Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 84/2026 Sucre, 03 de febrero de 2026
Expediente : 470/2025 Demandante : Lucila Milan Arcayne, Norah Teresa
Bolaños Saucedo y Cecilia Daysi Gareca
Segovia Demandado : Gobierno Autónomo Municipal
de Santa Cruz Proceso : Pago de Beneficios Sociales Distrito : Santa Cruz Relator : Mgdo. Dr. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: Los recursos de casación de fs. 242 a 245 vta., interpuesto por Lucila Milan Arcayne, Norah Teresa Bolaños Saucedo y Cecilia Daysi Gareca Segovia; y, en la forma de fs. 251 a 253 vta., deducido por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (GAM SCZ), a través de sus representantes legales, contra el Auto de Vista N 209 de 13 de septiembre de 2024, de fs.
224 a 231 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por las recurrentes citadas, contra la entidad Municipal referida; el escrito de contestación de fs. 251 a 253 vta.; el Auto Interlocutorio N73 de 20 de mayo de 2025 a fs. 257 y vta., que concedió los citados medios de impugnación; el Auto Supremo N 270/2025-A de 26 de junio, a fs. 264 y vta., que admitió ambos recursos de casación;
los antecedentes del proceso, y
IL ANTECEDENTES DEL PROCESO Sentencia Tramitado el proceso laboral de referencia, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexto del Tribunal Departamental de Santa Cruz, pronunció la Sentencia N 33/23 de 23 de junio de 2023, de fs. 178 a 182 vta., que declaro PROBADA en parte la demanda de fs. 37 a 38 vta., aclarada a fs. 41 interpuesta por Lucila Milan Arcayne, Norah Teresa Bolaños Saucedo y Cecilia Daysi Gareca Segovia, por haberse probado la existencia de derechos laborales pendientes de pago a favor de las citadas demandantes, disponiendo que el GAM-SCZ , a través de su representante legal, pague a favor de las actoras dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia, los beneficios sociales más el pago de multa del 30 establecido en el art.
9 del Decreto Supremo (DS) N 28699,; disponiéndose el pago bajo el siguiente detalle:
1. Lucia Milan Arcayne Multa 30 Bs. 23.091,9.- 2. Norah Teresa Bolaños Saucedo í2 Multa 30 Bs. 23.385,8.- 3. Cecilia Daysi Gareca Segovia Multa 30 Bs. 23.366,5.Total, a pagar Bs. 69.844,20.- (Sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro 20/100 bolivianos). Más la actualización establecida en el art. 9 del DS N 28699 de 1 de mayo de 2006, a calcularse en ejecución de Sentencia.
Auto de Vista Interpuesto el recurso de apelación por las referidas demandantes por escrito de fs. 202 a 205 vta.; y, el GAM-SCZ por memorial de fs. 211 a 212 vta., fue resuelto por Auto de Vista N 209 de 13 de septiembre de 2024 de fs. 224 a 231 vta., emitido por la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que CONFIRMÓ la Sentencia N 33/23 de 23 de junio de 2023, de fs. 178 a 182 vta. Sin costas y costos.
III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
Contra el referido Auto de Vista, las demandantes y el GAM-SCZ, interpusieron recurso de casación en el fondo de fs. 242 a 245 vta.; y de fs. 251 a 253 vta.; respectivamente, en los que expresaron lo siguiente:
PRIMER RECURSO: (Demandantes)
Denunciaron la vulneración del debido proceso por la incorrecta valoración de la prueba; en la que no se valoró correctamente las certificaciones de fs. 9, 21 y 34, que indican que sus personas no recibieron el pago de sus beneficios sociales; así como se omitió referirse a las notas de remisión de las carpetas de fs. 11, 23 y 36, para continuar el procedimiento de pago de beneficios sociales hasta el año 2013, así como los finiquitos de fs. 7, 19 y 32, considerando incorrectamente el pago de sus beneficios sociales, y que los mismos datan del año 2010 y 2011, prueba que acredito que los precitados finiquitos, el Juez de primera instancia considero como cancelados;
sin embargo, en realidad no fueron cancelados o pagados a las demandantes.
Aclararon que, a fs. 9, 21 y 34; cursan notas de NO PAGO, donde se demuestra que las recurrentes no recibieron pago alguno por concepto de beneficios sociales.
Reiteraron que, no se consideró que los precitados finiquitos fueron firmados únicamente por los demandantes, Jefe de Personal y la Administradora el año 2010 y 2011; sin embargo, éstos no cuentan con la firma del Gerente del Hospital Juan de Dios. Aclararon que, los formularios de finiquitos fueron adjuntados como prueba de cargo, únicamente para que se considere el monto que la entidad demandada reconocía que se debía cancelar por el concepto de pago de beneficios sociales.
Acotaron que el Auto de Vista recurrido erróneamente consideró que las comunicaciones internas de fs. 11, 23 y 36 acreditaron el pago de los finiquitos, siendo dicha afirmación incongruente.
Concluyeron solicitando que este Tribunal case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo, ordene se emita un nuevo fallo.
SEGUNDO RECURSO: (Entidad demandada)
Denunció que, los Vocales no valoraron de manera correcta las pruebas aportadas; toda vez que, a criterio de la entidad recurrente, asegura la inexistencia de la relación laboral entre el GAM-SC, y las demandantes de acuerdo a la certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos C. I. N 385/2014 de 28 de noviembre, donde refiere que, las funcionarias no son ni han sido funcionarias municipales, y que no existió ningún tipo de modalidad de contratación; ya que, no figuran en planillas de pago, menos existe el file personal de las actoras.
Refirió que, no se tomó en cuenta el antes mencionado certificado de trabajo emitido por el Hospital San Juan de Dios, que demuestra la inexistencia de la relación laboral entre las demandantes y el Municipio recurrente; asimismo, los memorándums de designación no cuentan con la firma del Alcalde Municipal, algún funcionario municipal o del Secretario de Administración y Finanzas.
Afirmó que, en cuanto a los salarios y tiempo de servicios, es imposible que se pueda determinar un monto a ser cancelado; ya que, no existió ninguna relación laboral, y ello se puede evidenciar con las boletas de pago presentadas por las demandantes que eran pagas por el Hospital San Juan de Dios con recurso propios de dicha entidad.
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