AS/0513/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0513/2025

Fecha: 02 de junio de 2025

Expediente: LP-28-25-S

Partes: Rosa Judith Calle Cortez representada por Luis Alberto Vega Ríos, Fernando Benito Chipana Gutiérrez y Osvaldo Enrique Zambrana García c/ Rosa Gabriela Calle Cortez.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 837 a 840, interpuesto por Rosa Gabriela Calle Cortez, contra el Auto de Vista Nº 723/2024, de 14 de noviembre, corriente de fs. 822 a 831, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública, seguido por Rosa Judith Calle Cortez representada por Luis Alberto Vega Ríos, Fernando Benito Chipana Gutiérrez y Osvaldo Enrique Zambrana García contra la recurrente; la contestación visible de fs. 843 a 845 vta.; el Auto de concesión de 29 de enero de 2025, visible a fs. 846; el Auto Supremo de admisión N° 119/2025-RA, de 19 de febrero, obrante de fs. 852 a 853 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Rosa Judith Calle Cortez representada por Luis Alberto Vega Ríos, Fernando Benito Chipana Gutiérrez y Osvaldo Zambrana García por memorial de demanda que discurre de fs. 46 a 49, promovió el proceso ordinario de nulidad de escritura pública contra Rosa Gabriela Calle Cortez, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 132 a 146 vta., subsanado de fs. 151 a 159 se apersonó, interpuso excepción de emplazamiento a tercero y planteo acción reconvencional, pretensiones que merecieron la Resolución N° 305/2022, de 23 de mayo, cursante de fs. 706 a 707, se declaró improbada la excepción opuesta, y por Auto de 23 de septiembre de 2021, obrante a fs. 194, por no presentada la demanda reconvencional; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 107/2022, de 28 de junio, que cursa de fs. 743 a 749 vta., y Auto complementario de la misma fecha visible a fs. 750 y vta., en los que la Juez Público Civil y Comercial 6° de la ciudad de El Alto - La Paz, declaró PROBADA la demanda, disponiendo la nulidad de la Escritura Pública N° 346/2018, de 10 de mayo, sea con costas y costos.

2. Resoluciones de primera instancia que al haber sido recurridas en apelación por Rosa Gabriela Calle Cortez según escrito de fs. 754 a 769, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 723/2024, de 14 de noviembre, corriente de fs. 822 a 831, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, y por Auto de 25 de noviembre de 2024 que discurre a fs. 835 se declaró no ha lugar la complementación y enmienda solicitada a fs. 833, todo en base a los siguientes argumentos:

Del contenido del Testimonio – Poder N° 346/2018 se advierte que la socia Rosa Gabriela Calle Cortez, de manera unilateral revocó el Poder N° 839/2015, sin que hubiera convocado a una asamblea de socios, tampoco labrado el acta de asamblea, menos constar la votación que debiera realizarse para la revocatoria de poder general de administración y representación; de manera tal que, se tiene la falta de requisitos establecidos en las cláusulas décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta, décimo sexta y décimo séptima del acto constitutivo contenido en el Testimonio N° 3236/1995; por ello, tampoco cumple con lo previsto en el art. 825 del Código Civil; consecuentemente, se materializó la hipótesis de la norma contenida en el art. 549.2 del mismo cuerpo legal; toda vez que, si bien la revocatoria es lícita, ya que está regulada por la norma civil y comercial; sin embargo, no resulta posible; habida cuenta que, la recurrente no es única socia; en consecuencia, cualquier decisión debe ser sometida a asamblea y votación.

Asimismo, se considera que la revocatoria de poder es un acto ilegal, en el entendido de que busca eludir las cláusulas décimo segundas, décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta, décimo sexta y décimo séptima, estipuladas en el acto constituido N° 3236/1995, norma de aplicación imperativa que hace el funcionamiento de la Sociedad de Responsabilidad Limitada; consecuentemente, no se cumplió con el elemento de causa establecido en art. 452.3 del Código Civil.

Resulta pertinente traer a colación lo previsto en el art. 176 del Código de Comercio, en sentido de que la revocatoria debiera ser por decisión de la materia; no habiéndose convocado a asamblea para someter a votación la referida revocatoria de poder de administración y representación contenida en el Testimonio N° 839/2015; inclusive, el notario de Fe Pública N° 20 de la ciudad de El Alto fue sancionado disciplinariamente por la omisión del cumplimiento de los requisitos para la referida revocatoria de poder.

La certificación del notario de Fe Pública N° 20 de la ciudad de El Alto, aclara y corrobora que la nulidad que se pretende es del Testimonio -Poder N° 346/2018, conforme escrito de demanda; máxime, cuando no se activó mecanismo de defensa; además, debe primar el derecho material sobre aspectos formales; por ello, no se advirtió vulneración de la Ley del Notariado en sus arts. 52 y 62; así como del Decreto Supremo N° 2189, arts. 74 y 76.

Asimismo, si bien se interpuso excepción de llamamiento a terceros; empero, por Resolución N° 305/2022 de 23 de mayo de fs. 706 a 707 fue rechazada, no habiéndose ratificado la fundamentación de los agravios en el recurso de apelación; por lo que no se ingresa a la resolución de fondo; a más que, no se acreditó el litisconsorcio necesario pasivo; ya que, consta como únicas socias la demandante y demandada.

