AS/0533/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0533/2025

Fecha: 03 de junio de 2025

Expediente: CB-19-25-S

Partes: María Julia Vargas Zurita c/ Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, Marco Antonio Céspedes Sánchez, María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, Andrea Lujan Ustariz Abregu y Presuntos interesados, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y Francisco Vargas Zurita (codemandado de reivindicación).

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1356 a 1363, interpuesto por María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, contra el Auto de Vista Nº 136/2023 de 21 de septiembre, corriente de fs. 1275 a 1286, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente contra Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, Marco Antonio Céspedes Sánchez, María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, Andrea Lujan Ustariz Abregu y Presuntos interesados, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y Francisco Vargas Zurita (codemandado de reivindicación); la contestación de fs. 1379 a 1381; el Auto de concesión de 04 de diciembre de 2024 visible a fs. 1407, el Auto Supremo de admisión N° 0197/2025-RA, de 05 de marzo, obrante de fs. 1420 a 1425, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Julia Vargas Zurita, por memorial de demanda que discurre de fs. 112 a 120, subsanado de fs. 124 a 125, y a fs. 127, promovió el proceso ordinario usucapión decenal o extraordinaria contra Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, Marco Antonio Céspedes Sánchez, María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, Andrea Lujan Ustariz Abregu, presuntos interesados y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, quienes una vez citados, realizaron las siguientes actuaciones:

- Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes, por si y en representación de Marco Antonio Céspedes Sánchez, según escritos visibles de fs. 316 a 325 vta., subsanado de fs. 377 a 381, se apersonaron, contestaron de manera negativa, opusieron excepción de cosa juzgada y reconvinieron por reivindicación, pretensión puesta en conocimiento de parte adversa, por escrito visible a fs. 415 y vta., opuso excepciones de litispendencia; y en el proceso acumulado de reivindicación, las excepciones de incapacidad de la parte demandante y falta de legitimación, demanda defectuosamente propuesta, emplazamiento de terceros, prescripción o caducidad; medios de defensa que fueron atendidos por Auto de 14 de junio de 2019 de fs. 847 a 849 vta., declarándolas improbadas; asimismo, improbada la excepción de cosa juzgada interpuesta por los reconvencionistas.

- María Estela Abregu, María Elizabeth Ustariz Abregu, María de los Ángeles Ustariz Abregu, André Lujan Ustariz Abregu y presuntos interesados, fueron citados por edictos, y por Autos de 29 de agosto de 2017 y 30 de octubre de 2018, visibles a fs. 367 y a fs. 481, respetivamente, les fueron designados defensora de oficio, quien se apersonó y respondió de forma negativa por memoriales cursantes de fs. 390 a 391, y de fs. 488 a 489.

- El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, al no haber respondido en plazo oportuno, por Auto de 04 de julio de 2018, cursante a fs. 440 fue declarado rebelde.

- Por otro lado, mediante Auto interlocutorio de 24 de mayo de 2019, cursante de fs. 813 a 815 vta., se dispuso la acumulación, a la presente causa, del proceso de reivindicación instaurado por Pedro Ustariz y otros.

Desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 50/2019, de 06 de septiembre, que cursa de fs. 1167 a 1176, en la que la Juez Público Civil y Comercial 1° de Sacaba – Cochabamba, declaró IMPROBADA la demanda de usucapión en todas sus partes y PROBADA la demanda reconvencional de reivindicación formulada por Pedro Ustariz Peredo, Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes y Marco Céspedes Sánchez; disponiéndose que María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, restituyan en favor de los reconvencionistas los tres (3) inmuebles objeto de litis, dentro del plazo de tres días de la ejecutoria, bajo prevención de desapoderamiento; asimismo, el pago de daños y perjuicios en favor de los reconvencionistas, averiguables en ejecución de fallos. La Sentencia fue objeto de enmienda y complementación por memorial visible a fs. 1178 y mediante Auto Interlocutorio de 17 de septiembre de 2019 de fs. 1179 a 1180, respecto a corrección de datos de inmueble con Matrícula Nº 3101010023994 objeto de litis.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, según escritos de fs. 1183 a 1192 vta., y de fs. 1201 a 1203, respectivamente, originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 136/2023, de 21 de septiembre, corriente de fs. 1275 a 1286, donde se declaró INADMISIBLE los recursos de apelación interpuestos contra el Auto interlocutorio de 24 de mayo de 2019, de fs. 813 a 817; Auto de 14 de junio de 2019 de fs. 845 a 854; Auto interlocutorio de 24 de junio de 2019, de fs. 1011 a 1016; Auto de 16 de julio de 2019, visible a fs. 1022; Auto interlocutorio de 19 de julio de 2019, de fs. 1093 a 1097; y Auto de 16 de agosto de 2019 que discurre de fs. 1151 a 1154; asimismo CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

Con relación a las apelaciones concedidas en el efecto diferido; si bien el parte recurrente anuncio apelaciones contra determinaciones emitidas en audiencias; sin embargo, en el escrito de impugnación contra la Sentencia, simplemente indico los Autos recurridos, sin fundamentar los agravios sufridos o derechos vulnerados, por lo cual aplicable lo dispuesto en el art. 218.II num1. inc. b) del Código Procesal Civil.

