Texto del fallo
9 Y TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
Sucre, 13 de marzo de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente : 779/2025
Demandante : Andrea Quispe Muñoz Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Chuquisaca Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 438 a 444 vta., interpuesto por Andrea Quispe Muñoz impugnando el Auto de Vista 98/2025 de 26 de agosto, de fs. 431 a 435, emitido por la
Sala Civil, Comercial y Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso por pago de Beneficios Sociales y Derechos Laborales, seguido por la recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el Auto 113 de 22 de septiembre de 2025, a fs. 451, que concedió el Recurso de Casación, el Auto de Admisión 779/2025-A de 21 de septiembre a fs. 457 y vta., que admitió el Recurso de Casación y los antecedentes del proceso.
IL. ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral de pago de Beneficios Sociales, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de la Capital del Departamento de Chuquisaca, emito la Sentencia 48/2024 de 20
de noviembre, de fs. 390 a 394 declarando IMPROBADA la demanda interpuesta por Andrea Quispe Muñoz, sin costas. Auto de Vista En grado de Apelación, promovido por la recurrente, la Sala Civil, Comercial y Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitió el Auto de Vista 98/2025 de 26 de agosto de fs. 175 a 176, que CONFIRMÓ la Sentencia 48/2024 de 26 de agosto de fs. 390 a 394, con costas y costos.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Contra el referido Auto de Vista, la recurrente interpuso Recurso de Casación señalando los siguientes argumentos:
1. Sostuvo que el Auto de Vista 98/2025 de 26 de agosto confirmó indebidamente la Sentencia que declaró improbada su demanda de pago de beneficios sociales, bajo el argumento de que los servicios prestados como jornalera no constituían funciones propias ni permanentes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), concluyendo que su trabajo fue discontinuo, realizado en proyectos específicos y remunerado mediante la Partida Presupuestaria 25900, con descuentos al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, lo que a criterio del Tribunal de Alzada evidenciaría la inexistencia de una relación laboral; sin embargo, dicha conclusión desconoce las verdaderas características de la relación de trabajo, afirmando que prestó servicios bajo un contrato verbal realizando funciones manuales propias y permanentes de la institución municipal, por lo que el Auto de Vista habría omitido aplicar correctamente el art. 1.1 de la Ley 321.
Por otro lado, refirió que el Tribunal de Alzada no identificó la normativa legal en la que basaron el criterio de validar su contratación como jornalera, decidiendo confirmar la Sentencia, considerando simplemente que la entidad demandada, es una institución pública y que no puede realizar pagos semanales y Página 2 de 19
refiriendo que la Juez de instancia dentro de su sana crítica, realizó una correcta valoración, por el contrario que, no aportó prueba al proceso, desconociendo su solicitud de presentación de planillas de pago, asistencia y otorgación de ropa, además, acompañó la prueba de fs. 329 a 335; por lo que, al no haber presentado la prueba solicitada, correspondía se presuma su existencia a su favor.
2. Refirió que la prueba presentada por el municipio de fs. 98 a 118, que corresponde a planillas generadas, demuestra que cumplió un servicio a favor de la entidad demandada y la existencia de relación laboral; al respecto, el Tribunal de Alzada estableció que realizó un trabajo a jornal sujeto a un trabajo informal, discontinuo, sin remuneración mensual, sin horario de trabajo y sin dependencia, características que, refirió, si se presentaron en el caso, pues realizó trabajo por años consecutivos, conforme demuestra la prueba de fs. 260 a 304, que si bien refiere un convenio con la empresa EMAS, se desvirtúa con las planillas de pago antes citadas, el hecho que fue dicha empresa la que realizó sus pagos o que hubiese dependido de ella; por el contrario, demuestran que dependió del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
Reiteró que los de instancia, no valoraron de forma correcta la prueba de obrados y sobre todo la omisión de la presentación de documentación, antes señalada y cuestionó que no se haya considerado que solicitó la exhibición de planillas de pago, planillas de asistencia y documentación relativa a la entrega de ropa de trabajo que se encontraban bajo custodia de la institución demandada. Afirma que dicha documentación fue requerida en su demanda y dispuesta mediante el Auto de admisión, pero la entidad demandada no cumplió con su presentación, por lo que correspondía aplicar la presunción establecida en los arts. 160,
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179 y 182 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en el sentido de tener por ciertos los hechos alegados por la parte trabajadora ante la negativa o incumplimiento en la exhibición de documentos.
3. Añadió que también presentó prueba testifical (fs. 329 a 332) que acredita que las labores desempeñadas que consistían en actividades de bacheo, arreglo de calles y limpieza de áreas urbanas, funciones que forman parte de las atribuciones propias del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS), por lo que considera incorrecto que se haya concluido que su trabajo era eventual o vinculado únicamente a proyectos específicos, aclarando que nunca autorizó el descuento de sus salarios para impuestos ni se le solicitó la presentación de NIT, menos suscribió un contrato de prestación de servicios, no pudiendo prestar este tipo de servicios mediante un contrato verbal, de ahí que planilla presupuestaria 25900, no puede estar sujeta a proyectos, sino a las necesidad de la unidad temporales; siendo aplicable al caso, el art. 1.1 de la Ley 321, por haber cumplido tareas manuales operativas, por un tiempo aproximado de 4 años, situación que no fue desvirtuada por la entidad demandada; por el contrario, se demostró una relación laboral continua y para el pago de sus salarios, debía presentar previamente, planilla de asistencia, de 8 horas laborales diarias de lunes a lunes, en turnos asignados por la institución. Al respecto, citó el (no señaló la Sala emisora), señalado que se trata de un caso análogo, bajo la misma modalidad de contratación.
Señaló que no existieron cortes de 90 días dentro de la relación laboral, que tampoco fue desvirtuado por el municipio.
4. Reiteró que si bien percibía su salario mediante la Partida Presupuestaria 25900 y haber estado sujeta a un proyecto, demostró que el trabajo que desempeñó fue continuo, por más de 4 años, en una función propia y permanente, que contaba con las Página 4 de 19
características de una relación laboral, distinto al trabajo a jornal o prestación de servicios individuales, adecuándose a lo dispuesto por los arts. 1 y 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), 2 del Decreto Supremo (DS) 28699,
5. Señala que el Tribunal de Alzada desconoció el principio de continuidad de la relación laboral, al considerar que su trabajo fue eventual, pese a que prestó servicios por más de cuatro años sin interrupciones superiores a noventa días, asimismo denuncia que el Auto de Vista 89/2025 de 26 de agsoto omitió aplicar el art. 1.1 de la Ley 321, basándose erróneamente en que el trabajo era discontinuo por la Partida Presupuestaria 25900 y la falta de contrato escrito. El agravio radica en que el Tribunal de Alzada no consideraron que las funciones de Manual Operativo bajo la Dirección de Medio Ambiente son tareas propias, permanentes y recurrentes de la estructura del G.A.M.S., configurándose una relación laboral bajo contrato verbal.
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