Texto del fallo
AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0429/2026-EA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCION Proceso: Cochabamba 291/2025 Parte acusadora: Ministerio Público, María Alicia Terrazas Ontiveros y Diego Vargas Terrazas Parte imputada: Rodrigo Waldemar Spada Lijerón Delito: Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP) Sucre, cuatro de mayo de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 3 de febrero de 2026 de fs. 891 a 896 vta., Rodrigo Waldemar Spada Lijerón, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de María Alicia Terrazas Ontiveros como apoderada de la victima Diego Vargas Terrazas, por la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP.
I ARGUMENTOS DE LA EXCEPCION DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION En cuanto a los hechos y cronología procesal, señala que el 10 de octubre de 2015, al promediar la medianoche, la presunta víctima Diego Vargas Terrazas fue agredido fisicamente por Pablo Mauricio Baldivieso Ferrufino, Rodrigo Waldemar Spada Lijerón y Santiago Villarroel Postigo en inmediaciones de la calle German Urquidi de Cochabamba; posteriormente señala que, el 15 de octubre de 2015, la apoderada de la víctima presentó denuncia por el delito de Lesiones Graves y Leves; que el 20 T septiembre de 2016, el Ministerio Público emitió la correspondiente resolución de imputación Formal; que el 1 de marzo de 2017 se formuló requerimiento conclusivo de acusación fiscal; y, que por último el 27 de septiembre de 2018 fue emitida Sentencia condenatoria en juicio oral, imponiendo la pena privativa de libertad de un año y seis meses.
En cuanto al plazo de prescripción, señala que el delito de Lesiones Graves y Leves (art. 271 CP) tiene pena privativa de libertad de 3 a 6 años, siendo el máximo legal de 6 años. En consecuencia, conforme al art. 29 inc. 1) del CPP, la acción penal prescribe en ocho (8) años. Desde la media noche del 10 de octubre de 2015 hasta el 3 de febrero de 2026, han transcurrido diez (10) años, tres (3) meses y veintitrés (23) días, excediendo con creces el plazo de prescripción.
En relación a la naturaleza instantánea del delito, refiere que el delito de Lesiones Graves y Leves, tiene carácter instantáneo, consumándose en el momento en que se produjo el daño físico o psicológico; por lo que, el cómputo inicia desde la media noche del día en que se cometió el delito (art. 30 CPP). El hecho consumado fue el 10 de octubre de 2015.
Ausencia de causales de interrupción (art. 31 CPP): El excepcionista no fue declarado rebelde en ningún momento del proceso, extremo acreditado con el Certificado de Antecedentes Penales REJAP de 22 de enero de 2026.
En relación a la Ausencia de causales de suspensión (art. 32 CPP), señala que ninguna de las cuatro causales taxativas concurre dentro del caso de autos, pues no hubo suspensión de persecución penal con período de prueba; no existieron cuestiones prejudiciales pendientes; no se tramitó antejuicio ni conformidad de Gobierno extranjero; y, no se produjeron delitos que alteraran el orden constitucional.
Como petitorio, solicita se declare fundada y probada la excepción de prescripción planteada, y se ordene el archivo de obrados y el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra.
En calidad de prueba, señala que adjunta (1) Fotocopias legalizadas de fs. 2, 3, 4, 118 al 122 y 415 al 425 del expediente, certificadas por la Encargada de Archivos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que acreditan el hecho de fecha 10 de octubre de 2015. (2) Certificado REJAP de 22 de enero de 2026, que acredita ausencia de declaratoria de rebeldia.
II RESPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO Corrida en traslado la excepción, conforme se tiene de los formularios de notificación cursantes a fs. 902, esta Sala Penal advierte que el Ministerio Público, mediante memorial de fs. 904 y vta., señaló de manera puntual que: ...se debe tomar en cuenta en primera instancia
A A las vacaciones judiciales, la pandemia donde evidentemente se han suspendido plazos procesales y el computo no se ha realizado por lo que estando cumplidas las exigencias de los Art. 73, 124 y 314 del C.P.P. y Art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tengo a bien RESPONDER al INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION, por lo que solicito se RECHACE el incidente planteado, de contrario se disponga la prosecución de la causa (sic).
II MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL SOBRE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCION II.1 De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal
En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento
y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala
Penal considera necesario remitirnos al entendimiento asumido por la
, que precisó que los fundamentos
de la no constituyen argumento suficiente para
sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la
Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos
incidentes.
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o
Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la
mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten
durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar
las resoluciones pertinentes.
En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente
para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea
por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o
Tribunal donde radica la causa principal. Asi, si el planteamiento se
formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas
por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no
admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia
de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso
efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal.
No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones si resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , O105-R, 1365/2005-R y el ECA.
En el caso de autos, considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 874 ante esta Sala Penal, como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el imputado en contra el Auto de Vista 77 de 18 de octubre de 2024, resulta indiscutible, conforme al bloque Jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva. IHI.2 Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal. Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto a la interrupción, el art. 31 del CPP reconoce únicamente la declaratoria de rebeldía, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero, conforme lo precisado por el y la . Asimismo, y en observancia de las y , se establece que ni la denuncia ni el inicio de la acción penal constituyen causales de suspensión o interrupción.
Que, es necesario recordar que la prescripción constituye una institución jurídica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecución penal del Estado ejercitada a través de los órganos jurisdiccionales o por los particulares en delitos de acción privada. Su fundamento radica en el interés social de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, ya sea por egligencia de la víctima o inactividad de los órganos encargados de su impulso, garantizando así seguridad jurídica y estabilidad social.
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