En el fondo, de la lectura de la Sentencia se tiene que la A quo, primeramente, describe las pruebas acompañadas por ambas partes; luego las desarrolla, detallando su contenido y explicando la certeza que aporta al caso de autos; habiendo dejado precluir, la recurrente, el momento de interposición de la prueba, siendo la misma a momento de incoar la demanda, la contestación o la interposición de la acción reconvencional; en caso de reciente obtención, con fundamentación y bajo juramento.

Sobre la Escritura Pública Nº 728/1995, de 04 de agosto, de su revisión, se tiene que el comprador fue Enrique Jiménez Rocha, y no así María Julia Vargas; además, la Sentencia expresó que, existe contradicción entre la compra y el proceso de usucapión interpuesto por el hermano de la recurrente, Francisco Vargas; pues si la misma habría adquirido el terreno por transferencia, no es congruente que el hermano intento usucapir anteriormente el mismo bien inmueble.

En relación a la ampliación a la demanda, la A quo resolvió y argumento la razón por la que no correspondía; además, la prueba que adjunto Graciela Llanos no resulta ser sobre todo el bien inmueble.

Con referencia al apersonamiento de Williams Torrico – Sub Alcalde de Distrito II de Sacaba, que fue aceptado por la autoridad de primera instancia, se tiene que el mismo fue en cumplimiento al decreto de 11 de abril de 2019 y para solicitar se expida certificación de autenticidad de testimonio de usucapión decenal.

Asimismo, en relación a la pretensión de reivindicación, se tiene que Pedro Ustariz Peredo acreditó tener interés legítimo para ser uno de los demandantes, así como Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes y Marco Antonio Céspedes Sánchez; toda vez que, se demostró su titularidad registrada en Derechos Reales.

Sobre la objeción a la declaratoria de herederos de Mario Ustariz Peredo, no resulta pertinente, ya que la recurrente no tiene legitimación sobre los derechos sucesorios del fallecido.

El tiempo que debe transcurrir para el régimen de la usucapión no es el único requisito para su admisión, pues de ir acompañada de dos elementos, el corpus y el animus; además de ser continua e ininterrumpida, pública y pacífica; en el caso, se demostró que el ingreso en posesión, conforme razonó la A quo, resulto ser violenta, tanto de la demandante y su hermano; siendo las construcciones, conforme informe pericial, con una antigüedad de dos años, a diferencia de la edificación antigua; debiendo haberse acreditado otros actos posesorios materiales ejercidos sobre el inmueble; máxime, cuando no se demostró el ejercicio de sembrado de verduras en familia.

Asimismo, la recurrente no tiene legitimación para reclamar derechos de terceros; ello en relación Graciela Llanos Márquez. De la misma formal, sobre falta de intervención de los hijos de la recurrente; los mismos tienen derecho expectaticio sobre el que su madre pudiera alegar.

Sobre la producción de prueba en segunda instancia, no se ajustó a ninguno de los postulados establecidos en el art. 261.III del Código Procesal Civil, correspondiendo desestimar la petición.

Finalmente, no se acompañó prueba que respalde la afirmación del recurso de apelación de Francisco Vargas; en sentido de que no estaría en posesión del bien inmueble objeto de reivindicación; además, el mismo inicio anteriormente una demanda de usucapión sobre el mismo inmueble, entendiéndose que si poseyó.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, mediante memorial de fs. 1356 a 1363, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En la forma.

a) El Auto de Vista no responde al agravio quinto, fundamentado en el inciso e) del escrito de apelación, presentado por María Julia Vargas Zurita, respecto a la falta de legitimación activa para demandar reivindicación de Pedro Ustariz Peredo; porque, es un solo heredero de los cinco que son en total; siendo que, la viuda María Estela Abregu, adquirió tácitamente la herencia, correspondiendo el litis consorcio necesario de la misma.

b) El Auto de Vista realizó una interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley al no disponer la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda, en tanto no se complete la legitimación activa del reivindicante Pedro Ustariz Peredo y de los otros co demandantes, Rinia Gonzales y Marco Antonio Céspedes que solo adquirieron las acciones y derechos de propiedad del vendedor, más no de otras herederas, vulnerándose el art. 56 de la Constitución Política del Estado y el derecho sucesorio de las causahabientes.

c) Existe violación del art. 229.II de la Ley N° 439, habiéndose aplicado indebidamente la Ley, cuando el Ad quem refiere que los derechos de la nueva propietaria del terreno, Graciela Llanos, son personalísimos, y que no se podría ampliar la demanda en contra de la misma; ocasionando que la sentencia sea inejecutable.

d) Error de derecho, al no haberle otorgado valor positivo para probar la calidad de poseedora de buena fe, al haber adquirido el inmueble mediante documento de compraventa suscrito entre el vendedor Marco Antonio García Arce y María Julia Vargas Zurita en el año 1998; denotando que ingresó a poseer sin violencia, sin tolerancia y menos de forma clandestina; siendo poseedora más de once años; habiendo denunciado este argumento en el inciso d) del escrito de apelación, el cual no fue respondido.

e) Error de hecho y derecho, que el Tribunal de alzada no valoró ninguna de las pruebas, y menos otorgó valor positivo; siendo que, las mismas demuestran la posesión antigua, pacífica, pública, continuada y de buena fe, de más de veintiún años, sobre le inmueble objeto de usucapión.

f) Indebida aplicación de la Ley al no otorgar valor probatorio a la prueba de fs. 1251 a 1258 consistentes a fotocopias legalizadas por el Ministerio Publico de Sacaba, dentro el requerimiento conclusivo formal y mandamiento de aprehensión por los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, seguido en contra de Pedro Ustariz Peredo, Marco Antonio Céspedes y Rinia Gonzales Monzón de Céspedes.

