Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 0526/2026-F ANALISIS DE FONDO Proceso: Cochabamba 737/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y Antonio Jercy Valdivia Saavedra Parte imputada: Miguel Angel Lizarazu Candano y Leia Derika Torrez Beltrán Delitos: Estafa y Estelionato, arts. 335 y 337 del Código Penal (CP) Sure, diez de abril de dos mil veintiséis Por memorial de casación de 17 de mayo de 2024 de fs. 420 a 425, Miguel Ángel Lizarazu Candano y Leia Derika Torrez Belrán, impugnan el Auto de Vista 280/2023 de 1 de diciembre de fs. 394 a 413, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Antonio Jercy Valdivia Saavedra, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
DE LA SENTENCIA Se tiene a la vista la Sentencia 1/2019 de 15 de enero de fs. 308 a 329 vta., dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró a Miguel Angel Lizarazu Candano y Leia Derika Torrez Beltrán, autores y culpables de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 377 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas y el resarcimiento del daño civil a favor del Estado y la víctima.
La referida Sentencia, tiene como probados los siguientes hechos:
Primero, Antonio Jercy Valdivia Saavedra es propietario de un bien inmueble ubicado en la zona Alalay (Av. Petrolera, calle Socabaya, Lote 1, Distrito 6, Manzana 520) y que, en su calidad de propietario, acordó con los acusados la construcción de una vivienda de dos pisos en dicho lote, obligándose éstos al diseño y ejecución de obra gruesa y fina. El hecho se acreditó con la prueba literal MP-7 (documento de compraventa de 13 de mayo de 2013), la MP-5 (testimonio 375/2013 de escritura pública), el folio real de la matricula 3.01.1.01.0047129, los contratos de obra MP-1 y MP2, y la declaración de la propia víctima, quien refirió haber pactado la construcción por un costo aproximado de 140.000 dólares.
Segundo, que conforme a lo pactado, ambos acusados acordaron la entrega del proyecto con visado del Colegio de Arquitectos de Cochabamba. Ello consta en la cláusula cuarta de los contratos MP-1 y MP2, y su cumplimiento se verificó con la literal MP-8 (plano de verja con sello de aprobación y firma de la arquitecta coacusada Leia Derika Torres Beltrán, con sello del Colegio de Arquitectos de mayo de 2015) y la AP-17, versión ratificada incluso por la propia acusada.
Tercero, que los acusados, en su calidad de constructores, recibieron la suma de 26.800 dólares estadounidenses. Aunque el Tribunal advirtió contradicciones en los montos referidos por los distintos testigos (26.800, 27.000 dólares, retiros bancarios de Bs. 105.000 completados con Bs. 6.350 o Bs. 6.000), concluyó con base en la declaración de la víctima, del testigo Johnny Carlos Jaimes Camacho
y la admisión parcial de los propios acusados, que la víctima efectuó disposiciones patrimoniales en favor de éstos en enero de 2015, sin certeza absoluta de la entrega total del monto puntualizado en la acusación particular. Asimismo descartó que las motocicletas alegadas como parte de pago tuvieran respaldo probatorio objetivo.
Cuarto, que los constructores Miguel Ángel Lizarazu Candano y Leia Derika Torres Beltrán, ofrecieron en garantía de la buena ejecución y calidad de la obra un departamento dúplex ubicado en la Av. Villarroel No. 213, conforme a la cláusula sexta de los contratos MP-1 y MP2, extremo ratificado por la víctima y por el investigador asignado al caso.
Quinto, que respecto del bien otorgado en garantía, Miguel Ángel Lizarazu Candano no es propietario absoluto sino copropietario en un cincuenta por ciento junto a José Antonio Lizarazu Candano, y que la coacusada Leia Derika Torres Beltrán, no figura como propietaria, conforme a la literal MP-3 (Formulario de Información Rápida de Derechos AReales) y MP-11 (folio real de la matrícula 3.01.1.02.0038334), circunstancia que el acusado no aclaró ni comunicó a la víctima pese a haberle manifestado verbalmente ser
AA único propietario.
Sexto, que el inmueble ofrecido en garantia contaba con gravámenes
y restricciones omitidos por los constructores al momento del
ofrecimiento del bien en calidad de garantía. A la fecha de suscripción
del contrato de obra (21 de marzo de 2015), el bien registraba ya ocho gravámenes hipotecarios (tres en favor del Banco de Crédito, dos en favor de Jesús Francisco Sillerico Linares, una en favor de María Elisa
Alvarado Rodríguez, una en favor de Luis Iván Hinojosa Saavedra) y
una anotación preventiva en favor de Marisol Antonia Puma Ramos,
todos anteriores al ofrecimiento, situación hipotecaria que fue ocultada al no hacerse constar en los documentos MP-1 y MP2, generando lógicamente un error de comprensión en la víctima.
I.2.
DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA
Contra la referida Sentencia, Antonio Jercy Valdivia Saavedra, Miguel
Ángel Lizarazu y Leia Derika Torres Beltrán, interpusieron recursos de
apelación restringida mediante memoriales cursantes de fs. 338 a 342
vta. y 348 a 352 vta.
1.2.1.
Recurso de Antonio Jercy Valdivia Saavedra
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