AS/0515/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0515/2025

Fecha: 02 de junio de 2025

Expediente: PT-2-25-S

Partes: Elizabeth Carrasco Gardeazabal y María Renee Carrasco Gardiazal representadas por Amalia Ruiz Chavarría, y Mariela Roxana Carrasco Gardeazabal, todas en calidad de herederas de Bertha Gardeazabal Barriga Vda. de Carrasco (+) c/ Rene Ulises y Ariel Oscar ambos de apellido Berindoague Jaimes y Nicolás Miguel Gutiérrez Mamani y Gobierno Autónomo Municipal de Potosí como tercero interesado.

Proceso: Reivindicación de bien inmueble por mejor derecho propietario, más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1352 a 1354 vta., interpuesto por Rene Ulises Berindoague Jaimes por sí y en representación de Ariel Oscar Berindoague Jaimes y Jorge Javier Loayza Amatller contra el Auto de Vista Nº 001/2025, de 03 de enero, corriente de fs. 1335 a 1344, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de reivindicación de bien inmueble por mejor derecho propietario, más pago de daños y perjuicios seguido por Elizabeth Carrasco Gardeazabal y María Renee Carrasco Gardiazal representadas por Amalia Ruiz Chavarría y Mariela Roxana Carrasco Gardeazabal, todas en calidad de herederas de Bertha Gardeazabal Barriga Vda. de Carrasco contra los recurrentes, Nicolás Gutiérrez Mamani y el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí como tercero interesado; la contestación de fs. 1348 a 1351 vta., el Auto de concesión de 11 de febrero de 2025, visible a fs. 1357 vta.; el Auto Supremo de admisión N° 153/2025-RA de 26 de febrero, visible de fs. 1365 a 1367, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Bertha Gardeazabal Barriga Vda. de Carrasco representada por Amalia Ruiz Chavarría según memorial de demanda que discurre de fs. 33 a 39 vta., subsanado de fs. 46 a 50 vta., de fs. 56 a 59 vta., y a fs. 63 y formalizada a fs. 92, iniciaron el proceso de reivindicación de bien inmueble por mejor derecho propietario, más pago de daños y perjuicios contra Rene Ulises y Ariel Oscar ambos de apellido Berindoague Jaimes y Nicolás Miguel Gutiérrez Mamani, quienes una vez citados, el primero por escrito cursante de fs. 169 a 173 vta., y a fs. 206 y vta., contestó de manera negativa, oponiendo la excepción de prescripción extintiva, e interponiendo demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria; el segundo tuvo a bien allanarse a la misma por memorial cursante a fs. 202 y vta., y el tercero respondió de forma negativa y promovió la excepción de litispendencia mediante escrito visible de fs. 199 a 200, y, sin embargo, mediante el Auto Interlocutorio N° 709/2021 de 16 de septiembre, cursante de fs. 803 a 807 se dispuso la citación de evicción a María Luisa Esther Amatller Castro, de quien al haber acaecido su fallecimiento, por escrito visible de fs. 820 a 822 en calidad de único heredero Jorge Javier Loayza Amatller contestó a la demanda y opuso las excepciones de prescripción extintiva y caducidad, para que de forma conjunta a los medios defensa citados en lo precedente sean resueltas mediante el Auto de Interlocutorio N° 06/2022 de fecha 13 de septiembre cursante de fs. 993 a 999 y sean declaradas IMPROBADAS, asimismo, a la emisión del Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021 cursante de fs. 721 vta., a 722 vta., se dispuso que se notifique con los actos procesales pertinentes al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, el cual mediante su representante legal se apersonó a la causa respondiendo a la demanda reconvencional por memorial visible de fs. 729 a 730.