g) El Auto de Vista no valoró la denuncia expresada en el tercer agravio del recurso de apelación referido a que el derecho de sucesión de Pedro Ustariz Peredo prescribió, por no haber reclamado dentro de los diez años desde la apertura de la herencia.

h) Con relación a Francisco Vargas Zurita, el Tribunal de alzada no se pronunció sobre la prueba presentada junto a su memorial de apelación, consistente en certificación de Derechos Reales respecto a su bien inmueble, mismo que es su domicilio; por ello, no puede tramitar otra usucapión porque vive y habita su vivienda hace varios años atrás.

i) El Tribunal de alzada, no se pronunció respecto a la denuncia de que la A quo emitió el Auto de enmienda y complementación, sin importar la extemporaneidad de la solicitud de más de 48 horas de emitida la sentencia.

j) Sin una adecuada motivación fáctica y jurídica, incurrió en error de hecho y derecho al referir que María Julia Vargas no habría argumentado las apelaciones diferidas de los autos interlocutorios de las audiencias del juicio oral, pretendiendo que se genere un memorial de apelación distinto para cada determinación.

k) Error de hecho y derecho al otorgar valor probatorio a prueba incorporada por ajenos al proceso, como lo fue el Sub-Alcalde de Quintanilla; sin embargo, no consideró la prueba de la propietaria Graciela Llanos Márquez.

l) Aplicación indebida a la Ley por no haberse dispuesto la nulidad de obrados, inclusive la sentencia, y disponer que la A quo tramite la excepción previa de litispendencia incoada por María Julia Vargas, y por actuar de forma oficiosa para acumular el proceso.

m) Interpretación errónea de la Ley, al rechazar el argumento de que no se demandó a sus hijos -María Julia Vargas- de nombres Grover Arnold, Giovana y Edith todos Pinto Vargas, de edades de 35 y 32 años, el primero y la última; que continúan la posesión de su fallecido padre.

n) Interpretación errónea del art. 261.III de la Ley N° 439, debido a que se pidió diligenciamiento de prueba posterior a la Sentencia, como ser notificación al Ministerio Público de Sacaba para la extensión de fotocopias legalizadas del proceso penal a denuncia de Francisco Vargas Zurita y María Julia Vargas Zurita, contra Pedro Ustariz Peredo y otros, con el objeto de probar el art. 400.II del Código Procesal Civil, lo cual fue impedido por el Ad quem.

Fundamentos por los cuales solicitó se emita Auto Supremo anulatorio, con responsabilidad a los inferiores.

En el fondo.

a) Desconocimiento de los arts. 87 y 88 del Código Civil, que demuestra la posesión actual, también acredita la posesión antigua; asimismo, error de derecho, en relación a la valoración de las pruebas aportada al proceso, que son más de 400 fojas, entre las que están, el contrato compraventa, las construcciones realizadas, que, en lo vertical, sería equivalente a un edificio de tres pisos, con un valor equiparable de más de $us. 100.000.-; el contrato de suministro de agua, los árboles frutales de una antigüedad de más de 21 años; y el amurallado del terreno.

b) Interpretación errónea del art. 138 del Código Civil, al expresar, por el Ad quem, que para ganar un proceso de usucapión no es suficiente acreditar la buena fe con documento de compraventa, posesión continuada, pacifica e ininterrumpida, y de forma pública de María Julia Vargas Zurita, que hubiere sido probada de forma superabundante, debido a que es una persona de pollera que no logró a inscribir su documento sobre el terreno objeto de usucapión, demostrando que se encuentra en posesión por más de diez años, habiendo operado la prescripción adquisitiva por usucapión decenal.

Argumentos por los cuales solicitó que se emita Auto Supremo casando en su totalidad del Auto de Vista impugnado.

2. Contestación al recurso de casación:

Pedro Ustariz Peredo y Marco Antonio Céspedes Sánchez, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 1379 a 1381, alegando en lo principal que:

Lamentablemente los recurrentes utilizan una tesis errónea y falsa, tratando de argumentar que los Vocales emitieron el Auto de Vista supuestamente erróneo en la aplicación de la Ley; empero no se expresa de manera objetiva y precisa cuales serían los agravios sufridos, limitándose a repetir los mismos argumentos del recurso de apelación; solo tratando de dilatar el proceso, iniciándose una serie de demandas civiles tratando de obtener su propiedad.

Por lo referido, solicitaron se dicte Auto Supremo “confirmatorio” del Auto de Vista, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la diferenciación entre casación de forma y fondo.

Al respecto, el Auto Supremo: 1178/2016-RI, de 10 de octubre expreso que, “La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en su art. 271, al hacer referencia a las causales de casación, dispone: ‘I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.

II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores.

III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista’.

Por su parte el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, de manera imperativa exige que el recurrente debe cumplir en expresar ‘…con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente’.

En relación a lo anterior, corresponde señalar que la uniforme línea Jurisprudencial asumida por éste Tribunal, al referirse al error ‘in judicando’ y a los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo en que incurre el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa, ha concretado que las figuras jurídicas conceptualizadas como violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; por otro lado, en relación a la apreciación de las pruebas se ha concretado que los conceptos de error de derecho y error de hecho, son también diferentes, porque en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no les dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador (Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, entre otros)”.

