100 bolivianos);
multa de 30: Bs14.177,49 (catorce mil ciento setenta y siete 49/100 bolivianos); total a cancelar: Bs61.435,82 (sesenta y un cuatrocientos treinta y cinco 82/100 bolivianos). Monto por concepto de beneficios sociales y derechos laborales será objeto de actualización en ejecución de fallos, acorde a lo dispuesto por el DS 28699, mas no asi la multa del 30, conforme lo expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 74/2019-52 (no refiere la fecha).
9 Y III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Recurso de Casación de la Caja de Salud Cordes 1.- Alegó la vulneración de disposiciones legales, vigentes y aplicables en el presente caso, refiriendo la Ley 3131, DS 28562, el reglamento general de hospitales, programa nacional de calidad en salud, norma técnica del expediente clínico, norma técnica de la auditoria médica, código de seguridad social, reglamento del código de seguridad social, Ley 1178 y reglamento interno de personal de la caja de salud Cordes;
acusando que la relación contractual entre las partes se enmarcó en el art. 6 del Decreto Reglamentario (DR) 224 de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que, en cumplimiento de acuerdo expreso o tácito de voluntades del último contrato Al-Cont.Lab-012-18 de 2 de enero, según la cláusula sexta (plazo), el contrato se cumplió el 31 de diciembre de 2018. Por tal motivo, la parte recurrente sostiene que en virtud del principio de verdad material no existía obligación de emitir preavisos ni notificaciones de desvinculación, resultando inaplicable la figura de la tácita reconducción.
- 2.-Acusó error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas;
sosteniendo que el Ad quem no apreció correctamente las notas presentadas por la propia actora ante la Jefatura Departamental Del Trabajo de La Paz, de 15 de enero de 2019 de fs. 31 a 33 y 7 de febrero de 2019 de fs. 36, 37. Argumentó que, en dichas notas, la demandante admitió textualmente la suscripción de cinco contratos a plazo fijo y el fenecimiento del último de ellos por cumplimiento de término. En consecuencia, acusó que de acuerdo con el principio de verdad material no hubo despido, sino conclusión de contrato por cumplimiento de plazo y que existió una errónea calificación de despido intempestivo cuando en realidad operó una conclusión contractual regular, lo que hace inviable el pago del beneficio de desahucio. Asimismo, acusó una errónea valoración del finiquito de beneficios sociales, manifestando que la actora actuó de mala fe al
negarse a cobrar el monto liquidado originalmente (conforme notas de fs. 31 a 33 y 36 a 37), induciendo a error al juzgador, puesto que la institución nunca se negó a pagar los derechos correspondientes conforme determina el art. 6 del Decreto Reglamentario de la LGT.
- 3.-Acusó la infracción de la normativa que regula el sueldo promedio indemnizable; luego de citar el art. 2.11 y II del DS 110, refiriendo que el sueldo promedio indemnizable debe calcularse sobre la base de los tres últimos meses a la desvinculación, los cuales correspondían a una remuneración fija de Bs5.000,00 (cinco mil 00/100 bolivianos), conforme a la cláusula quinta (remuneración) del contrato AlCont.Lab-012-18 de 2 de enero. En ese marco, acusa que el Tribunal de Alzada dispuso erróneamente la aplicación de un incremento salarial retroactivo para dicha gestión, omitiendo valorar que la Caja de Salud CORDES ya habia otorgado un incremento de Bs200,00 (doscientos 00/100 bolivianos), como política institucional interna respecto a la gestión anterior (aclara que la remuneración en la gestión 2017 era de Bs4.800,00 (cuatro mil ochocientos 00/ 100 bolivianos)), por lo que no correspondía la retroactividad salarial 2018, conforme determina el art. 2.I1II del DS 110, siendo el sueldo promedio indemnizable de los 3 últimos meses de Bs5.000,00 según AlCont.Lab-012-18 de 2 de enero.
- 4.-Refiere que el Ad quem incurrió en una interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley respecto al cálculo de la liquidación.
Toda vez que el Tribunal de Alzada incurrió en contradicción formal con el art. 2.III del DS 110 al fijar arbitrariamente un sueldo promedio indemnizable de Bs5.275,00 (cinco mil doscientos setenta y cinco 00/100 bolivianos), elevando de forma ilegal el total a cancelar a la suma de Bs61.435,82. Reitera que, conforme a las cláusulas quinta y séptima del contrato AlI-Cont.Lab-012-18, la base de cálculo debió mantenerse inalterable en Bs5.000,00.
En este sentido la recurrente solicitó que se CASE el Auto de Vista recurrido y en el fondo se declare IMPROBADA la demanda, sea con costas.
Recurso de Casación de Mercedes Elvira Jiménez Claros.
- 1.-Acusa la vulneración del derecho al reconocimiento de pagos retroactivos conforme a la escala salarial institucional. Luego de citar los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales y de primacía de la realidad consagrados en el art. 48.1 y II de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 4 de la LGT y el art. 5 de su Decreto Reglamentario, acusó que los tribunales de instancia incurrieron en un error de derecho material al desconocer el nivel salarial real y la categoría que le correspondían de acuerdo a las funciones efectivamente desempeñadas en el cargo, permitiendo que el empleador disponga de un derecho laboral imperativo.
- 2.-Denuncia la infracción normativa respecto al cobro del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia de la gestión 2018 y su respectiva multa. Luego de citar el DS 3747 y el art. 6 de la Resolución Ministerial 1373/2018, acusó que la entidad empleadora incumplió el plazo perentorio para el pago del 15 destinado al consumo de productos nacionales, habiendo asignado dicho monto en la billetera móvil de forma extemporánea. Asimismo, acusa que los juzgadores violaron el principio de inversión de la carga de la prueba previsto en el art. 3.h) del Código Procesal del Trabajo (CPT), al exigir de forma ilegal que la trabajadora acreditara la fecha del incumplimiento (un hecho negativo), cuando correspondía al empleador demostrar documentalmente el pago oportuno.
- 3.-Manifestó vulneración del derecho al percibo de horas extraordinarias por turnos de guardia y cirugías de emergencia. Luego de citar los arts. 46, 50 y 55 de la LGT, el art. 14 del DS 21137 y la jurisprudencia de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCP) 26/2012 y 820/2012 (no señala la fecha), acusó que las
autoridades de instancia negaron arbitrariamente este derecho bajo el pretexto de una imposibilidad de cálculo real debida a la naturaleza de las funciones médicas. Sostiene que esta decisión vulnera el principio in dubio pro operario y el derecho a la tutela judicial efectiva, omitiendo que toda labor realizada en exceso de la jornada legal debe ser compensada con el 100 de recargo.
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