Asimismo, ante el fallecimiento de Bertha Gardeazabal Barriga (+), por escrito cursante de fs. 837 a 838, Elizabeth Carrasco Gardeazabal, María Renee Carrasco Gardiazal se dieron por citadas y solicitaron la sucesión procesal, mereciendo al efecto el Auto de 24 de noviembre de 2021 visible a fs. 839 y vta., por el que se las dio por apersonadas determinándolas como sujetos activos; sin embargo, por providencias de 26 enero y 01 de febrero de 2022 visible a fs. 850 y vta., y 856 respectivamente, se dispone la notificación a la otra coheredera Mariela Roxana Carrasco Gardeazabal, quien al no haber respondido en tiempo oportuno por providencia de 29 de junio de 2022 cursante a fs. 944, se designó un defensor de oficio, mismo que se apersonó por memorial visible a fs. 949, desarrollándose de esta manera la causa hasta que la Juez Público Civil y Comercial N° 9 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emita la Sentencia N° 13/2023 de 02 de mayo cursante de fs. 1174 vta., a 1191 declarando PROBADA en parte la demanda principal de reivindicación de bien inmueble por mejor derecho propietario, IMPROBADA con relación a la pretensión de daños y perjuicios e IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria del bien inmueble objeto de la litis disponiendo en consecuencia la reivindicación del bien inmueble ubicado en la zona Villa Banzer, las Delicias Lote N° 19, Manzano N° 32 con una superficie de 201,05 m2, en el plazo de 15 días de ejecutoriada la resolución bajo apercibimiento de disponerse en su ejecución mediante fuerza de ley a través del mandamiento de desapoderamiento y/o lanzamiento correspondiente, y a cuyo efecto Rene Ulises y Oscar Ariel ambos de apellido Berindoague Jaimes, Nicolás Gutiérrez Mamani, además de los otros poseedores deberán entregar a favor de las demandantes el inmueble de referencia precedente, y el Auto de 19 de mayo de 2023 de fs. 1319 y vta., que aclara los extremos solicitados.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Rene Ulises Berindoague Jaimes por sí y en representación de Ariel Oscar Berindoague Jaimes y Jorge Javier Loayza Amatller según escrito de fs. 1205 a 1210, originó que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita el Auto de Vista Nº 001/2025 de 03 de enero, corriente de fs. 1335 a 1344, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos:

- La apelación diferida carece de una debida expresión de agravios, sin precisar el perjuicio causado, ni el precepto legal que estima violado, además del deber de explicar porque lo considera infringido.

- De acuerdo a la prueba producida por la parte demandante, acreditaron tener derecho propietario sobre el bien inmueble registrado a nombre de Bertha Gardeazabal Barriga Vda. de Carrasco adquirido mediante Testimonio de 18 de julio de 1989 por Walter Flores Oquendo a favor de Félix Carrasco Mirando, estando dicho bien debidamente individualizado y en posesión de la demandada; si bien, en Sentencia se hace referencia al mejor derecho propietario, dicha consideración emerge de las alegaciones de ambas partes que manifiestan tener derecho de propiedad sobre el bien inmueble, siendo necesario establecer este aspecto y en su caso, determinar sus efectos legales, en consecuencia, no puede alegarse como incongruencia entre la parte considerativa y a resolutiva de la Sentencia; la valoración de toda la prueba producida, se halla contenida en el Considerando II de la Sentencia saliente de fs. 1181 vta., a 1185 del expediente, refiriendo que con la inspección judicial se estableció que ambas partes identificaron el inmueble objeto de la litis, que el señor Berindoague de propia voz admitió haber derrumbado la pared que dividía el inmueble de Félix Carrasco y su excedente en la parte posterior de aproximadamente 50 m2, que otrora fue para una área verde, reconociendo –además- el demandado reconvencionista haber arrendado el inmueble, no existiendo parcialización con la parte demandante como alega el recurrente.

- Respecto a la demanda reconvencional de usucapión decenal, se ha establecido que efectuado el cómputo de los años de posesión ejercidos por René Ulises Berindoague, ésta comienza en fecha 16 de mayo de 2013 no encontrándose cumplido el plazo previsto por ley, teniendo en cuenta que la demanda data del 13 de mayo de 2017 y la citación con la misma se efectuó el 11 de abril de 2018; además de que la demanda de usucapión refiere una superficie de 260 m2, no coincidiendo dicho dato con la superficie demanda de reivindicación que es de 201,05 m2, y que el excedente corresponde a un área verde; no habiéndose cumplido los presupuestos para la viabilidad de la acción reconvencional.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Rene Ulises Berindoague Jaimes según escrito visible de fs. 1352 a 1354 vta., recurso que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, el recurrente, acusó lo siguiente:

