AS/0472/2003

SALA PENAL

AUTO SUPREMO No 472 Sucre 23 de septiembre de 2003

DISTRITO. Cochabamba

PARTES: Ministerio Público c/ Juan Carlos Andrade y otros, tráfico

de sustancias controladas

MINISTRO RELATOR: Dr. Jaime Ampuero García

VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Jenny Violeta Rodríguez Cano, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas a fs. 547-549, Facundo Colque Guzmán a fs. 553-556, Juan Claros Andrade a fs. 558-559, Serafín Claros Andrade a fs. 561-564 y por Orlando Claros Andrade a fs. 570, respectivamente, impugnando el Auto de Vista de fecha 10 de septiembre de 2001 de fs. 540-546 vlta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Claros Andrade, Serafín Claros Andrade, Orlando Claros Andrade, Santos García Lizarazu, Facundo Colque Guzmán y Jorge Colque Choque, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y obligación de denuncia; sus antecedentes, las leyes que se acusan de violadas e infringidas, el requerimiento del Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la República de fs. 577-581; y

CONSIDERANDO: Que a fs. 391-396 vlta., cursa la sentencia dictada por el Tribunal del Juzgado 1º de Partido de Sustancias Controladas de la ciudad de Cochabamba, por medio de la cual declara al procesado Juan Claros Andrade, autor del delito de tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 con referencia al art. 8º del Código Penal, con la agravante de asociación delictuosa y confabulación previsto por el art. 53 y uso de armas incurso en la sanción del art. 78 de la Ley Especial y lo condena a la pena de doce años y dos meses de presidio, a cumplir en la cárcel pública de esta ciudad y demás sanciones secundarias de ley.

A los coprocesados Serafín Claros Andrade, Facundo Colque Guzmán y Santos García Lizarazu, los declara autores del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 con referencia al art. 8º del Código Penal y art. 76 de la Ley 1008, con la agravante de asociación delictuosa y confabulación prevista por el art. 53 de la Ley Especial y les impone la pena de ocho años y diez meses de presidio, que deberán cumplir en la cárcel pública de esta ciudad y lo absuelve de la agravante de uso de armas previsto por el art. 78 de la Ley 1008.

Al procesado Orlando Claros Andrade lo declara cómplice del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, con referencia al art. 8º del Código Penal y art. 76 de la Ley Especial, con la agravante del delito de asociación delictuosa y confabulación previsto por el art. 53 de la indicada Ley y uso de armas incurso en la sanción del art. 78 de La L. Nº 1008 y en consecuencia le condena a la pena de ocho años y un mes de presidio, a cumplir en la cárcel pública de esta ciudad y demás sanciones colaterales de ley.

Al procesado Jorge Colque Choque lo declara autor del delito de obligación de denuncia por el propietario previsto por el art. 60 de la Ley 1008 y lo condena a la pena de cinco años de presidio a cumplir en la cárcel pública de esta ciudad, por existir en su contra plena prueba, conforme previene el art. 243 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, se dispone la confiscación definitiva de la motocicleta marca Yamaha con placa CJ 518, de igual manera se confiscan los teléfonos celulares según características detalladas en actas de fs. 20, 21, debiendo procederse al remate de los mismos en ejecución de sentencia y se destine el producto a favor de CONALTID así como de los $us. 100.- según acta de fs. 22. Con referencia a las armas de fuego detalladas en el acta de fs. 22, se dispone que éstas queden para uso de los funcionarios de la F.E.L.C.N. finalmente, se dispone la devolución del vehículo tipo bus marca Asia, con placa CBE O34 y demás características que constan en el acta de incautación de fs. 247 de propiedad de Jorge Colque Choque, por no haber sido éste vehículo instrumento del delito y sea en ejecución de sentencia según el art. 104 de la Ley 1008, de cuya medida expresó su disidencia el Juez Osvaldo Navía Mercado.