III.2. Del requisito subjetivo para impugnar.

Por su parte el Auto Supremo Nº 612/2022, de 24 de agosto explicó que “Inicialmente manifestar que el Auto Supremo N° 302/2021 de 12 de abril sostuvo que: ‘…requisito para reclamar u observar un acto procesal es el agravio sufrido, aspecto que otorga a las partes el interés legítimo para efectuar el correspondiente reclamo, de lo contrario, el recurso no cumple con uno de los presupuestos subjetivos, el cual es que la resolución impugnada genere perjuicio al interés y/o derecho del impugnante’.

A su vez, Enrique Lino Palacios en su obra ‘Derecho Procesal Civil’, Tomo V, pág. 85, haciendo referencia a los requisitos subjetivos para la procedencia de los recursos, señala: ‘configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés’.

De lo señalado supra, a[l] momento de impugnar se debe cumplir con el requisito subjetivo, el cual es la ineludible existencia del perjuicio que origina la resolución contra los intereses del recurrente y no de terceros” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016, de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, de 27 de mayo, de la Sala Civil, se orientó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo, ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa” (Subrayado y negrilla nos corresponden).

III.4. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

El Auto Supremo N° 1316/2024, de 11 de noviembre, refirió lo siguiente: “Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la Constitución Política del Estado), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función del nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

(…)

En ese orden, estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano”.

De dicho entendimiento se puede inferir que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde determinar la trascendencia de dicho vicio; es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho a la defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.

III.5. En relación a la usucapión decenal u extraordinaria y los requisitos para su procedencia.

La usucapión decenal o extraordinaria se la concibe como la acción real de adquisición del derecho propietario mediante la posesión de la cosa, por el tiempo determinado en el art. 138 del Código Civil que establece: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”.

En ese marco, tanto la jurisprudencia de este máximo Tribunal de Justicia, como la doctrina nacional, razonó, a partir de la prescripción normativa, requisitos de procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria, los cuales claramente ayudan a determinar la proponibilidad y procedencia de la pretensión; en dicho sentido, las autoridades jurisdiccionales deben realizar, en cada pretensión que se ponga en su conocimiento:

a) Análisis de la cosa cuya usucapión se pretende, es decir, verificar si el bien que se pretende es susceptible de usucapirse; determinando si el mismo es privado, público y/o está dentro del comercio humano; habida cuenta que, de ser negativa o estas dos últimas, la demanda seria objetivamente improponible.

b) Analizar la legitimación del usucapido, en este punto se debe verificar que el demandado de usucapión cuente con registro de propiedad a los fines de dirigir válidamente la demanda contra el mismo, pues es éste quien sufrirá el efecto extintivo de la usucapión; de no ser así, la sentencia se torna en ineficaz; toda vez que, la pretensión genera indefensión al propietario legalmente registrado sobre bien inmueble.

c) Analizar la calidad del usucapiente, es decir, verificar que quien demanda la usucapión sea efectivamente poseedor, y no tenga la calidad de detentador o tolerado.

En ese sentido, el Auto Supremo N° 986/2015, explicó que, se debe considerar que la posesión está integrada por dos elementos, el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo); así, Ihering citado por Néstor Jorge Musto, en relación al corpus indica “...la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan ( ...), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades fisicas sobre las cosas y de exclusión, también fisica, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio, respecto del ánimus, explica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño.

Por su parte, Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad.

De lo expuesto se tiene que, para ser viable la usucapión decenal o extraordinaria, deben concurrir necesariamente los requisitos de la posesión, es decir, el corpus y el animus; y así se interpretada del art. 87 del Código Civil, cuando establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real.

De igual forma, el mismo artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes; quienes, por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por sí mismos, sino para el propietario o verdadero poseedor del bien.

Asimismo, corresponde señalar que los actos de tolerancia no sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del Código Civil), pues se entiende que, en ambos casos, es decir detentador y tolerado, existe ausencia del animus domini; es decir, de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

d) Analizar si la posesión de quien pretende usucapir sea útil; para este fin se debe determinar si la posesión fue pública, que no sea oculta ante terceros o ante quien pueda oponerse; pacífica, no debiendo haber existido violencia en el ingreso o estancia de la posesión; y continua, es decir, que no haya existido interrupción civil o natural de la posesión (sobre los elementos, el Auto Supremo N° 142/2015, de 06 de marzo, realizó un estudio profundo).

e) Analizar el cumplimiento del trascurso del tiempo de la posesión, es decir, si la posesión cumplió exitosamente el plazo establecido en el art. 138 del Código Civil, considerando de igual forma los actos de interrupción que pudieron haber existido.

III.6. Con relación a la coposesión.

El Auto Supremo Nº 350/2022, de 23 de mayo orientó que: “Uno de los requisitos para consolidar la usucapión, es la exclusividad de la posesión; no pueden existir dos o más personas ejerciendo al mismo tiempo posesión exclusiva sobre una misma cosa, contraponiéndose los derechos entre poseedores; empero, nada impide que dos o más personas ejerzan la coposesión común de una misma cosa; nuestra legislación civil guarda silencio al respecto; ante esta situación se hace necesario recurrir al apoyo de la doctrina.

