Texto del fallo
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 426/2019-RRC
Sucre, 11 de junio de 2019
Expediente : La Paz 127/2018
Parte Acusadora : Ministerio Público y otra
Parte Imputada : Cidal Chávez Quispe y otra
Delito : Feminicidio y otro
Magistrado Relator : Dr. Olvis Eguez Oliva
RESULTANDO
Por memoriales presentados el 6 y 13 de septiembre de 2018, Cidal Chávez Quispe de fs. 1220 a 1226 vta., y Ángel Reynaldo Mamani Huallpa, de fs. 1288 a 1302 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 58/2018 de 13 de junio, de fs. 1159 a 1172, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, María Carmen de Mollo y Cristina Abelo contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 Bis con relación al art. 20 del Código Penal (CP).
I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
I.1. Antecedentes.
Por Sentencia 14/2017 de 9 de marzo (fs. 927 a 937 vta.), el Tribunal de Sentencia anticorrupción y contra la violencia Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y Cidal Chávez Quispe, autores de la comisión del delito de Feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 Bis con relación al art. 20 del Código Penal, imponiendo la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto a cumplirse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro del Departamento de La Paz, con costas, daños y perjuicios al Estado y reparación del daño a la víctima a calificarse en ejecución de sentencia. Asimismo, los absolvió del delito de Violación al no haber sido suficiente la prueba aportada para generar convicción en la responsabilidad de los imputados.
Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ángel Reynaldo Mamani Huallpa (fs. 984 a 996 vta.), subsanado (fs. 1137 a 1147) y Cidal Chávez Quispe (1009 a 1029 vta.), enmendado (fs. 1116 a 1132), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 58/2018 de 13 de junio (fs. 1159 a 1172), que declaró improcedente la apelación restringida de Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y procedente en parte la apelación restringida de Cidal Chávez Quispe, en consecuencia anuló parcialmente la Sentencia, disponiendo la reposición del juicio para Cidal Chávez Quispe, motivando la formulación de los recursos de casación sujetos a análisis.
I.1.1. Motivos de los recursos de casación.
Del memorial de recurso de casación y del , se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):
I.1.2. Del recurso de casación de Cidal Chávez Quispe.
Expresó que los fallos deben ser motivados en forma expresa, clara, completa, legítima y lógica, sin embargo el Tribunal de alzada al desarrollar el agravio previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP, englobó su razonamiento en el inc. a) donde refirió “si bien el recurrente denuncio que el a quo se apartó de la congruencia en los hechos acusados, omitiendo explicar en forma precisa la presunta incongruencia, citando la conclusión de la interpretación de los hechos, esto puede ser evidenciado en el punto VII Fundamento de Derecho, párrafos 5 y 6 donde no se establecería por qué los hechos serían diferentes, apreciándose que el a quo realizó una consideración y valoración de los hechos acusados, más una conclusión vinculatoria sobre el mismo hecho, conforme el principio iura novit curia, no evidenciándose que el fallo judicial fuere por un hecho histórico distinto al referido en la acusación” conclusión por la que considera que no es expresa al no consignar las razones del decisorio, clara al no encontrarse fundamentada confundiendo la naturaleza del iura novit curia, con la congruencia, al aplicarla a la modificación de los hechos cuando en realidad se aplica en la calificación jurídica, no siendo completa pues en absoluto se refirió al fundamento de que la violación del principio de congruencia constituiría defecto absoluto por hechos nuevos en los que se le condenó, legítima al no encontrarse motivada por no realizarse una revisión de las circunstancias de modo, tiempo lugar y finalmente no resulta lógica al no cumplir las reglas de la logicidad al no valorar las cuestiones que expuso en su recurso.
I.1.3. Del recurso de casación de Ángel Reynaldo Mamani Huallpa.
