Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 456/2019
Fecha: 02 de mayo de 2019
Expediente: LP-135-18-S
Partes: Casto Vargas Echeverría y Catalina Flores de Vargas c/ Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz.
Proceso: Mejor derecho de propietario, acción negatoria y reivindicación.
Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 581 a 594, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por German Marcelo Aguilar Usquiano en su calidad de abogado de la unidad de procesos jurisdiccionales, contra el Auto de Vista Nº 172/2018 de 11 de mayo, cursante de fs. 565 a 569, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación, seguido por Casto Vargas Echeverría contra la entidad recurrente; el memorial de contestación al recurso de casación de fs. 600 a 601 y de 603; el Auto Concesión de f8 de octubre de 2018 que cursa a fs. 604; Auto Supremo de Admisión Nº 1136/2018-RA de 13 de noviembre cursante de fs. 608 a 609 vta.; los antecedentes del proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Casto Vargas Echeverría y Catalina Flores de Vargas, por memorial de demanda que cursa de fs. 70 a 73, subsanado por memorial en fs. 127 a 129, iniciaron proceso ordinario de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria; que fue interpuesta contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, entidad que una vez citada, opusó excepciones previas de fs. 134 a 138 y por memorial de fs. 169 a 184, contestó en forma negativa y reconvino por mejor derecho de propiedad, acción negatoria y pago de daños y perjuicios.
Bajo esos antecedentes y tramitada la causa la Juez Público Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de La Paz, pronuncio la Sentencia Nº 297/2017 de 22 de junio, cursante de fs. 484 a 489 vta., que declaró:
- 1)PROBADA en todas sus partes la demanda principal de mejor derecho propietario; en consecuencia, reconoció el mejor derecho propietario de respecto a lo que alega la entidad demandada sobre el lote de terreno ubicado en Villa Victoria, Avenida República de 670,75 m2 de superficie inscrita bajo el Folio Real Nº 2010990000397.
- 2)PROBADA en parte la demanda principal que contiene la pretensión de reivindicación, disponiendo en consecuencia que la entidad demandada cese y evite cualquier acto de obstrucción o perturbación en el ejercicio del derecho propietario de los demandantes, salvo aquellas que en ejercicio de sus competencias y funciones deba realizar sin desconocer el derecho propietario declarada en esta resolución. SIN LUGAR a la restitución del bien inmueble por no encontrarse el mismo en posesión o detentación de la parte demandada.
- 3)IMPROBADA la demanda principal respecto a la pretensión de acción negatoria.
- 4)IMPROBADA en todas sus partes la demanda reconvencional que contiene las pretensiones de mejor derecho propietario, acción negatoria, daños y perjuicios incoados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Sin costas por ser juicio doble.
De igual forma el juez de la causa ante la solicitud de complementación y enmienda que interpuso la entidad demandada por memorial de fs. 494, pronunció el Auto de fecha 31 de julio de 2017, declarando “No ha lugar” a dicha solicitud.
2. Resoluciones que puestas en conocimiento de los sujetos procesales, dio lugar a que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por German Marcelo Aguilar Usquiano abogado de la unidad de procesos jurisdiccionales, mediante memorial de fs. 499 a 509 vta., interpusiera recurso de apelación.
3. En mérito a la apelación planteada, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 172/2018 de 11 de mayo cursante de fs. 565 a 569, donde lo Jueces de alzada advertidos de que la mayoría de los reclamos expuestos en apelación repercuten sobre la ubicación del inmueble objeto de litis, señalaron que en el caso de autos se tendrían elementos probatorios que al unísono ratifican la ubicación del inmueble, y prueba clara serían los certificados catastrales que la propia entidad edilicia otorgó, pues esta utilizaría el certificado catastral como una herramienta para procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor económico; por lo que resultaría ilógico la postura de la parte demandada, más aun cuando esta no habría acreditado que el inmueble se halle ubicado en otro lugar, pues si bien trató de acreditarlo por un Informe de peritaje técnico, empero, el mismo habría perdido toda credibilidad debido a la petición efectuada por la propia perito que manifestó que se habría producido un error de apreciación, solicitando su desestimación, extremos que inducirían a que el estudio no contendría datos fiables; máxime cuando en todas las determinaciones administrativas siempre se habría reconocido que la ubicación designada del inmueble sería única y real, sin embargo, es evidente que de acuerdo a las atribuciones conferidas a la entidad demandada, pueden anular certificados catastrales como el conferido a la parte actora, empero, no se podría obviar que esa anulación fue unilateral, en uso de su ius imperium, sin considerar los efectos jurídicos y sociales que produjeron dichos certificados durante el tiempo que tuvieron validez; razón por la cual dichos certificados, en virtud al principio de verdad material, consideraron como prueba objetiva los certificados catastrales, aun cuando estos fueron anulados por el ente municipal demandado.
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