El reconocido tratadista Guillermo Borda en su obra ´Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales´, Tomo I, 6ª Ed. 2012, pp. 49-50, al comentar los alcances de la legislación civil abrogada de la República de Argentina respecto a la exclusividad de la posesión y la coposesión señala lo siguiente: ´…, la ley alude a dos posesiones iguales, es decir, el caso de que dos personas pretendan poseer con exclusividad la misma cosa; pero nada se opone la existencia de la coposesión, es decir, a la posesión que dos o más personas ejerzan simultáneamente sobre la misma cosa, reconociendo que lo hacen conjuntamente, a nombre de todos. Bien entendido que cada uno de los coposeedores no posee una parte de la cosa, sino toda ella´.

Por su parte, Néstor Jorge Musto en su obra ´Derechos Reales´, Ed. 2000, Tomo I, p. 218, indica: ´La regla antes expuesta no excluye la posibilidad de que dos personas ejerzan la posesión de una misma cosa, indivisible o indivisa, según partes intelectualmente determinadas. (…)

Sin embargo, el tema no está exento de dificultades, porque quien tenga asignada una parte idealmente determinada sobre una cosa, no puede poseerla en abstracto. Su relación deberá recaer entonces sobre la totalidad de la cosa, con las limitaciones en cuanto a su uso o disfrute que son consecuencia de la propia situación de coposesión.

El Código exige, para poder adquirir la posesión de la parte de una cosa indivisible, que la parte sea idealmente determinada, o sea, en su porción cuantitativa (un tercio, un quinto, etc.). Pero quien adquiere la posesión de una parte de la cosa indivisible adquiere la posesión del todo´.

Con relación al tema en cuestión, en la actualidad, Jorge H. Alterini en la obra ´Código Civil y Comercial Comentado´, 2ª Ed. 2016, Tomo IX, pp. 262-263, comentando el vigente Código de referencia de la Nación Argentina, señala:

´El poseedor o tener de una cosa puede ser uno o varios. Si son varios se ejerce sobre la totalidad de la cosa o una parte material de la misma’.

Refiriéndose a las partes alícuotas, indica:

´Propiamente no hay posesión sobre ellas dado que son un concepto abstracto no material. El derecho de cada poseedor se proyecta por el todo.

Sin embargo, es necesario determinar las partes indivisas que expresan la medida del derecho de cada comunero. Es lo que expresaba el art. 2407 del Código Civil derogado –respecto a las cosas indivisibles- sobre la necesidad de que la parte haya sido idealmente determinada. (…)

Puede existir coposesión de dominio –el condominio- usufructo, cohabitación, etc. Incluso la coposesión puede darse sin un derecho real que lo respalde como dos personas que a la vez entran en coposesión de un inmueble y ejercen la misma en toda la extensión de la cosa sin excluirse al coposeedor por cuotas. Bien entendido que lo que posee es toda la cosa y no una parte abstracta”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

Previo a ingresar al análisis y respuesta de los motivos de casación, corresponde precisar dos aspectos fundamentales; el primero que, en razón a evitar reiteraciones innecesarias; es que, corresponde absolver de manera conjunta algunas de las acusaciones del recurso, tanto en la forma como en el fondo; toda vez su nexo fáctico o correlación argumentativa.

Como segundo, conforme se analizó en el Considerando III.1, la norma procesal permite que el recurso de casación sea interpuesto en la modalidad de forma o fondo, así como de forma conjunta; empero, ambas modalidades tienen particularidades.

Así, el recurso en la forma procede por “errores in procedendo” o de procedimiento; es decir, cuando al dictarse o tramitarse la causa se violaron formas esenciales establecidas en la Ley como motivo de nulidad; por ello, de constatarse la existencia de tales procederá la nulidad de la resolución recurrida o del proceso. Por el otro lado, la casación en el fondo surge por “errores in judicando” o de juicio; lo cual requiere que el Tribunal aplique el derecho material en la decisión de la causa; habida cuenta que, se presentó violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley (diferentes entre ellas), teniendo como finalidad un pronunciamiento de fondo de lo debatido.

En el caso de autos, los recurrentes, en su escrito de casación de fs. 1356 a 1363, si bien pretendieron hacer una diferenciación entre sus argumentos de forma y fondo; empero, fueron confundidos entre ambas modalidades; motivo por el cual, en una labor lejana a la rigorista o extrema formalista; por sobre todo, en pro de que la decisión sea congruente con lo reclamado, se procedió a la identificación y diferenciación, sintetizándolos en el Considerando II.2, los cuales se darán respuesta a continuación.

En la forma.

1. En relación a los motivos establecidos en los incisos a), d), e), f), g), h), i), j) y n) del Considerando II.2 de la presente decisión, los cuales están vinculados a la falta de pronunciamiento o valoración, por el Ad quem, a los reclamos del recurso apelación.

Los recurrentes sostienen que no se habría respondido a los argumentos de la supuesta falta de legitimación del co demandado y reconvencionista Pedro Ustariz Peredo; además que, habría prescrito su derecho a la sucesión; al respecto, de la revisión del Auto de Vista se tiene que el mismo emitió criterio claro y preciso sobre lo reclamado, explicando que, el referido “…acreditó tener interés legítimo para ser uno de los demandantes de la reivindicación planteada, al estar habilitado por la ley para hacerlo; puesto que demostró tener derecho propietario registrado en Derechos Reales en el Asiento A-2 del [F]olio [R]eal con [M]atrícula computarizada Nº 3.10.1.01.0023994…”; situación que acontece de igual forma con los otros reivindicantes; además que “…no resulta pertinente que esta parte realice este reclamo [prescripción del derecho sucesorio], ya que no demuestra tener legitimación sobre los derechos del fallecido…”. En consecuencia, si existe pronunciamiento a lo reclamado.