Denunció la ilegal introducción y valoración de la prueba de cargo MP4, en la que se le vulneró su derecho al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, al juicio previo e igualdad, argumentando que en obrados (acta de juicio de 14 de octubre de 2016) se pidió la exclusión de la prueba de cargo MP4 consistente en el protocolo de autopsia firmado por la Dra. María Ángela Terán, debido a que fue realizado por el Dr. Bizmar Gutiérrez y pese a que consta en la atestación (acta de juicio de 15 de noviembre de 2016) de la declarante que ella no fue quien realizó la autopsia a la víctima, sino por el otro profesional del IDIF, ella se permitió transcribir su protocolo para indebidamente firmarlo por orden superior; es así, que el Tribunal a quo permitió se introduzca como prueba, siendo valorada en Sentencia y validada por el Tribunal de alzada, quien confunde ingenuamente la prueba testifical con la pericial, vulnerando de manera grosera sus derechos constitucionales como a la defensa, pues independientemente que dicha profesional suscribiente asistió a juicio oral como testigo, el recurrente no pudo ejercer su derecho a la defensa en razón a que la declarante jamás aportó información relevante para el hecho juzgado, por no haber realizado ella la respectiva autopsia; sin embargo, los Vocales validan el indebido proceder del a quo al sostener que el recurrente ejerció su derecho a la defensa, pero siendo obvio que no se pudo ejercerlo en los términos de los arts. 119 II y 115 I de la CPE, por estar en juicio frente a una profesional que solo transcribió el protocolo por órdenes superiores, vulnerándose en suma la violación de sus derechos fundamentales a la defensa y la tutela judicial efectiva. Asimismo agrega el recurrente que los Vocales llegan al absurdo de confundir la naturaleza de la prueba testifical con la pericial, siendo obvio que al tratarse de una autopsia que requiere una cualificación especializada se estaría frente a una prueba pericial, y por otro lado también los Vocales señalaron que “el informe forense es un acto único por tener carácter de irrepetibilidad de tal forma que debe incorporarse por su sola lectura”, que a criterio del recurrente confunde el acto mismo de la autopsia, que si es irrepetible con el protocolo de la misma que debe ser defendido oralmente en juicio. Por lo que concluye que se le vulneró los siguientes derechos a) A su defensa, al no concurrir a juicio el forense que realizó la autopsia, introduciendo a juicio ese protocolo por la profesional que no lo efectuó, impidiéndole también interrogar en juicio al profesional que sí determinó las causas de la muerte.
- b)Su derecho a juicio previo, o de ser oído en juicio, previsto en los arts. 117 I, 120 I de la CPE, 8.1 y 8.2 inc. c) de la Convención Americana de DDHH, debido a que al introducir el protocolo por una persona que no realizó el acto, el a quo así como avalado por el ad quem no dio lugar a escucharlo en derecho para que pueda ejercitar su derecho, interrogando adecuadamente porque la que atestiguó no tuvo una información idónea y útil para el objeto del proceso, y
- c)Vulneró su derecho a la igualdad previsto en el art. 119 I de la CPE, en relación al art. 24 de la CADH, debido a que permitieron a la parte acusadora introducir prueba ilegal, valorando un protocolo por una persona que no lo realizó quien aludió haberlo firmado por orden superior, por lo que este hecho le puso al recurrente en una manifiesta desigualdad.
Denuncia la vulneración de la garantía convencional que forma parte del bloque de constitucionalidad prevista en el art. 8.2 incs. c) y f) de la C.A.D.H. sosteniendo que el Auto de Vista impugnado validan el ilegal proceder del Tribunal de Sentencia al vulnerar la exigencia de comparecencia de los testigos y peritos a juicio, precepto que debería aplicarse por encima de la CPE y las leyes, en virtud de los arts. 256 y 410 de la CPE, al formar parte del bloque de constitucionalidad, puesto que se ha validado la ilegal introducción de la prueba MP4, constituyendo defectos absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP. Asimismo argumenta que el Auto de Vista impugnado al huir resolver la imposibilidad que tuvo para interrogar resulta vulneratorio al inc. f) del art. 8.2 de la CADH con relación al art. 256 de la CPE, así como el inc. c) de la misma Convención al impedirle ejercer el derecho de disponer los medios adecuados para su defensa, componentes de los arts. 115 II y 119 II de la CPE, así como la vulneración de los arts. 172 y 333 del CPP, resultando perjuicio por haber sido condenado a la máxima pena privativa de libertad, por un hecho que además fue forzado al tipo penal de Feminicidio, en afectación al derecho fundamental de la legalidad, igualdad, defensa, juicio previo, tutela judicial efectiva, previstos en los arts. 116 II, 119 I y II, 120 I y 117 I, 115, con relación al 256 de la CPE, y art. 8.2 inc. c) y f) de la CADH. Añade el recurrente, que tomando en cuenta la línea jurisprudencial que establecen los criterios de flexibilización por haberse afectado la garantía constitucional del debido proceso no está obligado a invocar precedente por tratarse también de defectos absolutos; finalmente, aludió la vulneración de dicho principio por el a quo y el ad quem al validar la introducción de la prueba MP4 indebidamente pese a los vicios alegados que vulneraron, derechos y garantías constitucionales como convencionales obtenidas por medios ilícitos sin observación del art. 333 del CPP.
