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TSJ

AS/0522/2026-F

Tribunal Supremo de Justicia
2 de septiembre de 2026Sala Penal
Proceso
Delitos financieros

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora AUTO SUPREMO 0522/2026-F Sucre, 10 de abril de 2026 ANÁLISIS DE FONDO Proceso : Santa Cruz 144/2024 Parte acusadora : Ministerio Público, Banco Unión S.A. y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASF) Parte acusada : Edwin Rodolfo Orosco Azeñas Delitos : Delitos Financieros de Apropiación Indebida de Fondos Financieros y Manipulación Informática, arts. 363 Quater inc. c) y 363 Bis del Código Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 23 de mayo de 2024, cursante de fs. 1154 a 1162 vta., Edwin Rodolfo Orosco Azeñas impugna el Auto de Vista 41 de 13 de marzo de 2024, de fs. 1145 a 1150, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, Banco Unión S.A. y la ASFI, por la presunta comisión de Delitos Financieros de Apropiación Indebida de Fondos Financieros y Manipulación Informática, previsto en los arts. 363 Quater inc. c) y 363 del CP.

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA Por Sentencia 67/23 de 23 de agosto de 2023 de fs. 1057 a 1067 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Edwin Rodolfo Orosco Azeñas absuelto de culpa y pena por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida de Fondos Financieros y Manipulación Informática, previstos y sancionados por los arts. 363 Quater inc. c) y 363 Bis del CP, toda vez que la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público y acusadores particulares, no fueron suficientes para demostrar que el acusado sometido a juicio es autor de los ilícitos acusados, no habiendo generado la

convicción de responsabilidad penal, con el siguiente fundamento: Que la insuficiencia e inconsistencia de la prueba de cargo producida e incorporada al juicio oral ha generado duda sobre la culpabilidad del acusado Edwin Rodolfo Orosco Azeñas, en la comisión de los hechos delictivos de acción pública sometidos a juzgamiento; por lo que atento a la personalidad del mismos, teniendo en cuenta a lo establecido en el Art. 363 inc. 2) del CPP, el Tribunal en pleno considera que corresponde la Absolución del delito acusado (sic).

II.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la Sentencia el Banco Unión S.A. formuló recurso de apelación restringida denunciando, en lo sustancial: ¡) Defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc.

  1. 5)del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando falta de fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, así como, incumplimiento de la .

estructura mínima de la Sentencia; ii) Defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, acusando defectuosa valoración de la prueba de cargo, bajo el argumento que la Juez de mérito no valoró integralmente los elementos probatorios producidos en juicio; ili) Errónea aplicación de la ley sustantiva conforme al art. 370 inc. 1) del CPP, en relación con los delitos de Apropiación Indebida de Fondos Financieros y Manipulación Informática; y iv) Defecto vinculado al art. 370 inc. 11) del CPP, alegando incongruencia entre la prueba, los hechos acusados y la decisión absolutoria.

La ASFI formuló recurso de apelación restringida cuestionando, principalmente, la valoración probatoria efectuada por la Juez de Sentencia, con énfasis en la prueba documental PD2 Auditoría 006/2018; que dicha prueba fue erróneamente apreciada, pues demostraría extremos vinculados a las funciones, deberes y omisiones atribuidas al acusado dentro de la hipótesis fáctica acusatoria. Asimismo, que la Sentencia no emitió pronunciamiento suficiente sobre prueba documental relevante de cargo y que la conclusión absolutoria por insuficiencia probatoria no se encontraría debidamente sustentada.

11.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 41 de 13 de marzo de 2024, declaró procedentes los recursos de apelación restringida interpuestos por Banco Unión S.A. y ASFI, anulando totalmente la Sentencia apelada y disponiendo la reposición del juicio ante otro Juez de Sentencia llamado por ley.

Ill. DEL RECURSO DE CASACIÓN III.1. MEMORIAL DE CASACIÓN Y SU ADMISIÓN Contra el Auto de Vista 41 de 13 marzo de 2024, el acusado interpuso recurso de

casación de fs. 1154 a 1162 vta., declarado admisible por , para el análisis de los siguientes motivos:

  1. 1)Reclama que la Sala de Apelación habría corregido la escueta argumentación de los apelantes, mejorando los supuestos tras invocar el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, citando /a sentencia no 1 contiene una fundamentación descriptiva, fáctica o intelectiva y jurídica de la prueba, pues no fundamenta porque le da credibilidad a unos medios de prueba y otros, siendo grosera la omisión que transgrede la estructura mínima como exigencia de fundamento de la sentencia...