Extremo que también se replica en la denuncia de que no se habría emitido pronunciamiento sobre la prueba que se presentó conjuntamente al memorial de apelación y la producción de prueba; empero, el Ad quem en el Auto Vista explicó que “…la solicitud de diligenciamiento de prueba en segunda instancia no se ajusta a ningún de los postulados establecidos en el art. 261.III Ídem., correspondiendo desestimar esa solicitud…”; precisándose que el co demandado de reivindicación Francisco Vargas Zurita, en su escrito de apelación en ningún momento solicitó la producción de prueba en segunda instancia; en ese sentido, no resulta cierto lo acusado.

Con relación al supuesto “error” respecto a las apelaciones diferidas; el Tribunal de segunda instancia indico que la recurrente “…simplemente indico los autos recurridos que fueron concedidos en el efecto diferido, sin fundamentar los agravios sufrido o derechos vulnerados…” (las negrillas nos corresponden); extremo que resulta congruente fáctica y jurídicamente; habida cuenta que, no se exige que la recurrente “genere un memorial por apelación diferida”; sino, en el marco del art. 259.3 del Código Procesal Civil, fundamente los motivos que considere gravosos a sus derechos o garantías constitucionales, conjuntamente, los argumentos de la apelación hacia la sentencia; extremo que no se cumplió en el presente; toda vez que, en el recurso impugnatorio simple y llanamente se consignan los pronunciamientos; obviando la fundamentación; por ello, infundado lo reclamado.

Sobre la supuesta falta de valoración probatoria; el Auto de Vista preciso que, la recurrente “...dejo precluir su derecho a la interposición de la prueba…”; precisando que, la misma si bien señalo haber adquirido el predio por compraventa de Marco Antonio García; empero, ese “…hecho (…) no fue demostra[do]…”, al igual que la afirmación de sembradío de verduras “…situación que tampoco fue demostrable…”; añadiéndose que, la Sentencia emitida en el proceso de usucapión tramitado por su hermano Francisco Vargas Zurita, que cuenta con calidad de cosa juzgada, estableció que “…el ingreso al lote fue de manera violenta por parte de ambos hermanos…”; estableciendo, la prueba documental, pericial y testifical son contradictorias en los periodos de construcción y posesión. Expresiones que evidencian valoración sobre el acervo probatorio; por ello, no resulta cierta la acusación.

Finalmente, sobre la supuesta falta de valoración de la prueba de fs. 1251 a 1258, consistente en fotocopias legalizadas dentro el requerimiento conclusivo por delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, seguido en contra de Pedro Ustariz Peredo, Marco Antonio Céspedes y Rinia Gonzales Monzón de Céspedes; corresponde precisar que el Ad quem, por decreto de 07 de enero de 2021 visible a fs. 1260 determinó: “…el diligenciamiento de prueba en segunda instancia no fue anunciado de conformidad a las reglas contenidas en el art. 261.III del Código Procesal Civil, en cuyo mérito la alzada será resuelta dentro el marco de competencia otorgado por el art. 265.I Ídem…”, decisión que no fue objeto de impugnación alguna; por ende, al haberse rechazado la admisión y producción de dichas pruebas, resulta ilógico que se emita pronunciamiento sobre las mismas, teniendo como marco lo explicado en el Considerando III.3; por ello, no corresponde acoger favorablemente lo observado.

2. Con relación a los motivos establecidos en los incisos b), c), y k) del Considerando II.2 de la presente decisión, los cuales son correlacionados a la supuesta vulneración a derechos de Graciela Llanos (tercera ajena al proceso), valoración a prueba del Sub-Alcalde de Quintanilla, en demerito de la referida, y la falta de legitimación de los reivindicantes.

Al respecto, conforme se precisó en el Considerando III.2, es requisito subjetivo de toda impugnación, la existencia de perjuicio, que origina la resolución, contra los intereses del recurrente y no de terceros; en el caso, la recurrente reclama la supuesta afectación de derechos de Graciela Llanos Márquez y de sus hijos, Grover Arnold, Giovana y Edith Laura todos Pinto Vargas; extremo que claramente resulta improcedente, pues la misma no tiene ninguna legitimación respecto a terceros referidos; menos ejerce mandato para pretender su tutela; extremos que también fue advertido por el Ad quem, “…la parte apelante no puede reclamar derechos de terceros, debido a que no tiene legitimación ni interés personal para hacerlo…”; en ese sentido, no corresponde acoger lo observado.

Asimismo, no corresponde disponer la nulidad de obrados por una supuesta falta de legitimación de los reivindicantes; habida cuenta que, el derecho propietario de los mismos en ningún momento fue tópico de la causa; más al contrario, la recurrente debe tener presente que, conforme lo razonado en el Auto Supremo N° 379/2015 de 02 de junio, en sentido de que la acción reivindicatoria tiene por objeto recuperar la posesión del derecho de propiedad y no evaluar la eficacia estructural de un negocio jurídico, caso para este último, están las acciones de nulidad o anulabilidad, deviniendo en infundado lo acusado.

