Texto del fallo
A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO N 0520/2026-F Sucre, 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Chuquisaca 57/2024 Parte acusadora : Ministerio Público Parte acusado : Héctor Elvis Garnica Cabrera Delito : Tráfico, art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008)
I. VISTOS: Por memorial de recurso de casación de 15 de agosto de 2024, de fs. 243 a 254, Héctor Elvis Garnica Cabrera impugna el Auto de Vista 364/2024 de 26 de julio de fs. 215 a 221, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal
Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Tráfico, previsto en el art. 48 de la Ley 1008.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. DE LA SENTENCIA Por Sentencia 06/2022 de 6 de diciembre de fs. 182 a 187 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró a Héctor Elvis Garnica Cabrera, absuelto de culpa y pena, por la comisión del delito de Tráfico, previsto en el art. 48 de la Ley 1008, en virtud a que la prueba aportada por la acusación no fue suficiente para generar en el Juez convicción sobre su responsabilidad penal, conforme la previsión del art. 363 inc.
- 2)del Código de Procedimiento Penal (CPP); con los siguientes argumentos:
Tomando en cuenta qu : el verbo rector para que se constituya el delito de Tráfico es la actividad destinada a fines de lucro, en el presente caso, no se demostró que el acusado estaba en posesión de sustancias controladas, con el objeto de suministrar a alguna persona; asimismo, no se acreditó la finalidad de lograr un beneficio económico ilídito; por cuanto no existe prueba suficiente para aseverar
que el acusado se encontraba traficando con sustancias controladas por tal razón
la conducta del nombrado no supera el examen de tipicidad, siendo que la prueba
aportada no es suficiente, por ello se dispuso su absolución, quedando sin efecto
todas las medidas cautelares personales y reales impuestas durante el desarrollo
del proceso.
ll.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
El Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida de fs. 189 a 191,
bajo los siguientes argumentos:
Como primer motivo, denunció el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc.
- 5)del CPP, que la Sentencia carece de fundamentación probatoria intelectiva,
debido a que el Juez de Sentencia se habría limitado a la transcripción de la prueba
de cargo, describir individualmente los elementos de prueba producidos en juicio,
sin realizar una valoración analítica, conjunta e integral del acervo probatorio.
Señaló que la Sentencia contiene únicamente una fundamentación descriptiva y
jurídica, omitiendo explicar de manera razonada la correlación entre los hechos
acreditados y los elementos probatorios incorporados, lo que impediría conocer las
razones por las cuales se concluyó en la absolución del acusado.
Como segundo motivo, alegó la vulneración al debido proceso en sus vertientes de
debida fundamentación y motivación, constituyendo defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; siendo que la Sentencia no cumple con los requisitos de una fundamentación expresa, clara, completa, legítima y lógica, debido a que el juzgador no exteriorizó el razonamiento intelectivo empleado para valorar la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, limitándose a efectuar una
descripción de los medios probatorios y arribar posteriormente a conclusiones
absolutorias sin una adecuada justificación fáctica y probatoria. En consecuencia,
solicitó la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio por otro juez de
sentencia.
11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca
mediante Auto de Vista 364/2024 de 26 de julio de fs. 215 a 221, declaró admisible
el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio Público,
declarando al acusado Héctor Elvis Garnica Cabrera autor y culpable de la comisión
de delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art.
55 de la Ley 1008, imponiendo la pena ocho años de privación de libertad a cumplir
en el Centro Penitenciario San Roque Chuquisaca; con los siguientes argumentos.
El Tribunal de Alzada estableció que la conducta del imputado Héctor Elvis Garnica
Cabrera, quien fue encontrado en flagrancia transportando 58 gramos de
A A marihuana en la terminal de buses, no se adecuaba ni al delito de Tráfico de Sustancias Controladas (art. 48 de la Ley 1008), como sostuvo el Ministerio Público, tampoco al delito de Consumo y Tenencia para el Consumo (art. 49 de la Ley 1008), como concluyó el Juez de Sentencia, aplicando la teoría finalista del delito y la doctrina legal contenida en los Autos Supremos (AASS) 84/2006 y 417/2003; la Sala concluyó que lo único objetivamente demostrado fue el traslado o transporte ilícito de la sustancia controlada, conducta que se subsume en el delito de Transporte previsto en el art. 55 de la Ley 1008; al respecto, el Tribunal señaló que no se acreditó que el imputado tuviera la finalidad de comercializar, entregar o realizar transacciones con la droga, elementos necesarios para configurar el delito de Tráfico; sin embargo, sí se probó que trasladaba conscientemente la sustancia controlada, siendo suficiente para la consumación del delito de Transporte.
En aplicación del principio ¡ura novit curia y de la facultad conferida por el art. 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la Sala Penal modificó directamente la calificación jurídica efectuada por el Juez de mérito, sin anular la Sentencia ni revalorizar la prueba, estableciendo responsabilidad penal por el delito de Transporte.
