Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 427/2019-RRC
Sucre, 11 de junio de 2019
Expediente : La Paz 147/2018
Parte Acusadora : Ministerio Público y otro
Parte Imputada : Manuel Edgar Rada Pérez
Delitos : Uso de Instrumento Falsificado y otros
Magistrado Relator : Dr. Olvis Eguez Oliva
RESULTANDO
Por memoriales presentados el 12 de julio y 20 de septiembre de 2018, Manuel Edgar Rada Pérez de fs. 2486 a 2526 vta., y Waldo Albarracín Sánchez en su condición de rector de la Universidad Mayor de San Andrés de fs. 2542 a 2546, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 53/2017 de 19 de octubre, de fs. 2387 a 2414 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e inter partes por la presunta comisión de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Incumplimiento de Deberes, Supresión o Destrucción de Documentos, Uso Indebido de Influencias, Abogacía y Mandatos Indebidos, Conducta Antieconómica, Peculado y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 203, 154, 202, 146, 175, 224, 142 y 199 del Código Penal (CP), respectivamente.
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO
De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:
Por Sentencia 13/2006 de 13 de noviembre (fs. 629 a 648), el Tribunal Segundo de Sentencia de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Manuel Edgar Rada Pérez, autor y culpable de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Ejercicio Indebido de Profesión, Abogacía y Mandato Indebido, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 203, 164, 175, 146, 224 y 199 del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más doscientos días multa a razón de Bs. 5.- por día, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia, no ejerciendo su facultad de aumentar la pena conforme el Concurso Real previsto en el art. 45 del CP. Asimismo, fueron prescritos los delitos de Incumplimiento de Deberes y Supresión o Destrucción de Documentos.
Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 667 a 673), la parte civil en representación de la UMSA (fs. 679 a 685) y el imputado Edgar Manuel Rada Pérez (fs. 700 a 729 vta.), formularon recursos de apelación restringida, que previo a la sustanciación fueron emitidos los Autos de Vista 218/2007 de 5 de abril (fs. 876 a 879 vta.), 970/2007 de 3 de diciembre (fs. 1155 a 1156 vta.), 433/2010 de 27 de agosto (fs. 1517 a 1519 vta.), y 153/2012 de 25 de abril (fs. 1835 a 1850), que fueron dejados sin efecto por los (fs. 1074 a 1079), 422 de 18 de septiembre de 2009 (fs. 1352 a 1355), 093/2011 de 24 de marzo (fs. 1666 a 1676), 037/2013 de 14 de febrero (fs. 1928 a 1932 vta.); y, la Resolución de Amparo Constitucional 343/2010 de 26 de noviembre (fs. 1581 a 1585 vta.); en cuyo efecto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 53/2017 de 19 de octubre, que declaró admisibles y procedentes en parte las apelaciones planteadas; en su mérito, revocó en parte la Sentencia apelada, declarando a Manuel Edgar Rada Pérez, autor de la comisión de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Ejercicio Indebido de la Profesión, Abogacía y Mandato Indebido, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 203,164,175, 146, 224 y 154 del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más el pago de costas al Estado y la parte acusadora particular, sancionando accesoriamente con la inhabilitación especial de cinco años en razón al art. 36 núm. 2 del CP, y Confirmó la Sentencia 16/2003 en cuanto a la prescripción del delito de Supresión o Destrucción de Documentos y el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 5.- por día, siendo corregido el número de la Sentencia a la correcta concurriendo la Resolución 13/2006, mediante Auto Complementario de 11 de mayo de 2018 (fs. 2416 y vta.), interponiendo posteriormente los respectivos recursos de casación.
I.1.1. Motivos de los Recursos de Casación.
De los recursos de casación interpuestos, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) se tiene:
I.1.1.1. Motivos del Recurso de Casación de Manuel Edgar Rada Pérez.
Denuncia que el Tribunal de alzada inobservó el al ingresar a valorar prueba y sentenciar sin haber sido oído y sin percibir el desfile probatorio documental o testifical, siendo que el art. 413 del CPP, no concede la doble instancia, es decir actuar como jueces de Sentencia.
Alega que el Tribunal de alzada no resolvió los puntos apelados, constituyendo violación del debido proceso, señalando que en apelación restringida denunció: 1) Que en el juicio oral se violentó los principios de oralidad, inmediación y continuidad. 2) La violación de las reglas del interrogatorio. 3) La vulneración de los incs. 1) y 3) del art. 169 del CPP, con relación a la participación de los Fiscales adjuntos en la etapa preparatoria y juicio oral en lugar de los Fiscales de Materia. 4) La violación del principio de continuidad en vulneración de los arts. 329, 334, 335 y 336 del CPP. 5) La violación al principio de oralidad, señalando que las pruebas documentales MP1.13 y MP1.14 fueron obtenidas omitiendo formalidades legales, así como la admisión como prueba documental de las declaraciones testificales de cargo. 6) Alegó defectos de Sentencia previstos en los incs. 1), 2), 4), 5), 6), 8), 10) y 11) del art. 370 del CPP. 7) Invocó la errónea valoración de la prueba, con relación a los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado. 8) Cuestionó la errónea interpretación de la ley sustantiva penal y civil respecto al delito de Falsedad Ideológica. 9) Refirió la violación del principio de congruencia, debido a que en Sentencia se habría omitido pronunciarse por dos delitos acusados. Por lo anteriormente señalado el recurrente argumenta, que el Tribunal de apelación no resolvió todas las cuestiones impugnatorias, vulnerando el derecho a la defensa al generar una nueva Sentencia sobre el fondo de la atribución delictiva contenida en las acusaciones.