a) Tanto el A quo como el Ad quem vulneraron lo previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado y el art. 145 del Código Procesal Civil, al ignorar la prueba corriente de fs. 22 a 24, que tiene eficacia prevista en el art. 1296 del Código Civil y que sirve de fundamento para la procedencia de la excepción de prescripción extintiva, al consistir en la declaratoria de herederos de la causante, quien dijo ser la única heredera y que su cónyuge falleció en fecha 25 de diciembre de 1997, declarándose heredera en fecha 29 de marzo de 2012.

b) Errónea interpretación de lo señalado por el art. 1453 del Código Civil, toda vez que la prueba de cargo consistente en el Testimonio de 13 de julio de 1989, Matrícula N° 5.01.1.01.0018473, formulario de pago de impuestos y plano topográfico no resultan suficientes a los fines de identificar el objeto de la litis, debido a que contienen graves inexactitudes que no fueron saneadas en el fondo y la forma establecidas por ley.

c) No se consideró lo previsto por el art. 56.III de la Constitución Política del Estado y el art. 92, 524, 1007 y 1499 del Código Civil, siendo que, en su calidad de sucesor a título universal, debió considerarse la continuación de la posesión del causante sobre el objeto de la litis desde el año 1990, que es el año en que se adjudicó el inmueble, ello para poderse cumplir con los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria previstos por el art. 138 del mismo cuerpo legal, en su favor.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista declarando probada la excepción extintiva y probada la reconvención de usucapión decenal o extraordinaria.

2. De la contestación al recurso de casación.

El recurrente no ha identificado de manera clara y especifica los agravios que supuestamente le ha ocasionado el Auto de Vista, no habiendo cumplido con la debida exposición de agravios.

Sobre el fondo de la controversia refiere que acreditó prioridad de su derecho de propiedad inscrito en Derechos Reales sobre cualquier reclamo de terceros que no cuenten con mejor derecho de propiedad.

La valoración de la prueba fue realizada adecuadamente por el Juez de primera instancia, no habiendo el recurrente aportado doctrina o jurisprudencia aplicable que respalde sus pretensiones; en cuanto a la demanda reconvencional, en efecto, no se demostró el cumplimiento de los presupuestos exigidos por ley.

Argumentos por los que solicitó se declare infundado el recurso y se confirme el Auto de Vista recurrido, con imposición de costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la legitimación para interponer la prescripción de la aceptación de la herencia.

Ahora bien, en el Auto Supremo Nº 574/2013, de 05 de noviembre, (citado por el Auto Supremo N° 1218/2023 de 30 de noviembre), se razonó que la legitimación para plantear la prescripción de una aceptación de la herencia abarca solamente a los herederos del causante, para ese efecto, en dicha resolución se indicó lo siguiente: “…El art. 1029 del Código Civil señala lo siguiente: (Plazo para aceptar la herencia en forma pura y simple) I. Salvo lo dispuesto por el artículo 1023, el heredero tiene un plazo de diez años para aceptar la herencia en forma pura y simple; vencido ese término, prescribe su derecho. II. El plazo se cuenta desde que se abre la sucesión, o desde que se cumple la condición cuando la institución de heredero es condicional”, obviamente que la norma en cuestión señala un plazo para la aceptación de la herencia y su prescripción.