sic, cuando el argumento del apelante fue simplemente (...) /a sentencia emitida por el juzgado décimo cuarto de sentencia, transgrede radicalmente el orden expositivo impuesto por el tribunal supremo de justicia... sic; con ese antecedente, se tendría que el orden de una sentencias o la estructura mínima, traído como argumento por la parte apelante y mejorado por la Sala de Apelación, constituye la base fundamental para anular la Sentencia que declaró su absolución, por insuficiencia probatoria en cuanto al delito acusado de Apropiación Indebida de Fondos Financieros. De la misma manera el Auto de Vista apelado, amparado en lo abstractamente referido por la parte apelante, consideró que la Juez de Sentencia no consignó cada elemento probatorio útil mediante una referencia a los aspectos principales y pertinentes que se extrajeron de la prueba y luego pasaría a enseñar a dicha Juez, cómo redactar una sentencia, recalcando que el orden o mínima estructura no sería un elemento inmerso dentro de los alcances del art. 370 inc. 5) del CPP, motivo por el cual el Auto de Vista impugnado es contradictorio con la jurisprudencia y con el CPP so pretexto de falta de fundamentación, incluyendo estructura mínima de Sentencia, supliendo la carga argumentativa de la apelante, habiendo de esa manera viabilizado la nulidad de la sentencia.

Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 354/2014RRC de 30 de julio, 74 de 10 de marzo de 2010 y 248/2012-RRC de 10 de octubre.

  1. 2)Refiere que al contestar los recursos de apelación planteados por el Banco Unión S.A. y la ASFI, estableció que los fundamentos de los apelantes fueron basados en la mala valoración de la prueba; sin embargo, de la revisión de dichas apelaciones se advertía que pedían que la Sala Penal revalorice hechos y pruebas, que fueron sometidas a contradicción en juicio oral público y contradictorio, bajo el principio de inmediación y fueron valorados por la Juez de primera instancia, quien les otorgó el valor correspondiente conforme a la sana crítica, y no para condenarlo, sino dictaminar su absolución por insuficiencia probatoria. Habiendo señalado el Auto de Vista impugnado (...) Por otro lado si se observa en norma concreta la valoración de la prueba PD2 (auditoria 006/2018) pagina 28 que habla sobre la norma incumplida por el acusado y lo que no habría hecho Edwin Orozco para la

sustracción del dinero), es evidente que existe una valoración errónea de dicha prueba de cargo, puesto que para la juez esta prueba no demuestra que el acusado (Edwin Rodolfo Orozco Azeñas) hubiera permitido y viabilizado que Rommel Menacho durante 5 años se apropie de un monto total de Bs. 2.880.000. con ello este tribunal no está efectuando una revalorización de la prueba PD2, sino que, efectuando ese control de valoración, se evidencia un desfase y una falta de comprensión cabal de la hipotesis fáctica presentada por los acusadores, sobre la conducta que se atribuyó al acusado Edwin Orosco Azeñas, que implica una errónea valoración probatoria, de acuerdo a las reglas de la sana critica... (sic). Por lo cual, considera que las autoridades del Tribunal de Apelación, aunque no quieran reconocerlo incurrieron en revalorización de la prueba documental PD2 consistente en un Informe de Auditoría signado como 006/2018 y de forma concluyente adecúan subjetivamente un hecho para atribuirle responsabilidad penal por un tipo penal doloso de Apropiación de Fondos Financieros.

De la misma manera reclama que de manera subrepticia, el Tribunal de Apelación, introdujo un hecho que generaría responsabilidad en su persona soslayando el tipo penal por el cual fue acusado, por tal motivo el Auto de Vista carece de debida fundamentación en incumplimiento del art. 124 concordante con el art. 398 del CPP, constituyéndose en defecto absoluto, afectando el derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, resaltando que la verdad histórica es el ideal del proceso, que no se puede demostrar solamente mediante la actividad probatoria, pues la autoridad judicial al dictar una sentencia está obligada a hacerlo en base a los argumentos y las pruebas de la parte acusadora y defensora, aproximándose lo más posible a la verdad más allá de cualquier duda, respetando el interés público en busca de la verdad y respetando los derechos fundamentales. Refiere que, también que en el presente caso, la resolución impugnada sería arbitraria e incongruente, de conformidad a la jurisprudencia, además que al haberse apartado de la solución normativa señalada adolecería de omisiones, errores y desaciertos graves, que tornarían a la misma en inhábil como un acto judicial, e injusta en el campo del derecho, porqué fue emitida en desconocimiento de la solución normativa que corresponde a las particulares circunstancias comprobadas en el proceso (que hubieren sido constatadas oportunamente) siendo irrazonable y frustrante de la garantía del derecho a la defensa en juicio.

Invoca como precedentes contradictorios el que cita el .