Bajo el acápite IX del recurso de casación, expresó defectos absolutos por falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado respecto al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, invocando contradicción respecto a los y .
I.1.1.2. Motivo del Recurso de Casación de la representación de la UMSA.
El recurrente alega violación del art. 45 del Código Penal referente al concurso real de delitos, en sentido que el Tribunal de apelación tenía la obligación de aplicar dicho articulado incrementando la pena en una mitad, sin embargo se le sentenció al imputado a tan solo ocho años, sin explicar cuál es la razón y argumento para no aumentar la pena máxima más una mitad, persistiendo el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, inobservando el art. 413 del CPP, debiendo haber incrementado la pena a doce años.
I.2. Admisión del recurso.
Mediante , este Tribunal admitió los recursos de casación de ambos recurrentes, por lo que la resolución se circunscribirá a los alcances establecidos en el examen de admisibilidad.
II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS
De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis de los recursos, se tiene lo siguiente:
II.1. De la Sentencia.
Por Sentencia 13/2006 de 13 de noviembre el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, declaró a Manuel Edgar Rada Pérez, autor y culpable de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Ejercicio Indebido de Profesión, Abogacía y Mandato Indebido, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 203, 164, 175, 146, 224 y 199 del CP, imponiendo la pena de ocho años de presidio, más doscientos días multa a razón de Bs. 5.- por día, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia; además de declarar fueron prescritos los delitos de Incumplimiento de Deberes y Suspensión o Destrucción de Documentos, bajo los siguientes argumentos:
Al haberse probado los hechos en juicio, la subsunción de la conducta se adecúa al art. 203 del CP, porque a sabiendas de la falsedad, el imputado ha hecho uso de los certificados de notas para tramitar título de abogado y ejerciendo funciones de docente y Director de Carrera. Los títulos obtenidos conllevan falsedad porque devienen como efecto de documentos falsos para su obtención.
En su mérito, también se tiene concurrente que el imputado ha cometido el delito previsto por el art. 164 del CP, ya que ha ejercido la profesión de abogado sin haber aprobado legalmente todas las materias del pensum de estudios de la carrera de derecho, siendo que el título es efecto de documentación falsa.
Asimismo, concurre el art. 175 del CP, debido a que el imputado ejerció la abogacía con un título viciado de nulidad al no estar legalmente habilitado para su ejercicio.
Concurre el art. 146 del CP, tomando en consideración que, siendo Director de Carrera, aprovechando de esas funciones, en forma indebida influyó en los funcionarios de Kardex para la entrega de su file académico para no devolverlo; y en base a esa influencia que ejercía, se designa como miembro de los Tribunales PETAE, recibiendo por ello una cantidad considerable de dinero al cobrar la suma de 30 dólares por cada acta de examen.
A su vez, se tuvo acreditada la comisión del delito previsto por el art. 224 del CP, ya que en su condición de funcionario público ha causado daño al patrimonio de la carrera de derecho, al no efectuar los descargos sobre viajes, viáticos y fondos de avance, aspecto que efectuó con pleno conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades.
Se incurrió también en el art. 199 del CP, tomando en consideración que hizo insertar datos falsos en un instrumento público verdadero, como son los certificados de notas, para con dicha documentación obtener el título de abogado que al ser de origen ilícito es nulo y causa perjuicio a la sociedad y el Estado, al extremo que el Consejo Universitario de la UMSA por Resolución 444/04 determinó dejar sin efecto el Diploma Académico y el Título en Provisional Nacional del imputado.
El Tribunal de Sentencia estableció que el imputado ha asumido en su actuar una conducta dolosa porque las acciones referidas las efectuó con pleno conocimiento y voluntad, así también es antijurídica, toda vez que se violaron las normas establecidas en el ordenamiento penal y es culpable porque el autor tenía la suficiente capacidad mental de comprender la ilicitud de su actuar, mereciendo una sanción de 8 años de reclusión.
II.2. De los Recursos de Apelación Restringida.
Con la notificación de la Sentencia, el Ministerio Público, la UMSA y el acusado, plantearon recursos de apelación restringida contra la Sentencia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
II.2.1. Del Recurso del Ministerio Público.
Denunció la inobservancia de la norma adjetiva y errónea aplicación de la norma sustantiva con relación el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, siendo que el acusado ejercía la función pública y dentro de ella omitió realizar informes de rendición de cuentas, lo que inclusive sería contrario al Estatuto del Funcionario Público. A su vez, el Tribunal de Sentencia al declarar la prescripción, omitió fundar los motivos de su procedencia, sin especificar de manera correcta el cómputo realizado para la prescripción, considerando que desde el hecho hasta la Sentencia únicamente transcurrieron dos años y cinco meses, por lo que no operaría la prescripción.
Alegó errónea aplicación de la Ley por el delito de Peculado, en razón a que el imputado en su condición de funcionario público, recibió fondos en avance, los cuales fueron administrados directamente por el acusado, probado mediante la testifical y pericial, circunstancias no valoradas y erróneamente interpretadas en Sentencia.
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