Finalmente, considerando la cantidad de sustancia incautada (58 gramos de marihuana), las circunstancias del hecho y las reglas de determinación judicial de la pena previstas en los arts. 37 y 38 del CP, el Tribunal de Alzada impuso al acusado la pena de ocho años de privación de libertad.
lll. DEL RECURSO DE CASACIÓN HI.1. MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN El recurrente Héctor Elvis Garnica Cabrera, formula recurso de casación, que sujeto a análisis conforme las previsiones del art. 418 del CPP, es admitido mediante de fs. 263 a 266, para el análisis de los siguientes motivos:
- 1)El recurrente previa relación de antecedentes, señala que el Auto de Vista impugnado vulneró el debido proceso en su vertiente de juez imparcial e igualdad, dado que los Vocales fallaron más allá de lo recurrido por el Ministerio Público, toda vez que dicha entidad recurrió por dos motivos de agravio:
- a)Defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que el Juez de Sentencia hubiera sólo descrito el elemento probatorio más nunca razonó y argumentó incurriendo en falta de argumentación intelectiva de las pruebas y;
- b)La Sentencia incurrió en falta de fundamentación como vulneración al debido proceso.
Establecido dicho marco de agravio expuesto en recurso de alzada, vulnerando el actuar imparcial e igualdad ante la ley, el Tribunal ahora recurrido, se pronunció
sobre otro supuesto defecto de errónea aplicación de la Ley sustantiva de acuerdo al art. 370 inc. 1) del CPP que jamás fue apelado, por lo que de manera oficiosa no es permisible; ya que no es un actuado pro homine o prolibertatis; fue conculcado su derecho al debido proceso, siendo que en todo caso siguiendo parcial razonamiento del Tribunal de Alzada, debió a lo mucho ser anulatoria y no condenatoria.
- 2)Indica que no se consideró que en el caso la Sentencia resolvió por la absolución, por cuanto las pruebas producidas fueron insuficientes, por lo que tampoco se podía haber recalificado al delito de Transporte, ya que no se demostró que 48 gramos de marihuana encontradas supuestamente en su posesión, tenían objeto de entregarlas o suministrarlas a otra persona, relación fáctica que no puede ser cambiada en alzada, bajo el argumento del ¡ura novit curia, ya que el pliego acusatorio y probatorio, no acreditó ningún elemento subjetivo del delito acusado y ahora recalificado.
Sobre dichos motivos, invoca como precedentes contradictorios los y .
- 3)Acusa defecto de falta de fundamentación en su vertiente congruencia, aclarando que lo alegado no es una reiteración de lo anteriormente motivado, ya que se debe considerar que el Auto de Vista impugnado, sobre lo apelado por el Ministerio Público de falta de fundamentación probatoria y falta de fundamentación, guardó un absoluto silencio, desconociendo si uno o ambos agravios fueron declarados como procedentes, contraviniendo el razonamiento de los , y .
- 4)Por último, señala como vulnerados los arts. 115.1, 117.1 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que por lo anteriormente indicado se hubiera vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos a una resolución fundamentada, congruente y ser escuchado por un juez imparcial, lesionándose también el principio de igualdad, dado que se favorece indebidamente al Ministerio Público al exceder en sus facultades.
III.2. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
Con base a los antecedentes procesales descritos en el acápite anterior, corresponde a esta Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, resolver la problemática planteada en el recurso sujeto a análisis de fondo, considerando que el recurrente denuncia que el Tribunal de Alzada emitió pronunciamiento más allá de lo pedido en apelación por el Ministerio Público, recalificando su conducta pese a su imposibilidad de revalorización probatoria y fáctica.
A A
II1.2.1. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales El art. 180.1 de la CPE, al establecer los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, reconoce al debido proceso como garantía fundamental que asegura a toda persona el derecho a obtener un pronunciamiento motivado y fundamentado respecto de todos los agravios alegados en los recursos previstos por la ley. En consecuencia, las autoridades que ejercen jurisdicción en nombre del Estado tienen el deber de exteriorizar por escrito las razones que sustentan sus decisiones, resguardando así tanto a los particulares como a la colectividad de resoluciones arbitrarias.
En esa línea, Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra Casación y Revisión Penal, sostiene que la fundamentación y motivación (...) constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales.
El mismo autor, citando a Joan Picó . Junoy, identifica las siguientes finalidades de la motivación:
- a)Permitir el control social de la actividad judicial y garantizar la publicidad;
- b)Constituir una garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes;
- c)Generar convencimiento en las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y reforzando su razonabilidad, al explicitar el porqué de su contenido; y,
- d)Asegurar a las partes la posibilidad de controlar la resolución judicial mediante los recursos previstos en la ley.
Ese entendimiento fue recogido por este Tribunal en el , que precisó que toda resolución judicial debe cumplir las siguientes exigencias mínimas de fundamentación y motivación para ser válida:
e Expresa: señalar claramente los fundamentos de la decisión.
Clara: el razonamiento debe ser comprensible y sin ambiguedades.
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