Acusó defecto absoluto por incurrir en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1 del CPP, con relación al art. 252 1) del CP, referente a la errónea aplicación de la ley sustantiva en vulneración al derecho fundamental de legalidad previsto en el art. 116 II de la CPE, argumentando que el Auto de Vista impugnado, validó la Sentencia sosteniendo un trabalenguas respecto a la teoría del delito, teoría finalista, y una categoría de delitos instantáneos con efectos permanentes, en la que se encontraría el Feminicidio, desconociendo lo evidente pues según obrados se dio por probado que el fallecimiento de la víctima no se produjo el 30 de agosto de 2014 sino el 2 de septiembre del mismo año, en el entendido que estaba aún con vida cuando se trasladó su cuerpo desde Achacachi hasta Pucarani, pues bien atendiendo al principio de intangibilidad de los hechos no se trataría del delito de Feminicidio, pues este se produciría de manera instantánea, que conforme a la doctrina el delito instantáneo es aquel que se produce la violación del derecho en un solo momento, entendimiento que fuese del diccionario jurídico de Manuel Osorio, la legislación interna establecida en el art. 252 Bis, los autores Reátegui Sánchez y Reátegui Lozano, y del tratadista Russell, citando también a la autora boliviana Nelma Teresa Araujo Tito quien la califica de delito instantáneo, por lo que concluyó que la víctima no estaba muerta cuando su participación operó, pues para estar frente al delito de Feminicidio se exigiría el resultado inmediato a la acción de los actores, que en el peor de los casos se trataría un Homicidio Culposo o una Lesión Seguida de Muerte, arts. 260, 273 del CP. Respecto a la consideración del Auto de Vista en sentido que el delito de Feminicidio fuese un delito instantáneo con efectos permanentes, señala el recurrente que en los delitos instantáneos la acción coincide con la consumación del delito, como el Asesinato, mientras que los delitos permanentes son aquellos donde la conducta se prolonga en un estado delictuoso citando como ejemplo al Secuestro, asimismo explicó la existencia de los delitos con efectos permanentes, siendo aquellos en los que el resultado dañoso perdura en el tiempo, precisando que aún en esos delitos la conducta asumida debe ser de carácter instantáneo. Finalmente expresó que respecto a la cita realizada por el ad quem de la de la , se debe considerar la , referente a los delitos instantáneos con efectos permanentes, que serían aquellos cuya conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado en forma instantánea pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo; así, también expresó que en Bolivia el delito continuado no está previsto conforme el principio de legalidad según la . De esta manera considerar forzadamente al Feminicidio como un delito instantáneo con efectos permanentes constituiría una violación al principio de legalidad previsto en el art. 116 II de la CPE como también un defecto absoluto.
Señaló la existencia de defecto absoluto previsto por el art. 370 incs. 5) y 10 del CPP, con relación al art. 359 inc. 3) del CPP, al no existir fundamentación de la pena en relación al derecho de reserva legal y tutela judicial efectiva, argumentando que conforme a la disposición citada se exige que se exponga la fundamentación para la imposición de la pena, advirtiéndose que en Sentencia no se cumplió dicha exigencia de la motivación adecuada, pues en el punto VII Fundamentos de la Pena y Costas en Sentencia se señaló “para la imposición de la pena no corresponde ninguna fundamentación de orden legal por ser un delito más grave no existe posibilidad de analizar agravantes o atenuantes de ninguna naturaleza, y en el Auto de Vista se señaló que al ser una pena fija de 30 años no se aplicaría esa exigencia”, siendo esta situación contraria al art. 124 del CPP, esta grave omisión de la Sentencia y validada por el Tribunal de alzada vulnera el debido proceso, y las exigencias de la deliberación y votación de la Sentencia que obliga a fundamentar la imposición de la pena a aplicarse según los arts. 37 a 39 del CPP, vulnerando además el derecho a la reserva legal previsto en el art. 109 II de la CPE, en relación al art. 30 de la CADH, puesto que como legisladores estarían creando una norma que no existe, contrariamente a lo dispuesto por el art. 124 del CPP.
