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TSJ

AS/0518/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
20 de agosto de 2026Sala Penal
Proceso
Estafa

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0518/2026-F ANALISIS DE FONDO Proceso: Cochabamba 617/2024 Parte acusadora: Ministerio Público, Marina Delgadillo y Ana Pérez Parte imputada: José Johnny Ugarte Acebey Delito: Estafa agravada, arts. 335 y 346 Bis. del Código Penal (CP) Sucre, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación de 16 de abril de 2024 de fs. 284 a 293, José Johnny Ugarte Acebey, impugna el Auto de Vista de 13 de noviembre de 2023 de fs. 266 a 267, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Estafa con agravantes en caso de victima múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 Bis.

del CP, imponiendo la sanción de siete años y seis meses de reclusión.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

DE LA SENTENCIA Se tiene a la vista la Sentencia 51/2022 de 26 de septiembre de fs.

207 a 216 vta., dictada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró a José Johnny Ugarte Acebey, culpable de la comisión del delito de Estafa con agravantes en caso de múltiples víctimas, previsto y sancionado por los arts. 333 y 346 Bis. del CP., imponiendo la sanción de siete años y seis meses de reclusión.

La referida Sentencia tiene como probados los siguientes hechos:

Primero. Quedó probado que el 2014, las víctimas Marina Delgadillo de Salazar y Ana Pérez, ambas comerciantes, entraron en contacto con

el acusado debido a que éste ofrecía en preventa locales comerciales en una zona comercial de Cochabamba. El acusado les refirió que junto a otras cinco personas era propietario del predio ubicado en la calle Tarata y Av. Barrientos, en mérito a que habrían sido extrabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), que les adeudaba beneficios sociales que supuestamente habrían sido pagados con dicho inmueble. Este extremo se acreditó con la declaración de ambas víctimas y de la testigo Maribel Lorena Salazar Delgadillo, quienes explicaron en juicio oral cómo el acusado las fue convenciendo con argumentos y documentos.

2. El Tribunal tuvo por probado que el acusado utilizó folletos y propaganda del Centro Comercial La Estación o Mall La Estación 21 de Enero, valorados como prueba MP-1, en los que se anunciaba la preventa del mall más grande de Cochabamba con locales comerciales, plaza de comidas, oficinas, salones de eventos, guardería, depósitos y ascensores, material que corroboró la astucia empleada para inducir a error a las victimas.

3. Se acreditó documentalmente, mediante las fotocopias de depósitos del Banco BISA (MP-2 y MP-3), que Marina Delgadillo de Salazar depositó us. 6.600 el 2 de septiembre de 2014 y us. 48.480 el 8 de enero de 2015 en la cuenta corriente de ECO VIDA S.R.L., con destino a anticipo de compra de casetas. En el caso de Ana Pérez, la disposición patrimonial alcanzó la suma de us. 6.120 como anticipo por el local A-158. Los depósitos fueron reconocidos por el propio procesado al haber suscrito los contratos MP-4 y MP-5, lo que a juicio del Tribunal derribó por sí solo la tesis defensiva de que el dinero no habría sido depositado a su nombre.

4. Quedó probado que el acusado suscribió, en calidad de Director Ejecutivo de ECO-VIDA S.R.L. y como futuro vendedor, contratos de compromiso de compraventa de inmueble en propiedad horizontal (MP-4 y MP-5) sobre los locales A-150 a A-157 con Marina Delgadillo y sobre el local A-158 con Ana Pérez, a razón de us 3.000 por metro cuadrado, comprometiendo la construcción del centro comercial en un plazo de 18 meses desde el inicio de obras, proyecto que nunca se ejecutó en ninguna de sus fases.

5. El juicio de tipicidad se centró en el memorial de 13 de febrero de 2019 (MP-13), suscrito por el Encargado de Activos Fijos y el abogado de ENFE, que informó al Ministerio Público que el predio de la ex estación de la calle Tarata y Av. Barrientos es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia bajo administración de la ENFE, sin que exista transferencia alguna de terrenos a favor del acusado. Con ello el Tribunal concluyó que el ofrecimiento fue objetivamente imposible desde su origen y que el acusado jamás realizó trámite alguno

A ADN ANA coherente con su oferta.

6. El Tribunal estableció que el hecho fue cometido con conocimiento y voluntad conforme al art. 14 del CP. Valoró que el acusado, ingeniero agrónomo con grado de instrucción elevado y en pleno goce de sus facultades, sabía y conocía que la propiedad ofertada no era suya sino del Estado, y que pese a ello ofreció en preventa una gigantesca construcción a materializarse a futuro con el único fin de beneficiarse económicamente en perjuicio de comerciantes de condición distinta a la suya. El Tribunal apreció además premeditación en el iter criminis, desde la ideación hasta la ejecución, y la ausencia de causal alguna de exclusión de responsabilidad.