  1. 3)Reclama que, en relación a la apelación restringida formulada por la ASFI, el Auto de Vista impugnado haría una simple referencia de los supuestos agravios en

SL cuanto a la mala valoración probatoria por parte de la juez de primera instancia, y que sin fundamento alguno la Sala de Apelación amparó lo enunciado por el recurrente señalando textualmente: Por otro lado si se observa en norma concreta la valoración de la prueba PD2 que habla sobre la norma incumplida por el acusado y lo que no habría hecho Edwin Orozco para la sustracción del dinero), es evidente que existe una valoración errónea de dicha prueba de cargo, puesto que para la juez esta prueba no demuestra que el acusado (Edwin Rodolfo Orozco Azeñas) hubiera permitido y viabilizado que Rommel Menacho durante 5 años se apropie de un monto total de Bs. 2.880.000. con ello este tribunal no está efectuando una revalorización de la prueba PD2, sino que, efectuando ese control de valoración, se evidencia un desfase y una falta de comprensión cabal de la hipótesis fáctica presentada por los acusadores, sobre la conducta que se atribuyó al acusado Edwin Orosco Azeñas, que implica una errónea valoración probatoria, de acuerdo a las reglas de la sana critica (sic). Advirtiéndose de esa manera que la conclusión del Tribunal de Apelación carece de fundamentación de la decisión de anular la Sentencia ue dispone su absolución por insuficiencia probatoria, más aún cuando al formular alegatos en conclusión, ni los acusadores y menos el Ministerio Público produjeron prueba en juicio, solo se limitaron a su mención, ofrecimiento e introducción, pero no así su producción; agregando que el Tribunal de apelación se habría limitado a un resumen de la Sentencia y los requerimientos de la apelación restringida, arribando a conclusiones sin expresar fundamentos fácticos, lógicos y jurídicos que justifiquen la decisión, vulnerando el art. 124 del CPP, el debido proceso, tutela judicial efectiva y el derecho a la motivación.

Invoca los , , expresa que la Sala de Apelación, incurrió en una omisión al no responder los reclamos de la contestación y del criterio legal de la misma referida al porqué debió haberse confirmado la Sentencia, es decir, que no fundamento ni motivó, porqué el razonamiento planteado por el acusado no sería válido, deviniendo por lo tanto que el Auto impugnado no este fundamentado conforme los criterios anotados de manera precedente. Expresa además que conforme lo criterios de flexibilización de los requisitos de admisión del recurso de casación encontró el elemento probatorio incriminatorio en la doble moral de los acusadores que denunciaron mala valoración de la prueba que ellos mismos no produjeron en juicio oral, siendo un elemento constitutivo del debido proceso la debida fundamentación de las resoluciones, al constituir en garantía constitucional del debido proceso, obligando a las autoridades que dicten una resolución a exponer sus razonamientos al momento de asumir una decisión sobre las cuestiones planteadas por las partes recurrentes, invocando al respecto los y .

Para finalizar su reclamo resalta que el Auto de Vista impugnando, al soslayar sus

argumentos en apelación vulneraría el debido proceso en su triple dimensión sistemática, axiológica y teológica, así como el derecho a la defensa, a la igualdad procesal de las partes, a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales, privándolo de conocer los motivos del porqué sus argumentos no fueron recibidos por la Sala de apelaciones, ocasionándole incertidumbre, pues si bien responde los agravios de los apelantes, no hace lo mismo con los argumentos del acusado en la contestación, defecto que le ocasionaría perjuicio y daño al establecer responsabilidad penal en su contra.

III.2. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN En el caso presente los motivos recursivos admitidos por el de 10

de marzo son los siguientes:

  1. 1)Suplencia argumentativa del Tribunal de Alzada respecto al defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP;
  2. 2)Revalorización probatoria de la prueba documental PD2, consistente en la Auditoría 006/2018; y
  3. 3)Falta de fundamentación e incongruencia omisiva respecto a los argumentos expuestos por el acusado en la contestación a las apelaciones restringidas.

En consecuencia, la labor de contraste de esta Sala deberá circunscribirse a verificar la existencia o inexistencia de los agravios denunciados.

lII.2.1. Sobre el debido proceso y el deber de fundamentación.

Entre los componentes que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a las personas, se encuentra la fundamentación de las resoluciones judiciales!, que a lo largo de la jurisprudencia ha sido ampliamente desarrollada, así este Tribunal en forma continua y coherente, ha manifestado que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales para ser válidas deben estar debidamente fundamentadas, conforme se precisó en el , al señalar que:

La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos:

del debido proceso en sus arts. 115.11 y 117.1 y 180.1 y, de la publicidad en sus 1 La , sobre la fundamentación dispone que ésta debe ser concisa, clara y satisfacer o responder a todos los aspectos demandados, mediante un razonamiento lógico que respalde el silogismo jurídico en el que se basó la toma de cierta determinación. En esta lógica establece que: La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma. Dicho entendimiento cobra relevancia desde el punto de vista del respeto el ejercicio del derecho a la defensa, pues su ejercicio efectivo, necesariamente parte de una cabal comprensión sobre los alcances de la decisión judicial, para así de manera razonada se puedan activar los mecanismos legales que en derecho se consideren pertinentes.

arts. 178.1 y 180.1; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser:

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Datos del proceso

Demandante
Banco Unión S.A., Autoridad de SupervisióN Del Sistema Financiero - Asfi, MINISTERIO PÚBLICO y Banco Unión S.A.
Demandado
Edwin Rodolfo Orosco Azeñas
Proceso
Delitos financieros
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia2 de septiembre de 2026AS/0522/2026-FFuente oficial