3. Sobre lo establecido en los incisos i) y l) del Considerando II.2 de la presente decisión, en los que se acusa la falta de pronunciamiento respecto a que el Auto complementario se hubiere pronunciado a más de 48 hrs. de emitida la Sentencia, y que debió anularse obrados para el trámite de la excepción de litispendencia.

De la revisión de obrados, se tiene que el Auto complementario de fs. 1179 a 1180, fue emitido el 17 de septiembre de 2019; es decir, dentro de los plazos establecidos en el art. 212.II del Código Procesal Civil; máxime, el pronunciamiento no tiene característica de ser una providencia para concluir en que su emisión debiera ser dentro de las veinticuatro horas de presentado el escrito correspondiente; en ese entendido, no resulta atendible lo impugnado.

En relación a la nulidad solicitada para el trámite de la excepción de litispendencia; se debe considerar que dicho aspecto ya fue absuelto en el Auto Interlocutorio de 14 de junio de 2019 de fs. 847 a 849 vta., mismo que fue impugnado y concedido en el efecto diferido; empero, conforme se precisó supra, no fue fundamentado en el escrito principal de apelación contra la Sentencia; por ello, el Ad quem no emitió criterio alguno, repercutiendo en su improcedencia ante este Tribunal.

En el marco de lo expuesto, no corresponde acoger los reclamos en la forma; por ende, sin lugar a la nulidad de obrados peticionada en el recurso de casación. Procediéndose al análisis y pronunciamiento del recurso en el fondo.

En el fondo.

4. Con relación a lo señalado en los incisos a) y b) del Considerando II.2 de la presente decisión, en los que se alega violación a los arts. 87 y 88 del Código Civil, y errónea interpretación del art. 138 de la misma norma; por cuanto, se habría acreditado la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria.

Al respecto, conforme se precisó en los antecedentes (I.1) la recurrente pretende la declaración de usucapión decenal o extraordinaria respecto a los bienes inmuebles ubicados entre calles Santa Cruz y Cochabamba, zona Quintanilla (antes Puntiti), distrito 34, de Sacaba; signado como lote N° 46 con una extensión de 525 m2, lote “A” con 250 m2, y Lote “B” 490.10 m2 (todos colindantes); haciendo un total de 1.268,54 m2; registrados, el primero, a titularidad de Pedro Ustariz Peredo y los dos siguientes a favor de Rinia Lenny Gonzales Monzón de Céspedes y Marco Antonio Céspedes Sánchez, bajo las Matrículas N° 3.10.1.01.0023994, N° 3.10.1.01.0042049 y N° 3.10.1.01.0042050, respectivamente.

Ahora bien, el argumento central y prueba relevante que la recurrente apuntala como falta de valoración, recae en la minuta de transferencia de 10 de marzo de 1998 suscrita entre su persona y Marco Antonio García Arce, en la que adquiriría el derecho propietario del bien inmueble antes referido; empero, -según alega- no pudo ser inscrita en el registro correspondiente; por ello, pretende usucapir el predio, señalando que debiera considerársela en calidad de poseedora de buena fe (en merito al citado contrato) y el punto de inicio del cómputo de la prescripción debiera ser desde el momento de suscripción del documento.

En ese entendido, precisaremos que la tesis propuesta por la recurrente no resulta congruente fáctica y jurídicamente; habida cuenta que, inicialmente, el referido contrato de “compra venta de lote de terreno” de 10 de marzo de 1998, no fue suscrito por alguno de los demandados; es más, no se tiene prueba alguna que Marco Antonio García Arce hubiere tenido derecho propietario sobre los bienes pretendidos de usucapión; por ello, no se hace coherente otorgar alguna legitimación al referido para autorizar el ingreso en posesión u otro, de la recurrente a los predios.

Por otro lado, el proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas deducido por la recurrente contra el referido “vendedor” (fs. 18 a 33, reiteradas de fs. 77 a 93); en el cual fueron reconocidas las firmas y rubricas en audiencia de 06 de enero de 2016; para el caso en concreto, solo evidencia la otorgación de fecha cierta al acto, ello en el marco del art. 1289 del Código Civil; más no puede subsanar la carente legitimación del mismo para disponer de los bienes.

En la misma línea de razonamiento, resta credibilidad al citado documento el hecho de que el co demandado y hermano de la usucapiente, Francisco Vargas Zurita, el 01 de julio de 1999 interpuso demanda de usucapión decenal o extraordinaria del lote 46 de 525 m2 y lote 43 de 750 m2, en ubicado Puntiti Chico, con una superficie total de 1285 m2.; es decir, sobre los mismos bienes que ahora son objeto de decisión; habiéndose emitido en ese momento la Resolución Judicial de 17 de febrero de 2010 que declaró improbada la demanda; precisando el fallo que: “…siendo posible que desde el año 1998 el actor haya poseído el inmueble pero de manera esporádica puesto que éste también se habría ausentado al exterior al extremo que litiga mediante poder, quedando únicamente a cargo de esta precaria posesión Julia Vargas de la que tampoco se ha podido establecer que sea vecina conocida y con posesión sino por el contrario su posesión es violenta al extremo que tiene roces de violencia con alguno de los vecinos que ni siquiera se acercan a participarle de las distintas actividades que realiza el actor o su familia para ser tenidos en cuenta en el lugar…” (las negrillas nos corresponden).