7. Finalmente, con base en el art. 20 del CP, estableció que el acusado tiene calidad de autor directo por haber asumido por si solo la conducta típica, antijurídica y culpable, y que la afectación patrimonial recayó sobre dos personas que de manera independiente realizaron disposiciones patrimoniales, lo que configuró la agravante de victimas múltiples previsto en el art. 346 Bis del citado código, determinando la pena de siete años y seis meses de reclusión, valorándose en la fijación de la sanción, la ausencia de arrepentimiento conforme a los arts. 37 a 40 del CP.

1.2.

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Sentencia, José Johnny Ugarte Acebey interpuso recurso de apelación restringida mediante memorial cursante de fs.

243 a 247 vta., posteriormente subsanado por escrito de fs. 262 a 265, denunciando los siguientes agravios:

1. Falta de fundamentación de la sentencia y actividad procesal defectuosa. El apelante sostiene que la Sentencia 51/2022 no fundamentó correctamente la imposición de la pena

de siete años y seis meses, incumpliendo el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con datos vagos e imprecisos que vulneran la seguridad jurídica, la igualdad y el debido proceso, lo que a su criterio configura defectos absolutos insubsanables conforme al art. 169 inc. 3) del CPP. Invoca en apoyo la Sentencia Constitucional (SC) 1051/2010-R y el .

2. Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, defecto del art. 370 inc. 6) del CPP. Cuestiona que la Juzgadora haya consignado como hechos no probados el derecho propietario sobre el predio de la calle Tarata y Av. Barrientos y la licitud del proyecto,

cuando a su entender las pruebas MP-4 y MP-5, contratos de compromiso de compraventa con firmas reconocidas ante Notaria de Fe Pública N? 61, demostrarían una tradición propietaria y la regularidad documental del negocio, pues el Notario habría verificado la documentación de respaldo al dar fe del acto. En igual sentido, denuncia contradicción interna de la Sentencia en la valoración de la prueba MP-13, ya que mientras el hecho probado primero reconoce que cinco extrabajadores de ENFE habrían recibido el predio en pago de sus beneficios sociales y se lo habrían transferido, el informe de ENFE valorado como decisivo señala que la empresa nunca transfirió terrenos a su favor, con lo cual la Juzgadora habría confundido dos situaciones distintas, la transferencia por extrabajadores y la transferencia directa por la empresa, creando a su juicio un hecho inexistente que nadie sostuvo en el juicio oral y derivando de esa confusión un dolo inexistente. Por otra parte, alega que las victimas no fueron buscadas ni inducidas por él, sino que fueron ellas quienes acudieron a su oficina a solicitar información del proyecto, con lo que faltaria el engaño como elemento del tipo del art. 335 del CP. Por último, sostiene que las pruebas MP-6, MP-11 y MP-12 acreditan la existencia real y formal de la empresa ECO VIDA S.R.L., su matricula de comercio y su registro tributario, lo que demostraría una vida comercial genuina incompatible con la Estafa.

3. Juzgamiento en rebeldía y vulneración del derecho a la defensa. El apelante afirma que se encontraba en Uruguay, por

lo que el proceso se tramitó sin su conocimiento, que jamás prestó declaración informativa ni conoció la imputación ni la acusación fiscal, que fue aprehendido al retornar a Bolivia y que solo entonces supo que el juicio oral ya estaba en curso, privándosele de ser oído y de producir prueba de descargo, invocando que el juzgamiento en rebeldía habría sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

4. Criminalización de un contrato civil y vulneración del principio de última ratio. Sostiene que el conflicto es de naturaleza contractual y patrimonial, que el contrato de 12 de febrero de 2015, preveía en su cláusula novena la vía de solución de controversias y debía regirse por el art. 450 y siguientes del Código Civil, que incluso se suscribió un contrato de reconocimiento de deuda con garantía real y garante personal con la denunciante Marina Delgadillo, y que la excepción de prejudicialidad planteada en audiencia fue rechazada con argumentos desviados, de modo que la condena resulta desproporcionada al estar habilitada la vía civil.

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Datos del proceso

Demandante
Ana Perez, Marina Delgadillo Montaño y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Jose Johnny Ugarte Acebey
Proceso
Estafa
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia20 de agosto de 2026AS/0518/2026-FFuente oficial