Tomando en cuenta lo descrito, corresponde ingresar al estudio sobre quienes pueden hacer valer o invocar la prescripción de una aceptación de la herencia, en otras palabras la de identificar al legitimado para invocar la prescripción de la aceptación de la herencia, para el mismo se debe analizar las relaciones jurídicas que tenga el causante respecto a su ámbito patrimonial (acreedores y deudores) y con qué institutos, estos terceros son protegidos por el Código Civil, y también la relación que tenga con el patrimonio del causante. Al efecto el deudor del causante, tiene la prescripción liberatoria, esto es dejar pasar el tiempo para extinguir alguna obligación que lo reataba con el causante; para el caso del acreedor del causante, el Código ha previsto la protección de su acreencia, cuyo acreedor puede activar en contra de la sucesión el beneficio de separación de patrimonios o de exigir al presunto heredero si acepta la herencia, la rechaza o la acepta con beneficio de inventario, consiguientemente el ejercicio de los derechos patrimoniales del demandante se evidencia que el acreedor del causante se encuentra amparado por la norma para la protección de sus derechos, y por otra parte se encuentra el que tiene una relación de hecho respecto a los bienes o patrimonio del causante, como se trata de un poseedor respecto de un bien que puede usucapirlo conforme a las exigencias de usucapión decenal o quinquenal (prescripción adquisitiva), de bienes inmuebles o de bienes muebles, conforme a las reglas establecidas para cada instituto, en la que se generará el efecto adquisitivo para el adquiriente y el efecto extintivo de la propiedad para los herederos del causante respecto al bien objeto de la usucapión.

Considerando que el patrimonio siempre tiene un titular corresponde señalar que la transmisión del patrimonio vía sucesión hereditaria, implica que la delación de la herencia convoca a todos los llamados a la sucesión hereditaria con ello, solo los convocados pueden optar aceptar o renunciar a la herencia, consiguientemente entre estos llamados a la sucesión, se les genera la opción de aceptar la herencia o no, y dentro de los términos que establece la ley, consiguientemente, si un llamado a la sucesión de rango menor o igual ha aceptado la herencia puede pedir la prescripción de la aceptación de la herencia del otro llamado a la sucesión con mejor o igual derecho de rango, de ahí que los legitimados para invocar la prescripción de la aceptación de la herencia solo son los herederos forzosos o legales, razón por la cual al operarse se concluye que siendo la aceptación de la herencia una transmisión del patrimonio, la prescripción de la aceptación de la herencia solo puede ser invocada por los herederos y entre herederos, o sea entre los llamados a la sucesión estos son los que se encuentran legitimados para pedir la prescripción de la aceptación de la herencia, legitimación que no alcanza a los acreedores y terceros no llamados a la sucesión, pues estos tienen otros mecanismos para la protección de sus derechos, pues como se dijo anteriormente, un patrimonio siempre debe contar con un titular que ejerza el señorío de su patrimonio.

III.2. De la errónea e indebida aplicación de la Ley

Sobre esta materia el Auto Supremo Nº 263/2018, de 04 de abril estableció que: “…La interpretación errónea de la Ley, se refiere al error en el que incurre el Tribunal que dicta la resolución recurrida sobre el pensamiento latente de la norma, o sea la ratio legis para ello el Tribunal de Casación debe interpretar cada Ley determinada de manera uniforme en sus distintos fallos, (este es el fin de la jurisprudencia). Para eso el Tribunal de Casación escudriña la voluntad del legislador y toma en cuenta su redacción gramatical, así como diversos elementos, tal el sistemático, porque una Ley no puede interpretarse aisladamente, sino dentro del conjunto de Leyes que regulan una materia determinada, porque ese conjunto es un todo armónico que responde a una idea general. Al investigar el espíritu de la Ley, desde el punto de vista práctico, debe indagarse los motivos que determinaron su dictación (Pastor Ortiz Mattos. El Recurso de Casación en Bolivia, p. 152).

La aplicación indebida consiste en la infracción de la Ley Sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquellas, Calamandrei sostiene que el juez que dictó la resolución recurrida incurre en aplicación indebida cuando se equivoca en establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto, tal cuando se aplica una ley a hechos no regulados por ella. En ese caso el error in judicando no se contiene en la premisa mayor del silogismo, sino en la menor (mismo autor y obra citados) …”

III.3. Sobre la valoración de la prueba.

El Auto Supremo N° 240/2015, de 14 de abril, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

La valoración de la prueba está regida por el sistema de apreciación de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien, el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa de la autoridad jurisdiccional, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del Juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el Juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho); es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes; es decir, existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte de las autoridades jurisdiccionales, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

III.4. Error de hecho y error de derecho.

Al respecto el Auto Supremo N° 293/2013, de 7 de junio orientó: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

a) Sobre la resolución del recurso de apelación en el efecto diferido que no cumple con lo establecido en el art. 265 del Código Procesal Civil.

