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TSJ

AS/0427/2026-A

Tribunal Supremo de Justicia
9 de julio de 2026Sala Penal
Proceso
Estupro

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N? 0427/2026-A Sucre, 10 de abril de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN Proceso : La Paz 156/2025 Parte acusadora : Ministerio Público y AAA?

Parte acusada : Hayde Germán Vera Plaza Delito : Estupro Agravado, arts. 309 y 310 inc. g) del Código Penal (CP) Por memorial de casación presentado el 16 de enero de 2025, cursante de fs. 1417 a 1436 vta, Haydel Germán Vera Plaza, impugna el Auto de Vista 58/2022 de 2 de junio, de fs. 1381 a 1390, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público y AAA, por la presunta comisión del delito de Estupro Agravado, previsto en los arts. 309 y 310 inc. g) del CP; y mediante el memorial de fs. 1496 a 1502, opone extinción de la acción penal por prescripción.

l. ANTECEDENTES 1.1. Sentencia Por Sentencia 108/2018 de 12 de julio, de fs. 1111 a 1142, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a 1La de agosto, señaló: 111.1. Reserva y resguardo de la identidad de menores, el art. 10 del CNNA señala que Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos, salvo los casos expresamente previstos por este Código.... Teniendo en cuenta que dicho precepto tiene carácter imperativo, el cumplimiento del mismo es de carácter obligatorio; consecuentemente, los administradares de justicia y todos aquellos aludidos en el artículo antes mencionado, deben tener presente que en todo aquel proceso an el que esté involucrado un menor de edad -ya sea en calidad de agresor o de víctima- su identidad deberá mantenerse eh absoluta reserva al comprometerse de modo profundo el derecho a su dignidad y con la finalidad de proteger las garantías constitucionales de que son titulares el menor y su entorno familiar, deberá protegerse también el derecho fundamental a la intimidad de éste, por ello durante la tramitación de los procesos, deberán tomarse medidas tendentes a impedirsu identificación. En razón a lo cual, los jueces y tribunales, deberán suprimir toda referencia que pueda conducir a la identificación del menor involucrado y el de su familia; debiendo consecuentemente, reemplazar el nombre de éste no con las iniciales de sus nombres y apellidos, porque de todos modos serían pasibles de identificación al señalar que su familiar (nombre completo) lo representa, quebrantando así la reserva y resguardo de su identidad; entonces deberá identificársele con letras repetitivas, tales como CC o XX, por ejemplo, lo mismo que a sus familiares cuando éstos actúen en su representación, esto con el único y exclusivo afán de guardar estricta reserva de los datos de identidad del menor y dar cabal cumplimiento a la norma; la inobservancia de la norma por parte del Tribunal Constituciorial cohonestaría la obediencia parcial de la ley o su total infracción.

Haydel Germán Vera Plaza, autor de la comisión del delito de Estupro Agravado, previsto y sancionado por el art. 309 con relación al art. 310 inc. g) del CP, imponiendo la pena privativa de libertad de diez años, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, más costas procesales a calificarse en ejecución de sentencia.

1.2. Apelación restringida y Auto de Vista

Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 1158 a 1182, resuelto por el Auto de Vista 58/2022 de 2 de junio, de fs. 1381 a 1390, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto confirmando la Sentencia apelada.

II. DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA

ll.1. Argumentos de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción

El acusado incidentista opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, señalando que conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0059/2018 de 15 de marzo, el citado instituto legal puede ser tramitado en instancia casacional, mientras no esté ejecutoriada la sentencia, por tratarse de una cuestión de orden público y especial pronunciamiento.

La denuncia por el delito de Estupro, señala que el hecho criminoso hubiera ocurrido el 10 de abril de 2014 y desde esa fecha hasta la presentación del presente memorial habrían transcurrido 11 años, 9 meses y 8 días, sin que existan casuales de interrupción y/o suspensión de plazo de la prescripción.

El delito acusado, está previsto en los arts. 309 con relación al 310 inc. g) del CP, tiene carácter instantáneo, puesto que su consumación se produce el mismo momento de la acción, acorde a la -52 de 5 de agosto y de acuerdo a lo determinado en la Sentencia 108/2018, la pena impuesta no sobrepasa los diez años, por lo que el plazo de prescripción de la acción penal es de ocho años, conforme al art. 29 inc.1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), computable desde la medianoche del día del hecho acorde al art. 30 del citado Código.

En el caso presente, no concurrió ninguna causal de interrupción ni suspensión del plazo de prescripción, ya que nunca fue declarado rebelde tampoco se suscitó la suspensión de plazos, cuestiones prejudiciales, antejuicio u otros supuestos previstos en los arts. 31 y 32 del CPP y el proceso se desarrolló sin que de su parte se hubiesen promovido acciones dilatorias.

Solicita se declare FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; extinguida la acción penal en su contra y se disponga el archivo de

A PA obrados, al haber operado la prescripción.

ll.2. Argumentos de la contestación por el Ministerio Púbico Corrida en traslado la excepción opuesta a los acusadores, conforme se advierte en la providencia a fs. 1503 y las diligencias de fs. 1504 a 1509, el Ministerio Público mediante memorial de fs. 1511 a 1514 vta., solicitando se rechace la excepción de prescripción, bajo los siguientes argumentos:

1. Naturaleza del delito de Estupro Agravado: señaló que el delito no debía considerarse instantáneo, sino de carácter permanente, debido a la relación de autoridad y dependencia existente entre el acusado y la víctima, toda vez que el estado de vulnerabilidad y subordinación de la menor persistió mientras continuó asistiendo a la academia de taekwondo, por lo que el cómputo de la prescripción debía iniciar cuando cesó esa relación de dependencia, aproximadamente el 14 de abril de 2014 y no el 10 del mismo mes y año.