Asimismo, de las copias legalizadas de fs. 444 a 450, se tiene que María Julia y Francisco ambos Vargas Zurita, aproximadamente en la gestión 2000, iniciaron proceso de usucapión de los mismos bienes que ahora se persiguen; contienda judicial en la que, Enrique Jiménez Rocha, se apersonó y planteó excepción previa de citación al garante de evicción, alegando en su escrito que “Hé tomado conocimiento que Francisco Vargas Z., ilegalmente, había iniciado judicio ordinario de usucapión contra los herederos de Mario Ustariz Peredo, contra presuntos propietarios y contra terceros interesados, para apropiarse de dos lotes de terrenos, Nos. 43, 46, Urbanización Puntiti Chico…”, continua, “La documentación que acompaño, acreditan que los herederos del que en vida fue Mario Ustariz Peredo, me vendieron los dos lotes de terreno que pretende apropiarse…”, proceso que habría concluido con la declaración de perención de instancia conforme escrito visible a fs. 451.

De forma posterior, conforme legalizaciones de fs. 451 a 460, María Julia y Francisco ambos Vargas Zurita, el 14 de mayo de 2015 iniciaron nuevo proceso de usucapión sobre los mismos bienes; habiéndose declarado por no presentada el 13 de agosto de 2015.

De la relación efectuada se advierte que los recurrentes no alegaron la adquisición de los predios por medio del documento de 10 de marzo de 1998 en las anteriores contiendas; sino, recién ahora ingresaría en relevancia como generador de “buena fe” e ingreso en posesión de la usucapiente; máxime, el citado documento es anterior a las referidas causas judiciales de usucapión.

Consecuentemente, tomando razón a los antecedentes fácticos descritos, en el marco de la sana crítica, en los principios de no contradicción e identidad, el contrato de 10 de enero de 1998 no crea certidumbre respecto al ingreso en posesión de la usucapiente; toda vez que, en los anteriores procesos instados por los recurrentes, se hubiere, en lo mínimo, alegado su existencia; extremo que recién se lo trae a colación, por ello, no corresponde sea compulsado como un elemento que acredite el inicio de la supuesta posesión de la recurrente.

Cabe sumar a lo razonado, lo expuesto en el Considerando III.6, en sentido de que la posesión reviste un carácter de exclusividad; es decir, no es posible que dos personas puedan ejercer la posesión de una cosa simultáneamente; detalle que la usucapiente pasó por alto; habida cuenta que, las anteriores demandas de usucapión acreditan objetivamente que la misma convivió con su hermano Francisco Vargas Zurita; por ende, no se tuvo posesión exclusiva; además, ya se tiene declaración judicial de que el ingreso al inmueble fue por violencia, extremo que en ningún momento fue revertido.

Detalles que incrementan su valoración en sentido de que, la propia usucapiente reclamó los derechos de “nuevos” propietarios de los predios pretendidos; en concreto, de Graciela Llano Márquez, la cual, conforme Sentencia de 07 de octubre de 2021, emitida en el proceso de regularización de derecho propietario seguido contra Francisco Vargas Zurita y presuntos interesados; entre otros, refiere estar en posesión del predio de 521. 24 m2, más de veinte años (desde la gestión de 2001); en ese entendido, queda corroborado que la usucapiente, no tiene posesión exclusiva de los bienes, menos desde la suscripción del merituado contrato de compraventa de 10 enero de 1998.

Por otro lado, la prueba documental podría ser indicio de posesión; empero, desde la gestión de 2016; toda vez que, el certificado de verificación de domicilio visible a fs. 7 fue realizado el 12 de julio de 2016; las facturas por servicio eléctrico cursante a fs. 17 y 76 son del periodo de consumo de la gestión 2016; los contratos de "reconocimiento" de obras que discurren de fs. 41 a 47, fueron reconocidas las firmas y rubricas el 06 de enero, 14 de julio y 21 de julio todos de la gestión 2016; y el documento privado de provisión de agua visible a fs. 881, fue reconocido en sus firmas y rubricas el 14 de enero de 2016.

Aun en la hipótesis propuesta, de que la usucapiente hubiere ingresado en posesión en la gestión 2016; no se cumple con el plazo; toda vez que, conforme la diligencia de fs. 221 vta. (expediente acumulado, anexo 2) la misma fue citada con la pretensión de reivindicación el 05 de septiembre de 2017; por ende, correcta la declaración de improbada la usucapión decenal o extraordinaria.

Asimismo, corresponde precisar que si bien los recurrentes, de forma insistente, cuestionan el derecho propietario de los reivindicantes; empero, como se dijo dicho extremo no fue tópico de la demanda o reconvención, teniendo en la actualidad eficacia y oponibilidad los registros, en tanto y cuando no se tenga sentencia ejecutoriada que declare nulo o ineficaz el acto jurídico.

Por lo expuesto, no se evidencia que los de instancia hubieren desconocido los arts. 87 y 88 del Código Civil, menos que se haya interpretado erróneamente el art. 138 del mismo cuerpo legal; más al contrario, lo sentenciado se ajusta a los antecedentes de la causa; por ello, los motivos que hacen al recurso de casación en el fondo son infundados.

En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; por consiguiente, corresponde negar la pretensión de los recurrentes y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1356 a 1363, interpuesto por Maria Julia Vargas Zurita y Francisco Vargas Zurita, contra el Auto de Vista Nº 136/2023 de 21 de septiembre, corriente de fs. 1275 a 1286, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos a los recurrentes.

Se regula el honorario profesional en favor del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Fanny Coaquira Rodríguez.

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Texto del fallo

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