En relación a este cuestionamiento el recurrente acusa que su recurso de apelación en el efecto diferido, no fue considerado por el Tribunal de alzada al no analizar los agravios expuesto en relación a su excepción de prescripción extintiva; entre estos agravios refiere que el Ad quem ignoró el principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, que pondera la primacía de la realidad fáctica sobre la base probatoria, incurriendo en error de hecho y de derecho; además, de no tomar en cuenta el contenido del art. 1456 del Código Civil, que prescribe taxativamente el plazo de 10 años para aceptar la herencia, derecho que no habría ejercitado oportunamente la actora.

Ahora bien, en el sub lite por Auto Interlocutorio de 13 de septiembre de 2022 saliente de fs. 993 a 999 vta., se resolvió la excepción de prescripción extintiva propuesta por la parte demandada, que fue declarada improbada por la Juez A quo, y confirmada esta decisión en el Auto de Vista recurrido; la resolución de primera instancia, se asumió esencialmente bajo el fundamento de que el Auto Supremo N° 574 de noviembre de 2013, determinó que la legitimación para plantear la prescripción de una aceptación de herencia, solo abarca a los herederos del causante, en ese entendido quienes no tienen la calidad de herederos forzosos, legales o testamentarios no tienen la legitimidad para invocar la excepción de prescripción, tal cual fue opuesta por los demandados.

Esta decisión fue objeto de apelación en el efecto diferido por los ahora recurrentes, bajo los mismos argumentos propuestos a momento de oponerse la citada excepción; es decir, la aceptación de la herencia por parte de la actora después de transcurridos 14 años y 9 meses de aperturada la sucesión en su favor, sustentado ello con la prueba documental de fs. 22 a 24 que acusa de infringida por error de hecho o de derecho, que tal excepción se sustentó en los arts. 1029, 1023, 1492 y 1496 del Código Civil, y que a momento de declararse improbada la Juez A quo se alejó de dicho sustento legal.

En función a dichos agravios el Tribunal de alzada, en la resolución ahora recurrida manifestó que; la apelación diferida carece de una debida expresión de agravios, sin precisar el perjuicio causado, ni el precepto legal que estima violado, además de incumplir el deber de explicar porque considera infringidos dichos preceptos.

De la contrastación de las resoluciones judiciales descritas, se concluye lo siguiente: El argumento principal y fundamental por el cual la Juez de primera instancia declaró improbada la excepción de prescripción fue por la carencia de legitimidad de los demandados para reclamar la prescripción del derecho de aceptar la herencia; pues este derecho solo les corresponde a los hereros forzosos, simplemente legales o testamentarios, condición que no ostentan los demandados excepcionistas.

Es precisamente; este argumento medular, el que no ha sido objeto de controversia en la impugnación diferida, pues su argumentación en casación se encuentra orientada a reiterar los fundamentos de la excepción y del recurso de apelación, con énfasis en los medios probatorios de fs. 22 a 24 (declaratoria de herederos de la actora) y efectivamente; como advirtió el Ad quem, no existe una adecuada identificación de la parte de la resolución que le causó agravios, el precepto legal que consideró violados o infringidos, o la exposición de argumentos razonados que refuten la decisión asumida, deber procesal incumplido por los apelantes; asimismo, en ningún momento se llegó a cuestionar la debida o indebida aplicación del Auto Supremo N° 574/2013 que se constituyó en la base jurisprudencial sobre la cual se asumió la decisión apelada, motivo por el cual no es relevante ni transcendente el análisis de las documentales citadas; sustento jurisprudencial concordante -además- con la doctrina legal desarrollada por este Tribunal, contenida en el Considerando III.2 del presente fallo. Motivo por el cual; se establece que, el reclamo de los recurrentes carece de sustento fáctico o legal que enerve lo decidido por el Tribunal de alzada, deviniendo este motivo en infundado.

b) Acerca de la errónea interpretación de lo señalado por el art. 1453 del Código Civil.