De la lectura de la Sentencia, la misma cumple inicialmente con lo establecido en el art. 213 del Código Procesal Civil; conteniendo, también, una debida fundamentación y motivación, siguiendo los lineamientos legales y jurisprudencia; resultando claros y precisos los razonamientos que generaron convicción en la autoridad A quo.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Rosa Gabriela Calle Cortez según escrito visible de fs. 837 a 840, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

a) El Auto de Vista impugnado no responde a los antecedentes de la causa y menos resuelve los agravios planteados en la apelación lo que resulta incongruente y falta de fundamentación y motivación; siendo infra petita porque, la pretensión estaba dirigida a la nulidad de poder y no de la Escritura Pública; reclamo que, no tuvo respuesta por parte del Tribunal de alzada.

b) El Auto Complementario fue emitido fuera de plazo bajo el motivo de la vacación del Vocal Relator; empero, no existe norma procesal que indique turno u orden; por ello, pudo haberse emitido por el otro Vocal; y no restringir el avance y la respuesta de su pretensión.

En el fondo.

a) Error del Tribunal de alzada al declarar la nulidad total de la revocatoria cuando la revocatoria solo fue parcial, resultando en una incongruencia.

b) Que el Testimonio no puede ser consignado como una normativa prohibida, existiendo error y conllevando a una falta de fundamentación y motivación al no explicar los fundamentos jurídicos en el Auto de Vista, que la pretensión estaba dirigida a una nulidad por falta de consentimiento extremo que el Tribunal de alzada y la autoridad A quo no advirtieron y lo interpretaron bajo la causal de nulidad establecido en el art. 549 del Código Civil.

c) Error al referirse al litisconsorcio pasivo necesario siendo que ello implica un estudio de los posibles efectos de la Sentencia en relación a personas mismo que deben ser efectuados por los administradores siendo irracional lo manifestado por la autoridad Ad quem con relación a la prueba para acreditar el litisconsorcio.

Fundamentos por el cual la recurrente solicitó anule el Auto de Vista; en caso de ingresarse al fondo, se case el pronunciamiento y se declare improbada en todas sus partes la demanda.

2. Contestación al recurso de casación:

Rosa Judith Calle Cortez, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 843 a 845 vta. alegando en lo principal que:

Se violento el art. 274 del Código Procesal Civil, en el entendido de que el recurso de casación realiza argumentos ya esgrimidos en el recurso de apelación, los cuales fueron absueltos por el Ad quem.

La sola mención de antecedentes, exhiben carencia de carga argumentativa y recursiva en lo referente al cumplimiento de los requisitos del recurso de casación, por lo que se deduce en una falta de revisión y análisis del Auto de Vista.

En relación a la emisión del Auto complementario, se tiene que, dicho actuar respeta el acceso a una justicia pronta y oportuna con un Juez natural y no así al libre albedrio a cualquier autoridad que podría suplir y equivocar las determinaciones.

Tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista se asumen explican los razonamientos de las determinaciones, siendo que el recurso de casación pretende una revalorización de los antecedentes; así como, introducir nuevos agravios, ejerciendo de mala fe, actos que van en desmedro de la lealtad procesal.

Por lo referido, solicitó se disponga la inadmisibilidad del recurso; así también se resuelva en el fondo declarando infundado; sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa” (Subrayado y negrilla es nuestro).

III.2. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

El Auto Supremo N° 1316/2024, de 11 de noviembre, refirió lo siguiente: “Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la Constitución Política del Estado), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función del nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

En este sentido, Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, señala sobre el principio de trascendencia: ‘…cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.’

De dicho antecedente, se infiere que ‘no hay nulidad sin perjuicio’, en ese sentido la jurisprudencia y la doctrina es unánime en el sentido de sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen; al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0427/2013 de 03 de abril, que: “…las nulidades de los actos procesales en el proceso civil y en otras materias donde sea aplicable este cuerpo normativo- tienen un alcance conceptualmente diferente, si se interpreta y aplica desde el punto de vista del Estado legislativo o legal de Derecho (en el que impera la ley, en desmedro de la Constitución) y otro diametralmente contrario desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho (en el que impera la Constitución como norma jurídica directamente aplicable y justiciable desplazando incluso a la ley y sus reglas).

En efecto, en el Estado Legislativo de Derecho, para la procedencia de las nulidades de actos procesales, bastaba que el procedimiento esté viciado por infracción o vulneración de normas procesales que los órganos jurisdiccionales hubieren cometido, es decir, las nulidades procesales, tenían únicamente relevancia meramente procesal.

En cambio, en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales, está condicionada únicamente si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, las nulidades procesales tienen relevancia constitucional.

Bajo esta concepción, las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesal sin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.

En ese orden, estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano”.

De dicho entendimiento se puede inferir que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde determinar la trascendencia de dicho vicio; es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho a la defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.

III.3. Sobre la causa ilícita.

Al respecto el Auto Supremo 43/2018, de 14 de febrero 2018 sostuvo: “Enfocando el análisis sobre la ilicitud de la causa y la ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato, el art. 489 del Código Civil tipifica la causa ilícita señalando que: ‘La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa’; se hace preciso indicar que la causa como un elemento constitutivo del contrato, ‘está en la función económica-social que el contrato desempeña, que a decir de los hermanos Mazeud, ‘...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes’. Bajo esos términos el Auto Supremo Nº 120/2012 de 17 de mayo señaló que: ‘…resulta necesario aclarar que como señala Francisco Messineo, la causa, entendida como el fin económico-social, tiene una función teleológica (es el porqué del contrato). En otras palabras, para analizar la causa de un contrato debemos tener en cuenta el fin económico y social del mismo. En un contrato de venta el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa, en tanto que la causa, en términos generales, será el intercambio de una cosa a cambio de un precio y, en particular, para el vendedor la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa; aunque con ello de ninguna manera se quiere decir que el precio sea realmente cancelado o la cosa realmente entregada’, por lo que la causa se enmarca al fin económico social que el contrato busca en su celebración, en ese entendido el contrato se considera nulo por ilicitud de la causa cuando la finalidad del contrato es contraria al orden público (contrato prohibido) o a las buenas costumbres (contrato inmoral) o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa (contrato ilegal)”.

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