Texto del fallo
A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Sucre, 10 de abril de 2026 EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN Proceso : Cochabamba 554/2025 Parte acusadora : Ministerio Público y AAA!
Parte acusada : Ronald Freddy Rivero Villegas Delito : Violencia Familiar o Doméstica, art. 272 Bis. del Código Penal (CP) Il. VISTOS: Por memorial presentado el 2 de marzo de 2026, de fs. 1826 a 1837, Ronald Freddy Rivero Villegas, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y AAA, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. del CP.
Il. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN El excepcionista cita y desarrolla la Sentencia Constitucional (SC) 23/2007-R de 16 de enero, y los arts. 29, 30, 31, 32, 315 y 321 del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que la jurisprudencia y la normativa señalada establece que sólo las causales específicas determinadas por ley suspenden o interrumpen la prescripción, añadiendo que la prescripción debe computarse desde el día que se consumó el delito conforme las Sentencias Constitucionales (SSCC) 1510/2002-R y 187/2004-R.
Señala que el delito de Violencia Familiar o Doméstica es de carácter autónomo e instantáneo, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 4 años, por lo que corresponde aplicar el art. 29 inc. 2) del CPP, ya que la presunta acción punible que se le atribuye se habría consumado en tres fechas: febrero de 2016, marzo de 2016 y julio de 2016, estipuladas en la denuncia, imputación formal, acusación formal, acusación particular y en la Sentencia 20/23 de 6 de abril de 2023;
Art. 89 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348): (RESERVA. El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.)
y considerando la última fecha 31 de julio de 2016, transcurrieron 9 años y 6 meses, realizando el cálculo desde la media noche del indicado día, por lo que, la acción penal ha prescrito por haber transcurrido superabundantemente el plazo previsto por ley.
Refiere que el tiempo correspondiente a las vacaciones judiciales, así como la suspensión de plazos por fuerza mayor, solo es válido para el cálculo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en consecuencia, el art. 32 del CPP es la única normativa que establece cuáles son las causales de suspensión del término de la prescripción, cita al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 563/2018-S1 de 1 de octubre, añadiendo que en el presente proceso no concurrieron ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción establecidos en los arts. 31 y 32 del CPP, así como los incorporados por la Ley 586 y la Ley 1173; afirmación que acredita con la documental consistente el Certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), Certificación del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, fotocopia legalizada del legajo procesal de la etapa preparatoria, Sentencia 25/23 de 6 de abril de 2023 y Auto de Vista de 19 de agosto de 2025; documentales que acreditan que no existen las causales del art. 32 del CPP y no se formuló ninguna excusa o recusación como causal de interrupción.
Acusa que la Sentencia impuso sanción de la pena de 3 años y 3 meses de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba y al presente transcurrieron 9 años y 6 meses, lo que evidencia que el tiempo transcurrido no es proporcional al bien jurídico protegido y a la pena impuesta, considerando que lleva más de 9 años sin concluir en un plazo razonable vulnerando los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; los principios de seguridad jurídica e in dubio pro reo o de favorabilidad.
Solicita se declare fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, disponiendo la extinción de la acción penal en su contra y se proceda al archivo de obrados.
II. CONTESTACIÓN A LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
A través de memorial de 31 de marzo de 2026, el Ministerio Público contestó la excepción interpuesta conforme los siguientes argumentos:
Refiere que el incidentista no cumplió con la carga probatoria suficiente para demostrar que no concurren las causales de interrupción o suspensión de la prescripción, adjuntando solo el Certificado del REJAP, tampoco adjuntó certificación
de la secretaría del Juzgado que asumió el control jurisdiccional en fase preliminar y
DD etapa preparatoria, siendo que la carga de la prueba le corresponde a quien planteó la excepción.
Desarrolla doctrina y normativa sobre el control de convencionalidad y ponderación de derechos ante la solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, la y el , alegando que debe realizarse un análisis con perspectiva de género, ponderando los derechos del imputado a ser juzgado en un plazo razonable bajo el derecho de la víctima a vivir una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física y psicológica y no limitarse al cómputo matemático, sin considerar las circunstancias especiales de cada caso.
Solicita se rechace la excepción planteada por no encontrarse debidamente acreditada.
IV. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN 1V.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la , que precisó que los fundamentos de la , no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera Instancia sea competente para conocer dichos incidentes.
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.
En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y
concentración procesal.
No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite.
Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , 105-R y 1365/2005-R, y el .
En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 1824 ante esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por Ronald Freddy Rivero Villegas, de fs. 1794 a 1818 contra el Auto de Vista de 19 de agosto de 2025, de fs. 1774 a 1786, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.
IV.2. Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción
La prescripción constituye una institución de orden público que extingue la acción penal por el transcurso del tiempo fijado por ley, en resguardo del interés social y de la seguridad jurídica, impidiendo la prolongación indefinida de la persecución penal.
Conforme a la y al art. 32 del CPP, su suspensión se limita a las causales taxativas allí previstas; y, en cuanto a la interrupción, el art.
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