Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 522/2019
Sucre, 22 de julio de 2019
Expediente : Tarija 33/2017
Parte Acusadora : Ministerio Público y otros
Parte Imputada : Juan Carlos Acuña Canedo
Delito : Prevaricato
RESULTANDO
Por memorial presentado el 24 de julio de 2018, cursante de fs. 975 a 993., Juan Carlos Acuña Canedo, opuso excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en el trámite penal promovido por Ministerio Público a instancia del Consejo de la Magistratura y Félix Gerónimo Oxa contra suya por la presunta comisión del delito de Prevaricato, previsto y sancionado por el art. 173 del Código Penal (CP) y por Resolución 44/2019 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Tarija, dentro de la acción de amparo planteada por el excepcionista se dispone la emisión del presente fallo.
ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD FORMULADA
Al amparo de lo dispuesto por los arts. 27 inc. 10) y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el imputado detalla los tiempos en que se desarrolló las etapas procesales del presente caso, refiriendo que: la denuncia fue realizada el 17 de diciembre del 2012 por Félix Gerónimo Oxa, por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a la Leyes, Incumplimiento de Deberes y Prevaricato; que la etapa preliminar de investigación debió concluir en 20 días computables a partir del 18 de diciembre del mismo año; sin embargo, a solicitud del Ministerio Público se amplió del plazo por 90 días, concluyendo el 7 de abril del 2013; empero, la imputación tiene data al 12 de agosto del 2013; es decir, después de 4 meses y 5 días. La audiencia de aplicación de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre del referido año, se habría suspendido por inasistencia del Ministerio Público.
La etapa preparatoria que debía concluir el 2 de abril del 2014, recién hubiese concluido el 17 de abril del 2014 con la presentación de la acusación formal, una vez sorteada la acusación el 12 de noviembre, había suscitado conflicto de competencia, resuelto el 14 de noviembre y radicando la causa el 2 de diciembre, corriendo traslado de la acusación el 10 de diciembre; empero, por error en la identificación de la víctima, recién el 10 de febrero del 2015, se hubiese notificado al Consejo de la Magistratura, quien presentó adhesión a la acusación formal, esta última mora sería atribuible al Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital, dictándose auto de apertura de juicio el 28 de abril del 2015; empero, el 8 de junio del mismo año, el caso fue derivado al Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, quien señaló audiencia de celebración de juicio para el 12 de octubre del 2014, que fue suspendido por inasistencia del Consejo de la Magistratura y el mismo día porque el representante distrital no tendría poder suficiente para actuar dentro del proceso; posteriormente, el 18 de noviembre del 2015, se habría suspendido el juicio porque el Tribunal se encontraría sustanciando otro juicio.
Añade que si bien, el 13 de diciembre de 2013, opuso incidente de nulidad de imputación formal por falta de tipicidad, su tramitación no dejó en suspenso ni paralizó la etapa preparatoria de juicio oral, siendo resuelto el 27 de febrero de 2014, como constase a fs. 257-258. De igual manera resalta que el Ministerio Público tuvo que ser conminado a presentar requerimiento conclusivo y que ello evidenciaría “falta de interés…de cumplir los plazos procesales” (sic)
Agrega que su persona se presentó a todas las audiencias señaladas y que las suspensiones y mora procesal no es atribuible a su persona quien únicamente por motivos de salud, no asistió a la audiencia fijada para el 29 de diciembre del 2015 y que en otra oportunidad la audiencia se suspendió el 30 de diciembre del 2015, debido a que sus abogados no pudieron asistir por las vísperas de fin de año; posteriormente, se había instalado la audiencia el 27 de enero del 2016, concluyendo el 29 del mismo mes y año con la sentencia que considera injusta; sin embargo, el caso aún no contaría con sentencia ejecutoriada en virtud al recurso de apelación que interpuso el 25 de febrero del 2016, del cual la audiencia de fundamentación complementaria fijada para el 7 de abril, se había suspendido hasta el 18 del referido mes y año, en virtud a que un vocal no se encontraba presente, posterior a la suspensión realizada el 8 y 11 de abril del 2015, Félix Gerónimo Oxa había interpuesto incidentes de actividad procesal defectuosa, resolviéndose su recurso el 7 de junio del 2017, resolución contra la cual hubiese interpuesto casación el 23 de junio.
Por lo relatado, expresa que en “el plazo transcurrido desde el 17 de diciembre del año 2012 al 2 de marzo del año 2018…operó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso” (sic), sumando los 5 años, dos meses y trece días, tiempo que descontando el término de vacaciones judiciales denota un tiempo de 4 años nueve meses y tres días; tiempo del cual descuenta actos que le fueran atribuidos, así como días feriados e inhábiles (señala que fueran 69), resultando un tiempo de 4 años y 14 días, a partir de lo cual considera que el plazo legal razonable establecido por el art. 133 del CPP, se halla vencido y que los presupuestos previstos por la referida norma adjetiva penal, se hallan cumplidos para la extinción de la acción; a cuyo fin, pide se tenga presente que su actuación fue diligente que no fue declarado rebelde, que el caso no es complejo.
Hace referencia a lo previsto por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 133 del CPP, jurisprudencia y legislación internacional, así como la , señalando en el acápite VIII que ofrece en calidad de prueba, todo el proceso y en especial los actuados de los cuales detalla las fojas.
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