Acusan los recurrentes que, la prueba documental de cargo (Testimonio de 13 de julio de 1989, Matrícula N° 5.01.1.01.0018473, formulario de pago de impuestos y plano topográfico), no resultan suficientes a los fines de identificar el objeto de la litis, debido a que contienen graves inexactitudes que no fueron saneadas en el fondo y la forma establecidas por ley.

Sobre este tópico en particular; el Auto de Vista impugnado, absolvió el mismo, señalando que: la demandante Bertha Gardeazabal Barriga Vda. de Carrasco, sucedida a su fallecimiento por Elizabeth Carrasco Gardeazabal, María Renee Carrasco Gardiazal, acreditaron derecho propietario sobre el bien inmueble motivo de la demanda, registrado en Derechos Reales a nombre de la primera en la Matrícula N° 5.01.1.01.0018437, asiento A-2, inmueble situado en la avenida Los Pinos, esquina sin nombre, correspondiente al lote N° 19, zona Villa Banzer-Las Delicias de la ciudad de Potosí, que cuenta con una superficie de 201.05 m2, estando el mismo debidamente individualizado e identificado y en poder y/o posesión de la parte demandada y que la fundamentación sobre el mejor derecho efectuada por la Juez de la causa, fue precisamente para responder a la pretensión demandada de reivindicación por mejor derecho; además, de la alegación de ambas partes de tener derecho propietario sobre el inmueble, por lo que no se puede alegar la incongruencia que refieren los recurrentes.

En cuanto a la valoración probatoria, la resolución recurrida destacó que la prueba de cargo, y descargo, la inspección judicial, prueba pericial de oficio, se halla debidamente plasmada en el Considerando II de la Sentencia apelada; precisando que, con la inspección judicial la autoridad jurisdiccional estableció que ambas partes identificaron el inmueble objeto de la litis, respecto a los signos de adulteración del terreno una parte fue demolida por el codemandado y ahora recurrente René Ulises Berindoague con la finalidad de ensanchar y acrecentar el terreno hacia el lado sud, que corresponde a un área verde, que en la vía informativa Teodoro Mamani Zambrana ratificó que el terreno fue ensanchado por el recurrente mediante la construcción de un muro en toda su extensión; que el mismo recurrente René Ulises Berindoague, admitió de propia voz haber derrumbado la pared que dividía el inmueble de Félix Carrasco y su excedente en la parte posterior de aproximadamente 50 m2, que otrora fue un área verde, reconociendo el demandado reconvencionista estar arrendando el inmueble en su totalidad, inicialmente a Nicolás Gutiérrez Mamani y posteriormente a un nuevo inquilino; por la prueba de oficio la Juez de la causa estableció la identificación del inmueble y concluyo que Ulises Berindoague Jaimes procedió a fraccionar el ancho de la vereda colindante a la calle 24 de Julio con un nuevo amurallamiento identificado como la parte eyeccionada; no apreciando grado de parcialización alguno con la parte demandante.

En este punto, es importante acudir a la doctrina citada en el punto III.2 de la presente resolución, que con absoluta precisión ha diferenciado lo que constituye interpretación errónea de la Ley y/o su aplicación indebida, la primera opera cuando el Tribunal que dicta una resolución genera un pensamiento emergente de la norma distinto al pretendido por el legislador, para evitar ello, es de suma importancia contar con una jurisprudencia uniforme en sus distintos fallos; la segunda, se presenta cuando los preceptos que contiene la ley no corresponden a la hipótesis legal y a la tesis del caso concreto, básicamente cuando se aplica una ley a hechos no regulados por ella.

En la especie, este Tribunal ha identificado que el reclamo de la parte recurrente optó por la primera de las deficiencias anotadas; es decir, por la errónea interpretación de la norma sustantiva, cuyo precepto se encuentra regulado en los arts. 1453 y 1454 del Código Civil, reclamo que consiste en que para la identificación de los supuestos que contienen estas normas sustantivas, la autoridad judicial no analizó adecuadamente la prueba de cargo y de oficio producida en la causa; acusación que no resulta evidente, pues como se detalló precedentemente, no solo el Tribunal de alzada, sino el propio A quo, describieron detalladamente las pruebas del proceso, de forma individual y posteriormente de manera integral para asumir que la pretensión principal cumple con los requisitos exigidos en su contenido para la procedencia de la acción reivindicatoria.