En cumplimiento del Auto Supremo anulatorio de fs. 504-506 y en grado de apelación, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, pronuncia el nuevo Auto de Vista de fecha 10 de septiembre de 2001 de fs. 540-546 vlta, mediante el cual confirma la sentencia apelada con referencia a la condena impuesta al procesado Juan Carlos Andrade, la confiscación de la motocicleta marca Yamaha con placa CJ-518, de los celulares detallados en el acta de fs. 21 y los cien dólares, así como la devolución del vehículo con placa de control Nº CBE-034, imponiéndose las siguientes modificaciones: 1º.- Al coprocesado Orlando Claros Andrade, se le declara cómplice en el tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa, tipificado y sancionado en el art. 76 con referencia al art. 48 y 8vo. del Código Penal, con la agravante de asociación delictuosa y confabulación y uso de armas previsto en los arts. 53 y 78 de la Ley 1008, condenándole a la pena de ocho años y diez meses de presidio, a cumplir en la cárcel pública de esta ciudad, más el pago de trescientos días multa, a razón de Bs. 1.- por día, más el pago de daños, costas y perjuicios a favor del Estado a averiguarse en ejecución de sentencia, por existir plena prueba en su contra conforme exige el art. 243 del Código de Procedimiento Penal. 2.- A los coprocesados Serafín Claros Andrade y Santos García Lizarazu se los declara cómplices en el tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa, tipificado y sancionado por el art. 76 con relación al art. 48 de la Ley 1008 y 8vo. del Código Penal, con la agravante de asociación delictuosa y confabulación, prevista por el art. 53 de la Ley 1008, condenándoles a la pena de ocho años y un mes de presidio que deberán cumplir en la cárcel pública de esta ciudad, más el pago de costas, daños y perjuicios a favor del Estado a averiguarse en ejecución de sentencia, por existir plena prueba en su contra de conformidad al art. 243 del Código de Procedimiento Penal, absolviéndoles de la agravante de uso de armas, contenida en el art. 78 de la Ley 1008 por existir solo prueba semiplena al respecto. Por otra parte, se revoca la sentencia apelada respecto del procesado Facundo Colque Guzmán, a quien se le declara autor del delito de tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa, tipificado y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008 con relación al 8vo. del Código Penal, con la agravante contenida en el art. 53 de la referida Ley Especial, condenándole a la pena de diez años de presidio que deberá cumplir en la cárcel pública de esta ciudad, más el pago de cuatrocientos días multa, a razón de un boliviano por día, más el pago de costas y perjuicios a favor del Estado a averiguarse en ejecución de sentencia y se le absuelve de la agravante de uso de armas previsto y sancionado por el art. 78 de la Ley 1008. Finalmente, se dispone la confiscación de las armas de fuego detalladas en el acta de fs. 22 a favor de CONALTID.

CONSIDERANDO: Que contra el Auto de Vista mencionado, recurre de casación la Fiscal de Sustancias Controladas a fs. 547-549, denunciando que la Corte de alzada al pronunciar el Auto de Vista de fs. 540-546 vlta., no ha tomado en cuenta que los procesados Juan Claros Andrade, Serafín Claros Andrade, Orlando Claros Andrade, Facundo Colque Guzmán y Santos García Lizarazu, han tenido plena participación en la compra, acopio, transporte y pesaje de la droga, infringiendo los arts. 48, 53 y 78 de la Ley 1008, por lo que pide al Supremo Tribunal que se los declare autores del delito de tráfico de sustancias controladas, con las agravantes de asociación delictuosa y confabulación y uso de armas, condenándoles a cada uno a la pena de trece años de presidio, a cumplir en la cárcel pública de esta ciudad y asimismo, disponga la confiscación definitiva del vehículo CBE-034.

El procesado Facundo Colque Guzmán con los fundamentos contenidos en el recurso de casación deducido a fs. 553-556, sostiene que su conducta se adecua al tipo penal previsto por el art. 55 de la Ley 1008 y no como erróneamente ha calificado la Corte de alzada, condenándole por el delito tipificado por el art. 48 de la Ley 1008 con relación al art. 8vo. del Código Penal, con la agravante contenida en el art. 53 de la Ley Especial, imponiéndole la pena de diez años de presidio; sanción que no ha considerado las circunstancias previstas por los arts. 37, 38 y 40 del Código Penal.

En esta misma línea de impugnación del Auto de Vista de fecha 10 de septiembre de 2001, el procesado Juan Claros Andrade interpone recurso de casación a fs. 558-559, acusando la violación de los arts. 242-3) y 243 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de haber sido condenado por el delito de tráfico en grado de tentativa, con la agravante de asociación delictuosa y confabulación y uso de armas, sin que el Ministerio Público haya producido prueba plena que lo responsabilice como partícipe de los delitos atribuidos, por lo que solicita al Supremo Tribunal se lo declare absuelto de culpa y pena.