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TSJ

AS/0404/2026-SP-FF

Tribunal Supremo de Justicia
5 de agosto de 2026Sala Penal
Proceso
Violencia familiar o doméstica

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

ZA ZA qrusuna SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora -FF Sucre 9 de marzo de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Oruro 212/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusada : Santos Herrera Huarachi Delito : Violencia Familiar o Doméstica, art. 272 Bis.1. del Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 26 de noviembre de 2024 de fs.

369 a 377 vta., Santos Herrera Huarachi, impugna el Auto de Vista 78/2024 de 15 de noviembre de fs. 358 a 363, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP con relación al art. 7.1 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN l.1. SENTENCIA Por Sentencia 26/2024 de 12 de junio de fs. 149 a 157, el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a: SANTOS HERRERA HUARACHI, culpable de la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis.1 del CP, incorporado por el art. 84 de la Ley 348 con relación al art. 7.1, imponiendo una pena de tres años de privación de libertad; conforme alos siguientes fundamentos:

Se tuvo por acreditado que AAA! sufrió hechos de violencia familiar o doméstica

en su modalidad física por parte de Santos Herrera Huarachi, con quien mantenía una relación de concubinato desde la gestión 2013 y durante aproximadamente siete años. Según la relación asumida por el Juzgado, la víctima fue objeto de golpes, insultos, patadas, torceduras de brazo y lesiones corporales, además, de hechos vinculados al conflicto suscitado en el puesto de venta de pan ubicado en las calles 6 de Octubre y Villarroel.

Para sustentar la existencia de la relación de concubinato, la Sentencia valoró la entrevista policial de la víctima, el informe psicológico emitido por la Lic. Mireya Luna Quispe y las declaraciones de Cristian Arturo Condori Aruquipa y Pamela Adelaida Condori Aruquipa, hijos de la víctima, quienes refirieron que su madre convivía con el acusado, identificando incluso el domicilio y los ambientes que ocupaban. Asimismo, tomó en cuenta las declaraciones de Teodosia Choque Llave, madre de la víctima, y de Ximena Patricia Alcocer Carrasco, quienes también confirmaron que la víctima y Santos Herrera Huarachi mantenían una relación de pareja y convivencia.

En cuanto a la violencia física denunciada, la Sentencia consideró acreditadas las agresiones mediante los certificados médicos forenses incorporados por la prueba MP-D11. El primero, de 14 de septiembre de 2017, estableció contusión escotiva facial y contusa, otorgando cinco días de incapacidad médico legal; el segundo, de 23 de septiembre de 2020, concluyó contusión simple, con dos días de incapacidad médico legal; y el tercero, de 28 de septiembre de 2020, determinó contusión en brazo, con tres días de incapacidad médico legal. Para el Juez de Sentencia, dichas lesiones guardaban correspondencia con la versión de la víctima y con las declaraciones de los testigos que observaron hematomas, moretones y otros signos físicos de agresión.

Consideró especialmente relevante la declaración de la víctima, al señalar que relató de manera fluida y secuencial los hechos de violencia sufridos en diferentes fechas y años, existiendo uniformidad entre su declaración en juicio, su entrevista policial y el informe psicológico. Asimismo, otorgó valor a las declaraciones de sus hijos, quienes manifestaron haber presenciado en varias ocasiones actos de violencia física, insultos y agresiones contra su madre por parte del acusado.

También tuvo por corroborados esos extremos con las declaraciones de Teófila Balderrama Gil, Teodosia Choque Llave y Ximena Patricia Alcocer Carrasco, quienes refirieron haber visto las consecuencias físicas de las agresiones sufridas por la víctima, tales como hematomas y el uso de yeso en el pie, además, de conocer que la propia víctima identificaba como agresor a Santos Herrera Huarachi.

Respecto a la versión del acusado, el fallo sostuvo que el nombrado centró su 1 De conformidad al art. 89 de la Ley 348 se reserva la identidad de la víctima.

A 7 declaración en el conflicto relativo al puesto de venta de pan, alegando que dicho puesto le correspondía por ser panificador desde hace treinta años; sin embargo, el Juzgado observó que no presentó documentación que acreditara tal extremo ni su derecho sobre el mismo. Asimismo, señaló que el acusado no produjo prueba suficiente para desvirtuar las agresiones atribuidas por la víctima y los testigos.