2. Aplicación de la Ley 1173 y régimen especial de prescripción: invocó la modificación del art. 30 del CPP introducida por la Ley 1173, según la cual, en delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, el plazo de prescripción comienza a correr cuatro años después de que la víctima alcanza la mayoría de edad. En el caso concreto, afirmó que el término inició el 23 de enero de 2022, por lo que aún no habría transcurrido el plazo de ocho años previsto por ley, además, la reforma introducida por la Ley 1173 tiene carácter procesal y, conforme al principio tempus regit actum, es de aplicación inmediata a los procesos en trámite, respaldando esta tesis con la -51.

3. Suspensión del plazo de prescripción: Sostuvo que el término de la prescripción se encontraba suspendido conforme al art. 32 inc. 2) del CPP, debido a la tramitación del recurso de casación interpuesto por la propia defensa del sentenciado, periodo durante el cual el proceso permaneció pendiente de resolución.

4. Imposibilidad de beneficiarse de la propia conducta procesal: precisó que el acusado no podía promover recursos que mantengan vigente el proceso y, simultáneamente, solicitar la prescripción alegando demora procesal, pues ello vulneraría los principios de buena fe procesal y nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

5. Estándares internacionales y Caso Angulo Losada vs. Bolivia: invocó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), señalando que el Estado boliviano tiene obligaciones reforzadas de protección frente a delitos sexuales contra menores de edad. Declarar la prescripción en este caso sería contrario a los estándares internacionales derivados del caso Angulo Losada vs. Bolivia, así como, a las obligaciones

asumidas por Bolivia en tratados internacionales sobre derechos de la niñez y violencia contra la mujer.

6. Diferencia entre prescripción y duración máxima del proceso: citó la -51 de 9 de julio, para sostener que la defensa confundía ambos institutos jurídicos, ya que la prescripción depende únicamente del cumplimiento de plazos legales y de las causales de suspensión e interrupción, no de la razonabilidad de la duración del proceso.

Finalmente, la acción penal no prescribió, porque el plazo legal aún no se cumplió y, además, debía descontarse el tiempo de suspensión generado por la tramitación del recurso de casación.

En conclusión, pide RECHAZAR la excepción incursa.

ll. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Denuncia falta de fundamentación e incongruencia omisiva del Auto de Vista respecto de los precedentes contradictorios invocados. El recurrente señala que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre diversos Autos Supremos relacionados con los principios de legalidad y tipicidad, la correcta subsunción de la conducta al tipo penal, la atipicidad de los hechos y la necesidad de acreditar los elementos constitutivos del delito de Estupro, particularmente el engaño o seducción y el acceso carnal. En ese entendido, el Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva al no resolver los agravios vinculados con la errónea aplicación de la ley sustantiva y la indebida subsunción de la conducta al delito atribuido. Invoca como precedentes los Autos Supremos (AASS) 231 de 4 de julio de 2006, 267/2023-RRC de 17 de octubre, 316 de 28 de agosto de 2006 y 67 de 27 de enero de 2006; además de la .

2. Denuncia la existencia de defecto absoluto derivado de la negativa de producción de prueba de descargo, situación que vincula con una supuesta incongruencia omisiva del Auto de Vista. Concretamente, cuestiona el rechazo de una pericia ofrecida por la defensa, destinada a refutar la existencia del acceso carnal y la observancia de los protocolos médico forenses aplicados al caso.

Sobre esa base, solicita se declare la vulneración de su derecho a la defensa y se disponga la nulidad de la Sentencia, por haberse impedido la producción de una prueba que considera esencial para su teoría defensiva. Invoca como precedente el .

3. Denuncia diversos defectos de la Sentencia, consistentes en la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de fundamentación, incorrecta subsunción de la conducta, ausencia de acreditación de la agravante, vulneración de

los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad, así como, defectuosa valoración de la prueba. Señala que la Sentencia carece de fundamentación jurídica suficiente para sustentar la condena por el delito de Estupro Agravado y que el Auto de Vista omitió resolver adecuadamente dichos cuestionamientos. Invoca en calidad de precedentes los , 67 de 27 de enero de 2006, 316 de 28 de agosto de 2006, 80/2013 de 8 de abril, 231 de 4 de julio de 2006, 76 de 30 de enero de 2006, 241 de 6 de julio de 2006, 385/2013 de 31 de diciembre, 287/2013-RRC de 4 de noviembre, 077/2012-RRC, 064/2012-RRC de 19 de abril, 044/2012-RRC de 22 de marzo, 073/2013-RRC, 065/2013-RRC de 11 de marzo, 065/2012-RA de 19 de abril, 86/2013 de 26 de marzo, 444 de 15 de octubre de 2005, 014/2013-RRC de 6 de febrero y 176/2013-RRC de 24 de junio.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA

1V.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal

En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la -592 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera Instancia sea competente para conocer dichos incidentes.

En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.

En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ocasionó la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo.

Tal práctica ha devenido en vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable y del acceso efectivo a la justicia, y de los principios de celeridad y concentración procesal.

No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de

Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite.

Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , y , y el .

En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 1442 ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación de fs. 1417 a 1436 vta., interpuesto por Haydel Germán Vera Plaza contra el Auto de Vista 58/2022 de 2 de junio, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.

I1V.2. De la extinción de la acción penal por prescripción y las causas de suspensión e interrupción La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal.

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO y Defensoria de la Niñez y Adolescencia, Distrito 5, Zona Sur.
Demandado
Haydel German Vera Plaza
Proceso
Estupro
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia9 de julio de 2026AS/0427/2026-AFuente oficial