I.1.2. Petitorio.
El recurrente Cidal Chávez Quispe solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que se dicte nueva resolución. Por otro lado, Ángel Reynaldo Mamani Huallpa solicita se case la Resolución impugnada, emitiendo nueva Sentencia que le absuelva del delito de Feminicidio.
I.2. Admisión de los recursos.
Mediante , este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por Cidal Chávez Quispe y Ángel Reynaldo Mamani Huallpa, para el análisis de fondo del motivo tercero del primer recurrente y los motivos primero, segundo, tercero y octavo del segundo recurrente, por flexibilización.
II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO
II.1. De la Sentencia.
Por Sentencia 14/2017 de 9 de marzo, el Tribunal de Sentencia anticorrupción y contra la violencia Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y Cidal Chávez Quispe, autores de la comisión del delito de Feminicidio, imponiendo la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto y absuelta del delito de Violación.
Como hechos generadores del proceso se tiene que el denunciante Liberato Mollo Ticona señaló que su hija Carmen Rosa Mollo Ayllón, desapareció desde el 30 de agosto de 2014 luego de salir de su casa ubicada en la población de Charapaca de la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, por dicho motivo se contactó con su sobrina Vanesa Mollo Avelo, quien reconoció haber estado con la víctima el 29 de agosto de 2014 en el domicilio de Ángel Reynaldo Mamani Huallpa conjuntamente con Cidal Chávez Quispe con quienes habría tomado un vaso de bebida alcohólica, donde perdió el conocimiento y llegó a despertar sin pantalón, encontrando a su prima Carmen Rosa Mollo Ayllón también sin ropa y sin moverse al lado de Ángel Reynaldo Mamani, quien al despertar ordena a Vanesa Mollo que limpie la habitación dejándolas encerradas con candado para luego retirarse al cuartel, en dicha circunstancia evidenció que su prima estaba muerta. Ante dichos hechos, se procedió a realizar denuncia en la FELCC, donde se constituyen hasta la localidad de Pucarani Comunidad Cota Cota, donde se verificó la existencia de un cuerpo femenino identificado como Carmen Rosa Mollo Ayllón en posición cubito ventral sobre una frazada ploma, realizando el levantamiento del cadáver trasladándolo al Hospital de Clínicas para la realización de la autopsia legal realizada por el Dr. Bismar Gutiérrez, donde se determinó como causa de la muerte lesión de los centros nerviosos superiores, hemorragia subaracnoidea asociada con edema cerebral traumatismo craneoencefálico sin fractura y con causa poli contusa. Determinándose, que Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y Cidal Chávez Quispe abusaron sexualmente de ambas primas y al percatarse de la muerte de Carmen Rosa Mollo Ayllón, decidieron sacar el cuerpo en un yute, trasladándolo en un motorizado para depositarlo en la comunidad Cota Cota, aspectos por los cuales tanto el Ministerio Público como la acusadora particular, acusaron por los delitos de Feminicidio y Violación, previstos en los arts. 252 Bis y 308 del CP.
El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer, luego de analizar las pruebas testificales como documentales de cargo y de descargo, determinó los siguientes hechos probados: Se comprobó que el lugar donde se inició la ejecución del hecho ilícito en contra de Carmen Rosa Mollo Ayllón fue la habitación del Sgto. Ángel Reynaldo Mamani Huallpa ubicada en la calle Sorata N° 45 de la localidad de Achacachi y el resultado que conlleva a la pérdida definitiva de la existencia física de la víctima se produjo en un pajonal de la comunidad Cota Cota, de acuerdo a la declaración de Vanesa Mollo Ayllón quien refirió en juicio que compartieron bebidas alcohólicas conjuntamente con la víctima y los acusados, siendo la reunión en la habitación de Ángel Reynaldo Mamani Huallpa, donde a horas 03:00 am aprox., del sábado 30 de agosto de 2014 Cidal Chávez Quispe se retiró de dicha habitación, en cambio Vanesa Mollo se despertó a las 06:00 am, sin sus prendas íntimas y detrás de ella se encontraba recostado el acusado Ángel Reynaldo Mamani y su prima Carmen Rosa Mollo con el pantalón caído.
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