Finalmente, la Sentencia descartó la tesis de la defensa, relativa a que entre la víctima y el acusado solo existía una relación laboral de empleador y empleada, al considerar que los elementos probatorios producidos demostraron la existencia de una relación de concubinato, así como la existencia de agresiones físicas sufridas por la víctima en diferentes fechas y años, acreditadas mediante certificados médicos forenses que no fueron desvirtuados por la parte acusada.

Il.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, el recurrente planteó apelación restringida de fs. 162 a 171 vta., expresando lo siguiente:

En el primer motivo, denunció la errónea aplicación del art. 272 Bis. 1 del CP, como defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que la Sentencia lo condenó por el delito de Violencia Familiar o Doméstica sin haber realizado una correcta subsunción de su conducta al tipo penal atribuido.

Argumentó que, para imponer una sanción penal, debían concurrir integramente todos los elementos configurativos del delito, no siendo suficiente una simple referencia a la existencia de agresiones físicas, sino correspondía establecer con base probatoria objetiva, la concurrencia del sujeto pasivo cualificado exigido por el art. 272 Bis. 1 del CP; es decir, que la víctima sea cónyuge, conviviente o persona con quien el acusado mantenga o hubiera mantenido una relación análoga de afectividad o intimidad, aun sin convivencia.

En ese sentido, cuestionó que la Sentencia hubiera dado por acreditada una relación de concubinato con la víctima sin precisar su temporalidad ni explicar qué elementos probatorios permitían concluir la existencia de dicha relación al momento de los hechos denunciados. Enfatizó que ese aspecto era esencial para la configuración del tipo penal, pues, a su criterio, no todo hecho de violencia contra una mujer podía subsumirse automáticamente en el delito de Violencia Familiar o Doméstica, sino únicamente aquel que se produzca dentro del marco relacional previsto por la norma penal.

La relación existente con la víctima era de carácter laboral y no sentimental, extremo que habría sido demostrado mediante la prueba de descargo P4 y P5, relativas a solicitudes de pago de beneficios sociales, sueldos devengados, aguinaldo y vacaciones, así como mediante la prueba P6, consistente en un acuerdo conciliatorio de 13 de enero de 2021, que demostraría una relación

obrero-patronal. Añadió que si hubiese existido una relación de concubinato, no resultaría lógico que la víctima acudiera a la vía laboral para reclamar beneficios sociales.

Asimismo, la víctima promovió una demanda de comprobación judicial de unión libre, identificada como prueba P13, pero que posteriormente desistió de dicho trámite, lo que, a su criterio debilitaba la tesis de la existencia de una relación de concubinato o unión libre. Sobre esa base, la Sentencia debió contrastar esos elementos de descargo con las afirmaciones de la víctima y no limitarse a deducir la existencia del vínculo sentimental.

También, la Sentencia no determinó con precisión las fechas de las supuestas agresiones físicas ni estableció si al momento de ellas, existía una relación de concubinato, afectividad o intimidad entre la víctima y su persona. Por ello, el proceso de subsunción fue impreciso, al no haberse acreditado el componente relacional exigido por el tipo penal, ni la temporalidad necesaria para vincular la supuesta violencia con una relación comprendida en el art. 272 Bis. 1 del CP.

Agregó que la Sentencia únicamente habría efectuado un juicio de tipicidad incompleto, omitiendo desarrollar los juicios de antijuridicidad y culpabilidad, al no explicar de qué manera la conducta atribuida lesionó el bien jurídico protegido ni cuál fue el reproche penal concreto que justificaba la condena. En ese marco, la Sentencia carecía de una fundamentación completa conforme a la teoría del delito, pues no bastaba afirmar la existencia de agresiones físicas sino se demostraba la concurrencia de todos los presupuestos típicos, antijurídicos y culpables del delito atribuido.

Finalmente, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos , 236 de 7 de marzo de 2007, 90 de 20 de febrero de 2008, 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2006 y 315 de 25 de

agosto de 2006.

En el segundo motivo, acusó defecto de Sentencia por defectuosa valoración de la prueba de descargo, conforme al art. 370 inc. 6) del CPP; porque la Sentencia afirmó la existencia de una relación de concubinato con la víctima sin realizar una valoración suficiente, concreta y razonada de los elementos probatorios producidos por la defensa.

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Datos del proceso

Demandante
Eulalia Aruquipa Choque y Ministerio Público
Demandado
Santos Herrera Huarachi
Proceso
Violencia familiar o doméstica
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia5 de agosto de 2026AS/0404/2026-SP-FFFuente oficial