En consecuencia, las normas legales sobre las cuales se sostiene la decisión de alzada, no han sido interpretadas erróneamente y menos aún aplicadas indebidamente, como sostiene la parte recurrente, deviniendo este agravio en infundado.

c) Acerca de que el Auto de Vista recurrido, no consideró lo previsto por el art. 56.III de la Constitución Política del Estado y el art. 92, 524, 1007 y 1499 del Código Civil.

Acusó que, en su calidad de sucesor a título universal, debió considerarse la continuación de la posesión de su causante sobre el objeto de la litis desde el año 1990, que es el año en que se adjudicó el inmueble, ello para poderse cumplir con los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria previstos por el art. 138 del mismo cuerpo legal, en su favor.

Al respecto; el Auto de Vista impugnado, con claridad razonó manifestando que: en cuanto al cómputo del tiempo de posesión ejercida por René Ulises Berindoague Jaimes, aun tomando en cuenta la transferencia realizada por María Luisa Amatller Castro en favor de su hermano Ariel Oscar Berindoague Jaimes a través del Testimonio N° 976/2015 de 05 de octubre, dicha posesión comienza en fecha 16 de mayo de 2013 y habiéndose interpuesto la demanda el 13 de octubre de 2017 e incluso de alegarse su citación el 11 de abril de 2018, no transcurrió el plazo establecido por Ley de 10 años para operar en su favor la usucapión decenal pretendida; no siendo razonable, como pretende el recurrente, sostener que dicha posesión se ejerció desde el año 1990, año en que la causante se adjudicó el inmueble. También; señaló que, otro de los motivos para no acoger la pretensión de usucapión fue la falta de precisión del objeto de la demanda, pues pretende adquirir una superficie de 260,25 m2, que no coincide con la superficie demanda de reivindicación de 201,05 m2, correspondiendo el excedente a un área verde; estando claro que no se cumplieron con los presupuestos esenciales previstos en los arts. 134 al 138 y 149 a 151 del Código Civil.

En consecuencia, este Tribunal advierte que dicha labor valorativa es correcta, pues los fundamentos expuestos en su tenor, permiten comprender a cabalidad el razonamiento que tuvo el Tribunal de alzada respecto al contenido de la valoración de la prueba documental ofrecida por la demandante, así como la actividad procesal efectuada por la Juez A quo, lo cual no puede ser rebatido por simples alegaciones generales e imprecisas como las expuestas por la parte recurrente, sin desmerecer en absoluto la aplicación de las reglas de la sana crítica aplicadas por los jueces de instancia, argumentos ambiguos e imprecisos que no llevan a enervar los fundamentos explanados por el Tribunal de segunda instancia.

Por lo que este último agravio, deviene también en infundado y no amerita ser acogido por este Tribunal de casación.

Consiguientemente, toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1352 a 1354 vta., interpuesto por Rene Ulises Berindoague Jaimes por sí y en representación de Ariel Oscar Berindoague Jaimes y Jorge Javier Loayza Amatller contra el Auto de Vista Nº 001/2025, de 03 de enero, corriente de fs. 1335 a 1344, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, con costas y costos.

Por último, de la revisión exhaustiva del expediente judicial, se advierte un desmesurado e injustificado uso –por parte de la Juez A quo- de la providencia de “informe por Secretaría” para gestionar actuados de mero trámite, desconociendo que por disposición expresa del art. 128.II de la Ley N° 025, quedan prohibidos los decretos que dispongan informe sobre aspectos contenidos en el expediente; situación inadvertida por el Tribunal de alzada, en su labor fiscalizadora; denotando que tales actitudes solo generan retardo judicial injustificado y la adopción de malas prácticas procesales, en desmedro del principio de celeridad que debe imponerse en la impartición de justicia; motivo por el cual, se llama la atención severamente a los operadores de justicia de ambas instancias, bajo apercibimiento de acciones disciplinarias que pudieran emergen de persistir en dicha conducta.

Se regula el honorario profesional del abogado que contestó al recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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